El pasado lunes 10 de junio, el Gobierno nacional dispuso el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) distribuidos en todo el país, sobre un total existente de 105.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Justicia de la Nación señaló que como resultado de una “auditoría interna” que la cartera realiza desde diciembre, “se cerrarán todos los CAJ distribuidos en territorio nacional“, que brindaban “de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias”.
Los Centros de Acceso a Justicia, creados en el año 2008 durante el gobierno de Cristina Kirchner, “asesoran, asisten y acompañan a las personas que enfrentan barreras y/o problemas para el ejercicio de sus derechos, o experimentan conflictos interpersonales y/o legales”, de acuerdo a la web de los organismos.
En aquel año se decía que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con la creación de los CAJ, se proponía condensar “la atención de personas con derechos vulnerados, historias de vida que demandaban la resolución de problemáticas que cercenaban el acceso y goce a una ciudadanía plena”.
Conceptos muy repetidos durante el kirchnerismo.
De acuerdo a la Resolución 178/2024 emitida por el ministerio que conduce Mariano Cúneo Libarona, publicada en el Boletín Oficial, “actualmente, existen CIENTO CINCO (105) oficinas en todo el territorio nacional, con un total de 400 empleados aproximadamente”, donde, según la información oficial, “en cada oficina trabajan 2, 4 o 12 empleados”.
A partir de ello, “se pudo observar la existencia de un sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional y de recursos humanos, arrendamiento de inmuebles de elevado costo, empleados en exceso, ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia, realización de trámites ajenos a su tarea (carga de la tarjeta SUBE, obtención de documentos, etc.), falta de capacitación de los empleados, su inasistencia al trabajo, mucha actuación política ajena a su labor (Bariloche, Quilmes y Lomas de Zamora son simples ejemplos), entre otras comprobaciones”.
Así mismo, agrega que “se comprobó que numerosos CAJ no han superado -ni siquiera alcanzado- la cantidad de consultas para los que fueron dimensionados, y que sus funciones e incluso competencias son realizadas o se encuentran superpuestas con las de otras dependencias públicas que desarrollan la misma tarea”.
Según lo que se pudo averiguar, entre 2019 y 2023, es decir durante el gobierno de Alberto Fernández, se abrieron 19 nuevas oficinas CAJ, y sólo durante el año 2022, se incorporaron 229 promotoras y promotores. Es decir, más de la mitad del plantel actual.
El dato surge de la propia web oficial.
En el distrito de General Pueyrredon, con menos de 700.000 habitantes, el CAJ funcionaba a través de 6 oficinas, con base en el Faro de la Memoria. También cuenta con atención en la Fundación Dios es Amor (Las Heras), la Delegación de Migraciones (centro), en Barrio Centenario y Barrio Pueyrredón, en lo que respecta a Mar del Plata; mientras que también tiene una sede en el Espacio Cultural “Lo de Gabín” en Batán.
A su vez, la sede central estaba ubicada en el politizado Espacio Unzué, con 4 empleados (2 abogados, una psicóloga y una trabajadora social). En verdad, tenían 6, pero dos personas fueron cesanteadas en marzo último, en un primer recorte.
El responsable de esta oficina era el abogado Maximiliano Álvarez, quien a su vez es representante legal del MTE de Juan Grabois en la región.
“Los CAJ justamente lo que hacían era brindar un acompañamiento interdisciplinario e integral a las personas que tal vez venían con una preocupación y resultaba ser que por un análisis del equipo se daban cuenta que estaban vulnerados un montón de derechos y que tenían la posibilidad de acceder a otras políticas públicas para mejorar la calidad de vida”, aseguró con cierta imprecisión el profesional en declaraciones públicas.
Reunión en Mar del Plata durante la pandemia entre el CAJ y su simil, ATAJO
Volviendo al plano nacional, en los últimos años también se creó la “Diplomatura en Acceso a la Justicia”, una iniciativa de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justica (SIC) con el respaldo académico de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
“La primera cohorte contó con 204 participantes, quienes en los CAJ cumplen roles de promotoras/es y administrativas/os”, afirmaban.
También siempre de acuerdo a información pública brindada por la gestión anterior, los Centros de Acceso a la Justicia “recibieron 623.782 consultas entre enero de 2020 y octubre de 2023, alcanzando a más de 340 mil personas en todo el país”.
Traducido de manera líneal, si el total de consultas lo dividimos en los 4 años de gobierno, da unas 155.600 cada 12 meses. Distribuidas de forma equitativas entre las 81 oficinas, da como resultado 1920 consultas por año en cada delegación. Si un año tiene unos 265 días hábiles, cada CAJ recibió apenas poco más de 7 consultas por jornada.
Entre 4 y 12 empleados para recibir a 7 personas por día parece un poco excesivo.
Según la resolución del ministerio de Justicia, “esto le costaba a los argentinos más de 8 mil millones de pesos anuales”.
Para tener una dimensión de la cifra, vale ilustrarlo con un ejemplo. La provincia de Santa Fé anunció en horas recientes la construcción de 16 aulas nuevas en escuelas a través de una inversión de $640 millones. Es decir que cada sala costaría unos 40 millones de pesos.
Con los $ 8 mil millones que costaban los CAJ, se podrían levantar 200 nuevas aulas. Aunque puede ser un tanto lineal, vale el ejemplo para graficar el calibre del ahorro.
Por otro lado, la resolución de Justicia concluyó que “todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la Justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y/o el centro de asistencia a las víctimas de delitos”.
El propio Ministerio Público Fiscal también creó durante la gestión de Alejandra Gils Carbó un sistema muy similar a los CAJ, por lo que en muchos casos sus funciones se superponían, de acuerdo a lo que publicó este medio.
La actual Dirección General de Acceso a la Justicia del MPF, nació como Programa ATAJO, y fue creado a través de la Resolución de la PGN Nº 1316/14, como Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, y tras la sanción de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación, número 271.148, promulgada en junio de 2015, se convirtió en Dirección General de Acceso a la Justicia de la procuración.
De acuerdo a la web oficial, este sistema permite “transversalizar y descentralizar el servicio de atención del Ministerio Público Fiscal, creando un lazo más fuerte entre lo que es la institucionalidad del Ministerio y la comunidad, en particular entre los sectores vulnerables”.
Y continúa: “Así, se dispuso la creación de los dispositivos llamados ATAJO que son oficinas que se encuentran en los barrios más periféricos –aquellos que presentan mayor índice de conflictividad- y cuentan con un servicio de atención que es muy similar a la Mesa de entradas de una fiscalía donde se reciben todo tipo de denuncias, se hace formación en derechos, asesoramiento general y se genera un vínculo distinto al que, en general, se da entre las fiscalías y las comunidades”.
Cabe recordar la definición de los eliminados CAJ, con conceptos muy similares: “Son una herramienta importante para el acceso de la justicia principalmente para personas de escasos recursos, ya que asesoran, asisten y acompañan a quienes enfrentan barreras y/o problemas para el ejercicio de sus derechos, o experimentan conflictos interpersonales y/o legales”.
Con más de 20 delegaciones en todo el país, el coordinador de ATAJO en Mar del Plata es el abogado Juan Pablo Gelemur, también, al igual que su par de CAJ, muy cercano a Juan Grabois.
La delegación local está integrada también por la arquitecta Lucía Fernanda Muraca, Julio Daniel Bertone, y Rosa María Dettori.
El caso de esta última es muy particular, como ya publicó este portal.
En octubre de 2022, el medio Infobae informaba que dicha funcionaria iba a ir a juicio oral porque trabajaba nada menos que en el Ministerio Público Fiscal de la Nación y se descubrió que había mentido con su título y no era abogada.
De inmediato, fue sumariada y entró de licencia médica. Pero a la espera del comienzo de las audiencias, este portal pudo confirmar que la funcionaria volvió a su trabajo en la jurisdicción Mar del Plata.
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@PortaluppiPablo
El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
