El Senado francés aprobó una proposición de ley que busca invalidar documentos que utilicen lenguaje inclusivo, en contra del movimiento feminista que lo promueve. La proposición legislativa debe continuar su tramitación en la Asamblea Nacional para convertirse en ley.
¿Qué argumentan los impulsores del proyecto? Algo muy sencillo y contundente: Que el lenguaje inclusivo dificulta la lectura, comprensión y pronunciación de los textos, así como el aprendizaje del idioma. A su vez, lo consideran una amenaza para el francés y buscan prohibir su uso en la enseñanza.
De aprobarse, la ley invalidaría actos jurídicos escritos en lenguaje inclusivo y su uso en publicaciones de funcionarios públicos.
Esta situación no es nueva en el país galo. En mayo de 2021, Francia había prohibido el uso del lenguaje inclusivo en los colegios al estimar que «constituye un obstáculo para la lectura y la comprensión de la escritura», poniendo fin, oficialmente, a un debate que divide desde hace años a los lingüistas y la comunidad educativa.
También España transita por un camino similar. Recientemente, la asociación de familias Idiomas y Educación de la localidad de Alicante salió en defensa de un profesor de un instituto de Valladolid que pidió a sus alumnos que eliminasen la repetición de términos en plural en ambos géneros –masculino y femenino- dado que el genérico ya incluye a los dos. «El lenguaje inclusivo es un artificio lingüístico», argumentan.
Desde el Gobierno autonómico anunciaron que se analizaría el caso «desde el punto de vista lingüístico» y ver «qué establece la Real Academia Española».
Tras conocer el conflicto, desde la mencionada agrupación se solidarizaron con el profesor, que instó en clase a eliminar palabras como «diputadas», «senadoras» o «ministras» cuando ya aparecía el masculino plural (diputados, senadores, ministros) que ya incluye a todos, tal como estipula la RAE.
«Es innecesaria, pues el masculino genérico no oculta la presencia de la mujer, sino que la incluye con igual derecho que al varón», aseguran los defensores de los proyectos en ambos países.
En 2020, la Real Academia publicó un informe de 156 páginas explicando su rechazo al lenguaje inclusivo: «El uso de la ‘@’ o de las letras ‘e’ y ‘x’ como supuestas marcas de género inclusivo es ajeno a la morfología del español«, había concluido terminantemente la RAE.
¿Qué pasa en América Latina?
A comienzos de 2023, poco antes de que empezaran las clases en estas latitudes, Uruguay tomó una medida similar cuando publicó una circular que dispuso que en el ámbito de la educación pública la utilización del lenguaje inclusivo «deberá ajustarse a las reglas del idioma español«.
La orden emitida por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) señalaba que las «expresiones inclusivas pueden utilizarse siempre que se cumpla con aquellas». La ANEP también aclaró que sus instrucciones están dirigidas a funcionarios docentes y no docentes y no afecta a las formas de expresión de los estudiantes.
Más allá de las autoridades educativas, ha habido otros intentos de frenar el avance del lenguaje inclusivo en las escuelas y otros ambientes en Uruguay.
En abril pasado, diputados del partido de derecha Cabildo Abierto presentaron un proyecto de ley para prohibir las «alteraciones gramaticales y fonéticas» en la administración pública y en centros educativos públicos y privados.
«Hablemos correctamente nuestro idioma«, sentenciaron sobre su proyecto.
Otros países de la región, como Chile, también han visto el surgimiento de propuestas legislativas que buscan frenar el avance del lenguaje inclusivo.
Argentina, en tanto, va en sentido contrario a estas propuestas.
Aunque vale una aclaración. En junio de 2022, el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas, puntualmente aquellas expresiones que incluyen la “e”, la “x” o el “@” como “chiques”, “bienvenidxs” o “alumn@s”.
La medida alcanzó tanto a las escuelas públicas como a las privadas de la Ciudad y a los tres niveles obligatorios (inicial, primaria y secundaria).
“Establézcase que en el ejercicio de sus funciones, los/as docentes deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”, ordenaba la norma.
A los pocos días, el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), por entonces a cargo de Victoria Donda, se presentó como «Amicus Curiae» en la causa iniciada por la FALGBT+ (Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans) contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por aquella decisión.
Y fue por más. El 14 de julio de 2022, el organismo elaboró una guía con recomendaciones para implementar la comunicación inclusiva en el ámbito educativo, con el fin de establecer formas de diálogo en la que “se respeten y visibilicen a todas las identidades, sin discriminación, adecuándose a la normativa vigente en nuestro país”.
“Resuelvo ordenar a la PolicÍa de la Provincia de Buenos Aires y demás fuerzas de seguridad que en el Departamento Judicial Mar del Plata se abstengan de realizar la detención, en espacios públicos, de usuaries (SIC) de sustancias que la ley define como estupefacientes, cuando las circunstancias del caso pongan de manifiesto que la tenencia es para consumo personal y la conducta se realice en condiciones tales que no traiga aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros”.
El 10 de diciembre de 2020, el titular del Juzgado de Garantías 4 de la ciudad de Mar del Plata, Juan Francisco Tapia, con lenguaje inclusivo y todo, emitió dicha resolución que generó no pocas controversias.
Redacción El Observador Online
