Una reconocida ONG de Mar del Plata solicitó en las últimas horas “la inmediata desafectación del Jefe Departamental de la ciudad, Comisario Mayor José Luis Segovia”.
El pedido se realizó horas antes que se conociera el brutal asesinato de Daniel Marcel, padre de Marcelo Marcel, un importante periodista marplatense. El hecho ocurrió a las 20 horas del último viernes, cuando la víctima intentó defender a su hijo de un robo en la puerta de su casa, en un barrio cercano al Hospital Regional, y recibió un disparo a quemarropa.
Lamentablemente, fue uno más de los tantos hechos que ocurren casi a diario en la ciudad, y tambien en el país, pero que esta vez generó una fuerte conmoción al tratarse del familiar de una figura pública.
El pedido formal fue realizado ante la oficina de Asuntos Internos de esta ciudad, a cargo de Darío Ricardo Díaz, y fue realizado por la Asociación Familiares Víctimas del Delito y Tránsito de Mar del Plata, junto a un grupo de motociclistas. La ONG viene batallando hace años contra la gran inseguridad reinante en la ciudad.
En la nota presentada ante la Auditoría no fueron con vueltas: fundamentan el pedido de desafectación del jefe policial «para evitar la desaparición de pruebas o la manipulación y amedrentamiento de víctimas o testigos».
Además, cuestionan la «inacción» de Segovia «ante la verdadera situación de inseguridad en el que se encuentra sumergido el Partido de General Pueyrredon».
José Luis Segovia, de dilatada trayectoria en la fuerza, asumió como Jefe Departamental del distrito en marzo de 2021, cuando de manera sorpresiva y sin mediar muchas explicaciones, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, descabezó a la cúpula policial de entonces, encabezadas por el Comisario Mayor Lucio Pintos, y anunció a las nuevas autoridades en una visita a la ciudad. Segovia, hasta ese momento, se desempeñaba como Director de la DDI (Delegación Departamental de Investigaciones).
Si bien en aquel momento no hubo explicaciones oficiales, trascendió que las modificaciones fueron para “consolidar algunos cambios, como la distribución de más recursos a las jurisdicciones que cuentan con mayor índice delictual, como patrulleros y personal que iba a ser reasignados a los barrios más peligrosos”.
Pero aquello no se plasmó en la realidad. Más bien lo contrario.
Luego del terrible asesinato de Martín Mora Negretti en junio de 2022 tratando de escapar de sus agresores armados con cuchillos en pleno barrio donde se encuentra emplazado el principal shopping de la ciudad, hubo varios pedidos para que Segovia presente su renuncia. Es que aquel hecho ocurrió en una zona plagada de patrulleros. Además, está a pocas cuadras de la sede de la Departamental.
Pero Segovia tiene todo el apoyo de Berni. Además, afirman fuentes inobjetables, lo sostiene fuertemente el jefe de los fiscales de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, quien asumió su actual cargo en septiembre de 1998.
Pero el encumbramiento de Segovia también tiene otro protagonista: el dirigente local Rodolfo “Manino” Iriart, un hombre muy resistido en el peronismo de la ciudad y muy allegado a Daniel Sciioli y al hombre fuerte del distrito, Florencio Aldrey Iglesias. De hecho, cuando Berni anunció los cambios, Manino estuvo en todas las fotos.
El mencionado dirigente fue designado por el ministro de Seguridad bonaerense, como “coordinador de la Zona Atlántica COVID-19”, cuya función era estar a cargo de los controles a los ingresos a la ciudad balnearia durante la cuarentena. Enquistado desde hace años en los recovecos del Estado, fue nombrado hace pocos meses como integrante del Directorio del Correo Argentino, una empresa con 18 mil empleados y 1500 sucursales.
Iriart estuvo en la mira de la justicia por presuntos desvíos de fondos del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) hacia la campaña presidencial de Daniel Scioli, sospechado de tener activa participación en la celebración de convenios con distintas prestadoras, clínicas, institutos de análisis radiológicos, cadenas de farmacias, medicina de alta complejidad, y servicios de ambulancias.
Y como Coordinador de los retenes, fue acusado de obligar a todos aquellos que ingresaban a la ciudad por fuerza mayor a hacerse un hisopado en un importante laboratorio privado de Mar del Plata, cuyo valor era de $5.800, debiendo ser abonado por el particular. “Manino” se defendió argumentando que era una forma de “proteger” a la ciudad.
Enfrentado con el ex Jefe Departamental, Lucio Pintos, habría utilizado su influencia para removerlo del cargo. Durante 2020, no perdía ocasión de reclamarle a las autoridades municipales encabezadas por el intendente Guillermo Montenegro, que escucharan a los vecinos ante la creciente preocupación por los casos de inseguridad.
Sin embargo, y pese a la ola de inseguridad que sufre el distrito, su silencio es atronador. Y no sólo respecto a los crímenes.
En las últimas semanas, el gobierno bonaerense, a través del ministerio de Seguridad, anunció el traslado de 235 agentes de la UTOI desde Mar del Plata hacia La Matanza. Dicha decisión generó airadas protestas de los familiares de los policías.
En una ruidosa protesta, llevaron a cabo un “semaforazo” en las puertas del edificio municipal, donde exigieron que no los trasladen. Pero además hicieron públicos otros reclamos.
“También reclamamos el tema de chalecos vencidos. Los que les brindan a ellos, no están en las condiciones adecuadas, un chaleco vencido que no les brinda seguridad. La ropa la tienen que comprar ellos de su sueldo, el cual es de $140 mil. Hoy ese salario para una persona que está arriesgando su vida por todos, por la ciudad y por el país, me parece que es algo absurdo», explicó una familiar en declaraciones públicas.
Si bien en 2022 se registró una reducción de los homicidios respecto a 2021, en lo que va de este año la cifra volvió a crecer fuerte. De acuerdo al Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAEDMGP), se produjeron 32 asesinatos el año pasado, contra los 41 de 2021.
Sin embargo, en tren de comparaciones, el escenario empeoró notablemente en lo que va de 2023. Por ejemplo, entre enero y marzo, la cantidad de homicidios en la ciudad de Mar del Plata había crecido nada menos que un 133% respecto a igual período del año pasado.
Mientras que en los primeros tres meses de 2022 se habían registrado 6 crímenes en todo el distrito, durante el mismo lapso de este año la cifra trepó a 14, de los cuales 1 fue un femicidio.
Peor aún: durante el primer semestre del año pasado, se habían registrado en la ciudad 10 hechos, cifra ya superada sólo entre enero y marzo de 2023. Y duplicada en los primeros 6 meses del año actual, cuando se produjeron 20 homicidios.
Sin embargo, en el pedido de remoción del Jefe Policial, la ONG afirma que “a pesar de las estadísticas oficiales manipuladas para ocultar la verdadera situación de inseguridad en el que se encuentra sumergido el partido de General Pueyrredon, nosotros, los vecinos, somos los únicos perjudicados que pagamos con nuestras vidas y nuestros bienes la inacción del Comisario Mayor José Luis Segovia, quien lejos de escucharnos y recibir nuestros reclamos solo se limita a repetir un discurso con más aspiraciones políticas que ganas de trabajar para mejorar la seguridad de los vecinos”.
Pero hay algo más.
“Lo más grave de esta situación”, dice la Asociación, “es que Segovia no debía haber seguido ocupando el cargo de Jefe Departamental”. ¿Por qué afirma eso la ONG?
Se refiere a la causa 172788, donde el jefe policial fue imputado por daños y perjuicios por afectación a la dignidad en perjuicio de una agente de la fuerza.
Si bien el 14 de junio de 2021, el juez Luis Benvenuto Vignola, titular del juzgado en lo Civil y Comercial 3 del Departamento Judicial Mar del Plata, rechazó la demanda en contra de Segovia, a fines del año pasado la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, integrada por los magistrados Alfredo Méndez y Rodrigo Cataldo, revocó el sobreseímiento del policía.
La demanda original fue promovida no sólo contra al actual Jefe Departamental, sino también contra el ex director de la DDI de la ciudad, Darío Torres, quien en verdad llevaba el mayor peso de las acusaciones. La mujer habla de “denigración verbal y amedrentamiento”.
Básicamente, la agente policial demandante acusaba a este último de “persecución y acoso sexual”, invitándola constantemente a salir, proponiéndole llevarla a su casa a la salida del trabajo, y adulándola permanentemente. Los hechos ocurrieron entre 2014 y 2016.
Y a Segovia, quien oficiaba en aquel momento de Subdirector de la dependencia, lo señala por derivarla, en presunta venganza por el rechazo a su jefe, a la llamada “oficina de operaciones”, donde, según la mujer, “va a trabajar el personal bastardeado y se trata de un rincón escóndido”, lo que le originó un “tratamiento psicoterapéutico y farmacológico”.
Si bien Torres fue condenado a pagar $500.000, a Segovia “no se le ha logrado demostrar la existencia de algún tipo de conducta que represente un ejercicio abusivo de su función jerárquica”, según el juez de primera instancia.
Pocos días después de aquella sentencia, el 17 de junio de 2021, la actora presentó un recurso de apelación, afirmando que tanto Torres como Segovia “han cometido actos de discriminación, violencia y vulneración de los derechos de las mujeres”, considerando “que la perspectiva de género debe ser aplicada de manera integral, para ambos demandados, y no en forma parcial y discrecional sobre la conducta de uno de ellos”.
Vale la pena citar un párrafo del fallo de la Alzada:
“La accionante señaló que en aquélla reunión, además de la larga espera que tuvo para ser atendida por el Sr. Segovia «…pasaron unas 3 o 4 horas…» (sic.), éste le habría manifestado «Ahhhhh ¿vos sos la famosa? […] que yo no parecía policía, que pensó que era vendedora de ropa…» -al respecto me remito en honor a la brevedad expositiva a los argumentos expuestos sobre los estereotipos referidos al género, y, que luego le habría dicho «…amenazante, que él me podía poner en una oficina de lunes a viernes de 08 a 16 y yo no pisaba más tribunales, y no iba a poder ejercer mi carrera y que con eso no vulneraba ningún derecho.» (sic.) ello en concordancia con la denuncia que radicó ante el Auditor General de Asuntos Internos y Subsecretario Legal Técnica y Administrativa del Ministerio de Seguridad La Plata”
El 29 de diciembre de 2022, la Cámara decidión “revocar” el sobreseimiento de Segovia y fijarle una indemnización de $250.000.
Cabe señalar, asimismo, que no son pocos los que afirman que a Segovia «le hicieron una cama».
Sea como sea, en el medio, la inseguridad se sigue cobrando nuevas víctimas.
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@PortaluppiPablo
