En las últimas horas, el gobierno de Javier Milei anunció la reducción de los subsidios a las empresas de transporte público en todo el país. Pero además de ello, eliminó el Fondo Compensador del Interior, que recibían las prestatarias del servicio fuera de esa abstracción llamada AMBA. Es decir, gran parte de la provincia de Buenos Aires y el resto del territorio nacional.
Si bien la atención se posó sobre la reacción de los gobernadores ante tal medida, en medio del conflicto generado por la caída de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, también reaccionó fuertemente un grupo de intendentes de importantes ciudades del país.
El Fondo Compensador es el encargado de subsidiar al transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país a través de transferencias realizadas desde el Estado Nacional a empresas prestatarias del servicio público de transporte para que las tarifas sean accesibles para el público.
El crecimiento que tuvo el Fondo durante el gobierno de Alberto Fernández fue estratosférico. Mientras en 2019 se giraron partidas por $6 mil millones en todo el año, en 2023 se presupuestaron más de $100 mil millones.
Según diversos estudios, el año pasado el Estado Nacional financió cerca del 90% del costo real del boleto en el AMBA. En contrapartida, en ciudades del interior el monto cayó por debajo del 25%, llegando en algunos casos a poco más del 10%.
Hace apenas unas pocas horas, los jefes comunales Guillermo Montenegro (General Pueyrredon), Pablo Javkin (Rosario), Daniel Passerini (Córdoba), Jorge Jofre (Formosa), Juán Manuel Llamosas (Río Cuarto), Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Roy Nikisch (Resistencia), Emiliano Durand (Salta), Rosario Romero (Paraná), Raúl Jorge (San Salvador De Jujuy), Santiago Passaglia (San Nicolás) y Javier Martínez (Pergamino) emitieron un duro comunicado en conjunto donde advierten, entro otros conceptos, que podrían recurrir a la Justicia.
Los mismos intendentes se habían reunido en forma virtual hace pocos días reclamando una “redistribución más equitativa de los subsidios del transporte” para el ejercicio 2024, pidiendo a su vez que cese la “histórica discriminación al interior”.
“Ante esta situación, los intendentes que suscriben, evaluaremos todas las medidas políticas y judiciales para garantizar las partidas ya asignadas por el presupuesto nacional”, sostuvieron en el día de hoy.
“Nos encontramos en una situación de extrema preocupación”, agregaron, destacando que tomar aquella decisión “de manera improvisada puede implicar dejar sin transporte público a millones de argentinos del interior”.
Y concluyen el comunicado advirtiendo que “esta medida no es contra los intendentes, es contra los millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse en sus respectivas ciudades”.
Puntualmente en Mar del Plata, el conflicto generado es casi una réplica de lo ocurrido con la pesca, cuando los cambios propuestos por el gobierno nacional sobre la actividad lograron juntar a propios y extraños en contra de dichas decisiones (https://elobservadoronline.com.ar/mar-del-plata-en-pie-de-guerra-contra-el-gobierno-por-la-pesca-y-los-subsidios/).
El presidente del bloque de Acción Marplatense, espacio que fue aliado al kirchnerismo en las últimas elecciones, Horacio Taccone, señaló que “llevamos años solicitando que se aumenten los subsidios en la ciudad para equipararlo con el AMBA y la respuesta del gobierno de Javier Milei es sacarlos”.
Justamente, el embrollo que se genera todos los años en relación al aumento del boleto de colectivo en la ciudad grafica casi a la perfección la problemática del asunto en todo el país.
En Mar del Plata operan tres empresas: Peralta Ramos, 12 de Octubre y Batán SA. Y hay que decir, que al igual que lo que ocurre en otros lugares del país, el servicio es bastante malo, además de que las alrededor de 40 líneas de colectivo tienen un recorrido anacrónico, propios de una ciudad de hace 40 años.
Así y todo, el boleto es uno de los más caros de todo el país.
Aparte, en el distrito rige “el estado de emergencia en el Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros” que fue declarado en una ordenanza aprobada el 27 de mayo de 2021 y que se viene prorrogando.
El contrato de concesión se venció durante la gestión del fallecido ex intendente Carlos Arroyo (2015-2019), pero ante la falta de avances para realizar un nuevo llamado a licitación, se fueron firmando prórrogas del actual servicio. La última se hizo en diciembre de 2023.
Hace pocos días, la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor (Cametap) solicitó al Concejo Deliberante un aumento mínimo del 187% en el boleto, a la vez que sugirieron que se habiliten futuras actualizaciones en base a la inflación que informe el Indec.
En concreto, pidieron que “de mantenerse la percepción de los subsidios como hasta el presente, la tarifa arroja un valor actual de $854,46”.
Pero atención: “Si se toma en cuenta la noticia de la eliminación del subsidio para el año 2024: $961,94”. Y deslizó que las últimas políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei “agudizan” la situación.
Muy lejos de los $270 que cuesta el boleto mínimo en el AMBA desde hace apenas 48 horas.
Vale consignar que en Mar del Plata el incremento del pasaje durante 2023 llegó al 202%, 9 puntos por debajo de la inflación del 211% informada por el Indec.
El año comenzó con una tarifa plana de $98,44 y terminó en $297,30, valor que aún rige.
Luego del pedido de las empresas, el gobierno de Guillermo Montenegro propuso que el boleto de colectivo debería valer $690,97, lo que representaría un aumento del 132%.
En el estudio de costos elevado al Concejo Deliberante alertó que, “al igual que en los anteriores cálculos de tarifa técnica de referencia, se confirma la sostenida caída relativa” de los aportes nacionales y provinciales “en relación al costo kilométrico total calculado, ya que éstas sólo absorben el 11,2%”.
Dos años atrás, más precisamente en 2021, los subsidios representaban un 30%, tres veces más que en la actualidad.
“Esto produce un paulatino y sostenido trasvase de costos del sistema hacia la tarifa que debe asumir el usuario, por lo tanto, se reitera la imperiosa necesidad de su recomposición a fin de evitar el agravio comparativo existente entre los sistemas de transporte del interior del país, AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)”, insistió la gestión local.
En medio de esta discusión, se produjo la decisión del gobierno nacional de eliminar los subsidios, que generará, indudablemente, mayor tensión con los gobernadores y los intendentes, en un escenario demasiado frágil en el plano social y político.
J.P.Mayer
