Por Pablo Portaluppi
Desde su creación en 1994 y su puesta en funcionamiento cuatro años más tarde, el Consejo de la Magistratura ha sido objeto de crítica y de análisis en numerosas ocasiones, tanto por parte del poder político y judicial, como también de los medios, mayormente referidos a sus resoluciones y reparto de cargos. Pero sobre el control interno de sus gastos hay demasiadas zonas oscuras: partidas no declaradas ni rendidas, contratos dudosos, ausencia de control de ingreso del personal, y sobresueldo por desarraigo mal aplicado. Estas presuntas irregularidades se presentan en un contexto de absoluta carencia de auditorías financieras externas que se extiende a toda la Justicia Federal.
El cuerpo fue creado a partir de la reforma constitucional de 1994. La ley 24937 estableció su funcionamiento y le asignó las tareas, entre otras, de seleccionar a los jueces de los Tribunales inferiores, emitir propuestas de ternas vinculantes, y aplicar sanciones disciplinarias, además de administrar los recursos del Poder Judicial, con excepción de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente el Consejo está integrado por 13 miembros: 3 senadores y 3 diputados nacionales –en ambos casos, dos por la mayoría y uno por la minoría-, 3 jueces, 2 abogados con matrícula federal, 1 representante del Poder Ejecutivo y 1 representante del mundo académico. Su Presidente actual es el Dr. Ricardo Recondo, en representación del Poder Judicial. En noviembre de 2018 cesaron en sus funciones los legisladores de Cambiemos Mario Negri y Ángel Rozas, y el kirchnerista Rodolfo Tailhade, entre otros. Los ingresos más sonoros al cuerpo fueron los del senador justicialista Miguel Ángel Pichetto, la diputada massista Graciela Caamaño y el diputado kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro. El mandato de los consejeros es de cuatro años.
El presupuesto nacional para el ejercicio 2019 recientemente aprobado asignó al Poder Judicial la suma de $47.761 millones, de los cuales $35.848 millones son para el Consejo y casi $11.000 millones para la Corte Suprema. Sumas a primera vista arrojan cierta desproporción en el reparto: o es poco dinero para la Magistratura o es demasiado para la Corte, ya que, como se dijo, el Consejo debe girar partidas a todos los Juzgados federales, Tribunales y Cámaras de todo el país, además de solventar sus gastos internos, cuya estructura contiene cerca de 1000 funcionarios. De los casi $48.000 millones asignados a la Justicia Federal, el 95% se destina a gastos de personal: $44.409 millones.
El Consejo posee cuatro comisiones: Administración y Financiera, Disciplina y Acusación, Selección y Escuela Judicial, y Reglamentación. Pero no todos los consejeros las integran en su totalidad. La comisión que debe velar por el control de los gastos es, precisamente, la de Administración, que actualmente la preside Juan Pablo Más Vélez, representante de los abogados de la ciudad de Buenos Aires. Anteriormente su presidente era el representante judicial Luis María Cabral.
Según fuentes del propio Consejo, cada consejero tiene asignado un presupuesto mensual de $750.000 para solventar contratos de personal seleccionados por ellos para trabajar en su vocalía, más $5000 en gastos de funcionamiento y $40.000 de “caja chica”. “Todos disponen de esas sumas para armar sus equipos de trabajo. Dichas partidas son legales. El problema viene después”, precisa una de las fuentes consultadas. Y continúa: “Aproximadamente tienen entre 8 y 13 empleados, pero hay consejeros que contratan como mucho cuatro personas para cargos altos, por ejemplo secretario letrado y jefe de despacho”. El sueldo de un consejero, a excepción de aquellos que representan a la política que no cobran por ya tener salario como legisladores, oscila entre los $200.000 y $300.000. Estos deben enviar al sector de Recursos Humanos, cuyo Director es Federico Vincent, una lista con los nombres de las personas que desea nombrar, y RRHH le informa el dinero del que dispone. El ingreso no es sencillo, ya que se realizan exámenes de todo tipo, desde psicofísicos hasta la verificación de los antecedentes penales. “Pero una vez que entraste, listo. El control se terminó ahí”, asegura la fuente.
Las partidas asignadas a cada consejero para los contratos de sus vocalías no se controlan. “El problema se da más que nada en los políticos, no tanto en los demás. Y no en todos. Algunos nombraban gente que nunca venía a laburar. Y eso a nadie le interesa controlar”, argumentan desde adentro del Consejo. La información que circula dentro de la Comisión de Administración señala que un consejero que cesó en sus funciones el último 16 de noviembre destinaba casi la totalidad de los fondos asignados mensualmente a su vocalía a fines políticos y proselitistas, designando a punteros y allegados que no pisaron el Consejo ni una sola vez. Se trataría de tres personas que ni siquiera viven en la ciudad de Buenos Aires. En otras palabras, el dinero asignado se habría utilizado para objetivos totalmente diferentes a los destinados originalmente.
Cuando este medio requirió pruebas documentales para poder investigar más a fondo el asunto, las fuentes aseguraron que no las hay. “La política es una corporación. El argumento que utilizan es que se trata de devolución de favores. Por eso esto pasa más que nada con los consejeros políticos, no con los otros”. Pero hay más. El Consejo cuenta con cinco edificios, siendo tres de ellos los más importantes: el ubicado en Sarmiento 877, donde funciona prácticamente toda la administración; el de Paraná 386, sede de todas las vocalías de los consejeros, y el emplazado en Libertad 731, donde sesiona el plenario del cuerpo. Las comisiones se reparten entre Paraná y Libertad. Luego está la Dirección de Infraestructura en Diagonal Norte 1190 y la de Seguridad Informática en Lavalle 1240. En el edificio de la calle Sarmiento el control de ingreso es muy estricto: se realiza mediante fichaje de huella digital del dedo pulgar derecho. Pero se pudo constatar que en el inmueble de Paraná 386 no hay ningún tipo de control, ni siquiera una simple firma ni una tarjeta. Como ya se dijo, es casualmente en este edificio donde funcionan las vocalías de los consejeros. Cabe consignar que el Consejo no cuenta con inmuebles propios.
Pero las irregularidades no terminarían ahí: en la Magistratura trabaja desde personal con adscripciones a prestar funciones en vocalías, que pueden llegar a cobrar dos sueldos –uno de la jurisdicción de origen y el restante de los propios fondos que manejan los consejeros-, hasta personas que cobran un plus por “desarraigo” cuando, en algunos casos, viven en la propia ciudad de Buenos Aires, sede del Consejo. El desarraigo es un extra del 35% del sueldo que lo cobran aquellos que viven a más de 100 km de su lugar de trabajo y deben trasladarse para cumplir sus funciones. Pero algunas de las 38 personas que lo perciben no deberían hacerlo, ya que, aun siendo oriundos de ciudades del interior, viven a mucho menos de 100 km de la Magistratura. La clave es que no han cambiado en su DNI su domicilio de origen: para cobrarlo, basta con solo mostrar el documento y listo. Este plus puede llegar hasta los $55.000 mensuales y hay gente que lo cobra hace veinte años. Allí están los casos, por ejemplo, de Claudia Levin, que reviste funciones en el Consejo desde 2003, quien cobra de desarraigo casi $54.800, y de José Elorza, quien trabaja desde 2009 y tiene domicilio fijado en la provincia de Corrientes, quien recibe un desarraigo de $43.000.
La Comisión de Administración es quien debe revisar esos casos anualmente, pero, según las fuentes, “nunca se hace”. Del polémico tema del desarraigo se viene hablando de la necesidad de revisarlo desde el año 2004, cuando se difundió que lo cobraban 25 personas. Hoy ese número creció un 50%. Pasaron desde entonces 15 años, y el cuerpo en aquel momento era compuesto por 19 miembros, es decir, seis puestos más que en la actualidad. Nadie parece muy preocupado en analizarlo. Está claro que la incidencia presupuestaria es mínima, pero se trata, en todo caso, de una cuestión ética y ejemplificadora.
En la página web del Consejo figuran las memorias de cada año, pero aún no está publicada la correspondiente a 2017. Pero allí no se habla de números, ni de control de gastos. Sólo se hace mención a las distintas tareas y resoluciones que se tomaron durante el año en cuestión. Allí, por caso, se menciona el tema del desarraigo: “Se requirió a la Dirección General de Administración Financiera toda la información necesaria para la fiscalización del régimen. Al respecto, cabe señalar que todos los beneficiarios han cumplido con la presentación de la documentación certificada donde consta su domicilio actual”. Sin embargo, de acuerdo a las fuentes consultadas, esto no sería así.
A su vez, hay empleados de las vocalías que trascienden a las distintas integraciones del Consejo porque, según la costumbre, cuando un consejero cesa en sus funciones, “recomienda” a su gente a sus sucesores. Y allí se pueden quedar por años. Existe, asimismo, la llamada “Unidad de Consejo Abierto y Participación ciudadana”, donde se dice textual: “El Consejo de la Magistratura es uno de los sujetos obligados a brindar información pública”. Pese a ello, a la hora de mostrar un balance de sus gastos, hay un cono de sombra sobre estos. Figuran, eso sí, los funcionarios judiciales que presentaron su declaración jurada. Y también quienes no lo hicieron.
Nobleza obliga, toda la Justicia Federal carece de una auditoría financiera y contable externa. En el caso del Consejo, la Comisión de Administración, que es la que debe controlar, la integran los mismos consejeros. “Debería ser al menos presidida por alguien de afuera. Pero eso tampoco garantiza transparencia”, le dice a este medio un reconocido funcionario judicial de Mar del Plata.
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
