El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó el pasado miércoles, en su habitual conferencia de prensa diaria, la decisión de “revisar y auditar la creación de cinco universidades nacionales”, con el objetivo de determinar, al menos en el caso de dos de aquellas, el destino de los fondos asignados en su momento para su funcionamiento, una cifra cercana a los $800 millones.
El 28 de septiembre del año pasado, el Senado de la Nación, a través de las Leyes 27.727, 27.728, 27.729, 27.730 y 27.731, había sancionado la creación de las universidades nacionales de Pilar, del Delta y de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires; de Madres de Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de Río Tercero, en la provincia de Córdoba.
La resolución 45/2024 firmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también deja sin efecto «las Resoluciones Ministeriales 2534/23, 2574/23, 2575/23, 2576/23 y 2685/23, todas del ex Ministerio de Educación», que designaban a los rectores organizadores de cada uno de esos centros de estudios.
En sus fundamentos principales, el texto oficial señala que la decisión atiende a «evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas y de garantizar que la oferta educativa cumpla con la calidad y pertinencia debida”, por lo que “resulta necesaria la adopción de medidas tendientes a revisar el inicio de actividades académicas de las Casas de Altos Estudios antes mencionadas, para determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido».
Cabe recordar que el gobierno del ex Presidente Alberto Fernández planeaba la creación, en verdad, de ocho Universidades. Además de las nombradas, también estaban en carpeta Cañuelas, Saladillo y Paraná.
La del Delta está ubicada en Tigre, Escobar y San Fernando, y fue impulsada por el entonces diputado y ex ministro de Economía Sergio Massa. Propone la formación de carreras orientadas turismo, cultura, desarrollo humano, medioambiente y producción.
En tanto, la Universidad Nacional de Pilar, que abarca esa localidad y otros 15 municipios, está orientada al desarrollo productivo, tecnológico y humano.
La de Ezeiza, por su parte, cambió de status, ya que pasó de universidad provincial a nacional. Abarca, de acuerdo a su texto, diferentes carreras, desde negocios hasta ciencias jurídicas, sociales o de salud, entre otras. El proyecto fue impulsado por la ex ministro de Desarrollo Social. Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán, entre otros dirigentes.
La Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, le cambiaba el rango al actual Instituto de las Madres, que depende del Ministerio de Justicia nacional. Pasaba a depender del Ministerio de Educación y tendría autonomía.
Al momento de la discusión parlamentaria, el diputado de Juntos por el Cambio Maximiliano Ferraro, afirmaba que “el planeamiento estratégico de la educación superior debe ser un camino virtuoso que acá no estamos teniendo para nada con estos dictámenes a la marchanta y la creación de universidades como si fuera una fábrica de churros en lo que estamos sacando por delante. No hay previsibilidad, no tenemos garantizado claramente una asignación de recursos que sean sostenibles. Y no solo se trata de crear más instituciones sino de cómo mejoramos los indicadores: la calidad y la articulación con los niveles obligatorios de la enseñanza”.
El sistema universitario se expandió especialmente a partir de 2007, durante las dos presidencias de Cristina Kirchner, cuando se crearon 18 universidades nacionales –7 de las cuales se asentaron en el conurbano de la provincia de Buenos Aires-, 1 instituto universitario y 5 universidades provinciales.
Las creadas en territorio bonaerense fueron la Arturo Jauretche (Florencio Varela), Avellaneda, José C. Paz, Moreno, del Oeste (Merlo), Hurlingham y Guillermo Brown (Almirante Brown).
Lo que se cuestionaba en aquellos años era que tales proyectos no surgían de una planificación nacional que tuviera en cuenta “la oferta y demanda institucional y de carreras existente en cada provincia o región”, sino que respondía “a los reclamos de líderes o caudillos de los partidos mayoritarios o a presiones corporativa”.
En otras palabras, por pedido de los intendentes.
“Vemos que muchas veces se crean pensando menos en lo académico y más en la parte política: los cargos, los militantes”, decía en su momento Ivan Petrella, dirigente del PRO.
Las universidades nacionales las crea el Congreso, con el único requisito de un informe positivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Justamente el CIM emitió un comunicado el 10 de octubre del año pasado, poco antes de la primera vuelta de las elecciones, con el título “el derecho a la educación pública está en riesgo”. Aunque no hacían nombres propios, el mensaje estaba claramente dirigido al entonces candidato de La Libertad Avanza, el hoy Presidente Javier Milei.
“La educación es un derecho humano universal y un bien social que debe ser garantizado por el Estado. No es con menos inversión en educación, privatizando la universidad o desjerarquizando la ciencia el camino que debe recorrer la Argentina para solucionar sus problemas. Se solucionan con más y mejor educación pública, con más inversión en desarrollo científico”, afirmaba aquel texto.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) fue creado por Decreto del ex Presidente Raúl Alfonsín, el 20 de diciembre de 1985.
Según su página web, “el CIN tiene funciones, esencialmente, de coordinación, consulta y propuesta de políticas y estrategias de desarrollo universitario y la promoción de actividades de interés para el sistema público de educación superior. Es, además, órgano de consulta obligada en la toma de decisiones de trascendencia para el sistema universitario”.
Lo componen, en la actualidad, 71 instituciones, entre universidades e institutos universitarios. Entre ellos, la Universidad Nacional de Mar del Plata, que hace pocos días, advirtió en un comunicado que “vamos a un cuello de botella importante que puede complicar el funcionamiento de las casas de altos estudios”.
Se refería, puntualmente, a que el presupuesto previsto es “un monto que está fijo, congelado y acumula una inflación de alrededor del 250%”.
El pasado 22 de febrero, el Consejo Universitario salió a decir que “es tiempo de advertir, con la gravedad que la situación impone, que, de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de las instituciones universitarias públicas”.
En concreto, señalan que el sistema tiene presupuesto hasta el mes de mayo. Pero el problema viene de un tiempo atrás.
Tal como publicó este medio a fines de 2022, el ajuste en el presupuesto universitario previsto por el gobierno de Fernández para 2023 era mayor a las recordadas medidas del ex ministro de Economía Ricardo López Murphy en marzo de 2001, que provocaron el comienzo del fin de la malograda administración de la Alianza.
En el anexo referido a las Universidades Nacionales, el gobierno preveía partidas por $752.482 millones, un 44,4% superior a lo pautado para 2022, que fue de $521.122 millones. Pero si se tomaba la inflación prevista por la propia Ley de Presupuesto, que era de un 60%, en verdad los fondos universitarios iban a caer un 9,8%, cifra que equivalía exactamente a $81.313 millones.
Al tipo de cambio oficial del momento, de aprox. $180, se trataba de 452 millones de dólares menos para las Universidades en el ejercicio 2023, cuando el ajuste de López Murphy que provocó una grave crisis fue de 361 millones de dólares.
Es decir, el recorte para 2023 era de un 25% mayor al de aquel fatídico 2001.
Pero la caída fue mucho mayor ya que la inflación terminó siendo de 211%, lo que revelaría que el problema viene de arrastre.
Las universidades nacionales reciben presupuesto según diversos criterios acordados con los rectores y que son públicos: cantidad de alumnos por carrera, tasa de reinscripción en el primer año, localización y duración de las carreras, planta docente, metros cuadrados del edificio y si tienen o no espacio verde, si cumplen funciones vinculadas a la salud, la ciencia y la técnica, y si tienen o no curso de ingreso o aprestamiento universitario.
Pero además del presupuesto, las universidades pueden generar sus propios recursos, como consecuencia de trabajos de sus equipos de docentes e investigadores. También reciben fondos que el Estado nacional les asigna directamente por incentivos a la calidad docente, carreras estratégicas y becas, entre otros puntos.
Según información oficial publicada el 30 de junio de este año, en Argentina hay 132 universidades, revelando “que el número de nuevos ingresantes creció de 423.920 en 2012 a 710.699 en 2021”.
Por su parte, aseguraba el ministerio de Educación “que el sistema universitario pasó de 1.824.904 estudiantes de grado y pregrado a un total de 2.549.789 y que en ese período los estudiantes que egresaron se incrementaron en un 29,4%”.
De aquellas 132 universidades, en la provincia hay 24, más los 178 institutos superiores de formación docente más los de formación técnica.
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@PortaluppiPablo
El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
