El último viernes 3 de marzo, la Cámara Federal de Mar del Plata, conformada por los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, falló a favor de una apelación planteada por Gustavo Vera, Director Operativo del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, avalando la capacidad procesal de este organismo público para poder realizar acciones de amparo en las temáticas en las que es competente.
El fallo de la Alzada marplatense se refería puntualmente a la instalación de la llamada “Zona Roja” en la ciudad. Pero generó mucha inquietud en diversos sectores de la ciudad, más allá de este ámbito.
El 24 de junio de 2022, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon aprobó el Programa Zonas Seguras de Protección Integral “a fin de promover medidas focalizadas para la prevención de la violencia y los delitos en las zonas donde se ejerza la prostitución”.
En otras palabras, se debía crear un lugar específico identificado como “Zona roja” para ofrecer servicios sexuales en la vía pública, estableciéndose a este fin que la oferta y/o demanda de sexo solo podrá llevarse a cabo en los lugares y horarios específicamente habilitados por la administración local.
La iniciativa del gobierno del intendente Guillermo Montenegro había sido aprobada con lo justo, 12 votos contra 11. El Frente de Todos votó en contra.
A fines de septiembre del año pasado, la “Zona roja” comenzó a funcionar en Avenida 10 de febrero desde la calle Cacique Chuyanyuta y por una extensión de 200 metros, en el sudoeste de la ciudad y camino a dos cementerios.
Pero antes de que comenzara a operar formalmente, en julio de 2022 Gustavo Vera interpuso un recurso de amparo colectivo, cuestionando que la normativa permita “la aplicación de multas y la privación de la libertad de personas que podrían ser víctimas de explotación sexual”.
Ya desde la aprobación del proyecto, sectores ligados al kirchnerismo se anticiparon a la movida posterior de Vera. Victoria Disalvo, referente del colectivo Reconocimiento del Trabajo Sexual, manifestaba por aquel entonces que “no estamos en contra de una regulación, pero la queremos sin criminalización. Entendemos que esta regulación nos está reconociendo como trabajadoras, pero vemos que nos imponen reglas y no tenemos ningún derecho”.
“Sabemos que el Municipio busca poner fin a la problemática de las zonas rojas en la ciudad y que quede establecido un lugar específico, pero no queremos una policía con poder punitivo, que ya sabemos que muchas veces ejercieron violencia”, agregaba Disalvo.
Por supuesto, desde las usinas oficialistas ya comenzaron a acusar a las fuerzas de seguridad.
“Resulta importante destacar, que, mientras transcurre el tiempo, empleado en dilaciones formales y procedimentales, las fuerzas policiales ya han cometido atropellos puntuales contra personas en situación de prostitución, o simplemente por el hecho de ser transexuales, transgéneros o travestis, personas que, en muchos casos, pueden ser víctimas de explotación sexual y trata de personas, incurriendo en una revictimización de las mismas”, reclamaron desde la agencia Télam.
El 22 de agosto de 2022, el juez federal Alfredo López rechazó in límine el recurso de amparo presentado por Gustavo Vera. El magistrado consideró que la Secretaría de Coordinación Presupuestaria y Planificación del Desarrollo –que tiene bajo su órbita al Comité contra la Trata que controla el amigo papal– “carece de la representatividad del Estado nacional, debido a que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación, por lo que debió ser esa dependencia la impulsora de la medida cautelar”.
El titular del juzgado federal 4 de Mar del Plata reveló también que, apenas se formalizó el amparo, estaba vencido el nombramiento de Vera, por lo que otorgó 20 días para subsanar ese inconveniente administrativo.
El Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas fue creado el 26 de diciembre de 2012 por la ley 26.842 durante el gobierno de la actual vicepresidente Cristina Kirchner.
El 7 de junio de 2020, salió publicado en el boletín oficial la designación de Vera. En su artículo 1, señalaba que “dase por designado con carácter transitorio, a partir del 17 de marzo de 2020 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida, al señor Gustavo Javier VERA en el cargo de Director de Apoyo al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Nivel A – Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08”.
Según el SINEP, de acuerdo al nuevo convenio, para abril de 2023 el sueldo de Vera debería estar superando los $600.000 por mes. Pero las partidas asignadas al Comité son un “agujero negro”.
De hecho, el informe anual sobre trata de personas que emite el propio Departamento de Estado de los EEUU, llamado “Trafficking in persons report”, publicado en julio de 2022, si bien elogia el trabajo realizado por la Argentina, afirmaba que “aunque el gobierno cumple con los estándares mínimos, no asignó un presupuesto específico dedicado a los esfuerzos contra la trata”.
Un dato que merece destacarse. En el año 2021, se abrieron, según la propia Procuraduría contra la Trata (Protex), 175 investigaciones por este delito. En tanto, durante 2022, se iniciaron 243 causas por narcotráfico, apenas un 40% más.
O son demasiadas las pesquisas por trata o escasas las vinculadas al narco.
De acuerdo al Presupuesto 2023, los fondos asignados a la Jefatura de Gabinete ascienden a casi $74 mil millones, y el de la secretaría de Coordinación Presupuestaria y Planificación del Desarrollo, de quien depende el Consejo contra la Trata, es de poco más de $33 millones.
Una de las tantas funciones que tiene esta repartición es la de “asistir al jefe de Gabinete de Ministros en la coordinación y supervisión del análisis, la formulación y la evaluación de la estrategia presupuestaria, como así también en la elaboración del Proyecto de la Ley de Presupuesto Nacional y en el seguimiento de su ejecución”. No se entiende bien por qué el Comité de la Trata depende de esta secretaría.
“El fallo de la Cámara fue una devolución de gentilezas a Vera por haberlo excluido de algunas causas de las tantas que hay por trata laboral en el distrito”, refiere un prominente funcionario judicial de Mar del Plata.
Las primeras denuncias por presunta trata en General Pueyrredon fueron promovidas por la ONG “La Alameda”, creada justamente por Gustavo Vera, nacida con la crisis de 2001, y a los pocos años especializada en denunciar casos de explotación sexual, para luego ampliar su mirada sobre el campo laboral.
“La Alameda” también presentó una acción de amparo el 14 de septiembre del año pasado contra la ordenanza municipal que crea la “Zona Roja”.
Las presentaciones judiciales de la mencionada ONG siempre hallaron eco en la justicia federal de Mar del Plata. La trata, de a poco, comenzó a ocupar el lugar que iban dejando los delitos de lesa humanidad. Los mismos personajes que se arroparon al calor del kirchnerismo con la bandera de los derechos humanos, ahora se abrazaban a la legitimación moral que les otorgaba el enfrentamiento contra aquellos que explotaban a sus semejantes.
Quien se puso a la cabeza de la lucha contra la trata fue el fiscal ante la Cámara y titular de la filial local de Justicia Legítima, Daniel Adler, cuya figura fue alabada por propios y extraños.
Y aquí es donde la línea Adler-Vera comienza a tallar fuerte en el distrito.
En una presentación ante el Procurador Eduardo Casal fechada el 19 de junio de 2020, el representante del Ministerio Público reconoció que el foco está puesto en los productores locales: “La Fiscalía General a mi cargo ha puesto atención en lo que sucede en el sector agrícola y en especial el frutihortícola de la zona respecto a la trata con fines de explotación laboral. Incluso se han organizado jornadas de prevención con distintos actores sociales”.
Cabe consignar que el dr. Adler, un hombre de estrecha confianza de la ex procuradora ultra k Alejandra Gils Carbó, no ha faltado a la verdad. El 20 de octubre de 2020, bajo el título “La trata de personas en el mundo del trabajo”, la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas de Mar del Plata/Batán propuso un conversatorio para abordar este delito con la mirada puesta en el sector rural. Allí se ponderó, justamente, que la lucha contra la trata en la zona “nació a partir de la visión y compromiso del fiscal Daniel Adler”.
Vale recordar lo que dijera el fiscal Juan Manuel Pettigiani el 17 de febrero de 2022: “En esta jurisdicción, la política criminal de presunta lucha contra la trata laboral, se ha convertido en una política de actuación que, a los productores rurales, los persigue, los roba y, por último, los desapodera de la tierra, sin causa alguna que lo justifique”.
El 8 de noviembre de 2021, el titular del juzgado federal 3 de la ciudad balnearia, Santiago Inchausti, resolvió en favor de una presunta víctima de trata laboral otorgándole en carácter provisorio el campo donde trabajaba. Algo inédito hasta ese momento, que puede sentar un peligroso antecedente.
Un caso que aún no finalizó, ya que Casación, en reciente fallo, anuló los sobreseimientos a los imputados que había resuelto el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.
La causa dio inicio el 18 de enero de 2021, cuando cerca de la 5 de la tarde de aquel día personal del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, según le había informado personal de la AFIP que se encontraba en una inspección en la zona rural de Sierra de los Padres, encontraron personas en una presunta situación de trata laboral, por lo que de inmediato dieron aviso a la fiscalía federal 1 de Mar del Plata, a cargo de Laura Mazzaferri.
“El día del allanamiento vinieron con policías y la AFIP, tuve mucho miedo”, le dijo la presunta víctima a la justicia el 21 de marzo de 2022, añadiendo que “me preguntaban cuántas horas trabajaba por día y cuánto ganaba”. A su vez, sostuvo que “yo no sabía qué estaba pasando, nadie me explicó nada y después me dijeron que firme en un papel. Me hicieron tantas preguntas que me perdí, hasta marearme”.
Y concluyó tajante: “Yo quiero que esta causa se solucione. Quiero volver a trabajar con mis patrones. Ellos sabían manejar el campo. Con ellos trabajábamos mejor”.
Durante el proceso, Gustavo Vera había presentado un escrito ante la justicia en el que tildaba a los empleadores, que hacía 32 años trabajaban el campo, de usurpadores, ladrones y evasores: “Se ven en la necesidad de usurpar tierras que no le pertenecen, robar energía eléctrica, evadir impuestos y cargas sociales, no registrar a sus trabajadores y poner a una familia a trabajar en paupérrimas condiciones por más de 12 horas diarias por $6000 mensuales para todo el grupo familiar”, escribió el funcionario.
Por casos como este, el fallo de Cámara que beneficia a Gustavo Vera es leído en los ámbitos productivos de la ciudad con mucha preocupación.
pablo@elobservadoronline.com.ar
@PortaluppiPablo
El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
