Finalmente, tras muchas dilaciones y distintos desencuentros, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó el pasado 18 de septiembre 135 pliegos judiciales para cubrir parte de los centenares de vacantes que hay en el Poder Judicial bonaerense.
Cabe recordar, respecto a esto último, que la cantidad de cargos sin titulares designados en la justicia provincial difiere según quien lo informe. De acuerdo al último recuento realizado por la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, existen casi 650 vacantes que atraviesan todos los fueros: Penal, Civil y Comercial, Familia, Contencioso Administrativo y Laboral.
En tanto, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) advirtió que la falta de cobertura llega a 900 cargos entre jueces, fiscales, defensores y asesores.
En cualquier caso, se designaron 95 jueces, 30 fiscales, 9 defensores y un asesor. En principio, los nombramientos enviados por el gobierno de Axel Kicillof a fines de agosto fueron 129. Luego se agregaron seis pliegos más.
Los pliegos aprobados se suman a los 46 que aprobó la Cámara Alta el último 29 de mayo.
Tras la aprobación, ahora restará que el gobernador Kicillof formalice las designaciones mediante el dictado de los decretos correspondientes para que, de esa manera, los nuevos funcionarios puedan asumir en sus puestos.
Aunque la mayoría de los medios, de los analistas y de la opinión pública suele observar con atención los movimientos de la justicia federal, quizá sea hora de posar más la mirada sobre el fuero ordinario, que es mucho más cercana al “ciudadano de a pie”, ya que sus resoluciones afectan de manera más directa a la vida cotidiana de la gente.
Pero además de ello, se trata de un ámbito donde lamentablemente se aplica a la perfección aquel “célebre” concepto vertido por el ex Presidente Alberto Fernández, que minimizaba el mérito como condición para lograr los objetivos propuestos.
“Lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito”, había dicho el ex mandatario en 2020.
Desafortunadamente, a veces parece que los contactos y los vínculos terminan pesando mucho más que la carrera ejercida por un funcionario. Los nombramientos en la justicia ordinaria de Mar del Plata dan buena cuenta de ello.
Según cálculos de la AJB, el Departamento Judicial de Mar del Plata tiene 40 vacantes, de las cuales 13 se cubrirán tras la última aprobación del Senado. Ellos son:
Juez de Tribunal en lo Criminal: Federico Cecchi
Jueza de Tribunal en lo Criminal: Paula Soulé
Agente fiscal: Germán Vera Tapia
Agente fiscal: Luis Alberto Ferreyra
Agente fiscal: María Constancia Mandagarán
Agente fiscal: Joaquín Morán
Agente fiscal: Eduardo Layús
Juez en lo Civil y Comercial: Patricio Gustavo Groppo
Juez en lo Civil y Comercial: Martín Zambecchi
Juez en lo Civil y Comercial: Guillermo Francisco Dress
Jueza en lo Civil y Comercial: Nancy Micaela Bessone
Jueza de Tribunal de Trabajo: María José Beldarrain
Juez de Tribunal de Trabajo: José Alberto Mereb
El Departamento Judicial de Mar del Plata, integrado por los distritos de General Pueyrredón, Balcarce, General Alvarado, y Mar Chiquita, está compuesto por 3 Salas de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, la Cámara en lo Contencioso Administrativo, y la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, que a su vez tiene 3 salas.
También hay 16 juzgados en lo Civil y Comercial, 2 en lo Contencioso Administrativo, 7 de Familia, 5 en lo Correccional, 3 de Garantías del Joven, y 2 de Responsabilidad Penal Juvenil. Además de 2 juzgados de Ejecución Penal, y 6 de Garantías. Completan el organigrama 4 Tribunales en lo Criminal.
Respecto a las nuevas designaciones, las distintas fuentes consultadas coinciden en señalar al senador nacional y titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, como el gran hacedor de aquellos acuerdos.
“Se repartieron todos los cargos entre La Cámpora y la troupe de Abad y cía. Todo rosca política”, dice un importante funcionario judicial del fuero. Por detrás del senador, asomaría la figura del abogado Mariano Castellucci, ex apoderado de la UCR, imputado por la justicia federal en la causa narco “Carbón Blanco”, y finalmente sobreseído de la misma en junio de 2017.
Las mismas fuentes también apuntan contra la baja calidad de los funcionarios designados. “La mayoría es de cuarta, de un nivel pobre. Digamos que algunos de ellos no son muy apegados al trabajo”, destaca con cierta ironía un integrante del Ministerio Público de la provincia.
Sobre este último calificativo, señala específicamente a los dres. Luis Alberto Ferreyra y Joaquín Morán, quienes van a ocupar el cargo de fiscales. “Además de Abad, está la mano también de Fernanda Raverta”, agrega.
La influencia de la ex candidata de Intendente de Mar del Plata y ex titular de Anses, si bien decayó en los últimos meses, sigue siendo importante.
El dr. Ferreyra, muy cercano también al ex senador bonaerense massista Lucas Fiorini y al diputado de LLA Alejandro Carrancio, quien suena cada vez más para integrarse al Gobierno Nacional, se desempeña en la UFI 12 de Usurpaciones como secretario con funciones de Ayudante Fiscal.
Por su parte, Joaquín Morán es Instructor en la UFI 13 de Robos Calificados a Viviendas, a cargo del fiscal Mariano Moyano.
“Da bronca y asco ver la cantidad de gente de carrera que quedó en el camino”, grafica otra fuente. Y agrega: “Lo peor de todo es que saltan de un mero cargo administrativo a ser jueces y fiscales, sin escalas”.
Tal sería el caso de la dra. Paula Soulé, que pasa de ser Auxiliar Letrada del Tribunal Oral Criminal 3, cuestionado por muchos por algunos fallos calificados de “demasiado laxos”, a jueza de Tribunal.
O su marido, Germán Vera Tapia, quien estará a cargo de una Fiscalía luego de desempeñarse como secretario de la UFI de Violencia de Género.
Aunque en este último caso, posee una carrera más dilatada que la de su cónyuge. Ambos, Vera Tapia y Soulé, pertenecían al Frente Renovador de Sergio Massa, para pasarse a las filas de Maxi Abad.
Otro de los nombramientos cuestionados es el del dr. Eduardo Layus, quien asumirá como fiscal. Militante de la izquierda, encabezó en 2006 un violento escrache contra el juez Pedro Hooft en la facultad de Derecho marplatense, falsamente acusado y perseguido por el kirchnerismo por presunta colaboración con la dictadura.
“Aquel día estaba con los ojos inyectados en sangre, como fuera de sí, súper violento”, recuerda un testigo de aquella jornada. Otra de las participantes en aquel grave episodio fue la propia Fernanda Raverta.
Lo más curioso del caso es que ahora, el jefe del dr. Layus será Fabián Fernández Garello, Fiscal General de la jurisdicción, sospechado de ser agente de Inteligencia de la Policía Bonaerense en el partido de San Martín durante la última dictadura militar.
Actualmente Layus se desempeña como secretario del juzgado de Garantías 4 de la ciudad, a cargo del dr. Juan Francisco Tapia.
¿Quién es Tapia? El hombre que en diciembre de 2020 emitió la siguiente resolución, con lenguaje inclusivo y todo:
“Resuelvo ordenar a la PolicÍa de la Provincia de Buenos Aires y demás fuerzas de seguridad que en el Departamento Judicial Mar del Plata se abstengan de realizar la detención, en espacios públicos, de usuaries (SIC) de sustancias que la ley define como estupefacientes, cuando las circunstancias del caso pongan de manifiesto que la tenencia es para consumo personal y la conducta se realice en condiciones tales que no traiga aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros”.
Se trata de uno de los jueces más garantistas de la región. Aunque no es el único: el garantismo domina en general buena parte del fuero. Las nuevas designaciones no solo no van a modificar tal criterio, sino que más bien lo van a fortalecer.
Nadie duda que detrás de todas estas designaciones, además de los buenos oficios de Abad y Raverta, también estuvo Juan Martín Mena, ministro de Justicia de Axel Kicillof y un hombre muy influyente y poderoso en la zona. De hecho, los pliegos judiciales se activaron fuertemente desde que asumió el funcionario.
Juan Martín Mena, oriundo de Mar del Plata, fue designado durante 2015, último año de la gestión de Cristina Kirchner, como número 2 de la por entonces AFI -Agencia Federal de Inteligencia-, en tiempos de Oscar Parrilli, y a quien le atribuyeron la autoría intelectual del proyecto de reforma jubilatoria de los jueces y fiscales que intentó el gobierno de Alberto Fernández.
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
