A pocas horas de la marcha universitaria convocada para este miércoles 2 de octubre contra las políticas oficiales para el sector, y con el inevitable veto del Presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario que votó el Senado hace pocos días, una Fundación cercana al Gobierno propone un arancelamiento selectivo de las Universidades Nacionales.

Cabe recordar que el pasado 13 de septiembre, la Cámara Alta convirtió en Ley, con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención, un proyecto que busca, en palabras de sus promotores, “recomponer el presupuesto universitario”.

Según éstos, el costo fiscal de la norma es de apenas el 0,14% del producto bruto interno (PBI), unos $780.000 millones de pesos.

Entre sus principales preceptos, contempla la actualización por inflación del presupuesto para las universidades nacionales con retroactividad al 1° de diciembre del año pasado. Hacia adelante, el mismo mecanismo deberá aplicarse de manera mensual para actualizar los fondos que el Estado debe destinar a aquellas.

Los fondos se distribuirán en función del número de estudiantes que ingresan y alumnos de cada universidad, las carreras ofrecidas, la cantidad de egresados, los hospitales y escuelas secundarias que posean a su cargo y la actividad científica, tecnológica y de extensión que lleven a cabo.

Apenas aprobada la Ley, el propio Javier Milei salió a decir por las redes sociales que vetaría la misma.

Y entre amenazas y marchas convocadas, apareció la Fundación Libertad y Progreso el último jueves 26 con una propuesta a la que habría prestarle atención por la cercanía ideológica con el Gobierno por parte de sus integrantes.

De acuerdo a su propia página web, “Libertad y Progreso es un centro de investigación en políticas públicas creado a partir de la fusión entre CIIMA, Foro Republicano y Futuro Argentino”, reunidos con el objetivo de promover “los valores y principios de la República Representativa Federal”. Es, en otras palabras, un “think tank” liberal.

Sus principales autoridades son Agustín Etchebarne, Manuel Solanet, y Aldo Abram.

El informe comienza revelando que “el 37% de los alumnos de las Universidades estatales nacionales pertenece a niveles socioeconómicos altos o medio-altos”, por lo que, sostiene, “de implementarse un arancelamiento selectivo en los sectores que asisten a Universidades Nacionales podría solucionarse la crisis de financiamiento que atraviesa el sistema y redundar en una solución más equitativa para los estudiantes”.

El presupuesto del conjunto de universidades nacionales para 2024 alanza a 1.952.778 millones de pesos, en tanto hay 2.030.633 alumnos, lo que “arroja un gasto anual promedio por alumno de 961.600 pesos o 80.138 pesos por mes”, señala el trabajo.

Es decir, que si “se buscase arancelar la universidad estatal con el objetivo de cubrir el 100% del presupuesto exigiría una cuota mensual de 80.138 por alumno”. Si se la compara con las cuotas de las universidades privadas, que oscilan entre los $300.000 y $800.000 por alumno por mes, no se estaría hablando de una cifra inaccesible.

Sin embargo, agrega la propuesta, “estableciendo criterios de equidad e inclusión, se pueden articular mecanismos de tal forma que el arancelamiento solo alcance a aquellos alumnos de familias con una capacidad económica acorde”.

Y propone en concreto: “Una alternativa es que los alumnos ubicados en los dos quintiles de menor nivel socioeconómico mantengan la gratuidad actual, mientras que los tres quintiles de más altos ingresos cubran con su arancel la totalidad del presupuesto, aunque el tercer quintil lo haga con una cuota que sea la mitad de los dos más altos”.

“Con esto, prácticamente el 60% de los alumnos tendrían una beca total o parcial en la universidad estatal”, concluye.

ARANCELAMIENTO UNIVERSITARIO SEGMENTADO

En pesos. A septiembre de 2024.

El informe señala que “este tipo de reglas son las utilizadas en diversos países, incluyendo Chile, Uruguay, Colombia, Francia, Canadá, España, India y Nueva Zelanda”.

“La implementación de estos mecanismos contribuiría positivamente a mejorar la equidad del sistema universitario y a asegurar la autofinanciación, lo que modificaría positivamente los incentivos en la gestión de los fondos y consolidaría la autonomía universitaria”, concluye la Fundación cercana al Gobierno Nacional.

Uno de sus responsables, Manuel Solanet, asegura que “la gratuidad para todos entra aquí en directa colisión con el concepto de equidad. Se está subsidiando con impuestos pagados por personas de menores recursos a quienes son beneficiarios y podrían pagar una cuota razonable. La gratuidad universitaria universal no contribuye, sino que contradice la igualdad de oportunidades para aquellos que quieran estudiar”.

Pero caben agregar más datos para la discusión.

En medio de una creciente tensión entre la administración de Milei y la comunidad universitaria, un trabajo publicado en 2020 por parte del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), promovido por el propio Gobierno de Alberto Fernández, reconocía que “las universidades nacionales gastan, en su conjunto, un 90,3% de las transferencias que reciben del Tesoro Nacional en salarios, un 4,7% en servicios no personales (tarifas de servicios públicos, seguridad, limpieza, contratos por servicios diversos, etcétera), un 0,9% en infraestructura y equipamiento y un 2,8% en transferencias”.

Si bien estos porcentajes varían entre instituciones, añade el trabajo, “siempre se da la primacía del gasto en personal”.

Y para no dejar dudas, reafirma más adelante que “una conclusión que surge de los datos es el notorio sesgo hacia el gasto en personal del presupuesto universitario, que si bien comparte esta característica con la experiencia internacional, en el caso argentino se exacerba”

Y va aún más allá: “La comparación con el sector privado del país también muestra que las universidades nacionales funcionan con un gasto muy marcado hacia el gasto en personal”.

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Pablo Portaluppi

El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.