“Rectores y rectoras de universidades públicas nacionales y provinciales de todo el país advertimos que el derecho a la educación superior está en riesgo si se socavan valores constitutivos del sistema universitario público argentino”.
El pasado 10 de octubre, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a rectores de todo el país, emitió un comunicado encabezado por aquellas palabras donde advertía que “el derecho a la educación pública está en riesgo”. Aunque no hacían nombres propios, el mensaje estaba claramente dirigido al candidato de La Libertad Avanza Javier Milei, y en menor medida, a su contrincante Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio.
“La educación es un derecho humano universal y un bien social que debe ser garantizado por el Estado. No es con menos inversión en educación, privatizando la universidad o desjerarquizando la ciencia el camino que debe recorrer la Argentina para solucionar sus problemas. Se solucionan con más y mejor educación pública, con más inversión en desarrollo científico”, prosigue la misiva en otro de sus párrafos más salientes.
Ante el calibre del comunicado, cabe preguntarse si hubo en el mismo intencionalidad política o sólo una defensa de la educación pública.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) fue creado por Decreto del ex Presidente Dr. Raúl Alfonsín, el 20 de diciembre de 1985. El Consejo es una persona de derecho público no estatal que se sostiene, primordialmente, con los aportes que realizan sus miembros.
Según su página web, “el CIN tiene funciones, esencialmente, de coordinación, consulta y propuesta de políticas y estrategias de desarrollo universitario y la promoción de actividades de interés para el sistema público de educación superior. Es, además, órgano de consulta obligada en la toma de decisiones de trascendencia para el sistema universitario”.
Lo componen, en la actualidad, 71 instituciones, entre universidades e institutos universitarios. Su actual presidente es Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín.
Si bien el comunicado apunta directamente contra el controvertido proyecto de Javier Milei de eliminar la obligatoriedad y gratuidad del sistema de educación pública y reemplazarlo por un sistema de vouchers, resulta difícil desvincularlo de algunas ideas políticas claramente identificables.
Es que aquellas palabras también estarían apuntando contra Patricia Bullrich.
De hecho, en junio de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, el CIN emitió una declaración en respuesta a unos desafortunados dichos de la entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien había afirmado que “nadie que nace en la pobreza llega a la universidad”.
“La universidad no es un servicio a prestar, un gasto y ni siquiera una inversión. La universidad es un derecho”, dijo en aquella oportunidad el Consejo, bajo la presidencia de Rodolfo Tecchi, de la Universidad de Jujuy. El escrito se tituló “La universidad es un derecho para todos y todas”.
La ex mandataria bonaerense había cuestionado entonces las universidades del conurbano creadas por el kirchnerismo, un tema siempre polémico.
El sistema universitario se expandió especialmente a partir de 2007, durante las dos presidencias de Cristina Kirchner, cuando se crearon 18 universidades nacionales, 7 de las cuales se asentaron en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, 1 instituto universitario y 5 universidades provinciales.
Las creadas en territorio bonaerense fueron la Arturo Jauretche (Florencio Varela), Avellaneda, José C. Paz, Moreno, del Oeste (Merlo), Hurlingham y Guillermo Brown (Almirante Brown).
Lo que se cuestionaba en aquellos años era que tales proyectos no surgían de una planificación nacional que tuviera en cuenta “la oferta y demanda institucional y de carreras existente en cada provincia o región”, sino que respondía “a los reclamos de líderes o caudillos de los partidos mayoritarios o a presiones corporativa”.
En otras palabras, por pedido de los intendentes.
“Vemos que muchas veces se crean pensando menos en lo académico y más en la parte política: los cargos, los militantes”, decía en su momento Ivan Petrella, dirigente del PRO.
Consultado por este medio, el ex secretario de Educación de Mar del Plata, y uno de los hombres más consultados por la política sobre el área, Luis Distéfano, asegura que “tanto en la gestión del macrismo y como en el kirchnerismo, las universidades del conurbano, dependiendo la localidad, servían para contratar a todos los cargos políticos que se quedaban sin nada. Ese es el problema. Terminaba siendo una cueva de militantes”.
Y remata: “Había casos en que una Universidad tenía más presupuesto que un municipio entero”.
De acuerdo al Presupuesto 2023, el total girado a las universidades iba a ser de $752.482.394.720. De este total, las partidas destinadas a los 7 establecimientos del conurbano creados por el kirchnerismo sumaban casi 23 mil millones de pesos, una cifra superior, por ejemplo, a los $18.900 millones presupuestados por el gobierno de la ciudad de Tandil.
Por ejemplo, la Universidad Arturo Jauretche, de Florencio Varela e inaugurada el 17 de noviembre de 2010, maneja un presupuesto de $4.800 millones, más de la mitad de los gastos para este año del municipio de Tres Arroyos ($9.300 millones).
Por su parte, con casi 35.000 estudiantes en sus carreras, la Jauretche controla partidas apenas inferiores a los gastos del partido de Mar Chiquita, que posee 33.300 habitantes y $5.700 millones.
La Universidad de José C Paz, en tanto, inaugurada el 29 de diciembre de 2009, tiene asignados recursos por casi $3.900 millones.
Las universidades nacionales reciben presupuesto según diversos criterios acordados con los rectores y que son públicos: cantidad de alumnos por carrera, tasa de reinscripción en el primer año, localización y duración de las carreras, planta docente, metros cuadrados del edificio y si tienen o no espacio verde, si cumplen funciones vinculadas a la salud, la ciencia y la técnica, y si tienen o no curso de ingreso o aprestamiento universitario.
Pero además del presupuesto, las universidades pueden generar sus propios recursos, como consecuencia de trabajos de sus equipos de docentes e investigadores. También reciben fondos que el Estado nacional les asigna directamente por incentivos a la calidad docente, carreras estratégicas y becas, entre otros puntos.
Según información oficial publicada el 30 de junio de este año, en Argentina hay 132 universidades, revelando “que el número de nuevos ingresantes creció de 423.920 en 2012 a 710.699 en 2021”. Por su parte, asegura el ministerio de Educación “que el sistema universitario pasó de 1.824.904 estudiantes de grado y pregrado a un total de 2.549.789 y que en ese período los estudiantes que egresaron se incrementaron en un 29,4%”.
No parecen estos datos estar en consonancia con el bajo nivel de aprendizaje y la alta deserción escolar que hoy sufre el país. Aunque que haya más ingresantes no garantiza que terminen la carrera.
De aquellas 132 universidades, en la provincia hay 24, más los 178 institutos superiores de formación docente más los de formación técnica.
En septiembre de este año, el Senado aprobó la creación de cinco nuevas universidades en todo el país: Universidad Nacional del Delta, Universidad Nacional de Pilar, Universidad Nacional de Río Tercero, Ezeiza, y la más polémica, la de Madres de Plaza de Mayo, impulsada por el kirchnerismo más duro, cuya cara visible fue Hugo Yaski.
Era un tema de larga data, ya que el gobierno de Alberto Fernández planeaba la creación, en verdad, de ocho casas de estudio. Además de las nombradas, también están en carpeta Cañuelas, Saladillo y Paraná.
La del Delta estará ubicada en Tigre, Escobar y San Fernando, y fue impulsada por el entonces diputado y actual ministro de Economía Sergio Massa. Propone la formación de carreras orientadas turismo, cultura, desarrollo humano, medioambiente y producción.
En tanto, la Universidad Nacional de Pilar, que abarcará esa localidad y otros 15 municipios, estará orientada al desarrollo productivo, tecnológico y humano.
La de Ezeiza, por su parte, cambia de status, ya que pasa de universidad provincial a nacional. Abarca, de acuerdo a su texto, diferentes carreras, desde negocios hasta ciencias jurídicas, sociales o de salud, entre otras. El proyecto fue impulsado por la ministro de Desarrollo Social. Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán, entre otros dirigentes.
La Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, le cambiará el rango al actual Instituto de las Madres, que depende del Ministerio de Justicia nacional. Pasará a depender del Ministerio de Educación y tendrá autonomía.
Al momento de la discusión parlamentaria, el diputado de Juntos por el Cambio Maximiliano Ferraro, afirmaba que “el planeamiento estratégico de la educación superior debe ser un camino virtuoso que acá no estamos teniendo para nada con estos dictámenes a la marchanta y la creación de universidades como si fuera una fábrica de churros en lo que estamos sacando por delante. No hay previsibilidad, no tenemos garantizado claramente una asignación de recursos que sean sostenibles. Y no solo se trata de crear más instituciones sino de cómo mejoramos los indicadores: la calidad y la articulación con los niveles obligatorios de la enseñanza”.
Conceptos similares a los vertidos durante las administraciones de Cristina Kirchner.
Las universidades nacionales las crea el Congreso, con el único requisito de un informe positivo del Consejo Interuniversitario Nacional. Por eso el comunicado emitido hace pocos días es trascendente.
“Por tanto, instamos a nuestras comunidades y a la sociedad toda a defender la continuidad del sistema universitario público que ha forjado el carácter y la actitud de la Nación, garantizando a cada joven, según su vocación, la posibilidad de estudiar y al conjunto de la Argentina una herramienta formidable de movilidad social ascendente, único camino posible para provocar los cambios que nuestro país requiere”, culmina el escrito.
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@PortaluppiPablo
El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
