Por Luis Distéfano
El inciso c) del artículo 28° de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires expresa, entre otros objetivos del nivel secundario, (muchos de los cuales siguen sin cumplirse): “reconocer y consolidar en cada alumno las capacidades de estudio, de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para el acceso al mundo laboral, su conformación como ciudadanos, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida. Un ciudadano es todo miembro activo de un Estado, que forma parte de una sociedad y tiene derechos y obligaciones”.
Como venimos expresando en cada articulo publicado en este espacio, la realidad de las aulas y escuelas bonaerenses está lejos de la letra impresa en esta Ley acordada por todos los sectores políticos de ese entonces.
Los objetivos académicos jamás podrán alcanzarse si no logramos primeramente orden y respeto entre todos los actores de la comunidad educativa.
Los alumnos del nivel secundario tienen entre 12 y 18 años. UNICEF ( Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) plantea que en la adolescencia está presente el deseo de mayor autonomía. El rol de los adultos es acompañar este proceso, pero también marcar los límites para que aprendan a frustrarse y crecer saludablemente.
Recomienda también a los adultos marcar límites coherentes y consistentes; delimitar consecuencias claras ante el incumplimiento de una norma o la transgresión de los límites (estas consecuencias deben ser proporcionales a la falta y deben conservar una relación lógica); evitar la ambigüedad; mantener unidad de criterios entre los adultos…
Las preguntas surgen inevitables. ¿Cuán cerca está la secundaria bonaerense de estas sugerencias y de lo que norma la legislación? ¿Estamos preparando a los ciudadanos del futuro o estamos siendo cómplices de la construcción de un tipo de sociedad donde predomine el caos, la intolerancia y la ignorancia?
La civilidad requiere de sentido de identidad y pertenencia, del conocimiento, aprecio y obediencia de la ley, así como del diálogo y la capacidad de deliberación. Estas últimas absolutamente necesarias para la vida democrática y la construcción de acuerdos, ya que permiten expresar ideas, entender las de los demás y tomar decisiones comunes que beneficien a todos.
Las instituciones como organizaciones de personas con intereses comunes desempeñan un importante papel en la construcción de una sociedad civilizada, porque proporcionan estructura y orden a la interacción social, fomentan una cultura de corresponsabilidad, lo que da estabilidad sociopolítica a una ciudad-estado-nación. Por eso, es necesario reconocer y defender las instituciones públicas y privadas construidas con el esfuerzo y compromiso de buenos ciudadanos, instituciones sobre la cual se construye un país próspero y justo.
Las escuelas que se apropian de este ideario en sus proyectos institucionales tienen un desafío muy grande. Construir nacionalidad en países con instituciones débiles, donde se privilegia el desconocimiento de la ley, se idealiza el modo de ser, de pensar y de actuar de personajes que han transgredido las normas y las pautas de convivencia social, y donde se acepta y se valora la cultura del “vivo”, de la trampa y del engaño, es realmente complejo.
Aún apostando a lograrlo, el sistema educativo y específicamente la Dirección General de Cultura y Educación van en el sentido contrario.
La maquinaria supervisiva y los directivos y docentes ideologizados defienden en estos tiempos la aplicación del nuevo Régimen Académico que profundizará sin dudas la magra realizad educativa.
No hay espacio para la autonomía institucional. Aquello que el artículo 65° de la Ley 13688 establece como uno de los criterios que deben seguir las instituciones educativas y que les permite definir su código de convivencia, ya no existe. Fue reemplazado por la consagración del “vale todo” y “todo es lo mismo” tanto en lo académico como en la convivencia.
“Los estudiantes no pueden tener sanciones punitivas porque esto rememora el período nefasto de la dictadura”, se repite hasta el hartazgo.
¿Suspensión? “Eso contradice el derecho a la educación y la continuidad pedagógica” aunque cuando lo decide el propio gobierno (pandemia, postpandemia, asueto por atentado a Vicepresidente, jornadas de reflexión donde solo se hace catarsis) o cuando se permiten ausencias ilimitadas a los estudiantes, ahí ese principio no aplica.
Hoy es común ver mientras conducimos cómo se incumplen las normas básicas de tránsito o se tira basura a la calle desde las ventanillas de los autos. En una salida de esparcimiento, se arroja todo tipo de cosas al mar, lagos, parques, ríos, etc.
En nuestras viviendas o departamentos, no respetamos a los vecinos. Ya sea en ruidos a cualquier hora o en reglas básicas de convivencia.
Si una persona nos hace una observación, vamos desde no escuchar hasta insultar o incluso, apelar a la violencia.
Las últimas generaciones egresadas de las escuelas que desde los noventa fueron perdiendo el sentido que las valorizó durante décadas, son las que no respetan la autoridad, no importa si es un policía, un Inspector de tránsito, un profesor o un jefe.
Somos intolerantes al límite, Nos formamos así. Dejamos que los maestros pierdan autoridad.
Recuperarla requiere hacer todo lo contrario a lo que propone la política educativa provincial.
Prof. Luis Distefano (Director de PROFE.AR)
@DistefanoLuis en X
