Por Pablo Portaluppi
El Fiscal Federal Carlos Stornelli, que investiga la llamada «causa de los cuadernos», denunció en las últimas horas una operación política en su contra, a partir de un artículo publicado en el blog del periodista Horacio Verbitsky. En la publicación se acusa al representante del Ministerio Público de una presunta extorsión al empresario Pedro Etchebest para no involucrar a éste en la causa que conmociona al país. La denuncia es investigada por el Juez Federal de la localidad de Dolores Alejo Ramos Padilla.
Si bien este magistrado es conocido por haber frenado los nombramientos realizados por el Presidente Mauricio Macri de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como Ministros de la Corte Suprema, su paso como juez subrogante en Bahía Blanca debiera ser revisado. Fuertemente allegado a «La Cámpora» y a Madres y a Abuelas de Plaza de Mayo, asociaciones de las que fue abogado querellante, nunca ocultó su pertenencia a la agrupación judicial k «Justicia Legítima». De hecho, fue designado miembro del Comité Científico de la filial de Mar del Plata. Mediante el Decreto 1424 firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner, fue nombrado como Juez de Dolores en el año 2011.
En Bahía está radicada la causa 10451/2014 donde se investiga una significativa emisión de facturas apócrifas por parte de un conglomerado de empresas bahienses de reconocidas familias de la ciudad para beneficiar a Austral Construcciones S.A., firma propiedad de Lázaro Báez. El caso fue revelado por el periodista Hugo Alconada Mon en octubre de 2014. Esta maniobra ilícita le permitió al presunto testaferro de los Kirchner, no sólo perjudicar al fisco al reducir notoriamente los impuestos, sino más que nada “a resguardar o encubrir sobreprecios de la obra pública, volcándose ese altísimo circulante a operaciones de lavado de dinero”, según dice textual el requerimiento de instrucción llevado a cabo por el Fiscal Federal Guillermo Marijuán fechado el 15 de abril de 2015. Dicha evasión rondaría los $670 millones. La causa está actualmente a cargo del Juez Federal Nro. 1 de Bahía Blanca, Dr. Walter López da Silva. Pero antes la instruyó Ramos Padilla por el lapso de seis meses.
Esta causa es de vital importancia porque se trataría del delito precedente del lavado de dinero por el que está procesado en Comodoro Py Lázaro Báez. También el proceso de Bahía Blanca conecta con otro expediente trascendente: la llamada causa “Vialidad”, instruida por el Juez Julián Ercolini, donde está procesada como jefa de una asociación ilícita la ex presidenta Cristina Kirchner, por fondos asignados a la obra pública víal, mayormente en Santa Cruz.
El primer juez que tuvo dicha causa fue Santiago Ulpiano Martínez, quien subrogaba el Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, pero fue desplazado por la entonces mayoría k en el Consejo de la Magistratura el 18 de junio de 2015, dos días después de disponer allanamientos a las firmas cuestionadas, alegando entorpecimiento en el avance de diversas causas de derechos humanos que tramitaban en aquella ciudad. En su reemplazo fue designado Alejo Ramos Padilla, cargo al que renunció el 31 de diciembre de 2015, es decir, veinte días después de asumido el Gobierno de Mauricio Macri. Consultado por las facturas “truchas” para favorecer a Lázaro Báez, dijo textual: “En el juzgado no hay ninguna imputación fiscal contra el empresario”. Sin embargo, una «contraverificación» realizada por la AFIP en octubre de 2016 afirma lo contrario. De hecho, altas fuentes de la investigación le confiaron a este medio que Lázaro y su hijo Martín, recientemente detenido en el marco de la causa por lavado de dinero que se le sigue en Comodoro Py, serían procesados en las próximas semanas. Misma suerte correrían una decena de empresarios bahienses.
Apenas Ramos Padilla tomó posesión del cargo en Bahía, el 24 de junio de 2015, inicio un sumario interno llamado “Irregularidades Reorganización del Juzgado Federal 1”. En los más de 6 meses en los que tuvo a cargo la causa de las facturas apócrifas, dicho expediente apenas se incrementó en 73 fojas, mientras que el sumario mencionado acumuló más de cinco cuerpos con 1113 fojas. Finalmente, tres años después, el sumario fue archivado al no verificarse ninguna irregularidad. Según una fuente judicial bahiense, “Ramos Padilla lo único que hizo en la investigación a Lázaro fue autorizar a los imputados a extraer copias de la documentación secuestrada antes de las indagatorias, que después dejó sin efecto”. Dichas autorizaciones datan del 16 de julio y 14 de septiembre de 2015.
Según pudo averiguar este medio, el 4 de agosto de aquel año decidió no remitir la causa a la Perito Contadora de la Corte Suprema de la Nación, pese a que dicha funcionaria era la encargada de evaluar la voluminosa documentación secuestrada. También fue muy cuestionada su acción en las causas que tramitaban ante el Juzgado 1 que involucran a Juan Ignacio Suris, quien estuvo detenido por asociación ilícita fiscal y lavado de dinero, y cuya causa fue elevada a juicio oral hace dos años. Un grupo de empresas vinculadas a Suris también habrían sido utilizadas de “usina” de facturas apócrifas para beneficiar a Báez. En la causa 11613/2014 iniciada para investigar la existencia de operaciones que debieron haber sido reportadas como sospechosas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires donde Suris realizaba sus maniobras comerciales, Ramos Padilla delegó las actuaciones en el Fiscal Alejandro Cantaro, también perteneciente a Justicia Legítima. Finalmente la investigación fue archivada a instancias de este último.
En su paso por Bahia, Alejo Ramos Padilla también habría ejercido una fuerte presión psicológica y acoso laboral a los empleados del Juzgado donde subrogaba. Según las fuentes, le ordenó a su personal de confianza “Tareas de Reunión de Información” fuera de todo registro formal, sin la presencia de ninguna persona de contralor, ya sea un instructor o un auditor, sin el debido respaldo documental y la inexistencia de firmas de los “informantes”. En el año 2016, los funcionarios judiciales presuntamente “perseguidos” por el Juez dieron su testimonio ante la apertura de un Sumario.
Al momento de asumir la subrogancia, Ramos Padilla nombró a 16 personas ajenas a la jurisdicción provenientes de Dolores, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal por entonces a cargo de Alejandra Gils Carbó, y hasta de la Policía Federal. Revistieron funciones Mauro Lambozzetta y Gustavo Puppo, del Juzgado de Dolores; Leandro Massari y Victoria Fraga, empleados de la Procuración; Pablo Andrés Vassel, designado a instancias de la por entonces Presidenta del Consejo de la Magistratura Gabriel Vázquez, perteneciente a Justicia Legítima; Noelia Matalone, contratada en la Oficina Anticorrupción por el ex vicepresidente Amado Boudou y por el ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina (Decreto 65/2012), y Mario Vajsejtl, cabo de la Policía Federal y custodio personal de Ramos Padilla, entre otros.
El 31 de agosto de 2016, la funcionaria Sonsoles García, oficial de la Secretaría de DDHH, declaró que “la presión estaba y estuvo latente desde un primer momento”, y que “sufrieron en los primeros tiempos presión psicológica y después directamente aprietes”, aclarando que estos aprietes lo ejercían las personas antes mencionadas. Contó, por ejemplo, que le tomaron declaración testimonial ante el sumario abierto por el juez con la presencia “intimidante del cabo de la Policía Vajsejtl, vestido de civil y exhibiendo el arma en la cintura”. A su vez, agregó que “el personal de Ramos Padilla, en especial Puppo y Marassi realizó tareas de obtención de información en relación a las relaciones interpersonales (amistades, enemistades, etc) entre los empleados del Juzgado, para saber de qué lado estaba cada uno”.
Por su parte, Eduardo Álvarez, Jefe de Despacho de la Secretaría de DDHH, dijo que “la llegada de Ramos Padilla se vivió como una intervención, al llegar al Juzgado encontramos la puerta cerrada, se nos hizo esperar, se cambiaron todas las cerraduras y el clima era como que éramos culpables de algo”. Ramón Luayza, Prosecretario, manifestó que “me sacaron de mi despacho con lo puesto, quedé sin rumbo, son oficina, sin nada”. Contó que ante esta situación estuvo muy mal psíquicamente y tuvo que ser medicado.
Finalmente, Nair Elizabeth Ruppel, Secretaria Federal a cargo de las Secretarías civil, comercial, laboral y previsional, detalló que “Ramos Padilla se presentó acompañado de una docena de personas. La actitud de algunos de ellos era absolutamente intimidante, llegando hasta a “tantear” en los estantes del escritorio, como si buscaran micrófonos. Hasta llegaron a revisar los residuos descartados por el personal”. Y afirmó que “la causa Ficcadenti (N. de la R.: se refiere a la causa de las facturas apócrifas, llamada así por el apellido de una de las familias dueñas de diversas empresas involucradas) fue lo primero que pidieron”, asegurando haber visto “en el piso de despacho de habilitación, no recuerdo cuántos días, pero varios desde que asumieron”, aclarando que “me consta que la causa permaneció en el quinto piso durante algún tiempo”.
En el Consejo de la Magistratura se acumulan cinco denuncias en contra de Alejo Ramos Padilla, una de ellas por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, imputaciones por las que también fue denunciado ante la Justicia Penal. Cabe recordar que su padre, el camarista Juan Ramos Padilla, en 2017 publicó un polémico tweet: “Si tocan a Cristina el pueblo reaccionará”.
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
