ATAJO: Adoctrinamiento K en el Ministerio Público Fiscal

Los chicos iban uno detrás del otro. Delante, cabezas cabizbajas y manos anudadas en la espalda, simulando las esposas. Detrás, los niños que simulaban ser policías les daban bofetadas en la cabeza. Jugaban al poliladron, en la vereda del centro comunitario del barrio El Martillo. Cuando Lucía Muraca, quien integra el equipo de ATAJO en Mar del Plata, les advirtió que la policía no podía agredir a una persona detenida, la respuesta de los chicos decía lo contrario: “Somos policías callejeros, sí podemos”.

Este texto, extraído de la página web Fiscales.gob.ar, no es nuevo. Su fecha de publicación data del 24 de febrero de 2016, es decir, cuando apenas iban dos meses y medio de gestión del ex Presidente Mauricio Macri.

Toda una declaración de principios que pasó totalmente inadvertida, pero que hoy cobra mayores significados.

“Momentos después, esos mismos chicos participaron de un taller sobre violencia institucional titulado: “Jóvenes y fuerzas de seguridad. Conocé tus derechos para poder ejercerlos”, proseguía la publicación, reforzando aquellos conceptos.

La primera consigna de la jornada fue detectar aquellas situaciones de violencia que ejerce la policía y que los mismos jóvenes las veía naturalizadas”, remataban para no dejar dudas.

El encuentro fue organizado por la Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal, más conocidas por su sigla ATAJO (por Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia), en la ciudad de Mar del Plata.

La actual Dirección General de Acceso a la Justicia del MPF, nació como Programa ATAJO, y fue creado a través de la Resolución de la PGN Nº 1316/14, como Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, y tras la sanción de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación, número 271.148, promulgada en junio de 2015, se convirtió en Dirección General de Acceso a la Justicia del MPF.

Es decir, bajo la presidencia de Cristina Kirchner y la gestión de la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó.

De acuerdo a la web oficial, este sistema permite “transversalizar y descentralizar el servicio de atención del Ministerio Público Fiscal, creando un lazo más fuerte entre lo que es la institucionalidad del Ministerio y la comunidad, en particular entre los sectores vulnerables”.

Y continúa: “Así, se dispuso la creación de los dispositivos llamados ATAJO que son oficinas que se encuentran en los barrios más periféricos -aquellos que presentan mayor índice de conflictividad- y cuentan con un servicio de atención que es muy similar a la Mesa de entradas de una fiscalía donde se reciben todo tipo de denuncias, se hace formación en derechos, asesoramiento general y se genera un vínculo distinto al que, en general, se da entre las fiscalías y las comunidades”.

Pero los propósitos iniciales parecen bastante alejados de la naturaleza de aquel taller realizado en Mar del Plata, que se asemeja bastante a una especie de adoctrinamiento político kirchnerista, además de inculcarles a los chicos conceptos al menos cuestionables.

Un trabajo que continúa al día de hoy, según aseguran fuentes judiciales marplatenses.

El coordinador de ATAJO en la ciudad balnearia es el abogado Juan Pablo Gelemur, un hombre de Juan Grabois y muy vinculado a la titular de ANSES y candidata a intendente Fernanda Raverta, y quien fuera un referente del movimiento Patria Grande, un frente político fundado por el ex precandidato presidencial en 2018, y presentado justamente en Mar del Plata.

En una entrevista publicada por “Prensa Obrera” en el año 2009, con motivo de una toma de tierras en la cual Gelemur representó a los usurpadores, el abogado sostenía que “el planteo de la inseguridad es en gran medida presentado por los medios, que muestran hechos aislados que no están conectados entre sí, como si fueran la clave para entender el problema de la inseguridad ciudadana”.

Y remataba diciendo que para entender la inseguridad “hay que explicar la organización del delito, que tiene relación directa con el poder político y económico, y lazos con la policía Bonaerense, con la Federal, con Gendarmería”.

Al menos, dejaba en claro su pensamiento, que sigue implementando en la actualidad desde su cargo.

La delegación marplatense de ATAJO está integrada también por la arquitecta Lucía Fernanda Muraca, Julio Daniel Bertone, y Rosa María Dettori.

El caso de esta última es muy particular. Según publicó el portal Infobae, Dettori ingresó a la Procuración, contratada como oficial mayor para trabajar en la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de activos (PROCELAC), a cargo de entonces de Carlos Gonella, uno de los fiscales preferidos de Gils Carbó. Luego de ello, recaló en Mar del Plata.

Durante años realizó conferencias y publicó diversos artículos en sitios especializados en derecho, y era presentada como abogada criminóloga en la PROCELAC, Diplomada en Jurisprudencia, otorgado por la Universitá di Sassari y Doctorado Universidad «La Sapienza», Roma, Perito Criminóloga sobre la temática de Criminalidad Organizada, Criminóloga en el penal de Scampia (Nápoles)”, entre otros asuntos.

Pero el problema es que luego de una tramitación interna de la Procuración, se descubrió que Dettori nunca se recibió de abogada, por lo que fue procesada en febrero de 2022 por el juez Julián Ercolini por el delito de “uso de documentación material e ideológicamente falsa, en concurso ideal con defraudación contra la administración pública en grado de tentativa”.

La Cámara Federal porteña confirmó su procesamiento y Dettori se encuentra de licencia médica a la espera del juicio oral. Pero mientras tanto sigue estando en la nómina de personal de Ministerio Púbico bajo el cargo de Oficial Mayor con un sueldo de $609.000.

Por su parte, los restantes integrantes de ATAJO Mar del Plata, Gelemur, Muraca y Bertone cobran salarios que van entre los $366.170 y $536,707. Si bien el primero percibe un sueldo de $467,414, aplicado a su cargo de Escribiente Auxiliar, es quien maneja la oficina, de acuerdo a fuentes consultadas. De hecho, en todos los actos en la ciudad donde participa Fernanda Raverta, se lo puede ver a Gelemur junto a la candidata.

Pero más allá de estas cuestiones, no queda claro la intensidad del trabajo de ATAJO, al menos en la ciudad.

Al igual que a nivel nacional, la oficina sólo presentó un balance de gestión durante su primer año, en 2015. Luego de ello, no hay nada, En la web del MPF, solamente hay algunas noticias sueltas de las distintas delegaciones que hay en el país, algunas de ellas bastantes elocuentes.

Algunos ejemplos:

AySA conectó a una escuela a su red de agua a partir de una solicitud de la Fiscalía Federal de Moreno junto a ATAJO (13/6)

Mar del Plata: por gestión de ATAJO, una persona mayor recibió su certificado de nacimiento por primera vez (7/12/2022)

Finalizó la formación de promotoras territoriales en género del barrio Carlos Mugica, de la Villa 20 y de la Unidad Penal N°6 de Paraná (6/12/2022)

Entre la provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Rosario, Mendoza y Bariloche, hay más de 20 delegaciones.

Respecto a Mar del Plata, a comienzos de 2016 se realizó una jornada para presentar el trabajo realizado durante el año anterior, donde estuvo presente también el fiscal de Cámara Daniel Adler, uno de los preferidos también de la ex Procuradora GIls Carbó, en la cual se destacó que re recibieron más de 4000 denuncias.

Pero luego de ello, poco se sabe hasta el día de hoy, más allá de aquel certificado de nacimiento.  “En 9 años, nunca recibimos ninguna denuncia ni nada que se le parezca por parte de ATAJO”, aseguran desde las fiscalías locales.

Con los altos índices de pobreza y marginalidad que hay en el país, y también en Mar del Plata, y con el importante grado de penetración del narcotráfico, resulta extraño que los integrantes de la delegación local no hayan llevado ningún hecho de estas características.

Un dato. Al día de hoy, hay detectados más de 1.000 puntos de venta de drogas en la ciudad.

Julián Axat, titular de la Dirección de Acceso a la Justicia

El titular de la Dirección General de Acceso a la Justicia es el abogado y escritor Julián Axat. El funcionario, ex defensor penal juvenil de la provincia de Buenos Aires, publicó en 2022 el libro “Diario de un defensor de pibes chorros”.

Yo empiezo por la negativa describiendo a los pibes tal como los nomina el sistema, cómo nominan los medios a esos adolescentes de las periferias urbanas y que asumen una violencia principalmente masculina. En ese sentido prefiero nominarlos de entrada desde ese punto de vista negativo porque me parece que justamente el desafío es desarmarlo, deconstruir ese rótulo”, aseguraba Axat en una entrevista.

Mi desafío en el libro es desarmar ese estigma para mostrar que debajo de él hay humanidad. Seres de carne y hueso, con todos los problemas que tiene el ser humano que además están atravesados por la pobreza, la violencia más estructural de la sociedad”, continuaba. 

Y finalizaba diciendo que “el libro busca romper con algunos lugares comunes. Por ejemplo, cuando se habla de pibes chorros: hablemos de pibes de clase media que cometen delitos, hablemos de los autores intelectuales que están detrás de todo, hablemos de los adultos que los reclutan para cometer delitos, hablemos de las redes de trata que muchas veces los tienen atrapados como soldaditos, los usan como carne de cañón y luego los descartan”.

Quizá suena loable su postura, pero el problema es que la inseguridad sigue en aumento y muchos de los problemas señalados por Axat crecieron exponencialmente en los últimos 20 años.

En el taller realizado en 2016 en Mar del Plata, también participó el juez de Garantías Juan Tapia. ¿Quién es Tapia?

“Resuelvo ordenar a la PolicÍa de la Provincia de Buenos Aires y demás fuerzas de seguridad que en el Departamento Judicial Mar del Plata se abstengan de realizar la detención, en espacios públicos, de usuaries (SIC) de sustancias que la ley define como estupefacientes, cuando las circunstancias del caso pongan de manifiesto que la tenencia es para consumo personal y la conducta se realice en condiciones tales que no traiga aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros”.

Juan Francisco Tapia, titular del juzgado 4 de Garantías de Mar del Plata, emitió aquella resolución el 10 de diciembre de 2020, con lenguaje inclusivo incluido.

Todo cierra.

pablo@elobservadoronline.com.ar

@PortaluppiPablo

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