El fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, presentó en las últimas horas una denuncia penal en Comodoro Py por presunta defraudación a la Administración Pública, a través de los delitos de peculado y malversación de fondos públicos.
El hecho que se investiga es la adquisición por parte del Estado Nacional, durante el gobierno del ex Presidente Alberto Fernández, de un histórico chalet en la ciudad balnearia, declarado de interés patrimonial, cuya propiedad al momento de la compra pertenecía a una de las empresas relacionadas con el grupo Austral Construcciones, la nave insignia del presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez.
El funcionario realizó la presentación judicial a partir de un artículo de este medio, donde se revelaba la extraña maniobra. La compra del inmueble, ubicado en uno de los lugares más caros de Mar del Plata, se hizo con el objetivo, ya concretado, de mudar allí algunas instalaciones del CONICET.
Como ya se señalara, la titularidad de la casa pertenecía, cuando el Gobierno decidió comprarla, al estudio jurídico “Yañez Belisa Bibiana”, con domicilio en Errázuriz 238, de la ciudad santacruceña de Río Gallegos.
La misma había sido adquirida originalmente mediante escritura pública fechada el 5 de septiembre de 2011, poco antes de la reelección de la ex mandataria Cristina Kirchner.
Además de estar domiciliado en Santa Cruz, la provincia de los Kirchner y Lázaro Báez, Belisa Yáñez está casada con Héctor Carlos Costilla, ex presidente de “Kank y Costilla”, una empresa vinculada históricamente a Austral Construcciones.
Es que Kank y Costilla fue adquirida por el grupo empresarial de Lázaro allá por el año 2006, reconocido por sus propios directivos en septiembre de 2020 durante las audiencias de la causa “Vialidad”.
“Estábamos con lo justo, nos quedaba un poco grande. No teníamos ganas de seguir con la empresa, faltaban mi hermano y primo que fallecieron; no había demasiado trabajo. Alcanzaba para poder pagar los sueldos, proveedores y hasta ahí”, declaró el propio Costilla.
Es por ello que el dr. Pettigiani afirma en su denuncia que “la compra del Estado Nacional en 2023 se habría perfeccionado, no obstante haber recaído sentencia condenatoria respecto de Lázaro Báez y de haberse inmovilizado su patrimonio y el de Austral Construcciones”.
Asunto que arroja sobre la operación, según el funcionario judicial, “un manto de sospechas que necesitan ser dilucidadas pudiendo constituir delitos especialmente graves”.
Agrega Juan Manuel Pettigiani que el inmueble “no debería haber sido adquirido por el Estado Nacional, ya que importaría lisa y llanamente continuar con el lavado de activos de origen ilícito, agravado ahora por la intervención de funcionarios públicos”.
Cabe recordar que el 24 de febrero de 2021, el TOF 4 de la ciudad de Buenos Aires condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión por el delito, justamente, de lavado de activos agravado.
La adquisición del chalet del CONICET se concretó el 14 de marzo de 2023 en una reconocida escribanía marplatense, y el precio que se pagó fue de 750.000 dólares, a través, presuntamente, de una contratación directa.
“No puede verse en el hecho de la transferencia que efectuó la esposa de Costilla, un hecho que desvincula a Austral Construcciones del dominio de dicho inmueble, ya que la compra de esta última sociedad comercial hizo de Kank y Costilla, importó la adquisición de todo el patrimonio de la misma”, asegura tajante el fiscal.
Y especifica que la operación inmobiliaria permitió “que bienes que indirectamente permanecían en poder de una persona condenada por actos de corrupción pública, puedan ser blanqueados”.
El chalet en cuestión es el “Irene Spinetto de Sanguinetti”, ubicado en el barrio La Perla de Mar del Plata, en la calle 11 de septiembre 2626, construido en 1937 por Eugenio Marazzato e Hijo, con una superficie cubierta de 700 metros cuadrados y fue declarado Bien de interés patrimonial por la Ordenanza municipal 10075/95.
Prosigue el dr. Pettigiani en su denuncia: “Debo señalar que esta contratación no guarda proporción razonable en materia de justificación lógica y legal con la situación originaria del inmueble, en atención a los múltiples procesos penales abiertos”.
Y añade que la existencia de dichos procesos “debería haber frenado el acto de adquisición, máxime cuando los sospechados/cautelados/condenados, son los titulares del inmueble y se utilizaron personas interpósitas”, debiendo el Estado ser “más celoso del uso de fondos públicos en la compra de inmuebles”.
La nueva sede del CONICET fua inaugurada el 14 de julio de 2023 por la entonces titular del CONICET, Ana Franchi, el ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Daniel Filmus, entre muchos directivos locales. Y por supuesto, la ex directora de ANSES y candidata a intendente por el kirchnerismo, Fernanda Raverta.
Aunque comenzó a funcionar meses después.
En el gran acto se especificó que allí funcionarían las oficinas de gestión de la Unidad de Administración Territorial del CONICET Mar del Plata, que comprende los departamentos de Administración, Patrimonio, Comunicación y Relaciones Institucionales, Informática, Mesa de Entradas, Recursos Humanos, Dirección, Coordinación, y la Oficina de Vinculación Tecnológica.
“La ubicación de la nueva sede promueve la visibilidad y el reconocimiento exterior del funcionamiento del organismo público además de estar emplazado de manera equidistante a los institutos que pertenecen al organismo”, afirmó entonces Filmus.
En total, serían 20 personas las que allí trabajen. Ello también motivó una objeción por parte de la justicia.
Es que uno de las Institutos del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) de Mar del Plata funciona en un enorme predio perteneciente a la Universidad, ubicado en Colón 10850, donde también está el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA), cuyo nuevo edificio fue inaugurado el 7 de marzo del año pasado por el ex Presidente Alberto Fernández.
La construcción de dicho inmueble se inició en el año 2012, y posee nada menos que 13.500 metros cuadrados, tratándose de una especie de rectángulo de 40 x 80 metros, con cinco plantas y cuatro pisos, y 80 oficinas, 30 laboratorios, un auditorio, múltiples salas de reuniones y un salón de usos múltiples.
“El dinero público utilizado sin justificación de su necesidad extrema es significativo en sentido negativo”, señala el dr. Pettigiani, aclarando luego que al desempeñarse solo 20 de los 1200 empleados que tiene el organismo en Mar del Plata “constituye la clara justificación de la presente denuncia ya que no hay urgencia en la pretensión de acercamiento a la gente”.
“No se entiende el por qué de la adquisición”, sostiene el fiscal, en referencia al predio descripto.
Además de solicitarle al juez los datos catastrales y de matrícula del inmueble, el representante del Ministerio Público requiere “información bancaria y tributaria de la vendedora, a fin de analizar la posible comisión de delitos tributarios”.
En sus párrafos finales, Pettigianl concluye que “el Estado Nacional habría lisa y llanamente adquirido un inmueble, de manera directa, para afectarlo a destinos no esenciales y publicitarios, vinculados a hechos de corrupción, ello en el contexto discursivo de defensa de los pobres”.
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@PortaluppiPablo
El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
