Hay situaciones que no cesan pese al cambio de gobierno. Y producen mucho más dolor del que se cree.
Tal es el caso de una de las numerosas causas por presunta trata laboral que hay radicadas en Mar del Plata, ampliamente tratada por este medio, y que terminan perjudicando gravemente a muchos pequeños productores de la zona.
Pero un reciente fallo de Casación arroja un poco de luz en este turbio panorama.
La historia comenzó el 18 de enero de 2021, a las 16:40, cuando personal del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, al mando entonces de Gustavo Vera, entabló comunicación con la Fiscalía Federal 1 de Mar del Plata, a cargo de Laura Mazzaferri, “a fin de poner en conocimiento que, conforme le había hecho saber personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que se encontraba en un procedimiento de inspección en un predio rural en cercanías de Sierra de los Padres, habían encontrado personas en una presunta situación de trata laboral”.
De inmediato, la Fiscalía se comunicó con la División de Coordinación Contra el Trabajo Ilegal del organismo tributario.
Entre el 18 y 19 de febrero de aquel año, se dictó una orden de allanamiento contra la finca, por lo que se hicieron presentes, además de inspectores de la AFIP, efectivos de la Policía Federal, más precisamente de la Unidad Operativa de Investigaciones Especiales, y personal del Comité contra la Trata.
Y allí comenzó el calvario para los responsables del predio, un matrimonio que venía trabajando dichas tierras desde hacía 32 años. Pero que desde febrero de 2021, es decir hace ya casi tres años, no ha podido regresar a su trabajo.
En la causa formada a partir de aquellos hechos, la 801/2021, se investiga la presunta “captación, traslado y acogimiento de personas en situación de extrema vulnerabilidad”, entre ellas, una mujer, su pareja, y su hijo menor de edad, de 11 años, todos de nacionalidad boliviana.
Los responsables del lugar, María del Carmen Varacalli (57) y Luis Ramírez (59), a quienes se les trabó un embargo, fueron procesados por el juez federal Santiago Inchausti el 26 de febrero de 2021 por “trata de personas con fines de explotación laboral”.
A ambos, además, se les dictó prisión preventiva, permaneciendo entre rejas cerca de 120 días, para ser liberados en junio de aquel año por el propio Inchausti.
La finca está ubicada en la ruta nacional 226, que une Balcarce con Mar del Plata, en el km 20 de la misma, en la localidad de Sierra de los Padres. La mayoría de las quintas frutihortícolas de la zona se ubican allí. Varacalli y Ramirez se dedican mayormente al cultivo de acelga, lechuga y perejil.
Sin embargo, el 15 de junio de 2021, la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó los procesamientos de ambos.
Y pocos meses después, el 8 de noviembre del mismo año, sucedió algo impensado. El juez Inchausti resolvió en favor de la presunta víctima otorgándole en carácter provisorio el campo donde trabajaba, designando como “depositario judicial” al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La controvertida decisión tuvo lugar luego de un pedido de la Defensoría Pública de Víctimas con asiento en la provincia de Buenos Aires, a cargo de la dra. Inés Jaureguiberry.
En su pedido al magistrado, la funcionaría puntualizó, con llamativos argumentos, que “de no adoptarse la medida, la víctima se vería obligada a tener que elegir entre abandonar el predio que le sirve de sustento material, o bien explotarlo en condiciones informales, lo cual la expondría al riesgo de posibles represalias, estigmatizaciones o sencillamente la imposibilidad de comercializar en el mercado formal el producto de su trabajo por no contar con los requerimientos regulares del circuito de distribución”.
La Defensoría Pública de Víctima con asiento en la provincia de Buenos Aires fue puesta en funcionamiento el 28 de diciembre de 2020 por Resolución DGN 1284-2020, y Jaureguiberry fue designada por el ex Presidente Alberto Fernández.
En el año 2017, se crearon -dentro de la estructura del Ministerio Público de la Defensa de la Nación- 24 cargos de Defensor/a Público/a de Víctimas (uno por provincia y uno para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Es decir, no se la puede remover porque tiene status de magistrada.
El 30 de diciembre, también de 2021, el fiscal ante el Tribunal Oral Federal marplatense, Juan Manuel Pettigiani, apeló aquella medida, alegando que “los lotes que integran el predio en cuestión no pertenecen a los imputados, sino que son propiedad” de terceros, de acuerdo al propio Departamento de Catastro de la Municipalidad de General Pueyrredon y a la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad. Aunque resalta que sí son “sus legítimos poseedores”, destacando que lo trabajan “hace 32 años”.
En tal sentido, el representante del Ministerio Público cuestionó que “lo que se ha pretendido durante la instrucción, es garantizar la intangibilidad del bien con el objeto de lograr el decomiso del mismo para asegurar la reparación de la víctima”. Y explicaba tajante: “Pretenden el decomiso de bienes pertenecientes a terceros”.
El 21 de marzo de 2022, la presunta víctima declaró que “ahora me dedico a hacer todo yo. Después del allanamiento nos quedamos sin nada para poder trabajar. Ahora, de a poquito, pudimos comprar los elementos para poder volver a trabajar”.
Y no dudó: “Yo quiero que esta causa se solucione. Quiero volver a trabajar con mis patrones. Ellos sabían manejar el campo. Con ellos trabajábamos mejor”.
Sin embargo, los patrones aún no volvieron. De hecho, quien asiste a la mujer en su trabajo, a través de asesoramiento y el uso de distinta maquinaria, es la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), una agrupación ligada al kirchnerismo surgida en 2010, luego de la crisis con el campo, que posee mucha presencia en la zona.
Luego de que se radicara la causa en juicio, el abogado defensor del matrimonio encargado del campo, Matías Quiñones, presentó un pedido de sobreseímiento, al que adhirió el fiscal Pettigiani por “inexistencia de delito”. Por tal motivo, el representante del Ministerio Público retiró la acusación, y a raíz de ello, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata resolvió los sobreseimientos de los imputados.
Pero el 28 de diciembre de 2022, un fallo de Casación, con las firmas de los magistrados Eduardo Rafael Riggi, Juan Carlos Gemignani y Mariano H. Borinsky, anuló el sobreseimiento de Varacalli y Ramirez, a la vez que le ordenó al TOF de la ciudad balnearia que dicte una resolución ajustada a derecho. Es decir, insta a que se lleve a cabo el juicio, y que se celebre el debate, que aún espera fecha.
Frente a aquella decisión, el dr. Quiñones interpuso un recurso extraordinario a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aún no está resuelto.
Y esto no termina. Inés Jaureguiberry volvió la carga y presentó un recurso de Casación, donde pidió directamente el apartamiento del proceso del dr. Pettigiani, cuando, según algunas fuentes consultadas, “nunca debió hacerlo ya que ella no estaba constituida en querellante en la causa”.
El 8 de marzo de este año, el TOF resolvió rechazar la recusación, por lo que la Defensora de Victimas presentó un recurso de apelación ante Casación.
Finalmente, el pasado 12 de diciembre, la Sala 3 de la máxima instancia penal de la nación, integrada de forma unipersonal por el juez Javier Carbajo, dispuso «DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la Defensora Pública de Víctimas, doctora Inés Jaureguiberry».
Es decir, rechazó la recusación del fiscal Juan Manuel Pettigiani, lo que otorga una luz de esperanza al matrimonio de productores perjudicados, mientras espera que un juicio justo repare en parte el daño que les han ocasionado.
Por último, cabe señalar un hecho sumamente trascendente.
En su declaración, la presunta víctima de trata contó que “después de unos cuantos meses, me fue a buscar una mujer que me llevó a declarar a la Defensoría de trata. Yo les dije que me quería quedar en la quinta trabajando. Eso habrá pasado en noviembre de 2021. Desde ese momento no tuve contacto con nadie más”.
Precisamente, la falta de atención que mostró el Estado hacia la víctima motivó una denuncia penal del fiscal Pettigiani contra la mencionada Inés Jaureguiberry, quien desde el día del allanamiento, a pesar de su declamada función, mantuvo apenas una sola entrevista con la mujer.
Según surge de la presentación judicial, la Defensora “ha olvidado cumplir su función, ha obviado informar a la víctima, y lo que es más grave, ha resuelto no pedirle su opinión acerca de su intención de continuar en este proceso y de escuchar su voz acerca de la posible extinción de la acción penal”.
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@PortaluppiPablo
El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
