“Las actualizaciones que hace IOMA no representan ni por asomo el aumento del costo de vida, ni los honorarios profesionales, ni la suba de los insumos. Paga lo que se le antoja y así se hace imposible”.
La contundencia de las palabras pertenece al dueño de un Centro de Día de la ciudad de Olavarría que debió cerrar sus puertas durante el año pasado debido, entre otras cosas, a los bajos montos de las prestaciones que paga la obra social bonaerense.
Pero el hecho se hace más indignante cuando se lo contrasta con una noticia que pasó casi inadvertida.
El 23 de diciembre del año pasado, fue lanzado en la localidad bonaerense de Ensenada, el programa “Donde estés IOMA”, que estará vigente hasta el 28 de febrero próximo. El mismo consiste en la instalación de 48 postas fijas e itinerantes en 14 regiones de la provincia y la costa atlántica donde, se afirmaba en el lanzamiento, “se llevarán adelante operativos socio-sanitarios diarios y simultáneos de promoción, prevención y cuidado de la salud”.
El acto tuvo lugar en el mirador “Néstor Kirchner”. Hasta acá todo parece incuestionable. Sin embargo, hay algo más.
En dicha campaña, se empezaron a repartir los llamados “kits playeros”, compuestos por una remera, una pelota inflable, cartas, un llavero, una agenda, una botella de agua, dados, una gorra, preservativos, un par de paletas y una pelota de tenis.
Pero además, IOMA no informó cuánto pagó por aquellos elementos, ni cómo los adquirió. Tampoco bridó información sobre el personal contratado a tal efecto.
Ante esta situación, los diputados radicales de Juntos por el Cambio, Claudio Frangul, Melisa Greco y Vanesa Zuccari presentaron un pedido de informes en la legislatura bonaerense a comienzos de enero, para que la obra social explique por qué destinaron recursos en el denominado “Operativo verano” y cuánto se gastó.
“Exigimos que informen cuánto gastaron en la infraestructura de las postas recreativas, discriminándolo por ítems. Por ejemplo, cuánto se pagó por los kits recreativos de playa, el alquiler de gazebos, inflables, baños químicos, fletes; y en qué situación contractual se encuentra el personal comprometido”, afirmaron los legisladores.
Un mes después, IOMA sigue sin responder el pedido de la oposición. Se trata de una información que debiera ser pública.
Del acto de lanzamiento de las postas participaron el titular de la obra social, Homero Giles, el intendente de Ensenada, Mario Secco, y su par de Berisso, Fabián Cagliardi, entre otros. Este último dijo que “es una alegría que IOMA esté cerca de la gente, de los que más necesitan”.
Pero quizá no sea tan así.
Armando Daniel Marotta, propietario del Centro de Día “Santa Clara” que cerró sus puertas en Olavarría, afirma que muchas instituciones que dependen de la obra social bonaerense -y también del PAMI-, “no pueden funcionar por los altos costos y el bajo nivel de las prestaciones”.
Lo grafica con un ejemplo. “Hoy IOMA te paga $250 por hora un paciente de jornada completa, lo que traducido en 8 horas hacen $2000 por día. Para atenderlo, la hora de un profesional cuesta $2500, y atiende 3 pacientes. Es decir, a un Centro le cuesta $2500 y cobra $700”.
“Además”, agrega Armando, “dentro de esos valores, tenés que darle desayuno, almuerzo y merienda. ¿Cómo se hace?”, se lamenta.
Y añade otro dato contundente: “Los valores que paga IOMA son exactamente la mitad de los valores que fija la Superintendencia de Salud en su nomenclador para discapacidad”.
La Superintendencia de Servicios de Salud depende del Ministerio de Salud de la Nación, y su función es regular y controlar a las obras sociales nacionales y entidades de medicina prepaga “para garantizar los derechos de los usuarios a las prestaciones”.
Es, lisa y llanamente, el organismo que fija los valores de las prestaciones que tanto las obras sociaies como las prepagas deben pagar. Para ello, elabora un nomenclador. “El problema es que tanto IOMA como PAMI no cumplen con esa normativa y es muy difícil reclamar”, sentencia Armando.
Así presentado, se trata del Estado estafando al propio Estado. O sea, a la gente.
En la web de la obra social de la provincia, se señala que “el Centro de Día está destinado a recibir a jóvenes y adultos con discapacidad severa y profunda, en situación de dependencia, egresados de la escuela especial, sin posibilidades de acceder al sistema laboral protegido; y niños que por las características de su discapacidad no pueden acceder a las currículas contempladas en el área de Educación Especial”.
Son, sin duda, instituciones esenciales. Pero parece que para IOMA no lo son.
Los reclamos por la falta de cobertura en discapacidad vienen de hace tiempo, como este medio ya lo reflejó.
“Es difícil para los padres conseguir profesionales que se dediquen a discapacidad, ya que transportistas, acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacionales, psicólogos, kinesiólogos y fonoaudiólogos, entre otros, temen trabajar con IOMA porque, aun mediando un amparo judicial, la obra social no paga en tiempo y forma y hay demoras de 8 meses a 1 año”.
Dicho comunicado fue difundido hace pocos meses por el grupo “Familia de niños y jóvenes con discapacidad afiliados al IOMA”, que reúne desde 2018 a más de 150 familias de todo el territorio pertenecientes a la obra social.
El 11 de junio de 2020, en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, IOMA dispuso a través de una resolución un límite a la compra de pañales para niños y adultos, lo que afectó notablemente a los afiliados con familiares discapacitados. El tope pasó a ser, para los mayores, de hasta $9000 por mes. Es decir, que la obra social sólo les cubría hasta dicha suma; por encima de ella, lo debía pagar el afiliado.
Recién este año, el monto se elevó a $14.000, por lo que durante 24 meses la cobertura se redujo drásticamente. Pero la situación no mejoró demasiado. A valores de hoy, cada pañal cuesta aprox. $350. Si un adulto discapacitado necesita al menos 4 pañales por día, la cobertura de IOMA solo alcanza para 10 días al mes.
En otros términos, de 120 pañales que se necesitan, la obra social bonaerense sólo brinda 40.
Cabe señalar que durante 2022, el organismo incrementó en más de un 80% las prestaciones, al menos, para los Centros de Día. En enero del año pasado, se pagaba $42.728,11. En diciembre, mediante Resolución 3426/2022, el monto se elevó a $78.692.
Y en fecha reciente, volvió a subir el monto un 28%, lo que representa más de un 100% en un año.
Si bien el incremento es importante y acompaña al menos la inflación, no alcanza. La Directora de una institución ubicada en una importante localidad bonaerense, que prefiere no revelar su nombre por miedo a represalias de la provincia, afirma que “los números no compensan los sueldos, los honorarios, los gastos de comedor, de transporte, material didáctico”.
Y brinda cifras contundentes: “Los $78.600 que pagaba IOMA en diciembre por cada paciente representan apenas el 4% de todos los gastos del Centro de Día, que superan los $2 millones por mes”. Y agrega: “Si juntas a todos los afiliados, lo que ingresa por IOMA apenas supera el 60%. Si no trabajáramos con otras obras sociales, nos fundimos”.
Si bien no se conocen datos oficiales, quizá un ejemplo ayude a comprender lo complejo de la situación: en Olavarría, en los últimos dos años, cerraron sus puertas 5 Centros de Día sobre un total de 60 existentes en el distrito.
Un dato que aporta Armando grafica a la perfección el bajo nivel de las prestaciones de IOMA: “En 2010, con lo que cobraba de un solo paciente media jornada, pagaba el alquiler del lugar. En 2022, necesitaba dos pacientes jornada completa y un afiliado media jornada”.
Fundada en 1957, y con casi 2 millones de afiliados, a lo largo de los años el Instituto de Obra Médica Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA) se convirtió en la mayor obra social de la provincia, otorgando cobertura de manera obligatoria y voluntaria. Organizada en 14 Direcciones Regionales y 197 oficinas de atención en todo el territorio bonaerense, es un ente autárquico y se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Salud provincial.
Su titular es el dr. Homero Giles, médico recibido en Cuba, donde cursó estudios en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana. Además de haber sido funcionario del ministerio de Salud durante la última presidencia de Cristina Kirchner, pertenece a La Cámpora, y milita, sin ocultarlo, por un sistema de salud regulado e intervenido por el Estado.
En este sentido, vale la pena mencionar la situación que se vive en Tandil, donde miles de afiliados perdieron la cobertura.
Según denuncia un grupo autoconvocado, cuya cara visible es Graciela Gargiulio, una de las personas que lleva adelante esta lucha, “la ciudad atraviesa una etapa insostenible contando con 24.000 afiliados locales más 10.000 de la zona que vienen a atenderse aquí”.
Cuenta que “el día 28 de Diciembre de 2022, IOMA decidió -de forma unilateral- rescindir el convenio con el Círculo Médico, a quien le deben más de $90 millones, dejando así a casi 300 profesionales que ya no atienden a los afiliados a la obra social”.
Y resalta otra importante deuda que mantiene el organismo: “También le debe $40 millones al Hospital público municipal “Ramón Santamarina”. Si bien desde la obra social aseguran que se cancelaron todas las deudas con los hospitales de la provincia, en Tandil diversas fuentes consultadas aseguran que no es así.
A IOMA lo sufren tanto los afiliados como los prestadores. Al menos así se reflejaba en una carta un grupo de familiares de pacientes con discapacidad.
“Las familias de personas con discapacidad afiliadas al IOMA padecemos la burocracia enquistada en los procedimientos de cada gestión que asume”, se lamentaban, a la vez que aseguraban que “vivimos inmersos en una gran incertidumbre, es una lucha permanente para lograr la autorización de tratamientos, de atención en centros especializados, de equipamiento, de medicación. Más de una vez se cuestionan las indicaciones del médico de cabecera, aun autorizando prácticas y provisiones tardan meses o años en concretarse”.
Dicha misiva data de febrero de 2021. Hace dos años.
Para no dejar dudas, el colectivo destacaba: “Renglón aparte es lo que ocurre con los prestadores de discapacidad, terapistas, psicólogos, fonoaudiólogos kinesiólogos, musicoterapeutas, psicopedagogos acompañantes terapéuticos, cuidadores domiciliarios, transportistas y la lista sigue a quienes les adeudan en promedio 8 meses del trabajo realizado y tienen que seguir sosteniendo sus familias, sus obligaciones”.
Y también señalaban que “debido a esta situación cada vez son menos los prestadores que se “animan” a trabajar por IOMA. Además, hay que aclarar que el nomenclador de la obra social está muy por debajo al Nomenclador Nacional”.
Pese a lo dicho por el intendente de Berisso, IOMA no parece estar muy cerca de toda la gente.
pablo@elobservadoronline.com.ar
@PortaluppiPablo
El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
