Por Pablo Portaluppi
En el mes de mayo de 2017, el Fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Dr. Juan Manuel Pettigiani, radicó una denuncia contra el Ministerio Público, entonces a cargo de Alejandra Gils Carbó, donde solicitaba que se investiguen los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración, evasión tributaria y lavado de activos, por la firma de un contrato de alquiler de 36 meses en extremo oneroso para mudar las fiscalías federales marplatenses a un edificio propiedad de una dudosa sociedad y que aún no había sido finalizado. A casi dos años de la denuncia, la causa, radicada en Comodoro Py, prácticamente no conoce avances. Desde este medio aportamos nuevas revelaciones sobre un caso que continúa generando demasiadas suspicacias.
Las cuatro fiscalías federales de la ciudad funcionaron entre diciembre de 2007 y el mismo mes de 2015 en “Villa Normandy”, un pintoresco inmueble declarado de interés patrimonial construido en 1919 en la esquina de Colón y Viamonte. Si bien se reconoce que el edificio no era muy funcional para la dinámica cotidiana de trabajo, resultaba muy cómodo por su cercanía con algunos juzgados federales y por su fácil accesibilidad. La Resolución 113 emitida por el Ministerio Público, fechada el 19 de enero de 2016 y firmada por el entonces Secretario General de Administración Jorge Arguello, afirma “la necesidad de desalojar las fiscalías de Villa Normandy por la imposibilidad de llegar a un acuerdo económico satisfactorio y a la falta de voluntad del propietario para efectuar reparaciones estructurales”. El último mes de alquiler con la villa fue de $34.800. En el contrato celebrado con el nuevo inmueble, ubicado en Avenida Independencia 3179, se convino un canon de $193.000 mensuales por el lapso de tres años por un total de $6.948.000, desde enero de 2016 hasta enero de 2019, vínculo que acaba de finalizar. Mientras que el anterior predio poseía casi 590 mts2 cubiertos, el flamante edificio cuenta con aproximadamente 400 mts2. Este cálculo surge de la multiplicación de los 9 pisos que posee el inmueble más un entrepiso y la planta baja. Cada piso no supera los 35 mts2. Y tiene un solo ascensor, de apenas 1,5 mts por 1 metro. En la citada resolución se habla de “razonabilidad del valor por mt2 del canon locativo”.
Un reconocido agente inmobiliario de Mar del Plata, que prefiere no revelar su identidad, cuenta que “los inmuebles declarados históricos son muy difíciles de alquilar. Por lo que siempre terminan en manos del Estado. Y los organismos públicos jamás los cuidan. Generalmente cuando se van están destruidos”. Esto fue precisamente lo que pasó con Villa Normandy. Y según pudo saber este medio, uno de las grandes discusiones que se suscitaban entre el MPF y los propietarios del inmueble radicaba en el hecho de que el Ministerio quería ajustar el precio de alquiler por la inflación oficial que informaba el INDEC de Guillermo Moreno, y no por la real, que por lo general la duplicaba. Lo curioso del caso es que luego acordaron con una extraña sociedad pagar una suma seis veces superior a la que abonaban.
En la misma Resolución, se determina “la adjudicación directa del nuevo edificio debido al carácter urgente de la situación”. El contrato de alquiler con Villa Normandy había finalizado el 30 de noviembre de 2014, por lo que el MPF ocupó el inmueble sin contrato vigente durante más de un año, habiendo firmado un convenio de desocupación donde se establecía una multa por cada día fuera de término. La “urgencia” radicaba en ese detalle. El 14 de septiembre de 2015, es decir cuatro meses antes de celebrarse el contrato definitivo, el Ministerio firmó una carta de intención con los entonces titulares del nuevo edificio, “Fideicomiso Avenida Independencia 3179”, cuando su construcción aún estaba lejos de finalizar. Sin embargo, la citada resolución aconseja “concretar el alquiler del inmueble, ya que cabe destacar que el mismo reúne las condiciones requeridas”. Otro dato llamativo es que el valor del canon de $193.000 lo sugiere un informe emitido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación el 9 de diciembre de 2015, es decir, un día antes que asuma la presidencia Mauricio Macri. Dicho Tribunal es un ente descentralizado que funciona bajo la jurisdicción de la Secretaría de Obras Públicas. En aquel tiempo dicha secretaría dependía del desaparecido Ministerio de Infraestructura a cargo del hoy preso Julio de Vido. Hoy funciona bajo la órbita del Ministro del Interior Rogelio Frigerio.
El inmueble en cuestión pertenece a la firma «Dale Nena SRL», cuit 30-71234847-6, cuyos propietarios son Guillermo Héctor Guzzi y Patricia Marcela Rodríguez. La sociedad fue constituida el 28 de febrero de 2012. La titularidad del edificio pertenecía a “Fideicomiso Avenida Independencia 3179”, y a través de un acto público celebrado el 3 de noviembre de 2015 ante la Escribana Franca Gabriela Calabrese se rescinde el contrato con dicho fideicomiso retrotrayendo la titularidad dominial a favor de «Dale Nena SRL». Dicha firma posee domicilio fiscal en la calle Garay 2652 de la ciudad de Mar del Plata y no se le conoce actividad previa. Sus titulares, al momento de la constitución de la sociedad, según denuncia Pettigiani, revestían como monotributistas. Guillermo Guzzi estaba inscripto en la categoría F con actividad declarada “Servicios de programación”. Según el Boletín Oficial, el 7 de abril de 2014 Guzzi apareció, ante un cambio de autoridades, como Director Suplente de la firma “Quintana House Mar del Plata S.A.”, constituida originalmente el 28 de diciembre de 2012. Allí figura como Presidente Manuel Andrés Regidor, quien fue titular del ENOSUR (Ente de Obras y Servicios Urbanos) durante la gestión del ex Intendente de Mar del Plata Gustavo Pulti, aliado al kirchnerismo. Regidor se vio involucrado en una presunta maniobra de sobreprecios en obras para el arroyo La Tapera en el año 2012. A fines de 2013 fue desvinculado del organismo municipal.
La desprolijidad en la mudanza de las fiscalías se ve reflejada en dos casos. Al momento de la confección del contrato original, el Ministerio solo ocupó del primero al noveno piso. Tanto la planta baja como el entrepiso estaban ocupados -funcionaba una heladería-, por lo que se estipuló como plazo máximo de entrega el mes de noviembre de 2016. Según denuncia el MPF, la locadora recién puso a disposición dichos sectores del inmueble el 30 de junio de 2017, por lo que la Procuración, mediante Resolución 107 del 18 de mayo de 2018, reclama un resarcimiento económico de $5.000 diarios por el período trascurrido desde el 1 de noviembre de 2016. A su vez, «Dale Nena SRL» le demanda al organismo hoy a cargo interinamente de Eduardo Casal, por la falta de toma de posesión de la PB y del entrepiso. Así mismo, como “el Ministerio tomó posesión del inmueble en los primeros días de diciembre de 2015 para evitar la multa que debía pagar en la locación anterior, y el contrato recién se firmó el 19 de enero de 2016”, la locadora exige un diferencial por los días no abonados. El otro caso que demuestra la falta de terminación del edificio, es que el personal de las fiscalías debió ejercer sus tareas durante el verano de 2016 sin aire acondicionado. Recién para noviembre de ese año, mediante la Resolución 3525, se determinó la contratación directa de equipos acondicionadores.
El contrato suscripto originalmente ya finalizó. Este medio intentó comunicarse con la Procuración, pero obtuvo por toda respuesta distintas evasivas, aduciendo que hay poco personal durante el mes de enero, y que no conocen en profundidad el expediente, por lo que la situación, aseguran, se resolverá en febrero. Se estima que será prorrogado ya que el contrato estipula una prórroga de tres años más. Pero el dato importante a conocer es el precio de alquiler. Según pudo averiguar “El observador online”, el canon mensual ya había aumentado de los $193.000 originales a $203.710. E inclusive la locadora estaba solicitando para el año 2018 un incremento del 50%, pretendiendo llevar el precio a $300.000 mensuales, pretensión que habría quedado en “stand by”. Sin embargo, para la confección del nuevo contrato se prevé un importante aumento, habida cuenta de la inflación anual de casi el 48% informada recientemente por el INDEC. Un dato: Villa Normandy, que actualmente está desocupada y donde funcionaron las fiscalías hasta fines de 2015, pide un alquiler para su explotación comercial o profesional de $160.000 mensuales.
Durante el ejercicio 2017, el Ministerio Público gastó en concepto de alquileres en todo el país más de $28 millones, y entre enero y septiembre de 2018 lleva gastados $45 millones. Frente a todos los presuntos hechos de corrupción de la era kirchnerista descubiertos en los últimos años, el caso de las mudanzas de las fiscalías de Mar del Plata luce como un caso menor. Pero pese a ello, debiera ser al menos investigado.
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
