Por Pablo Portaluppi
El legítimo reclamo de los casi 10.000 veteranos no reconocidos de Malvinas que prestaron indispensables funciones de logística, vigilancia y defensa del litoral marítimo patagónico desde las Bases continentales durante el conflicto, cobrará a partir del comienzo de las sesiones ordinarias del próximo 1 de marzo un protagonismo inusitado como consecuencia de dos hechos bien diferenciados.
Por un lado, la convocatoria para este domingo por parte de Concertación TOAS (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur), agrupación que nuclea a los soldados que fueron destinados a las Bases mencionadas, a concentrarse en Plaza de Mayo para luego dirigirse al Congreso en busca de su reconocimiento como Veteranos de Guerra. Por otro, la presentación de un nuevo Proyecto de Ley que genera no pocas suspicacias en los miembros de la Concertación, que ingresará al Congreso de la Nación el próximo 2 de marzo, primer día hábil del nuevo período legislativo que inaugurará el Presidente Alberto Fernández el próximo domingo. Para un ojo no avezado, su articulado puede llamar a confusión, ya que se vale de argumentos muy similares a los utilizados por quienes debieron apostarse en las Bases continentales y que protagonizaron acciones de combate que aún no son reconocidas por el Estado argentino. Este no es un dato menor, ya que de acuerdo a la normativa actual, para ser reconocidos como Veteranos, debieron protagonizar «efectivas acciones de combate», aunque se trate de un concepto bastante ambiguo. .Este medio se ocupó de detallar algunas de ellas. (Ver https://elobservadoronline.com.ar/index.php/2019/04/02/la-deuda-historica-de-malvinas-las-historias-olvidadas-ultima-parte/).
El nuevo anteproyecto, proveniente de la provincia de La Pampa y que buscará firmas de apoyo de los legisladores, se propone otorgar un “reconocimiento moral e histórico con el nombre de Veterano de Guerra Continental por Malvinas, a los ex soldados conscriptos, prorrogados, reincorporados y/o voluntarios que estuvieron bajo bandera durante el conflicto bélico del Atlántico Sur”. Y amplía la base del reclamo: además de incluir a quienes estuvieron vigilando y defendiendo las costas argentinas, pretende extender el beneficio a aquellos que “cumpliendo órdenes emanadas del alto mando militar”, prestaron funciones en las “fronteras inter-jurisdiccionales, bases aéreas, y puntos estratégicos (SIC)”, exigiendo una “pensión honorífica equivalente a tres pensiones mínimas nacionales, mensuales, vitalicias y móviles”. En estos dos últimos puntos radican las sospechas sobre la viablidad del proyecto.
A través del Decreto 1357, publicado el 6 de octubre de 2004, el Gobierno Nacional estableció que sea la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) la que tuviera a su cargo el otorgamiento y liquidación de las pensiones honoríficas, y aumentó la cifra a cobrar en un 300%, lo que equivale a 3 jubilaciones mínimas, monto que se mantiene hasta la actualidad. “Es un claro intento de diluir y licuar nuestro reclamo”, dicen algunos integrantes de la Concertación TOAS, enfatizando que “al agrandar la base de quienes aspiramos a ser reconocidos y reclamamos una pensión, se produciría un impacto económico brutal justo en momentos de ajuste. Es incalculable la cantidad de gente que ingresaría al beneficio”. Y afirman que “eso lo convierte en un proyecto inviable. Lo que busca es que los legisladores o directamente el Gobierno diga que no se le paga a nadie, y listo”.
El nuevo proyecto también pretende declarar como Veterano de Guerra a aquellos que estaban afectados a “operativos y controles de las rutas nacionales y provinciales, vigilancia de aeropuertos, centrales termoeléctricas, diques, hospitales civiles y militares, puertos, etc”, de acuerdo al texto al que accedió este medio. “Es muy curioso. Fijate que de parte de ellos, no hay un solo juicio contra el Estado”, asegura una fuente judicial, agregando que “el tema de las pensiones y los subsidios es muy tentador. Es una forma de asegurarse mano de obra barata para las movilizaciones políticas”.
La última estadística oficial conocida afirma que el Estado, a través del Ministerio de Defensa, reconoce 23.428 veteranos. Por su parte, en su página web, la ANSES reconoce oficialmente 22.476 beneficiarios. El anteproyecto, en su artículo 5, determina que “el Poder Ejecutivo haga público el listado confeccionado por cada una de las Fuerzas, creando un Padrón Oficial de beneficiarios, independiente del existente que contiene a Veteranos de Guerra de Malvinas”. En la actualidad, resulta imposible acceder a quienes cobran la pensión ya que los listados de la ANSES no son públicos.
Las Bases Continentales
A instancias de Concertación TOAS, el ex Diputado nacional por el Partido Demócrata Cristiano Juan Fernando Brugge presentó el Proyecto de Ley 3932/2018, que se propone otorgar “el reconocimiento moral e histórico a los exsoldados conscriptos que participaron de manera directa en el conflicto bélico”. En sus fundamentos, aclara que dichos soldados “fueron desplegados desde sus unidades militares de origen al sur del territorio nacional”, incluyendo el por entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego. Como a Brugge se le terminó su mandato y el proyecto iba a perder estado parlamentario, decidió reinscribirlo, inclusive con nuevas adhesiones, entre ellas nada menos que la del ex gobernador de San Juan y actual Vicepresidente 1ro de la Cámara de Baja, José Luis Gioja. Actualmente, este proyecto lleva el número 5202/2019. Mientras los VG TOAS buscan su reivindicación histórica, continúan recabando apoyos de diferentes dirigentes políticos y personalidades de la cultura argentina, a la vez que llevan recolectadas más de 330.000 firmas de ciudadanos de todo el país para el tratamiento parlamentario del proyecto.
Las Bases continentales argentinas fueron establecidas en Trelew, Comodoro Rivadavia, San Julián, Santa Cruz, Río Gallegos, y Río Grande, a los efectos de vigilar y defender la zona de posibles incursiones británicas en el continente, y de cumplir variadas tareas de logística. De acuerdo a la distinta literatura castrense, la logística en la guerra tiene por objeto brindar los medios necesarios a las Fuerzas Armadas, los cuales pueden ser tanto de personal como material, generando beneficios indirectos y directos a la conducción de la guerra. Recientemente, arribó a nuestro país el veterano británico Edward Denmark, con la misión de ayudar a sus colegas argentinos de la Concertación TOAS. En su visita, afirmó que“todos fueron parte de una cadena necesaria para la supervivencia. Yo disparaba a sus aviones con el lanzamisiles o con un rifle. Pero los misiles que cargamos, o las municiones, nos fueron provistos desde la isla Ascención, que se encuentra a 8.000 millas náuticas de Malvinas. Desde allí nos entregaban comida, armas y municiones”. (Ver https://elobservadoronline.com.ar/index.php/2020/01/24/malvinas-la-visita-de-edward-denmark-entre-la-admiracion-y-la-verguenza/
Ascensión es una pequeña isla de apenas 88 Km2 con unos pocos miles de habitantes, ubicada en el Océano Atlántico a mitad de camino de las Malvinas y Gran Bretaña. Un alto mando británico reconoció que sin ella, “no hubiéramos podido emprender la guerra o nos hubiera resultado más costosa y difícil de ganar”. La importancia de las bases las brinda un fundamental estudio que hicieron sobre el conflicto tres militares españoles, llamado “La campaña de las Malvinas”. Allí, los autores afirman que “Argentina al principio pretendía establecer en las islas unas fuerzas de ocupación, pero cuando comprobaron que los británicos estaban dispuestos a luchar, se vieron obligados a aumentar el puente aéreo y reforzar las Bases continentales”. A su vez, la investigación destaca el excelente desempeño de la Fuerza Aérea argentina, en particularmente de la FAS (Fuerza Aérea Sur), asegurando que “su actuación asombró no sólo a los ingleses, sino también al mundo entero”, subrayando que los vuelos que “pusieron en jaque a la Royal Navy británica partieron de las Bases en el continente”. En especial los 5 aviones Súper Etendard (la aviación naval argentina en verdad adquirió 14 unidades a fines de 1981, pero los 9 restantes fueron entregados una vez finalizado el conflicto), munidos de los misiles Exocet.
El veterano no reconocido José Luis Martínez, de la FA, le dice a este medio que “desde las Bases Aéreas se desarrollaron un conjunto de tareas no específicas, ajenas a las que les correspondía por doctrina, y desde allí, se planificaron, controlaron y supervisaron operaciones que ejecutaron durante los 44 días que duró el conflicto sus unidades dependientes”, reafirmando que las Bases “fueron la plataforma de lanzamiento de los ataques furibundos a la flota inglesa”. Y grafica de manera tajante: “Un avión en tierra es solo un objeto metálico, sin poderío bélico. Éste se logra configurándole su carga portante de bombas/misiles y artillado, realizado por personal en tierra. Este personal debe actuar con la mayor celeridad para recuperar rápido al avión una vez que regresa de su misión y ponerlo en línea de vuelo”. A excepción de los pilotos, todo el resto de los soldados a los que hace mención Rodríguez aún aguardan por su reconocimiento.
Los fundamentos del nuevo proyecto
En sus considerandos, el anteproyecto que ingresará al Congreso el 2 de marzo deja asentado el concepto en el que se apoya: BAJO BANDERA. Allí afirma que el objetivo buscado es una “reivindicación histórica a miles de soldados argentinos que permanecieron” en esa condición. Luego, se vale de argumentos al menos discutubles, utilizando una terminología bastante llamativa. Algunas líneas por debajo, intenta igualarse con los soldados desplegados en las Bases, asegurando que “la guerra no se podría haber sostenido y desarrollado sin el apoyo logístico del continente”. Pero va más allá cuando subraya que nada se podría haber hecho “sin la intervención de todos los veteranos de guerra continentales”. El 30 de agosto de 2019, el veterano de guerra y ex funcionario de la Aduana, Marcelo Paolini, escribió un artículo en el diario Perfil donde afirmó que “los que estuvimos bajo bandera en 1982 somos todos Veteranos de Guerra”. Paolini combatió en Monte Dos Hermanas y Tumbledown.
Un tramo del texto en el que merece detenerse es cuando hace referencia a las torturas durante el conflicto. “Con el agravante de abuso de autoridad, el soldado fue modelado psicológicamente y sometido a presiones psicofísicas, que por cierto, en algunos casos, alcanzaron el perfil de tortura propiamente dicha”, dice textual. Y agrega que “al finalizar las hostilidades, estaba prohibido bajo pena a determinar, comentar o dejar entrever acciones que hayan ejecutado los soldados”, concluyendo que esta situación generó “la desmalvinización” de la causa. Y atribuye sus reclamos a distintas Juntas Militares que gobernaron el país, cuando afirma que “fuimos instruidos bajo la doctrina de la seguridad nacional, diseñada oportunamente por el dictador Lanusse, implementada más tarde por Videla, y en nuestro caso, por Galtieri”. Alejandro Lanusse (1971-1973), Jorge Videla (1976-1981) y Leopoldo Galtieri (1981-1982) fueron Presidentes de facto de la Argentina durante dichos períodos, pero no en forma consecutiva. Entre ellos, hubo un gobierno democrático entre 1973 y 1976, con 4 mandatarios: Héctor Cámpora, Raul Lastiri, Juan Domingo Perón, e Isabel Perón. Y entre Videla y Galtieri, también gobernó el militar Roberto Viola.
Respecto al tema de las torturas que mencionan los fundamentos de este nuevo proyecto, no se debe pasar por alto un hecho ocurrido años atrás. En abril de 2007, la subsecretaría de DDHH del gobierno de Corrientes a cargo de Arturo Colombi, radicó una denuncia en el Juzgado 1 de la ciudad de Rio Grande, Tierra del Fuego, que contenía el testimonio de 23 ex soldados conscriptos donde se acusaba a oficiales y suboficiales durante la guerra de Malvinas de cometer torturas. En concreto, se solicitaba la investigación por presuntos delitos de reducción a servidumbre y distintos vejámenes, seguidos en algunos casos de homicidio.
También en 2007, el Centro de ex Combatientes de las Islas Malvinas de la Plata (CECIM), a cargo de Ernesto Alonso, quien en el año 2012 sería nombrado por la ex presidenta Cristina Kirchner al frente de la Comisión Nacional del ex Combatiente, dependiente del Ministerio del Interior, y actual miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, formalizó una denuncia por el cobro indebido de pensiones vitalicias por parte de personas que nunca fueron a Malvinas, a instancias de una presentación del Fiscal Guillermo Marijuan. El CECIM también le dio un fuerte impulso a las denuncias por torturas en el conflicto bélico acusando a los oficiales de “abuso, traición y cobardía”, según declaraciones del propio Alonso.
Pero en 2010, una investigación periodística reveló que algunos testimonios que se utilizaron para denunciar las supuestas torturas fueron inducidos, cuyos móviles no solo fueron políticos e ideológicos, sino también económicos. El ex soldado conscripto Juan Cáceres declaró que “nos ofrecieron $250.000 a cambio de inculpar a oficiales, y nunca nos pagaron”. Si bien en el año 2012, Ernesto Alonso le dijo al diario Página 12 que “sería una estafa moral equiparar a los ex combatientes con los movilizados”, en una abierta oposición a la postura de Paolini, coincide con este último al utilizar en el mismo reportaje el término “desmalvinización”, refiriéndose a las posturas asumidas por las Fuerzas Armadas durante la era democrática, en especial en los años de Gobierno de Carlos Menem y la Alianza.
El reclamo de Concertación TOAS
El origen del reclamo estriba en que el 23 de octubre de 1984 se promulgó la Ley 23109 que otorgaba beneficios “a los exsoldados conscriptos que han participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”. Pero el 26 de abril de 1988 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 509/88, que reglamentó aquella Ley, manifestando en su artículo primero que “se considerará Veterano de Guerra a los ex soldados conscriptos que participaron en las acciones bélicas en el TOAS, determinado el 7 de abril de 1982, que abarcaba la plataforma continental de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y el espacio aéreo correspondiente”. Este Decreto dejó afuera del beneficio a miles de personas.
Para sostener su histórica postura, la Concertación TOAS convocó para este domingo 1 de marzo a concentrarse en Plaza de Mayo. Luego partirán al Congreso, donde el Presidente Fernández dará su discurso de apertura del año legislativo. Allí reafirmarán su Proyecto de Ley, que, como ya se dijera, lleva la firma de José Luis Gioja, entre otros legisladores, y permanece a la espera de la formación de la Comisión de Defensa del Parlamento.
“No queremos sospechar del nuevo proyecto. Lo único que pretendemos es que no se nos cuelguen de nuestro reclamo histórico. Tienen todo el derecho a peticionar, y seguramente lo que piden es legítimo. Pero les pedimos que utilicen sus propios argumentos”, concluyen desde la Concertación TOAS.
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
