Pablo Portaluppi
El 23 de febrero del año 2006, con 148 votos positivos, la Cámara de Diputados aprobó la reforma del Consejo de la Magistratura propuesto por la entonces senadora y primera dama, Cristina Fernández de Kirchner. La iniciativa había generado fuertes críticas por parte de la oposición de aquel momento.
“Hoy se inauguró la justicia Presidente Kirchner y señora”, afirmaba Elisa Carrió, mientras que Federico Pinedo marcaba que “nos preocupa que los jueces sepan que si tienen el beneplácito del oficialismo no los van a echar”. Por su parte, el entonces jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, elogiaba que la reforma iba a dotar al Consejo de mayor agilidad y transparencia.
Sin embargo, 16 años después, los números parecen desmentirlo. Al menos, en lo que a subrogancias se refiere.
De acuerdo a datos fidedignos a los que accedió este medio, sobre un total de 974 cargos existentes entre la justicia federal y la nacional, 244 de ellos están vacantes, es decir, que se encuentran subrogados por magistrados nombrados “a dedo”. Lo que representa, nada menos, que el 25,05%. En otros términos, 1 de cada 4 jueces ocupan sus cargos a través de mecanismos ajenos a lo que la Constitución ordena.
El dato cobra mayor envergadura si se lo compara con estadísticas del año 2012, donde un trabajo confeccionado por la Asociación para los Derechos Civiles (ADC), afirmaba que el 18,17% de los jueces eran subrogantes. Es decir, que en vez de reducirse, las subrogancias crecieron con el correr de los años, incrementándose en casi 7 puntos porcentuales.
De este modo, quedaría expuesto que la prevalencia del sector político por sobre otros dentro del cuerpo, en vez de agilizar la designación de jueces, lo entorpeció.
El proceso de designación comienza en el Consejo de la Magistratura, donde se realiza un concurso público y se conforma una terna de candidatos. Dicha terna pasa al Poder Ejecutivo que elige a uno y lo envía al Senado, que con una mayoría simple de sus 72 integrantes, lo aprueba. Un proceso similar ocurre en las provincias, para el nombramiento de jueces en el fuero ordinario, donde intervienen los gobernadores y los senados provinciales.
Cabe afirmar, sin embargo, que no toda la responsabilidad de esta situación recae en el organismo. “El Consejo está trabajando bastante bien, aún con tintes políticos. Las ternas están. El problema es que el Poder Ejecutivo hace dos años que tiene las ternas y no mueve un dedo”, señala un juez federal que supo conocer la Magistratura desde adentro. Y agrega: “Hay gente, ya sabemos quién, que se ha sentado sobre los pliegos para que no salga ninguno”.
Según un informe publicado por el Ministerio de Justicia por entonces a cargo de Germán Garavano, entre 2016 y 2018 se realizaron 169 nombramientos de magistrados nacionales y federales. El mismo trabajo consignaba que había a su vez 88 pliegos en el Senado. Y para 2019, esa cifra se había elevado a 200. Pero apenas asumió, el Gobierno de Alberto Fernández decidió retirar dichos pliegos destinados a cubrir los juzgados subrogados, con la excusa formal de revisarlos.
Más allá de todo, que un cuarto de los jueces del país sean subrogantes, los haría más permeables a la injerencia política.
Respecto al desglose de las subrogancias, en la justicia federal, sobre 476 cargos -164 en CABA y 312 en las provincias- existentes entre las distintas instancias y fueros, hay 119 vacantes, lo que representa también el 25%.
En tanto, en la justicia ordinaria, sobre un total de 498 puestos, faltan cubrir con jueces titulares 125 vacantes. Es decir, un 25,10%.
Cabe consignar que de los 974 cargos entre ambos fueros, nacional y federal, se contemplan algunos aún no habilitados, como la Cámara de la localidad de San Justo. Pero la incidencia no mueve el amperímetro.
Resulta notable el empeoramiento de la situación con el paso de los años. El trabajo de la ADC de 2012 consignaba que en aquel año, “en 5 de los 25 fueros hay 30% o más de jueces subrogantes. El porcentaje mayor se evidencia en la Justicia Federal de Salta, donde el porcentaje se eleva al 35,71, seguido por la justicia federal de San Martín con 33,33% y la Justicia Nacional del Trabajo con 31,81%”.
A la vez, afirmaba que “el único fuero de todo el Poder Judicial Nacional sin jueces provisorios es el correspondiente a Mar del Plata”. Pero en 10 años todo cambió. Para peor. En la ciudad balnearia, sobre un total de 10 cargos en la justicia federal, 4 no tienen magistrados titulares. O sea, el 40%. El Tribunal Oral Federal, sobre 3 miembros, sólo tiene un titular. En tanto, en la Cámara Federal, hay titularizadas 2 vocalías de 3, mientras que de 4 juzgados de primera instancia, uno se encuentra subrogado desde 2015.
Más datos de la situación en 2012. Lo grafica de manera elocuente el citado estudio de la Asociación por los Derechos Civiles: “El retraso del Consejo de la Magistratura en concluir los concursos y la demora del Poder Ejecutivo en remitir al Senado la elección de uno de los candidatos de las ternas, continúa provocando un deterioro del sistema constitucional. La magnitud de este fenómeno se refleja en que en los últimos dos años -2010 y 2011- el Consejo solo concluyó 5 concursos públicos destinados a cubrir 21 vacantes, mientras que solo en 2010 se concluyeron 39 concursos destinados a cubrir 119 vacantes. Por su parte, hasta julio de 2012 se encontraban pendientes en el Ejecutivo 81 designaciones”.
A la luz de los hechos, la reforma de 2006 impulsada por Cristina Kirchner no hizo más que empeorar la situación. En aquel momento, lo que los opositores cuestionaban era que el proyecto aprobado iba a vulnerar el equilibrio entre sectores de la justicia y política que consagraba la integración del Consejo vigente hasta entonces.
Como ya es de público conocimiento, el 16 de diciembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró «inconstitucional» aquella reforma, retrotrayendo la situación a la composición que poseía el cuerpo en aquella fecha.
La magistratura fue creada a partir de la reforma constitucional de 1994, pero entró en funciones 4 años más tarde. La ley 24937 estableció su funcionamiento y le asignó las tareas, entre otras, de seleccionar a los jueces de los tribunales inferiores, emitir propuestas de ternas vinculantes, y aplicar sanciones disciplinarias, además de administrar los recursos del Poder Judicial, con excepción de la Corte.
La conformación original del Consejo era de 20 miembros. Su titular era el Presidente de la Corte, los jueces tenían 4 representantes, los legisladores 8, mientras que los abogados poseían 4 vocalías, los académicos 2, y el Poder Ejecutivo, 1.
Así funcionó hasta el año 2006, cuando la ex Presidente presentó un proyecto para reducir a 13 la cantidad de sus integrantes, con la Ley 26.080. A partir de aquella norma, el Consejo funcionó con 6 legisladores nacionales, 3 jueces, 2 abogados, 1 representante del Poder Ejecutivo y 1 del mundo académico. Es decir, con una clara mayoría política. Dicha ley es la que declaró inconstitucional el máximo tribunal del país.
Justamente, la Corte consideró que dicha reforma alteró el equilibrio en la representación de los distintos sectores que integran el Consejo. Con la ley original, la representación política era del 45%. Luego, con la reforma impulsada por Cristina Kirchner, subió a 53%.
La designación de jueces subrogantes se produce cuando, por motivos de decesos, renuncias, jubilaciones y remociones, entre otros, de los jueces titulares, se genera una vacancia en el juzgado o tribunal que integran. La actuación de los subrogantes se extiende hasta la designación de un juez según el procedimiento constitucional o bien hasta su remoción.
El 6 de junio de 2018, el Gobierno de Mauricio Macri promulgó la nueva Ley de Subrogancias, la cual dispone que los nuevos jueces sean elegidos por sorteo con acuerdo del Senado. La norma anterior fue declarada inconstitucional hacia fines de 2015 por la Corte. Pese a ello, en varios casos tampoco se cumple aquella ley.
“Con la nueva ley, ningún juez puede subrogar un juzgado vacante por más de 2 años, pero a veces pasan 2 y hasta 3 jueces distintos antes de nombrar al titular, con lo cual el tiempo se prorroga”, refiere un juez del fuero federal.
Durante las administraciones kirchneristas, en especial la de la actual vicepresidente, la Cámara Alta no podía intervenir, generando por parte del Consejo de la Magistratura maniobras discrecionales a la hora de designar jueces subrogantes.
Allí está el caso, por ejemplo, del poco fundamentado nombramiento de Alejo Ramos Padilla como subrogante en Bahía Blanca en 2015. El mismo juez que en los últimos días, en carácter de titular del juzgado federal 1 de La Plata, convalidó una enorme toma de tierras en la ciudad mencionada.
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
