Un grupo internacional de abogados, entre ellos varios argentinos, presentó ante la justicia de nuestro país una demanda contra 12 líderes de la organización Hamas por delitos de lesa humanidad tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma, cometidos durante el ataque del mencionado grupo terrorista del 7 de octubre de 2023 al Estado de Israel.
Los letrados realizaron la presentación judicial en carácter de representantes legales de la institución Victims International, “una fundación constituida, de acuerdo con su carta fundacional, para “asistir a víctimas de crímenes internacionales, de lesa humanidad y de violaciones severas a los derechos humanos de diversas formas”.
Los firmantes de la demanda son el abogado italiano Salvatore Tolone Azzariti, junto a sus colegas argentinos Tomás A. Guido y Marcelo Peña, con el patrocinio letrado del dr. Pedro Pablo Pusineri. La misma recayó en el juzgado criminal y correccional 11 de Comodoro Py a cargo de Julián Ercolini e interviene el fiscal Carlos Rívolo.
La querella persigue “la condena de los principales referentes y de todo miembro de la organización Hamas que haya sido partícipe del ataque realizado en territorio del Estado de Israel, durante el cual fueron asesinadas más de 1.200 personas y otras 250 fueron tomadas como rehenes, víctimas entre las cuales había 24 ciudadanos argentinos, incluido un bebé de apenas meses de vida”.
Se trata de un hecho sin precedentes, ya que es la primera demanda en el mundo contra Hamas en ser presentada ante la justicia de un país.
Justamente, para argumentar la competencia de la justicia argentina, la presentación judicial destaca que «no existe otro tribunal en el resto del mundo que se encuentre juzgando los mismos hechos que se denuncian”.
En ese sentido, sostiene que “por un lado, la Corte Penal Internacional tampoco podría arrogarse el juzgamiento de tales crímenes contra el derecho de gentes, toda vez que el Estado de Israel no ha ratificado el Estatuto de Roma”.
“A su vez”, agrega la demanda, “no existe en la actualidad (ni siquiera en el Estado de Israel) Cortes Penales de Justicia que estén juzgando a las máximas autoridades del grupo Hamas por los delitos de lesa humanidad y/o genocidio que aquí denunciamos y que tienen como víctima directa, entre otros, a 24 ciudadanos argentinos”.
Por definición, el derecho de gentes es “la ciencia del derecho que se guarda entre las naciones o estados, y de las obligaciones que le corresponden”. En lenguaje más llano, es el derecho natural que reconoce a los hombres como tales.
Para reforzar los argumentos, los letrados sostienen “que NO existe otro tribunal penal de justicia, que haya conocido previamente en los hechos aquí denunciados; sumado a que no existiría ningún otro tribunal de justicia del mundo con mejores condiciones de investigar los aberrantes delitos que aquí denunciamos”, subrayando la “cercanía y nacionalidad de sus víctimas, imparcialidad, debido acceso a la justicia, y localización de los denunciantes”.
Los principales integrantes de Hamas denunciados son Khaled Meshaal, “Director Gral. de la oficina (para)estatal”, Ismael Haniya, “Primer ministro y cofundador”, Mohamed Al-Deif, “Comandante y cofundador” de las Brigadas de Ezzedín al-Kassam (brazo militar de la organización Hamás), y Marwan Issa, “Comandante en jefe”, entre otros.
En otro párrafo, la querella resalta que “existe una situación de emergencia que justifica la necesidad de que sea el magistrado de turno quien de manera inmediata tome intervención en los hechos que denunciamos aquí, pues todos ellos son crímenes aberrantes que están en curso de acción”.
“Lo que venimos a denunciar”, añaden los abogados, “son delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos en el territorio del Estado de Israel y que tienen como víctima directa, a ciudadanos de nacionalidad argentina que -junto a otros muchos ciudadanos- fueron brutalmente atacados por las fuerzas de la agrupación autodenominada “Hamas”, por el sólo hecho de conformar la “comunidad civil” que habitaba y/o residía en territorio del Estado de Israel aquel 07 de octubre de 2023”.
En concreto, los delitos que se denuncian son, entre otros, “homicidio, secuestro, abuso sexual, lesiones graves y torturas”, algunos de ellos cometidos “contra personas menores de edad, en clara conculcación al derecho de gentes; ya que aquellos crímenes atroces ocurrieron en el contexto de un plan de exterminio, ataque y eliminación del pueblo judío desplegado por las máximas autoridades del grupo Hamas”, afirman los denunciantes.
Según el Estatuto de Roma, firmado el 17 de julio de 1998 por 120 Estados, entre ellos Argentina, se entiende por ‘crimen de Lesa Humanidad cuando se cometa un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
Las 24 personas de nacionalidad argentina son Rodolfo Fabián Skariszewski, Ronit Rudman, Roland Sultán, Abi Korin, Silvia Mirensky, Matías Burstein, Laura Jazmín Kofman, José Luis Silberman, Ron Sherman, Tair Bira y su hermana menor Tahel Bira (de 15 años de edad), la familia Bibas —compuesta por Shiri Silberman Bibas (madre), su esposo Shiri Yarden Bibas (padre) y sus dos hijos Kfir Bibas de 10 meses de edad y Ariel, de 4 años de edad, todos ellos asesinados.
Entre las personas torturadas, encarceladas y actualmente desaparecidas se encuentran David Cunio, Ariel Cunio, Lior Rudaeff, Fernando Marman y Luis Hart.
Y entre los argentinos torturados, encarcelados y/o privados gravemente de la libertad física y posteriormente liberados, están Clara Marman, Ofelia Feler de Roitman, Gabriela Leimberg y Mia Leimberg”.
“Las referidas víctimas”, aclara la denuncia, “entre un centenar de otras personas, fueron secuestrados de sus propios hogares (muchos de ellos junto a sus hijos menores de edad), sus hogares fueron irrumpidos salvajemente, incendiados y bombardeados, los asesinaron a sangre fría y a muchos de ellos los sometieron a diversas prácticas de tortura y vejaciones que les causaron daños”.
Y agrega: “Cabe decir que los ciudadanos de nacionalidad argentina –dentro de muchas otras víctimas fatales que habitaban el día del ataque, han sido víctimas de aberrantes crímenes contra el derecho de gentes, como los que aquí denunciamos”, desprendiéndose de tal calificación “un patrón de violación masiva de los derechos humanos de la población civil”.
“La posibilidad de interponer este recurso se basa en dos principios del Derecho: el de Jurisdicción Universal y el de Nacionalidad de las Víctimas”, explica Salvatore Tolone Azzariti. Doctor en Derecho por la Universidad de Oxford y Distinguished Professor de la misma Universidad y de la Woxsen School of Law, quien lidera el grupo de denunciantes.
“Por el primero de ellos, se permite que cualquier Estado juzgue y sancione a quien ha cometido un acto de genocidio como lo es el ataque del 7 de octubre. El segundo refuerza la demanda, recordando que veinticuatro de las víctimas del ataque son de nacionalidad argentina”, agrega.
La demanda presentada recibió el apoyo del Centro Simón Wiesenthal.
Antonela Martina
