Mar del Plata: La Cámpora y la UCR siguen avanzando sobre la justicia bonaerense

De acuerdo a algunos movimientos que se han registrado y otros que estarían por ocurrir, la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires, al menos en el Departamento judicial de Mar del Plata, no estaría tomando nota del presunto cambio de época que está sucediendo en la Argentina y en el mundo.

Con la aprobación de 135 pliegos por parte del Senado provincial el pasado 18 de septiembre, que se suman a los 46 que habían aprobado a fines de mayo, se van cubriendo de a poco las aproximadamente 650 vacantes que aún hay en el Poder Judicial bonaerense, según datos de la secretaría de Planificación de la Suprema Corte de Justicia de la provincia.

En los últimos días, trascendió desde el gobierno de Axel Kicillof que trabajan para enviar cerca de 100 pliegos más, entre jueces, fiscales y otros cargos, entre ellos nada menos que en el máximo tribunal. 

Pero el verdadero problema no se resuelve cubriendo cargos vacantes.

El panorama en Mar del Plata es crítico”, le confía a este medio una fuente de la justicia local. “La selección de magistrados en general es bastante dudosa. No todos, por supuesto. Pero los criterios de selección deberían ser revisados, ya que una mala elección de jueces y fiscales le genera a la gente problemas concretos”, agrega.

Desde este espacio se ha insistido en que se le debería prestar más atención a lo que sucede en el fuero ordinario, ya que se trata de una justicia mucho más cercana al “ciudadano de a pie”, debido a que sus resoluciones afectan de manera más directa a la vida cotidiana de la gente.

La precaria formación de muchos jueces compromete la calidad de las decisiones judiciales. Hay que dejar de lado la rosca política y aplicar más la meritocracia”, advierte un importante abogado de la zona.

Tal como El Observador Online ha informado, de la última aprobación del Senado, 13 cargos correspondieron a Mar del Plata, que ostenta todavía una buena cantidad de vacantes. Ver (https://elobservadoronline.com.ar/mar-del-plata-cuestionados-nombramientos-en-la-justicia-bonaerense/)

El Departamento Judicial de Mar del Plata, integrado por los distritos de General Pueyrredón, Balcarce, General Alvarado, y Mar Chiquita, está compuesto por 3 Salas de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, la Cámara en lo Contencioso Administrativo, y la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, que a su vez tiene 3 salas.

También hay 16 juzgados en lo Civil y Comercial, 2 en lo Contencioso Administrativo, 7 de Familia, 5 en lo Correccional, 3 de Garantías del Joven, y 2 de Responsabilidad Penal Juvenil. Además de 2 juzgados de Ejecución Penal, y 6 de Garantías. Completan el organigrama 4 Tribunales en lo Criminal.

Respecto a aquellas designaciones, las distintas fuentes consultadas coinciden en señalar al senador nacional y titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, como el gran hacedor de aquellos acuerdos, que incluyeron también a La Cámpora y a Fernanda Raverta, ex titular de ANSES y ex candidata a Intendente del distrito.

Pero esto sigue.

El 13 de agosto pasado, el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires votó varias ternas y listas conjuntas, y se las comunicó al Poder Ejecutivo el 17 de septiembre. Una de ellas es para cubrir dos lugares en la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Mar del Plata.

La lista la integran Gabriel Bombini, Ana María Fernández, Juan Pablo Lodola, Diego Olivera Zapiola, Andrea Zarini, y Leandro Favaro.

Este último, según dicen, correría con cierta ventaja, ya que pertenece a La Cámpora.  “Número puesto”, afirma tajante un hombre de la justicia local. Y añade: “Además es amigo del subsecretario de Justicia de Kicillof, Nahuel Pérez Aznar, o sea, el número 2 del ministerio”.

Cabe consignar que Inti Nahuel Pérez Aznar también milita en la agrupación de Máximo Kirchner, y además fue querellante en juicio por delitos de lesa humanidad, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, durante las dos presidencias de Cristina Kirchner.

Entrañable foto de familia: En el círculo verde, Federico Adler. Abajo a la derecha, de remera negra, Leandro Favaro, haciendo la V de la victoria

Leandro Favaro es titular de la Fiscalía Temática de Estupefacientes, quien hace no mucho afirmó que “mi hipótesis es que en los últimos 30 o 35 años, nunca ha parado de crecer el tráfico de drogas. No solamente en Mar del Plata, sino en todo el país.

Vale aclarar que para aquel concurso quedaron afuera dos hombres que supieron ser afines al kirchnerismo, los integrantes del Tribunal Criminal 2, Néstor Conti y Roberto Falcone (h). El padre de este último, Roberto “Lobo” Falcone, juez del Tribunal Oral Federal de la ciudad, supo arroparse al calor oficial durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Tanto Conti como Falcone están en la lista complementaria.

Otro nombre importante, también con grandes chances de ser elegido, es el dr. Federico Adler, hijo del fiscal ante la Cámara Federal de Mar del Plata, Daniel Adler, quien fuera titular de Justicia Legítima en la zona, la agrupación judicial k.

Adler hijo, actual secretario del Juzgado de Garantías del Joven, quedó confirmado el pasado 29 de octubre como integrante de dos ternas, para los juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil 1 y 2, y como juez de Garantías del Joven. Es decir, está postulado para dos cargos, con lo cual tiene grandes chances de ser elegido.

Cabe decir, así mismo, que Federico Adler, con 245 puntos, quedó primero en el orden de mérito.  

Un dato. A Adler lo habían ubicado tercero en el orden provisorio nada menos que para el juzgado federal de Dolores, que supo ocupar Alejo Ramos Padilla, quien tramitó la denuncia contra Carlos Stornelli en el Operativo Puf. Pero finalmente al hacer el orden de mérito definitivo fue desplazado.

Pero a Federico Adler le puede salir una competidora inesperada, al menos para el juzgado de Garantías del Joven, ya que también integra la misma terna la dra. Libertad María Celeste Cordido, pareja del ex senador provincial por el Frente Renovador de Sergio Massa, Gabriel Pampin, devenido ahora en militante K.

Pero para entender mejor el funcionamiento del fuero en Mar del Plata, no se puede dejar de mencionar a Juan Martín Mena, ministro de Justicia de Axel Kicillof y un hombre muy influyente y poderoso en la zona. De hecho, los pliegos judiciales se activaron fuertemente desde que asumió el funcionario.

Mena, oriundo de Mar del Plata, fue designado durante 2015, último año de la gestión de Cristina Kirchner, como número 2 de la por entonces AFI -Agencia Federal de Inteligencia-, en tiempos de Oscar Parrilli, y a quien le atribuyeron la autoría intelectual del proyecto de reforma jubilatoria de los jueces y fiscales que intentó el gobierno de Alberto Fernández.

En enero de este año, en los comienzos del segundo mandato de Axel Kicillof en la provincia, fue designado como subsecretario de Planificación, Control de Gestión y Relaciones Institucionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el marplatense José Luis Zerillo.

Tras confirmarse su designación, Zerillo subrayó que “agradezco profundamente la confianza brindada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro Juan Martín Mena, junto a quienes asumo el compromiso de trabajar responsablemente para lograr un mejor y más eficiente servicio de justicia para las y los bonaerenses”.

El flamante funcionario, quien fuera a su vez durante el gobierno de Alberto Fernández director de Asistencia Técnica y Apoyo a las justicias provinciales en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, donde el virtual vice ministro era justamente Juan Martín Mena, es un hombre muy allegado al mencionado fiscal Daniel Adler.  

También se desempeñó como director de DDHH del municipio de General Pueyrredon durante la gestión de Gustavo Pulti, para luego ser nombrado por Fernanda Raverta en su breve paso por el ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires en 2020, como titular de la Dirección de Atención Inmediata a Familias en situación de calle.

Juan Martín Mena, Javier Alonso (ministro de Seguridad bonaerense) y Daniel Adler, en una disertación hace pocos días

De ser elegidos, los nombres citados ocuparían altos cargos en una justicia dueña de algunos fallos controvertidos, que merecen destacarse.

El caso tal vez más recordado ocurrió el 20 de abril de 2020, en plena cuarentena por el covid, cuando el juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Marcelo Riquert, liberó al motochorro que luego asesinó a la psicóloga María Rosa Daglio el 19 de marzo de aquel año.

Respecto al presidente de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, Marcelo Madina, un hombre de Justicia Legítima, cabe señalar un hecho que habla por sí mismo. El 12 de diciembre de 2019 disertó como panelista en un encuentro llamado “Hacinamiento en lugares de detención. Crisis humanitaria”, cuyo eje central eran las excarcelaciones, un tema que generó mucha controversia en la pandemia.

Un sábado de abril de 2017, ocho personas disfrutaban de una cena en una casa en el barrio Puerto, cuando cuatro hombres armados ingresaron a los gritos y en cuestión de minutos los despojaron de dinero, teléfonos, valores y hasta de un auto. Uno de los delincuentes era Emiliano Cavasun preso de Batán con salidas transitorias que estaba cumpliendo una condena a 20 años por asesinar a tiros y puñaladas en 2004 a un joven comerciante y jugador de rugby frente a su esposa y su bebé. 

Quien concedió el beneficio a Cavas, habiendo cumplido apenas 9 años de los 20 a los que había sido condenado, a través del Programa Casas por Cárceles, fue el juez de Ejecución Penal 2, dr. Juan Sebastián Galarreta, además de permitirle salidas los fines de semana.

El Programa “Casas por Cárceles”, aún vigente, fue implementado el 3 de marzo de 2010 en la Provincia de Buenos Aires en el ámbito de Servicio Penitenciario Bonaerense, durante la gobernación de Daniel Scioli, mediante la Resolución Ministerial N° 56 “con el objeto de mejorar cualitativa y cuantitativamente las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad”. El 6 de abril de 2018 fue actualizado por la Resolución 256/18, durante la gestión de Maria Eugenia Vidal.

Galarreta está considerado uno de los magistrados más garantistas de la región, junto a su colega Juan Francisco Tapia, titular del juzgado de Garantías 4.

pablo@elobservadoronline.com.ar

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