Por Pablo Portaluppi
Su designación como Fiscal General de Bahía Blanca en noviembre de 2012 generó resistencias hasta dentro del propio kirchnerismo. Sin embargo, la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner elevó su pliego al Senado y el mismo fue aprobado. Para tan veloz aprobación, fue decisivo el apoyo que tuvo por parte del ex intendente bahiense Jaime Linares. Había ganado el concurso por apenas 2,25 puntos, y según reconocen hasta enemigos suyos en la ciudad, se impuso en buena ley. Con el paso del tiempo, Alejandro Cantaro se convirtió en uno de los fiscales preferidos de la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó.
El pasado 7 de febrero, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó su procesamiento por considerarlo “autor penalmente responsable del delito de encubrimiento en sus modalidades de favorecimiento personal por ayuda y por omisión de denuncia, agravado por ser el delito especialmente grave-tráfico de estupefacientes-“. En otras palabras, se lo acusa de proteger una banda dedicada al narcotráfico. Uno de los integrantes de los narcos es su propio sobrino, Sebastián Gauna San Millán, quien se halla prófugo de la justicia. En octubre de 2019, Cantaro había sido procesado por el Juez Walter López Da Silva. Pero previamente a este caso, fue denunciado e imputado por los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes de funcionario público. Sin embargo, en el mismo fallo el Tribunal de Alzada dispuso su sobreseimiento.
El expediente 13552/2018 se inició el 7 de mayo de 2018 como un desprendimiento de la causa 9736/2016 que investigaba el accionar de una presunta banda narco. En el marco de dichas actuaciones, surgieron escuchas telefónicas legales, realizadas por la Delegación de Inteligencia Criminal de la Prefectura Naval Argentina, que relacionaban al fiscal más importante de Bahía con algunos miembros de la organización delictiva, más precisamente con su mencionado sobrino y con Facundo Texido. También se comprobó una posible filtración de información relacionada con la investigación hacia los imputados, que salía desde la propia Fiscalía que debía investigar. El último 5 de febrero, la justicia condenó a 7 de los integrantes del grupo a penas de prisión de entre 4 y 5 años. En la ciudad, se la conoció como “La banda del éxtasis”.
De licencia desde junio de 2018, Cantaro fue designado en agosto de 2016 por Gils Carbó para investigar, junto a dos colegas suyos, el ataque a pedradas que sufrieran el ex Presidente Mauricio Macri y la ex gobernadora María Eugenia Vidal en el barrio Belisario Roldán de la ciudad de Mar del Plata. Este hecho originó una grave acusación del Juez marplatense Alfredo López contra los Fiscales Daniel Adler, Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik por obstruir la investigación. Aquella pesquisa, aunque pocos la recuerdan, quedó en la nada, pese a que fuentes judiciales marplatenses aseguraron que el hecho fue más grave de lo que se cree, y que pudo derivar en una desgracia. Durante el año 2017, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, a cargo por entonces de Graciela Caamaño, había citado a diversos funcionarios a dar su testimonio para analizar el accionar de Alejandra Gils Carbó. Uno de los citados fue Alejandro Cantaro, quien defendió fervientemente a su jefa.
Vinculaciones y entrecruzamientos
En diciembre de 2019, también el Juez Da Silva procesó al presunto testaferro kirchnerista, Lázaro Báez, por “asociación ilícita fiscal”, junto con otros 12 imputados en el marco de la causa 10451/2014, que investiga la emisión de facturas apócrifas por parte de un conglomerado de empresas bahienses para beneficiar a Austral Construcciones S.A., firma propiedad de Báez. Dicha maniobra defraudatoria contra el Estado rondaría los $670 millones. Las firmas involucradas en la operatoria pertenecen a dos grupos muy conocidos en Bahía Blanca: los Ficcadenti y los Ferreyra. Dicha operación se trataría del delito precedente del lavado de dinero por el que está procesado en Comodoro Py Lázaro Báez, causa a cargo del Juez Sebastián Casanello, más conocida como “La ruta del dinero K”.
Nada de esto habría sido posible sin la eventual complicidad del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Por caso, ya en épocas de la administración de Mauricio Macri, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la propia AFIP se presentaron como querellantes en el marco de la causa 3215 que se le siguió al hombre oriundo de Punta Alta, por encubrir a Báez. La UIF dijo en el expediente que “se le imputa a Echegaray haber encubierto y haber incumplido sus deberes de funcionario público con el fin de beneficiar a Lázaro Antonio Báez, habiendo obstruído el avance de las fiscalizaciones” que llevaban a cabo sabuesos de la AFIP Bahía Blanca por la emisión de facturas apócrifas.
Tres meses antes de la designación de Alejandro Cantaro, exactamente el 9 de agosto de 2012, Ricardo Echegaray, decidió, a través de la disposición 299 y comunicando la decisión mediante una teleconferencia, rebajar de categoría a la seccional bahiense de Dirección a Agencia, lo que implicó la cesantía de 49 agentes impositivos. La razón aducida fue un conflicto gremial, pero el motivo real fue que durante los años 2011 y 2012, inspectores impositivos a cargo de Carlos Blanco habían detectado la maniobra. Las actuaciones obrantes pasaron a depender mayormente de Mar del Plata, cuyo Jefe Regional era Sebastián Durruty. En la actualidad, la seccional marplatense está a cargo del Contador Roberto Seara, un veterano de la casa y muy respetado dentro del organismo. Sin embargo, dentro de la AFIP le confiaron a este medio que no son muy optimistas respecto a su permanencia en el puesto: “Es un histórico y conoce el boliche. Por eso no creo que lo mantengan”, aseguraron.
El mencionado Carlos Blanco había declarado en sede judicial que en una oportunidad se reunió con el contador Pablo Casanova, vinculado a la firma Iberoamericana de Servicios SA, con sede en Caleta Olivia y también involucrada en la maniobra, y éste le “sugirió” que termine rápido con las fiscalizaciones ya que, caso contrario, “serán trasladados a lugares lejanos”. Y agregó que Casanova le dijo que él tenía mucha llegada al poder. Aquella firma también está ligada al Grupo Suris. El empresario Juan Ignacio Suris está procesado por la misma operatoria, y por presuntos vínculos con el narcotráfico.
En abril de 2013, Ricardo Echegaray se reunió en Bahía Blanca con el Fiscal Alejandro Cantaro. Si bien la reunión fue pública, lo que allí hablaron dio lugar a una serie de conjeturas en la localidad. Dicho cónclave tuvo lugar apenas 6 meses después de ser aprobado su pliego como representante del Ministerio Público. Pero el caso del otro Fiscal de la ciudad, Antonio Castaño, resulta todavía más llamativo: amén de ser funcionario judicial, era vicepresidente de Olimpo. En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, la AFIP -ya bajo comando de Alberto Abad- radicó una denuncia contra la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) y nueve clubes de fútbol, entre ellos la entidad bahiense, por una evasión consolidada de $120 millones. Asimismo, el portal ‘Cancha llena‘ informó que Olimpo era uno de los clubes que más dinero adelantado terminaría cobrando por el programa ‘Fútbol Para Todos‘.
El 18 de junio de 2015, el Juez de Dolores Alejo Ramos Padilla fue designado por el Consejo de la Magistratura dominado entonces por el kirchnerismo para subrogar el Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, a cargo por entonces de Santiago Ulpiano Martínez, removido de su cargo por el mismo Consejo. Allí estaba radicada la causa de las facturas truchas. Apenas un día después de la suspensión de Martínez, la Procuradora Alejandra Gils Carbó designó en forma irregular como Fiscales Ad Hoc el 12 de marzo de 2013, apenas meses después de la disolución de la AFIP, a José Alberto Nebbia y Miguel Ángel Palazzani con la excusa aparente de entender en causas de derechos humanos que tramitaban en la ciudad del sur bonaerense. La figura ad hoc rige únicamente para los jueces: asi se los llama a los magistrados que sólo intervienen en una causa determinada que se haya quedado sin juez. Pero, conforme lo explicita un renombrado jurista porteño, ‘la ley 24.946 del Ministerio Público Fiscal no menciona la figura ni una sola vez para designar fiscales’
Lo concreto es que entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2015, los Fiscales ad hoc Palazzani y Nebbia comenzaron a ejercer una fuerte presión al Juzgado nro 1 que investigaba la denuncia contra Lázaro Báez: en ese lapso de tiempo, presentan 14 prontos despachos, 4 retardos de justicia, y 5 denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Palazzani supo integrar la Procuvin, la Unidad Fiscal dedicada a combatir la Violencia Institucional, que tuvo un fuerte protagonismo en el caso de Santiago Maldonado, y que estaba a cargo de Félix Crous, hoy designado por el Presidente Alberto Fernández como titular de la Oficina Anticorrupción.
El pasado 16 de Mayo, Gabriel González Da Silva, justamente el Fiscal que reemplazó a Alejandro Cantaro, solicitó requerimiento de instrucción al Juez Walter López Da Silva contra Alejo Ramos Padilla por presunto abuso de autoridad y amenazas, durante su paso por el Juzgado bahiense. Se trata de la causa 221/2019. En julio comenzó la investigación, que avanzó a paso acelerado hasta el triunfo en las PASO de agosto del kirchnerismo. Desde ese entonces, la pesquisa literalmente se “congeló”. En diciembre pasado, Ramos Padilla, quien instruye en Dolores la causa por supuesto espionaje ilegal, dictó el procesamiento del Fiscal Carlos Stornelli. Aquel proceso tuvo un fuerte impulso, tanto desde el juzgado de Dolores como también desde sectores afines al kirchnerismo.
Uno de los testimonios brindados en el marco de la instrucción contra Ramos Padilla, reveló que aunque el Juez delegó en el Fiscal Alejandro Cantaro la pesquisa de la causa de las facturas truchas, dicho expediente habría permanecido físicamente durante la subrogancia del magistrado en el Juzgado, y que el mismo habría estado allí sin que registre movimiento alguno. Tanto Cantaro, como su colega Antonio Castaño, nunca presentaron requerimiento de instrucción por la causa de las facturas apócrifas, a pesar de la abundante documentación secuestrada durante los meses previos a la llegada de Ramos Padilla. En la pesquisa contra la “Banda del éxtasis”, según la Cámara, Cantaro tampoco hizo demasiado. O si.
El procesamiento
“Se le imputa a Alejandro Cantaro haber prestado colaboración con los imputados para que eludan las investigaciones, omitiendo en su carácter de Fiscal General, la realización de la correspondiente denuncia y/o haber aportado datos de interés correspondientes a la perpetración de los delitos investigados”, afirmó en su resolución el Juez Walter López Da Silva. Y agrega para que no queden dudas: “Cantaro ayudó a Gauna San Millán y Texido a eludir la investigación”. Durante la misma, se estableció que uno de los automóviles en los que se desplazaban ambos, pertenecía al Fiscal.
También se descubrió que Cantaro, a cargo desde 2016 del seguimiento a la presunta banda narco, ordenó la intervención telefónica de Facundo Texido, pero no así de su sobrino, Sebastián Gauna San Millán. En una de las escuchas dispuestas por el Juez, quien decidió reasumir la instrucción del sumario al no mostrar avances, se captó una conversación entre Gauna San Millán y su madre, tras un allanamiento practicado en su vivienda. En dicha oportunidad, el nombrado le pregunta qué se buscó durante el procedimiento y la interlocutora aclara que lo buscado era material estupafeciente. A lo que el hoy prófugo dice que “No entiendo por qué me siguen si no hago nada”, y su madre responde: “A Alejandro lo habían llamado, no lo habían llamado para decirle?”. Gauna San Millán responde que “sí, bueno”.
En paralelo, en ocasión de otro allanamiento a la vivienda de Facundo Texido, tanto un testigo presencial como una Oficial Ayudante de la Prefectura, declararon que Texido, refiriéndose a San Millán, afirmó que “Su Tío era Fiscal General y que le había avisado que estaba investigado”. Por otra parte, del análisis de las comunicaciones interceptadas, se desprende un trato familiar y de íntima confianza entre Cantaro con su sobrino y con Texido, traducido en frecuentes comunicaciones y negocios en común. Según surge de la causa, el Fiscal le había instalado un negocio de distribución de cerveza artesanal a su sobrino, quien aparentemente era el encargado y Texido, su empleado.
Inclusive, se desliza la posibilidad que la presunta connivencia entre ellos “excedía la situación de la mera compra de estupafecientes para consumo, de la que Cantaro parece no mantenerse ajeno”. En relación a este álgido punto, de una de las conversaciones captadas surge que “Texido retira una cajita con dinero del buzón del domicilio de Cantaro y le deja una bolsa de nylon negra”. Dicha acción “autoriza a presumir que se trataba de sustancia estupefaciente” lo que habría dentro de la bolsa. La resolución judicial afirma tajante: “No sólo es dable presumir que existían razones para que Cantaro les avisara de la existencia de una investigación con el ánimo de protegerlos de las eventuales consecuencias de una causa penal, sino también que conocía la actividad ilícita que ambos desplegaban”.
No es la primera vez que el Fiscal se encuentra en la mira de la Justicia. El 28 de mayo de 2018 se inició un expediente por una denuncia del ex camarista bahiense Néstor Montezanti, uno de los jueces acusados por el kirchnerismo de colaborar con la Triple A mientras avanzaba en Bahía la investigación contra el Grupo Suris, de la cual Montezanti formaba parte. El ex juez había iniciado dos procesos de amparo en 2015 contra el Consejo Universitario de la Universidad Nacional del Sur, por “actos arbitrarios de este organismo de concreta persecución”, en contra suyo. Cuando los expedientes fueron radicados ante la Cámara, ésta estaba solamente integrada por un Juez, Pablo Candisano Mera, que se excusó de intervenir. De modo que fue necesaria la designación de conjueces.
Conformado el Tribunal subrogante con abogados, Cantaro solicitó la nulidad de dichas designaciones. La denuncia de Montezanti puso el acento en que el imputado no había procedido del mismo modo en otras causas en similar situación, más concretamente en 34 oportunidades. Por esto, fue denunciado por el delito de prevaricato. Así mismo, el ex camarista afirma en su denuncia que “Cantaro tenía un vínculo no patentizado con la UNS, de cuya Asamblea Universitaria había sido Presidente, y siguió siéndolo un tiempo más tras su asunción como Fiscal General, a despecho de la clara prohibición legal. Esto de por sí, configura un palmario incumplimiento de deberes de funcionario público”. La Asamblea a la que hace mención el denunciante tiene funciones hasta de gobierno dentro del ámbito universitario, siendo el tercer eslabón en importancia jerárquica, detrás del Rector y del Consejo Universitario.
Si bien ambos fallos le fueron favorables a Montezanti, la Cámara, en la misma resolución que confirma el procesamiento de Cantaro por encubrir y ayudar a una banda narco, le dicta el sobreseimiento en estos casos. Pero aun así, afirma que el Fiscal “actuó con motivaciones que excedían el control de legalidad”, reconociendo que asumió “una postura diferenciada con relación a otras causas” producto de su enemistad personal o laboral con el Dr. Montezanti, con quien supo compartir muchos años de formación profesional y académica.
Si bien la Cámara bahiense la integran 5 jueces, en este caso sólo intervinieron dos de ellos, los Dres. Silvia Fariña y Roberto Amabile. Este último, quien supo formar parte de la famosa Lista Celeste, un frustrado intento por parte de la agrupación judicial k Justicia Legítima en 2014 de imponerse en las elecciones de la Asociación de Magistrados de aquel año. En una resolución de 2019, Amabile destaca, respecto a la actuación de Ramos Padilla en la ciudad del sur bonaerense, “la integridad en el desempeño de la magistratura, y la eficacia de la labor efectuada”.
Los rumores apuntan a que Alejandro Cantaro no va a renunciar a la espera de su jubilación, y que tendría todo acordado con el actual Procurador Eduardo Casal. Mientras en relación al proceso contra Ramos Padilla hay mucho hermetismo en la propia Fiscalía, y todos creen que va a ir muy lento, la situación judicial de Cantaro se complica cada vez más.
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
