Los gobiernos de tres países centrales de Europa se encuentran abocados a la implementación de políticas de fuerte restricción a la inmigración. En este contexto, el reciente triunfo del republicano Donald Trump en las presidenciales de EEUU potencia aquellos escenarios.
En ese sentido, en las últimas horas se pronunció el senador Marco Rubio, ex adversario del Presidente electo en la interna republicana, quien afirmó que la nueva administración priorizará la expulsión de inmigrantes indocumentados involucrados en actividades criminales, señalando específicamente a la organización delictiva Tren de Aragua.
En una entrevista televisada, Rubio enfatizó que las leyes de inmigración de Estados Unidos son claras al respecto: “Si estás aquí de forma ilegal, debes ser detenido hasta tu deportación. Esa es la ley de este país”.
El senador explicó que Trump pretende centrarse en quienes representan un peligro para la seguridad pública, destacando a “criminales peligrosos, personas que están en este país y son delincuentes en su país de origen, o están cometiendo delitos aquí”.
En rigor de verdad, en Europa el endurecimiento de las políticas migratorias es una tendencia que viene sucediendo desde hace unos años, pero que evidentemente se va a acentuar en los próximos meses.
A las recientes medidas de restricción que tomó Canadá, un país históricamente laxo respecto a la inmigración, se empiezan a sumar Estados que, si bien ya venían amagando con estas medidas, ahora parecen decididos a aplicarlas.
Este medio ya venía publicando sobre la cuestión:
https://elobservadoronline.com.ar/europa-endurece-sus-leyes-migratorias-que-pasa-en-argentina/
Alemania
En una entrevista periodística, la jefa de policía de Berlín, Barbara Slowik, expresó su preocupación por el impacto de la inmigración en la ciudad y el país en general, sugiriendo que los niveles actuales de inmigración son insostenibles, tanto financiera como socialmente.
“Creo que se ha llegado a un límite en cuanto a lo asequible”, dijo, según informó el portal norteamericano Zero Hedge.
A su vez, destacó “la necesidad de una respuesta social integral para abordar el creciente número de incidentes violentos que involucran a inmigrantes” y subrayó la importancia de “integrar a los inmigrantes en los valores democráticos de Alemania desde una edad temprana, con programas que comiencen en el jardín de infancia”.
También insistió en que “es vital restablecer la ley y el orden para ayudar a que los residentes alemanes se sientan más seguros e infundir nuevamente confianza pública en la aplicación de la ley”.
De acuerdo a estadísticas oficiales, la tasa de criminalidad en Alemania ha aumentado un 5,5% durante el último año, con 5,94 millones de casos registrados.
Cabe destacar que el aumento de sospechosos no alemanes (un 17,8% en comparación con un aumento de tan solo el 1% entre los ciudadanos alemanes) ha provocado una mayor atención a la prevención del delito.
“Estas cifras no reflejan toda la realidad, ya que no diferencian entre los perpetradores con ciudadanía alemana que tienen antecedentes migratorios y los que nacieron en Alemania”, afirma el medio citado. Las naturalizaciones en Berlín aumentaron drásticamente en 2024, más del triple en comparación con el año pasado, impulsadas por la liberalización de las leyes de naturalización alemanas
En los primeros ocho meses de este año, 28.716 extranjeros solicitaron la ciudadanía alemana en la ciudad, frente a los 18.018 de todo 2023.
Este fuerte aumento está relacionado con una reforma nacional de la ley de ciudadanía, que ahora permite la naturalización después de solo cinco años de residencia en Alemania, en lugar de los ocho anteriores. En algunos casos, los extranjeros pueden solicitarla después de solo tres años.
La senadora del Interior de Berlín, Iris Spranger, anunció recientemente sus intenciones de ampliar los poderes de la policía para mejorar la seguridad pública.
Según el ministerio del Interior del país, las próximas modificaciones de la Ley General de Seguridad y Orden (ASOG, por sus siglas en inglés) ampliarán la autoridad policial, lo que incluye otorgar a los agentes acceso a datos biométricos, comunicaciones encriptadas y datos de tráfico.
La mencionada jefa policial también propuso la creación de un centro cerrado para albergar temporalmente a jóvenes delincuentes migrantes, una propuesta destinada a retirar a los delincuentes juveniles reincidentes de entornos que puedan fomentar el delito y brindarles una intervención específica. Aunque esto fue desmentido por el momento por el gobierno alemán.
Cabe consignar que en el mes de septiembre, la ministra del Interior, Nancy Faeser, presentó en la Cámara Baja del Parlamento su plan de lucha contra la inmigración irregular, una iniciativa que contiene medidas de seguridad, restricciones de servicios a demandantes de asilo y la promesa de ofrecer mayores facilidades para la expulsión de migrantes.
Países Bajos
En los últimos días, se conoció que el gobierno de aquel país, encabezado por el Primer Ministro Dick Schoof, prepara “la política de asilo más estricta de la historia”, en palabras del líder de derecha Geert Wilders, vencedor de las elecciones en noviembre de 2023, y uno de los dirigentes más importantes de la coalición de derecha que gobierna Países Bajos, con el Partido de la Libertad (PVV) del mencionado Wilders, el Liberal VVD, el democristiano Nuevo Contrato Social (NSC) y el partido de los granjeros BBB.
“Junto con los demás partidos de la coalición negociamos esto durante semanas y estoy orgulloso del resultado”, agregó.
La polémica propuesta del PVV de una ley de emergencia en materia de asilo fue abandonada en favor de acuerdos más estrictos sobre procedimientos de asilo y normas migratorias.
Geert Wilders
Según la periodista Christina Holmgren-Larson, editora senior de The European Conservative, entre las políticas anunciadas figuraban:
- Reducir los permisos de residencia temporal de cinco a tres años, con reevaluación al cabo de tres años, y abolir los permisos de asilo indefinidos
- Endurecimiento de los permisos de reunificación familiar: los hijos adultos y las parejas no casadas no podrán unirse más tarde a un solicitante de asilo aceptado
- Facilitar la deportación de inmigrantes “indeseables” condenados por delitos
- Derogación de la “ley de dispersión”: ya no se asignará a los municipios un número determinado de inmigrantes para albergarlos; en su lugar, se establecerán “instalaciones de recepción austeras” como la única opción para los solicitantes de asilo
- Eliminar la prioridad para inmigrantes en propiedades de alquiler
- Deportación de solicitantes de asilo de zonas “seguras” de Siria. Los sirios (“el grupo más numeroso de solicitantes de asilo en los Países Bajos”)
- Reducir el número de migrantes de la ONU de 500 a 200 por año
- Instalar entre 50 y 100 celdas adicionales para detener y deportar a solicitantes de asilo rechazados.
- A partir de finales de noviembre se introducirán controles fronterizos con Bélgica y Alemania, donde los inmigrantes ilegales o que tengan un estatus de asilo aprobado en otro país de la UE serán rechazados de conformidad con el artículo 25 del código de fronteras Schengen, que establece:
Por su parte, el restablecimiento de controles en las fronteras interiores podría ser necesario excepcionalmente en caso de amenaza grave para el orden público o la seguridad interior a nivel del espacio sin controles en las fronteras interiores o a nivel nacional, en particular a raíz de incidentes o amenazas terroristas o debido a amenazas planteadas por la delincuencia organizada.
Las medidas fueron inmediatamente criticadas por los abogados de asilo, el Consejo Holandés para los Refugiados y otros.
En una manifestación celebrada el domingo último en La Haya, cientos de sirios protestaron contra la propuesta de deportarlos a regiones de su país consideradas seguras. En los carteles que se veían en la protesta se afirmaba que ninguna parte de Siria es segura mientras Asad esté en el poder, y que los sirios regresarían al país una vez que fuera seguro. Parece poco probable que el nuevo gobierno holandés les crea, afirmó la periodista citada.
Italia
En tanto, según informa el diario “El Mundo”, la Primer Ministro de Italia, Giorgia Meloni, “vuelve a reactivar el plan de deportaciones de migrantes a Albania, incluso ante la posibilidad de nuevos impedimentos jurídicos procedentes de la Justicia italiana o europea”.
Cabe recordar que las primeras controversias legales deslucieron, a mediados de octubre, el estreno del plan migratorio de la premier italiana. Ahora, tres semanas después, la apuesta por un segundo traslado hasta las costas de Albania supone un renovado pulso de la jefa del Gobierno italiano para desviar a las costas balcánicas al 40% de los migrantes que atraviesan el Mediterráneo central.
Uno de los aspectos más controvertidos en Italia, en las últimas horas, son los enormes costes del plan migratorio de Giorgia Meloni en Albania, afirma “El Mundo”.
Según ha confirmado en los últimos días el ministro de Interior, Matteo Piantedosi, el coste de cada travesía de la Marina Militar italiana del Mediterráneo central hasta las costas de Albania oscila en torno a los “8.000 euros al día”; aunque, según otros cálculos ofrecidos por los principales medios de comunicación y la oposición del país, esa cantidad asciende hasta los “20.000 euros por cada migrante y trayecto”, como anotaba en los últimos días el diario italiano La Repubblica.
Giorgia Meloni
Vale recordar que en nuestro país, el 6 de marzo de 2021, el gobierno del ex Presidente Alberto Fernández dejó sin efecto el Decreto 70/2017, firmado en enero de 2017 por el entonces Presidente Mauricio Macri, mediante el cual se habían establecido controles más estrictos para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros y se agilizaron los trámites de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales.
¿Qué decía aquel decreto?
Básicamente establecía la prohibición de ingreso a las personas que presentaran documentación falsa u omitieran informar sobre sus antecedentes penales, y aceleraba la expulsión de delincuentes extranjeros.
También se les negaba el acceso al país a los que estuviesen cumpliendo condena o tuvieran antecedentes “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad” o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”.
Si bien no parece ser un tema de agenda prioritario para la Argentina, habrá que ver si el nuevo Canciller del gobierno de Javier Milei, Gerardo Werthein, toma alguna medida al respecto.
Redacción El Observador Online
