A pesar de los intentos de Emmanuel Macrón de endurecer fuertemente la política migratoria en Francia, un informe oficial difundido recientemente revela que la inmigración ilegal le cuesta al país la exorbitante suma de 1.800 millones de euros al año. Es decir, casi 2 mil millones de dólares.
Según informó el sitio “The European Conservative”, el presidente del Tribunal de Cuentas, el ex ministro socialista Pierre Moscovici, retrasó deliberadamente la publicación del informe hasta después del debate parlamentario (y la posterior votación de rechazo) sobre la ley de inmigración que presentó el gobierno francés.
El trabajo debió haber sido presentado originalmente el pasado 13 de diciembre, pero recién fue publicado el 4 de enero.
Esta decisión se contrapone a los deseos oficiales de acercar al Tribunal a la gente. En el sistema francés, dicho organismo “garantiza la transparencia del gasto público y verifica que los recursos se utilicen de manera eficiente y responsable en beneficio de la sociedad”. En 2022, se inauguró la plataforma de participación ciudadana, permitiendo a los ciudadanos y asociaciones presentar propuestas de auditorías en el que el público desea ver trabajar a los magistrados.
El informe cuestiona duramente las políticas del ministro del Interior, Gérald Darmanin, “que se jacta de haber adoptado una postura dura en la gestión de los inmigrantes ilegales”, afirma el medio europeo. El funcionario sostuvo que la tasa de expulsión de extranjeros delincuentes ha aumentado un 30%.
De acuerdo al informe de los magistrados, “la gestión de fronteras se considera catastrófica: prácticamente nunca se realizan controles de identidad y no se recopila información seriamente”.
Por su parte, “las administraciones y los tribunales responsables de las deportaciones están totalmente saturados, ya que el número de órdenes de salida de Francia (Obligation de Quitter le Territoire Français, u OQTF) emitidas ha aumentado un 60 % en los últimos cinco años, mientras que el número de funcionarios responsables de tratar con ellos sólo ha aumentado un 9%”.
Por lo que concluye el trabajo que “los OQTF suelen ser impugnados y los tribunales administrativos no pueden gestionar los casos adecuadamente debido a la falta de personal y recursos”.
Otra deficiencia importante que marcan los jueces es que “las órdenes de deportación se emiten pero no se ejecutan”.
Según el portal citado, el informe llega a la conclusión de que existe una gran “desconexión entre el número de órdenes de expulsión emitidas y su ejecución real”, demostrando las dificultades del Estado para hacer cumplir sus decisiones particularmente numerosas, “incluso bajo coacción”.
El costo anual de 1.800 millones de euros, sostiene “The European Conservative”, “socava un argumento frecuentemente esgrimido por la izquierda: que la inmigración ha “enriquecido” al país”.
Cabe consignar que en agosto del año pasado, la asociación francesa Contribuyentes Asociados, reveló que Francia destina en verdad la suma de 170.000 millones de euros al año en la inmigración, tanto la ilegal como la regular.
Benoît Perrin, director general de la entidad, explicó que «la inmigración aporta a Francia unos 116.000 millones de euros al año, pero cuesta 170.000 millones al año. Por lo tanto, el saldo es en gran medida negativo para el contribuyente francés, ya que la inmigración le cuesta a Francia cada año más de 54.000 millones de euros».
De esta forma, “el estudio revela lo contrario a lo arrojado durante años por decenas de asociaciones y organizaciones humanitarias que abogan por una Europa de fronteras abiertas”, señala el sitio La Gaceta de la iberósfera.
En mayor detalle, este estudio destaca que, en 2022, “de los 12.360 millones de euros pagados en virtud del RSA (una prestación subsidiaria similar al ingreso mínimo vital) en Francia, casi 3.000 millones se pagaron a inmigrantes. La suma asciende a 41,44.000 millones de euros para gastos relacionados con enfermedades y 25,5.000 millones para pensiones”, afirma el medio.
En 2022, el país galo expidió más de 320.000 nuevos permisos de residencia, lo que representa un aumento de más del 17% con respecto a 2021, según cifras del ministerio del Interior, según publicó el diario Le Monde. El aumento es muy significativo: en 2012 se concedieron aproximadamente 200.000 permisos.
Los principales puntos del proyecto de ley del gobierno francés respecto a la inmigración apuntan a poder “expulsar del país con más rapidez a individuos que pudieran constituir una amenaza para el orden público”, así como “combatir con más eficacia las amenazas potenciales de residentes extranjeros, que no respeten los principios de la República o hayan violado la libertad personal, la libertad de expresión, y la igualdad entre hombres y mujeres”.
También se propone, según el texto, “castigar con mayor rapidez a los individuos, franceses o inmigrantes, que pretendan hacer prevalecer sus convicciones religiosas sobre las leyes de la República«, y “controlar de manera mucho más eficaz a los sospechosos de amenazas potenciales”.
De acuerdo al medio ABC, “los servicios de seguridad del Estado tienen fichadas a unas 20.000 personas, mayoritariamente franceses de distinta sensibilidad cultural y religiosa, sospechosas de radicalización potencialmente terrorista”.
En Francia, aseguran, “viven unos 410.000 inmigrantes sin papeles, beneficiándose de ayudas públicas, alimenticias y sanitarias. El proyecto de Ley se propone revisar y recortar, previsiblemente, esas ayudas, con el fin de «hacer menos atractivo el destino Francia».
La política migratoria es uno de los grandes temas que preocupa a los europeos. Según informó la agencia Reuters, “la Unión Europea está lidiando” con este fenómeno, por lo que “llevó a algunos estados miembros a reintroducir temporalmente controles fronterizos dentro de lo que normalmente es una zona de libre movimiento”.
Austria, Dinamarca, Alemania, Italia, Noruega, Polonia, Suecia, Francia, Eslovaquia y Eslovenia han implantado o ampliado dichos controles, alegando razones como la presión sobre los sistemas de recepción de asilo, las amenazas de tráfico de armas, las redes delictivas relacionadas con la guerra de Ucrania, la preocupación por el terrorismo y la migración irregular.
Redacción El Observador Online
