De acuerdo a un balance difundido por el propio gobierno, Ecuador detuvo en el lapso de 25 días, período bautizado como “conflicto armado interno”, a más de 5.400 personas. De ese total, 237 fueron arrestadas sospechadas de terrorismo.
El «conflicto armado interno» fue declarado por el presidente Daniel Noboa el último 9 de enero, ante una oleada de atentados y acciones violentas atribuidas al crimen organizado, que incluyeron el secuestro de policías, alertas de explosiones, vehículos incendiados, motines simultáneos en cárceles con unos 200 rehenes que lograron ser liberados y la toma de un canal de televisión por parte de trece encapuchados armados, ahora detenidos.
El gobierno ecuatoriano declaró 22 bandas del crimen organizado como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. Durante el “conflicto”, siempre según informes oficiales, «se abatieron seis presuntos miembros de dichas bandas, dos policías fueron asesinados y otros once liberados de secuestros».
Las autoridades también incautaron «1,782 armas de fuego, 2,410 armas blancas, 1,014 alimentadoras de armas, cerca de 90.000 balas, y 10.000 explosivos, además de confiscar más de 41.1 toneladas de drogas y más de $110.000 en efectivo».
Además de ello, según el balance del Ejecutivo, en estos 25 días «hubo trece atentados a infraestructuras públicas y privadas e igual número contra establecimientos policiales».
A su vez, aseguran, las fuerzas del orden han desplegado 66.162 operativos y han aprehendido 28 embarcaciones, entre ellas un semi sumergible cargado con droga, en el que estaban tres colombianos, ahora en prisión preventiva.
Durante los motines se fugaron cerca de 90 presos, entre ellos Fabricio Colón Pico, considerado uno de los cabecillas de la banda ‘Los Lobos’ y señalado de presuntamente planear un atentado contra la fiscal general de Estado, Diana Salazar.
Antes de esos episodios había huido José Adolfo Macías, más conocido como ‘Fito’, cuyos familiares fueron detenidos en la Argentina y expulsados del país, el líder de ‘Los Choneros’, una de las bandas más violentas del país, y catalogadas ahora por el Gobierno de Daniel Noboa como «terroristas».
Cabe recordar también que el pasado 18 de enero, fue asesinado el fiscal ecuatoriano César Suárez, que investigaba el asalto al canal Televisión de Guayaquil. El funcionario fue baleado cuando circulaba en su vehículo tras salir de la sede de la Policía Judicial.
En la segunda vuelta celebrada el 16 de octubre del año pasado, el candidato de derecha Daniel Noboa, hijo de uno de los empresarios más poderosos del país, se impuso a la postulante que apoyaba el ex Presidente Rafael Correa, Luisa González, por el 52% de los votos contra 48%, en números redondos.
Lo curioso del caso es que dichas elecciones fueron convocadas para completar el mandato que dejó inconcluso el ex mandatario liberal Guillermo Lasso, quien había asumido el 24 de mayo de 2021, a través de la activación de un mecanismo constitucional que nunca había sido utilizado en el país: la llamada “muerte cruzada”, ante graves acusaciones por corrupción de las que había sido objeto y que prometían llevarlo a juicio político.
Cabe recordar que el Presidente Noboa dijo hace pocos días, en su intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, que tanto él como miembros de su gabinete habían recibido amenazas de muerte en los últimos meses, en medio de un clima de violencia inédito para el país.
Sus declaraciones se produjeron antes de los graves de hechos del 9 de enero en el país.
Desde 2021, se produjeron una serie de masacres carcelarias que arrojaron cerca de 500 presos asesinados, a través de diferentes motines, lo que produjo una fuerte inestabilidad institucional, debido al alto grado de «hacinamiento» y a la penetración de grupos narcos.
Según estadísticas publicadas en el diario “El País”, de España, en 2023 se han registrado 5.320 crímenes violentos, superando a lo ocurrido en 2022, que había cerrado con la cifra más alta en la historia (4.600), el doble, a su vez, que en 2021.
Uno de esos 5.320 crímenes le costó la vida al candidato presidencial Fernando Villavicencio, tras un mitin en Quito unos días antes de la primera vuelta. Un magnicidio que conmocionó a los ecuatorianos y demostró que nadie está a salvo.
Redacción El Observador Online
