Mientras comenzó a tratarse en tres comisiones del Congreso la llamada Ley Ómnibus que envió el gobierno de Javier Milei, algunas temáticas incluidas en los 664 artículos que propone la misma continúan generando grandes controversias.
Una de ellas es, sin duda, la pesca.
El foco está puesto en los artículos 26 y 27 de la Ley Federal de Pesca 24.922, sancionada el 9 de diciembre de 1997 durante el gobierno de Carlos Menem, referidos a los permisos de pesca y las cuotas de captura, respectivamente, que la nueva gestión quiere modificar.
La actual normativa establece en la primera parte del artículo 26 que se priorizará para el otorgamiento de los permisos por un plazo máximo de 10 años, “a los buques que empleen mano de obra argentina en mayor porcentaje”; “construidos en el país”, y a los “que tengan menor antigüedad”.
La nueva ley que proyecta el Gobierno establece que para el otorgamiento de los permisos “la autoridad de aplicación sólo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques”. Por otro lado, las habilitaciones “no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”.
En tanto, en el artículo 27 de la ley vigente se determina la asignación de las cuotas de capturas, estableciendo para el otorgamiento de las mismas condiciones similares a los permisos, agregando las inversiones realizadas por la empresa en el país, como también el promedio de toneladas de captura legal y productos pesqueros elaborados.
El artículo 245 de la nueva normativa establece que “los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”.
“Resulta gravísimo que quien puede licitar una cuota de captura no necesariamente debe contar con un permiso de pesca aprobado por el Consejo Federal Pesquero y no se le exija ningún antecedente en el caladero para que pueda obtener la cuota”, afirman desde la actividad.
“Esto es el fin. Liberan todo, van a venir busques de todos lados a depredar nuestras aguas. Es un desastre”, agregan otros.
Si bien el gobierno se comprometió públicamente a escuchar el reclamo y a hacer los cambios pertinentes, lo cierto es que por ahora sigue todo igual.
En esta cuestión, desapareció la grieta. El reclamo fue unánime, al menos desde Mar del Plata, cuyo puerto es uno de los más importantes del país. Desde el Intendente Guillermo Montenegro, dirigente del PRO, hasta el gobernador bonaerense Axel Kicillof, pasando por los grandes empresarios del sector y los sindicatos.
La semana pasada, el mandatario kirchnerista mantuvo una reunión en la ciudad balnearia con referentes del sector (foto portada)
También alzaron sus voces los gobernadores patagónicos. Todos juntos contra los cambios. De hecho, en las últimas horas, hubo una reunión entre diputados kirchneristas y más de 35 entidades vinculadas a la industria pesquera.
Si bien hay unanimidad en las críticas, existen fuertes divergencias respecto a la situación actual generada básicamente a partir de la Ley de Pesca vigente.
Distintos y variados informes que se fueron elaborando a lo largo de los últimos 20 años por la propia Auditoría General de la Nación y por organismos especializados, y que este medio ha publicado, dan cuenta que la actividad pesquera ha venido sufriendo graves irregularidades, como depredación de los recursos pesqueros, precarización laboral, falta de controles en las capturas y en las descargas de pescado, y una elevada pesca no declarada.
Irregularidades que persisten en la actualidad.
Ya en el año 2011, el entonces titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), el fallecido Leandro Despouy, sentenciaba en un artículo publicado en el diario “Clarín”: “Desde los 90, la Auditoría viene señalando el riesgo de colapso de los principales recursos pesqueros, debido a una crónica sobreexplotación y a prácticas que están devastando algunas especies, como el calamar y la merluza común”.
Y daba un ejemplo: en el año 2009, el INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero) recomendó una captura máxima de 40.000 toneladas, cuando en la Argentina se desembarcaron 57.000. “La depredación es alarmante”, afirmaba.
La autoridad de aplicación que ordenó la ley de pesca sancionada durante el menemismo fue el Consejo Federal Pesquero (CFP).
El INIDEP, por su parte, fue creado en 1977 y su función principal es aconsejar, mediante estudios, a la Subsecretaría de Pesca, al Consejo Federal Pesquero y a la Cancillería “en el uso racional de los recursos pesqueros con el objetivo de preservar el ecosistema marino para las generaciones futuras”.
Por ello, en su artículo 8, el CFP dice que “debe establecer la Captura Máxima Permisible por especie, según datos proporcionados por el INIDEP”.
Pero evidentemente algo falló.
En un informe posterior de la AGN, ya bajo el mando de Oscar Lamberto, se detectaba que “la Subsecretaría de Pesca no cuenta con un sistema de monitoreo automatizado que permita el seguimiento y la generación de alarmas ante el posicionamiento de un buque en zona de veda a una velocidad que presuma que está realizando tareas de pesca”.
Y agregaba que “los cupos de captura iniciales fueron ampliados reiteradamente por el Estado Nacional. De este modo, los permisos de pesca se multiplicaron fraudulentamente: numerosos buques argentinos cedieron sus licencias pero siguieron operando clandestinamente comprando permisos caducos”.
En otro informe de auditoría del año 2008, la AGN ya marcaba algunas incongruencias: “De los datos consignados en el Parte de Pesca y en el Acta de Desembarco surge que para la especia Merluza hubbsi existe casi un 9% de diferencia entre lo declarado y lo constatado por el Inspector, y para el langostino la diferencia es del más del 20%”.
Y en el año 2015 consignaba: “La información volcada en los partes de pesca presentan vacíos e inconsistencias”.
Y otra auditoría correspondiente al período 2016-2017, sentenciaba que “todos los procesos de capturas de datos se realizan de forma manual, a pesar que, por ejemplo, en las plantas pesqueras las empresas disponen de balanzas electrónicas que registran los pesos y los almacenan en sus sistemas informáticos”.
En su artículo, Leandro Despouy estimaba, de acuerdo a los informes relevados por el organismo que manejaba, que “la pesca no declarada se calcula en al menos un 10%”.
Según datos oficiales, Argentina exporta al mundo cerca de 2 mil millones de dólares anuales, lo que representa aproximadamente unas 500.000 toneladas de pescado. Cifras que, si bien no caen, tampoco han crecido en los últimos años.
Por ejemplo, hasta agosto de 2023, las exportaciones pesqueras totales eran de 254.599 toneladas por un total de 1.003 millones de dólares.
Otra grave problemática es el descarte. De acuerdo a un trabajo del Conicet ya citado por este medio, “según cálculos conservadores, el descarte oscila entre 70.000 y 100.000 toneladas anuales tiradas al mar. Pero según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la cifra es mucho mayor: 140.000 toneladas al año. Lo cual equivaldría a decir que la población argentina es despojada de 1,5 millón de raciones de un costoso alimento de alto valor proteico y nutricional”..
Pero el dr. César Lerena, experto en temas del Atlántico Sur y Pesca, y quien desde 1989 preside el Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL), afirma que la cifra es mucho mayor. “El descarte de pescado en la zona de exclusión, que es perfectamente apto para el consumo humano, pero no llega a los mercados por distintos motivos, son unas 300 mil toneladas anuales”.
Y remata: “Con esto se podría alimentar diariamente a tres millones de pibes”.
J.P. Mayer
