El interlocutor expone la situación con inusual crudeza: “Todos nos quejamos cuando la plata no alcanza. Pero nadie quiere resignar nada”. Y agrega: “Cuando los municipales hacen un paro por el motivo que fuera, o para ganar más o para quejarse porque obligamos a trabajar a quienes no lo hacen y cobran un sueldo, la gente no termina de comprender que lo que está en juego es su dinero”.
Quien espeta con firmeza y cierto hartazgo estas palabras es un funcionario más técnico que político del gobierno municipal de General Pueyrredón que preside el Dr. Carlos Arroyo, aliado a Cambiemos. Pero sus conceptos bien podrían aplicarse a cualquier municipio del país. Una de las quejas continuas de la sociedad es el nivel de burocracia del Estado en cualquiera de sus estamentos. Pero cuando una administración se propone modificar ciertos rasgos de esta cultura, el apoyo que recoge en la ciudadanía es inversamente proporcional a aquel reclamo. Aunque en sus modos dicha administración muestre una excesiva torpeza y cierta brutalidad a la hora de encarar los conflictos.
El citado funcionario afirma: “El problema que tiene todo Cambiemos es su falta de cintura política. Tal vez tengamos más capacidad de gestión y honestidad que las distintas formas de peronismos. Pero ellos tienen mejor cintura política”. La nueva disputa existente entre el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Gobierno de General Pueyrredón es una pequeña pero contundente muestra de los conflictos que se avecinan en 2019, año de renovación de autoridades en todo el país, a la vez que comienza a revelar un complejo entramado de relaciones entre los distintos factores de poder.
La excusa formal de la pelea entre el gremio y la administración arroyista es un reclamo salarial. A comienzos de 2018 la paritaria se había cerrado en torno a un incremento de 12% para abril y otro 6% en agosto. La corrida cambiaria y su consecuente explosión inflacionaria que comenzó hacia fines de abril modificaron todos los escenarios. Mientras el sindicato conducido por Antonio Gilardi pide un 12% retroactivo a octubre más un 7% para noviembre y una reapertura de la discusión en diciembre, el gobierno local ofrece un 12% en diciembre y otro 20% para marzo de 2019, lo que medido de abril 2018 al mismo mes del año próximo hace un 50% de incremento. La escalada verbal de ambas partes (Gilardi llegó a tildar al secretario de Hacienda del Municipio Hernán Mourelle de discapacitado mental; curioso que el INADI no haya dicho nada al respecto), llevó al conflicto a un punto de estancamiento. El STM acaba de decretar retención de tareas por tiempo indeterminado.
Más allá del reclamo en sí, las razones de la pelea parecen ser otras. Doce días después de asumido el Gobierno de Carlos Arroyo, el sindicato de municipales le realizó el primer paro a la por entonces flamante gestión, por el pago del medio aguinaldo fuera de término. Para abril de 2017, el gremio ya le había hecho a la administración local ocho paros, sin contar otros modos de protesta. Es decir, una huelga cada dos meses. El titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), Rubén García, enfrentado con la histórica Federación de Sindicatos Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires (FSTMPBA) que conduce Oscar Ruggiero, si bien se le reconocen vínculos con el PJ bonaerense, pertenece en verdad al sindicalismo combativo, más ligado a la CTA y al kirchnerismo. “Cholo” García le dio un fuerte respaldo a los reclamos del gremio local de Antonio Gilardi en las últimas horas, amenazando con paralizar la ciudad durante la temporada de verano que se aproxima. Gilardi conduce el sindicato desde 1999, llevando de este modo cinco períodos consecutivos al frente. En 2007, durante la gestión del por entonces radical K Daniel Katz, se vio envuelto en un escándalo de corrupción denunciado por la FSTMPBA por asociación ilícita junto con la administración por no haber hecho los aportes correspondientes de los empleados a dicha Federación. Por su parte, Rubén García había protagonizado serios incidentes y destrozos en la Legislatura provincial durante 2013 para reclamar la sanción de una nueva ley para el sector.
Según Alejandro Vicente, Secretario de Gobierno de General Pueyrredón, “el sueldo promedio del municipal es de $46.470, llegando a más de $54.500 en el caso del personal jerárquico no político”. Un dato curioso: en 2017, se reveló que la comuna ocupaba el tercer lugar de la provincia de Buenos Aires en el costo salarial por agente. Dicho de otro modo: es una de los municipios bonaerenses que mejor le paga a sus empleados .Vicente agrega que “además cobran el primer día hábil de cada mes y con recursos propios”. Durante la anterior gestión de Gustavo Pulti, muy ligado al ex gobernador Daniel Scioli, los sueldos se abonaban a través de aportes que hacía la provincia. “Con Pulti siempre cobraban fuera de término y nunca hacían paros”, afirma Vicente. Y concluye: “Los recursos destinados al pago de salarios es de $390.000.000”. Un dato: del total de $743 millones de déficit heredado de la gestión del mencionado Pulti, $104 millones correspondían a la seguridad social de los empleados municipales, mayormente a la falta de aportes a la obra social. Hoy por hoy, los sueldos representan el 50% del presupuesto, cuando llegó a tener una incidencia del 80% pocos años atrás.
La cantidad de empleados municipales siempre es materia de discusión en cualquier ciudad del país. General Pueyrredón, que comprende las localidades de Mar del Plata y Batán, declara tener entre 8.500 y 9.000 empleados. Según el censo 2010, vivían en el partido 618.000 personas. Elevando la cifra a 700.000, eso daría que hay 1 empleado municipal cada 77 habitantes. Una ciudad como Barcelona, con una fuerte afluencia turística de parte de todo el mundo, tiene un promedio de 1 trabajador del ayuntamiento por cada 115 personas (13.800 sobre una población de 1.600.000, según datos de 2017). Otro dato: en el Concejo Deliberante trabajan, además de los 24 concejales, cerca de 400 empleados, lo que da un promedio aproximado de 16 personas por cada concejal, lo que le insume al Municipio un gasto de más de $7.000.000 por mes. Según cifras oficiales, a noviembre de 2018 el Consejo mantuvo apenas 15 sesiones, aproximadamente 2 veces por mes tomando el período ordinario que comienza el 1 de abril.
Un funcionario del municipio le confía a este medio: “En mi área trabajan cerca de 1200 personas. Cuando asumimos se pagaban 11.000 horas extras por mes. Dentro de este disparate, había gente que cobraba por 26 horas trabajadas……por día. Nos encontramos, por ejemplo, con que una persona tenía tres trabajos al mismo tiempo. Y para un solo cargo, había tres personas cobrando sueldos al mismo tiempo. Otro caso fue el de un profesional que hacía 8 años que tenía carpeta médica”. Y agrega: “El ausentismo se redujo muchísimo, pero aún así tenemos dificultades. Se instalaron relojes biométricos, pero en muchos casos los rompen”. La nueva Ley del empleado municipal, la 14.656, que rige en su totalidad desde 2016, contempla, además de los 28 días de vacaciones, el derecho a una semana de descanso, que en verdad terminan siendo nueve días, si el trabajador cumple con cuatros meses consecutivos de presentismo. Como diría Tato Bores, se resalta y premia lo que debería ser tomado como algo natural. “La orden que bajó el Intendente fue que ordenemos”, dice el funcionario consultado. “Pero cada vez que queremos ordenar, el sindicato se nos pone de punta, aduciendo acoso laboral”, agrega. Y concluye: “El enemigo lo tenemos adentro. El peronismo dejó infiltrados en todas las segundas líneas de las municipalidades y del Estado Nacional. Ahí está el problema”.
En Mar del Plata, la mayoría de los medios apoya el reclamo sindical, a la vez que pondera que la Defensoría del Pueblo haya calificado de desmedido el aumento del 49% para las tasas urbanas. O sea, respalda un aumento salarial para los empleados públicos y se opone a un incremento de la recaudación para poder solventar la eventual nueva pauta salarial. Lo cierto es que el Jefe comunal halló en el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, enviado en septiembre de 2017 desde La Plata, a su mejor intérprete. A la vez que intenta cobrarle a las exportaciones pesqueras la tasa de Seguridad e Higiene, libra una batalla con el todopoderoso Florencio Aldrey Iglesias, dueño de los medios y los hoteles más importantes de la ciudad. Y esto no es un dato menor.
Uno de los últimos conflictos entre el empresario español y la administración de Carlos Arroyo fue la revelación del irrisorio canon que paga Iglesias por la explotación del Paseo Hermitage: $9.000 por mes, por la cual la comuna realizó la correspondiente denuncia judicial. Según Mourelle, “con ese canon las arcas públicas dejaron de recaudar 84 millones de dólares”. Además, Aldrey está denunciado por lavado de dinero en la causa que se le sigue a Daniel Scioli, su ahijado político, por enriquecimiento ilícito.
Los vínculos entre el ex motonauta y el empresario que alguna vez le confió a alguien de su confianza “tener todos los políticos de la ciudad en mi puño”, empiezan a ser cada vez más inocultables. Quien se perfilaba como sucesor natural de Carlos Arroyo, y era a su vez su armador político, el empresario Emiliano Giri, fue detenido en abril de 2016 acusado de irregularidades en contratos de Astilleros Río Santiago. Pocos meses después fue sobreseído. En el devenir de la causa apareció el nombre de Roberto Fiocca, un misterioso publicista ligado a Amado Boudou y de fuertes vínculos con el peronismo. El fiscal que ordenó la detención de Giri, a quien fueron a buscar de madrugada a su domicilio, fue Jorge Paolini, sobrino de Ricardo Casal, ex ministro de Justicia y también de Seguridad de Daniel Scioli.
Pablo Portaluppi
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
