Se ha escrito mucho en relación al conflicto bélico de Malvinas, que enfrentara a la Argentina con Gran Bretaña en 1982- pero poco se ha analizado sobre las graves inconsistencias registradas en el padrón de veteranos de dicha guerra (VGM). Tales irregularidades no solo generan un severo perjuicio económico-financiero al Estado, sino que consignan una deleznable usurpación de beneficios con respecto a aquellos que deberían percibirlo, pero que no lo hacen. La trama se torna aún más escabrosa, por tratarse de un tema sensible para la historia del país, y para los propios ex combatientes que pusieron sus vidas en juego en un conflicto absurdo.
La denuncia primigenia fue presentada por el Centro de ex Combatientes de La Plata (CECIM) hacia fines de 2007, y el Fiscal Guillermo Marijuán decidió cruzar las nóminas de las Fuerzas Armadas con los listados de ciudadanos que cobraban el beneficio vía ANSES; se detectaron, en esa oportunidad, cerca de 700 individuos que no debían estar incluídos entre los beneficiarios. Sin embargo, transcurrieron más de nueve años tras aquellas pesquisas preliminares: nada se hizo, y el escándalo continuó creciendo. La dirigencia política -habrá que decirlo- tampoco hizo demasiado a criterio de subsanar semejante injusticia.
Todo dio inicio con la Ley 23.848, promulgada el 9 de octubre de 1990, que otorgaba el beneficio de la pensión vitalicia estrictamente a ‘ex soldados conscriptos que participaron en efectivas acciones bélicas de combate’, esto es, a aquellos que estuvieron físicamente presentes en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), excluyendo a militares de carrera. Si hay que atenerse a lo suscripto por el diario de sesiones de Diputados de aquel entonces, la nómina de beneficiarios inicial en ningún caso podía superar los 10 mil ya que, de lo contrario, el Poder Ejecutivo haría uso del veto para aquella norma, dada la apremiante situación económica de la época. En consecuencia, se emitió el Decreto 509/88 (en 2009, sería declarado inconstitucional), en el cual se consignaron 10.001 ex combatientes. La cifra es llamativa, e invita a ponderar una tendencia al maquillaje -con el solo objeto de evitar el veto, antes que de llevar a cabo una auditoría creíble.
Es que, amén de la bien conocida improvisación operativa en que incurriera la cúpula de las FF.AA. durante el conflicto, se sumó la desprolijidad de no haber confeccionado un registro exacto de la cantidad de combatientes. En consecuencia, debió recurrirse a listados de la Cruz Roja Internacional y hasta las estadísticas del propio gobierno del Reino Unido para elaborar la lista de beneficiarios argentinos. Las sucesivas modificaciones que acusara la Ley 23848, en virtud del reclamo de ex combatientes que buscaban ser incluídos en el beneficio (y que, por diversas circunstancias, no estuvieron físicamente en el TOAS), abrieron las puertas para la expansión de esos listados. En otras palabras, hizo su aparición la endémica corrupción argentina.
En 1994, a través del Decreto 1083 y por presión del Consejo de Oficiales Superiores de la Armada, se incorpora al beneficio a todos los tripulantes de los 25 buques integrantes de la flota, aunque, de acuerdo a voceros del Arma, la mayoría de ellos ni siquiera salieron del puerto. Hacia 1992, el Círculo Militar hizo pública la cifra de 14.020 ex combatientes. Para 2017, los beneficiarios de la pensión suman ya más de 23.000, de los cuales 2654 presentan groseras inconsistencias (casos que deberían ser evaluados exhaustivamente, uno por uno).
En 2016, se llevó a cabo un minucioso trabajo de investigación, donde se cruzaron datos del padrón de VGM del sitio web del Ministerio de Defensa con el padrón electoral, y con los sorteos para el servicio militar de las clases 1962 y 1963. Dicho estudio fue realizado por veteranos de Malvinas no alcanzados por el beneficio cuando debieran estarlo, como ser el caso de la Cuarta Brigada de Paracaidistas, quienes estuvieron a punto de ser lanzados a una muerte segura mediante una operación suicida. Las conclusiones de dicho análisis son escandalosas.
n la Armada, se detectó un exceso de 1.158 tripulantes en los buques: se trata de 212 tripulantes que en 1982, año del conflicto, tenían entre 17 y 18 años; y de 14 marinos que, durante la guerra, tenían entre 12 y 16 años. En el Ejército Argentino, se hallaron numerosas irregularidades: 773 suboficiales con grados de Sargento menores a 30 años, cuando la edad mínima para un sargento es de 31; 280 altos oficiales con grado de capitán menores a 30 años, siendo la edad mínima de 32; un soldado clase 1922 (a saber, que en el TOAS contaba con 60 años); 63 soldados mayores a 28 años, cuando esta edad reflejaba el límite permitido para solicitar la prórroga del servicio militar; 21 soldados clase 1963 que evitaron el servicio militar obligatorio por registrar un número de sorteo bajo; y 62 suboficiales que no superaban los 18 años en 1982.
Durante su gobierno, el ex presidente Néstor Carlos Kirchner -por iniciativa de la Fuerza Aérea- decidió incluir, entre los beneficiarios, a todos los suboficiales y oficiales en situación de baja obligatoria o voluntaria, aumentando en un 300% el monto a cobrar. El punto clave de esta nueva reforma es que dejó de lado el factor geográfico, lo cual implica que, a partir de esta decisión presidencial, no era necesario haber estado de cuerpo presente en las islas, priorizando el factor estratégico operacional. A pesar de ello, la mayor queja de los muchos que aún no cobran la pensión radica en el hecho de que, si bien esta normativa les otorga el marco jurídico para ser beneficiarios, el Estado no los reconoce como tales. Además de haber permitido -fuera por negligencia o por corrupción- que numerosas personas accedan al beneficio sin tener motivos para hacerlo, produciendo una erogación innecesaria al erario público y una situación de inenarrable injusticia. El affaire de las pensiones apócrifas, a la postre, se potenció como nunca en tiempos del kirchnerismo.
Uno de los integrantes del grupo que llevó adelante las investigaciones pertinentes (quien también es veterano de Malvinas) afirma que, por inexplicables motivos, la ANSES jamás les facilitó la nómina completa de beneficiarios. El consultado afirma, tajante: ‘El día que se conozcan esas nóminas, estallará un escándalo de alcance nacional’.
El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
