El conflicto entre los piqueteros y la administración de Guillermo Montenegro tiende a escalar en Mar del Plata. Y se acerca a límites peligrosos en el marco de la decisión del Gobierno nacional de quitar los planes sociales a quienes corten la calle y de avanzar hacia la eliminación de la intermediación de dichos planes.
Mientras sigue su curso la denuncia penal presentada por el municipio contra organizaciones sociales por cortar la calle, aquellas, lejos de replegarse, decidieron acampar frente a la sede municipal para hacer oír sus reclamos, es decir, pedir la caja navideña que este año el gobierno local decidió no entregar.
El delito por el que la secretaría de Seguridad denunció a los piqueteros está encuadrado en el artículo 194 del Código Penal. que establece penas de tres meses a dos años de prisión a todo aquel que “impidiere el funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.
Consultado por este medio, un conocido juez de la localidad afirma que el gobierno de Montenegro realizó la presentación judicial “para hacer un poco de ruido, cuando en verdad podría hacer lo mismo aplicándoles el delito de flagrancia, acá y en todo el país”. Y remata: “No lo hacen en ningún lado porque tienen miedo, pero siempre lo pudieron haber hecho”.
La Ley 27.272 tipifica dicho delito, al definir la flagrancia como el acto de “sorprender a la persona autora de un delito cuando lo está cometiendo”. La misma página oficial de Presidencia explica que se trata de un proceso sencillo y rápido.
“Todas las cuestiones deben ser resueltas por el juez en audiencia pública en forma oral, inmediata y con fundamento…..La víctima tiene derecho a asistir a la audiencia y ser escuchada. Puede solicitar declarar sin la presencia de la persona imputada. En esta audiencia el juez debe decidir la libertad o detención de la persona imputada”, afirma el texto oficial.
En una conferencia de prensa realizada el pasado 14 de diciembre, la ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó un plan para prevenir cortes, piquetes y bloqueos en calles y rutas. De ocurrir, las cuatro fuerzas federales estarán autorizadas para desarticular las concentraciones.
“Toda persona que esté en la vereda no va a tener problemas. Lo que no queremos son cortes de calles o rutas”, dijo entonces la funcionaria.
Pero el problema en Mar del Plata es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que no se plegarán a esas medidas porque “criminaliza las protestas”.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, sostuvo que “sé que hay contactos entre nuestro ministro de Seguridad y el de la Nación, como corresponde, son contactos institucionales y operativos. No nos han solicitado que apliquemos el protocolo y no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones”.
La postura de la administración de Axel Kicillof le crea un conflicto a los gobiernos municipales.
Sin embargo, ayer, en conferencia de prensa, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, sostuvo que la ciudad implementaría de todos modos el protocolo dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
“El protocolo de Patricia lo que hace es operativizar el artículo 194 del Código Penal”, afirma un hombre muy cercano al jefe comunal. Y explica: “El tema es que la policía bonaerense no puede actuar como auxiliar de la justicia. Al no ser Mar del Plata una jurisdicción federal, las fuerzas federales no pueden actuar directamente”.
Pese a ello, habría una intención clara de parte del gobierno nacional de reponer para la ciudad parte de los agentes de seguridad que fueron remiovidos del distrito durante la gestión de Alberto Fernández, ya sea de Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), al menos por esta semana que se presenta clave.
Durante sus primeros dos años, el gobierno de Montenegro protagonizó una ardua pelea con el Ministerio de Seguridad de la Nación, por entonces comandada por Sabina Frederic, por la salida de 500 agentes de dichas fuerzas, los cuales fueron reubicados en el conurbano.
Es que además del conflicto puntual por las cajas navideñas reclamadas por el Frente Piquetero, Mar del Plata fue escenario también de la marcha piquetera nacional para hoy, 20 de diciembre.
Distintas organizaciones políticas, sociales y sindicales también convocaron a marchar a las 17 en Luro y San Juan -con dirección al Puente de las Américas- contra las medidas económicas recientemente anunciadas y la “criminalización de la protesta social”.
Concretamente, desde el Frente de Lucha Piquetero, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad y el Polo Obrero llamaron a la movilización popular contra “el plan motosierra de Milei” y en reclamo de un “paro activo nacional y plan de lucha”.
Y así fue.
Una columna numerosa marchó libremente por la avenida Luro, desde la intersección con la calle San Juan, esto es cerca de la nueva terminal de micros y trenes, hacia la costa. Lo que generó un caos de tránsito para la ciudad, al pasar los manifestantes, mayormente con banderas del Polo Obrero, por el macrocentro, donde muchas personas circulaban por la zona, ya sea regresando de sus trabajos o realizando las compras navideñas.
La protesta por las cajas de navidad, que desde el gobierno municipal explicaron que que “como está la situación inflacionaria es imposible afrontar un gasto de 500 millones de pesos”, en verdad se suma a la marcha nacional en un contexto delicado.
Hace pocos días, la CGT seccional Mar del Plata-Batán, luego de años de silencio, se declaró “en estado de alerta” ante los anuncios económicos del ministro Luis Caputo, a los que tildó de “ajuste de magnitudes brutales sobre el pueblo argentino”.
En una ciudad que antes de las medidas del nuevo gobierno, ya ostentaba un índice de pobreza del 31,5% de la población, y un desempleo del 8,3%, el más alto del país, son señales que no habría que perder de vista.
Por otro lado, tal como publicó este medio numerosas veces, se trata de un distrito donde el dirigente social Juan Grabois tiene mucho arraigo: el MTE ha protagonizado en los últimos años numerosas y ruidosas tomas de tierras, además de poseer feriantes en distintas plazas de la ciudad e inclusive frente al propio palacio municipal.
También actúa en forma articulada con la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), organización ligada al kirchnerismo con mucha presencia en el importante cordón frutihortícola de la zona.
En el reclamo puntual, el Frente Piquetero pide para unos 50 mil familias de la ciudad la caja navideña, por lo que desde el lunes comenzaron con un corte en las puertas de la Municipalidad.
La denuncia de la comuna, que tramita en la Fiscalía 6 a cargo de Romina Díaz, señala que la medida “pone en peligro el orden social, la seguridad del tránsito y de los medios de transporte, como asimismo vulnera los sentimientos de seguridad y tranquilidad indispensables para el libre y completo desarrollo de las actividades humanas”.
La fiscal convocó a las partes para mañana jueves a las 10.
J.P. Mayer
