A comienzos de octubre, en el marco de una entrevista al diario Uno de Mendoza, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, afirmó, entre varias definiciones, que “la denuncia mentirosa en materia de género va a ser un agravante”.
Y amplió: “Si esa denuncia de género produjo perjuicios en las relaciones intrafamiliares, por ejemplo, que el padre no pudo contactar a sus hijos menores y se rompió la familia con una denuncia mentirosa, será otro agravante más”.
El tema no es nuevo, aunque tal vez no haya alcanzado la difusión que se merece. De hecho, la senadora de la UCR, Carolina Losada (foto portada), junto a otros colegas de bancada, presentó el 23 de mayo del año pasado un proyecto de ley que agravaba las penas por dichos delitos.
En Argentina, se entiende como falsa denuncia “al acto de presentar ante una autoridad o institución información falsa y que, para la ley del país, constituya una infracción”, contempladas por la Ley de Abuso de Autoridad 27.348 y el artículo 245 del Código Penal.
Justamente, el proyecto de Losada se propone modificar aquel artículo, además del 275 que trata sobre falso testimonio, imponiendo “prisión de 1 a 3 años al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad”. Para agregar:
“Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera por delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes, la pena será de prisión de 3 a 6 años”.
Entre sus fundamentos, sostiene que “hemos vivido como sociedad la difusión de denuncias a través de medios periodísticos y redes sociales, que condenaron de antemano al acusado dejando de lado la presunción de inocencia que consagra nuestra Constitución”.
Y añade que “en muchísimos casos, la condena social frente a casos aberrantes denunciados no tarda en manifestarse, aún sin contar con las pruebas suficientes ni el proceso judicial correspondiente”.
Y brinda un ejemplo estremecedor: “Tenemos el caso de Agustín Muñoz, un joven rionegrino acusado por una amiga de abuso sexual “en un momento de bronca”, que en el año 2018 terminó con su vida”, a la vez que reclama que este tipo de conductas deben ser valoradas hoy en día “con mayor entidad por parte del sistema judicial”.
En la entrevista citada, el ministro Cúneo también se refirió al tema: “He visto gente que se ha suicidado, he visto gente que no sale a la calle porque lo denunciaron, y he visto familias destruidas por falsas denuncias de género”.
Tal como informó este medio, en el país, del tema se ocupa el sitio web del Observatorio de Falsas Denuncias, de la Fundación Ayudar y Crecer, fundada en 2021 y que permite reportar tales casos. Y en su informe, parecen darle la razón al ministro y a la senadora Losada. (Ver https://elobservadoronline.com.ar/el-gobierno-quiere-agravar-las-penas-por-falsa-denuncia-en-casos-de-violencia-de-genero/)
Entre otros datos, reportó que “hasta la fecha hemos registrado 11 suicidios como resultado de falsas denuncias”,
Junto al grupo de legisladores que presentó el proyecto de ley, que el pasado 7 de noviembre recién ingresó a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, trabajó también Andrea Guacci, oriunda de la ciudad de Necochea y fundadora, en 2022, del Frente de Mujeres Argentinas, agrupación que tiene como misión principal “abogar por los derechos de las víctimas de falsas denuncias”.
El próximo miércoles 20 de noviembre a las 16 horas, la senadora Losada convoca a una “Jornada contra las falsas denuncias”, en el Salón Azul de la Cámara Alta, donde se presentará el proyecto de ley ya citado y se expondrán, además, varios casos.
Uno de ellos fue tratado por El Observador Online, que relata el calvario de un hombre que no puede ver a su hija menor hace años, víctima del sistema judicial imperante en el fuero de familia. (Ver https://elobservadoronline.com.ar/denuncia-pareja-hija/)
Y una de las mujeres que también expondrá su caso es Natalia, de 39 años, quien denunció a su ex pareja en enero de 2024 por agresión, pero que luego, según le contó a este medio, su denuncia fue tergiversada primero por la Comisaría de la Mujer de Necochea, donde ocurrieron los hechos, y luego por la propia Unidad Fiscal 10 de la ciudad.
Dicha UFI es la unidad especializada en delitos contra la integridad sexual, ciberpedofilia y delitos conexos a la trata de personas, violencia de género en el marco intrafamiliar y violencia infantil, a cargo de los agentes fiscales Eduardo Jorge Nuñez y Marcos Bendersky. Este último fue quien intervino en este caso.
La mujer cuenta que con su pareja, JAM, llevaban 6 años de relación pero que la misma se había roto pocos días antes de los hechos, ocurridos la noche del 13 de enero de este año.
Natalia reconoce que el hombre “era adicto pero nunca fue violento”, y que esa noche, luego de una situación previa donde tuvieron una discusión fuerte con unos vecinos, JAM “me tomó del cuello, y me insultó varias veces”. Asegura que fue lo único que él hizo, pero que de todos modos se asustó y se decidió a denunciarlo.
De madrugada, sin dormir, habiendo tomado una medicación para concliliar el sueño, y en visible estado de shok, se dirigió a la Comisaría de la Mujer de Necochea y le tomaron la denuncia, donde ella asegura que contó lo realmente sucedido. Luego de ello, la llevaron a hablar con una psicóloga presente en el lugar.
“…cuando me estaban tomando la denuncia, me iban preguntando y yo respondía pero estaba como perdida, confundida, además de que me sentía muy mal, la verdad es que estaba en un estado de shock, no entendía ni dónde estaba parada.”, relata la mujer.
Una vez finalizada la consulta de rigor, le acercan la denuncia escrita, y sin leerla por el estado en el que se hallaba, “me la hacen firmar, no me la leen, yo me equivoco al no hacerlo, y con tal de irme, firmo, y me voy a la casa de mi hermana, donde me quedo allí varios días”, cuenta.
Pasado un mes de lo sucedido, toma contacto con la causa abierta por la justicia contra su ex pareja, la PP-11-00-000379-24/00. Y allí, afirma, se encuentra con lo impensado.
La misma estaba caratulada con los delitos de “Abuso sexual con acceso carnal. Privación ilegal de la libertad, Amenazas agravadas. Lesiones leves”. “Nada que ver con lo que yo había denunciado”, le dice a este medio.
Por lo que de inmediato, pide hablar con el Fiscal Bendersky. Pero en la UFI, cuenta, “me amenazaron con que si cambiaba el relato, podía ser procesada por el delito de falso testimonio. Una locura”, remata.
Y amplía: “Lo estaban (a JAM) condenando por algo que no había hecho, y por algo que no había denunciado porque nunca lo hizo”, y añade que “desde la fiscalía me instigaban a decir más cosas contra él para darle 30 años de cárcel”.
Y prosigue: “A partir de ahí comenzó mi odisea. Y lo peor de todo es que ningún abogado quiso agarrar el caso porque dicen que no se puede luchar contra un sistema muy arraigado en la justicia de familia, lleno de “pañuelos verdes”.
Y ratifica: “Quiero salir a denunciar esto y no me dejan”.
“Me humillaron, y me denigraron, y hasta una jueza me trató mal”, confiesa. Se refiere a la Dra. Luciana Irigoyen Testa, presidente del Tribunal Criminal que presidirá el juicio contra su ex pareja. La vicepresidente del TOC es la Dra. Mariana Giménez.
“En una audiencia preliminar cuando no me dejaba utilizar mi derecho a la palabra”, cuenta Natalia.
En el departamento judicial de Necochea hay dos juzgados de familia. Pero en este caso, toma intervención el Juzgado de Garantías 2 a cargo de la dra. Aída Lhez.
En la cédula de notificación del 14 de agosto último que recibe Natalia, y donde formula requisitoria de elevación a juicio, la fiscalía a cargo del dr. Marcos Bendersky acusa a JAM de los delitos detallados, puntualmente lo acusan de cuatro hechos
Detalla, entre otras cosas, que la noche del 14 de enero, el hombre “se tornó violento, cerró la puerta con llave de la casa, le quitó el teléfono celular a la víctima y la retuvo contra su voluntad dentro de la morada, para ejercer violencia física, psicológica y sexual contra la misma”.
En otro momento, acusa a JAM de Abuso sexual con acceso carnal, sosteniendo que “obligó a a la mujer a recostarse boca abajo en la cama de su habitación y por la fuerza la accedió carnalmente con su miembro viril por vía vaginal -a pesar de la negativa de la víctima- y continuó el coito hasta eyacular dentro de la misma. Para perpetrar el ataque sexual, el hombre se valió de portar una cuchilla en su mano y con ese objeto amenazar a Fernández con que la iba a matar en caso de negativa”.
Por último, lo imputa de haberla insultado y golpeado “con una cuchilla que portaba en su mano y en un momento en que la víctima intentó hablar por celular para pedir auxilio, golpeó con la cuchilla contra una mesa de luz y amedrentó a la víctima, profiriéndole la siguiente frase amenazante: “Qué estás haciendo hija de puta, te voy a matar” (sic) generando un temor cierto en su destinataria”.
Cabe decir que respecto al presunto abuso sexual, el fiscal cita posibles palabras con bastantes detalles de Natalia en una de las pericias psicológicas que llevaron a cabo. Pero la mujer niega enfáticamente haber contado eso.
“Sencillamente porque no sucedió, nuestra relación siempre fue normal”, afirma. Y acota que la única pericia que no agregaron al expediente fue la de una profesional que le dio la razón a ella.
La perito psicóloga de la Asesoría Pericial Departamental ha concluido que “[r]especto de los hechos mencionados en la denuncia de autos, la entrevistada desplegó un relato poco claro, contradictorio y ambiguo, el que por momentos se presentó confuso, dando cuenta de un proceso de victimización en referencia a la violencia física a la que fuera”, sostiene el fiscal en el pedido de elevación a juicio.
A la espera del comienzo de las audiencias, el hombre permanece detenido. Y la mujer asegura que, pese a todo, mantiene con él una buena relación, ya que el hombre cree su relato.
Su caso será uno de los que se expondrán el próximo miércoles 20 en el Senado de la Nación.
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@PortaluppiPablo
El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
