Por Pablo Portaluppi
El pasado martes 19 de febrero, la Corte Suprema de la Nación desestimó por unanimidad un recurso de queja presentado por la defensa de un grupo empresario de Bahía Blanca imputado ante la Justicia por presunta evasión impositiva, falsificación de asientos contables, y asociación ilícita fiscal. La disposición del máximo Tribunal se da en el marco de la causa 10451/2014 que tramita en la ciudad del sur bonaerense ya conocida por todos: la emisión de facturas apócrifas por parte de un conglomerado de empresas bahienses para beneficiar a Austral Construcciones S.A., firma propiedad de Lázaro Báez. Dicha maniobra defraudatoria contra el Estado rondaría los $670 millones. Nada de esto habría sido posible sin la fundamental complicidad del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. De ellos dan cuenta unas testimoniales ante la Justicia de agentes impositivos bahienses y los aspectos más destacados de un informe de auditoría interna de 2016 llevado a cabo por el propio organismo recaudador llamado “Contraverificación”.
En septiembre de 2018 fueron citados a indagatoria los 14 imputados en la causa, entre ellos, Lázaro Báez y su hijo Martín, recientemente detenido en el expediente que se le sigue junto a su padre por lavado de dinero, y reconocidos empresarios bahienses. La mayoría de ellos se negó a declarar. Vale recordar que altas fuentes de la investigación le confiaron a este medio que todos serían procesados, por lo que el presunto testaferro de los Kirchner sumaría un nuevo procesamiento por el delito de asociación ilícita fiscal.
Las firmas involucradas en la emisión de facturas por servicios que no prestaban, pertenecen a dos grupos. Uno está conformado por Calvento S.A., Grupo Penta y Cía S.A., y Terrarafi S.A, propiedad de la familia Ficcadenti. El otro lo constituyen Constructora Patagónica Argentina S.A., Vialinvert S.A., y y Ferreyra Constructora Víal S.A, de la familia Ferreyra. También se encuentra bajo investigación Iberoamericana de Servicios, de los Pedraza, con sede en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia. Dicha operación se trataría del delito precedente del lavado de dinero por el que está procesado en Comodoro Py Lázaro Báez, causa a cargo del Juez Sebastián Casanello. También el proceso de Bahía Blanca conecta con otro expediente trascendente: la llamada causa “Vialidad”, instruida por el Juez Julián Ercolini, donde está procesada como jefa de una asociación ilícita la ex presidenta Cristina Kirchner y cuyo comienzo del juicio oral acaba de posponerse para el mes de mayo, por fondos asignados a la obra pública víal, mayormente en Santa Cruz.
El 9 de agosto de 2012, el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, decidió, a través de la disposición 299 y comunicando la decisión mediante una teleconferencia, rebajar de categoría a la Seccional Bahía Blanca de Dirección a Agencia, lo que implicó la cesantía de 49 agentes impositivos. La razón aducida fue un conflicto gremial, pero el motivo real fue que durante los años 2011 y 2012, sabuesos de la AFIP a cargo de Carlos Blanco habían detectado la maniobra. Las actuaciones obrantes pasaron a depender mayormente de Mar del Plata, cuyo Jefe Regional era Sebastián Durruty, un “amigo” de la casa. Así lo confirma el testimonio en sede judicial de Elvira Martiarena, quien en 2011 se desempeñaba como Jefa interina de División Jurídica: “En Bahía quedaron solo dos divisiones, una a cargo de Norberto Filippini y otra a cargo de Inés Salomone, y la Agencia quedó en manos de Analía Temporelli. Todos reportaban al Director Regional de Mar del Plata, contador Durruty”.
El 13 de junio de 2016, empleados bahienses del organismo recaudador prestaron declaración testimonial ante el Juez Pedro Plou, quien subrogaba el Juzgado Federal 1 de aquella ciudad en reemplazo del renunciante Alejo Ramos Padilla. Mirta Tapia, que se desempeñaba en la División Fiscalización 3, manifestó que “el conflicto alegado por Echegaray ya se había resuelto” al momento de la decisión. Y agregó que “nosotros estábamos fiscalizando una empresa de Caleta Olivia, Iberoamericana de Servicios SA, empresa investigada en la causa Suris. Había utilizado facturas de Suris que consideramos eran apócrifas. El monto de la operatoria era de varios millones. Nunca pudimos obtener los libros. Estuve personalmente en el domicilio fiscal, en Capital Federal, eran unas oficinas vacías”. Juan Ignacio Suris es un empresario bahiense quien está a la espera de un juicio oral en su contra por asociación ilícita y lavado de dinero.
A su vez, la ya mencionada Elvira Martiarena, declaró que desde el momento de la disolución de la Regional no tuvo ningún cargo hasta agosto de 2014. Y alega una razón distinta a la esgrimida por Echegaray: “La motivación de dicha disposición fue, decían, lograr un mejoramiento tecnológico. Fue una situación muy confusa, claramente no fue por los motivos que la resolución 299 consignaba”. Y asegura que “a raíz de esa decisión fui separada del cargo”. Por último, Horacio Ponzoni, quien se desempeñaba como Jefe de Fiscalización 2 desde 2011, declaró que la decisión de Echegaray “se decía que era por una readecuación de la estructura de una parte de la AFIP al medio cambiante. Las jefaturas quedaron sin cargos. Fue un impacto muy fuerte, estábamos desorientados”. Y finaliza diciendo que “de agosto 2012 a marzo de 2013 no hubo conformación de equipos, estábamos a la deriva”. Vale recordar que dichas declaraciones se hicieron en sede judicial.
De los testimonios obrantes surge que, antes de la virtual disolución, la estructura de la Regional Bahía Blanca se componía de un Administrador Federal, bajo el cual se hallaban tres Direcciones: DGI, Seguridad Social y Aduana. Por debajo de ellas, están las subdirecciones: General, Grandes Nacional, Metropolitana e Interior. Dentro de esta última existían 20 regiones. Declara Ponzoni: “Después del Administrador nosotros teníamos como autoridad al Director General de Impositiva. Y en cada jurisdicción tenemos al Director Regional, luego a los Jefes de Divisiones, al Jefe de Agencia y luego a los Jefes de Distrito”. Toda esa estructura quedó reducida a dos áreas de fiscalización a cargo de los nombrados Filippini y Salomone.
También fueron determinantes las declaraciones de Silvia Huici y Carlos Blanco, los inspectores que supervisaron la mayor parte de las fiscalizaciones en 2011. Huici declaró que “llevé adelante inspecciones a firmas del Grupo Suris, como CVP Industrias SA, M-Magna SA, Bahía Acoplar SA, y las mismas fueron incorporadas a la base e-apoc (facturas apócrifas) de la AFIP, ya que se trataban de meros contratos societarios sin actividad”. Dicho en otras palabras, eran empresas “fantasmas”. De la documentación verificada, surgieron los nombres de los grupos de las familias Ficcadenti, Ferreyra, y Pedraza. Por su parte, Carlos Blanco le dijo al Juez que en una oportunidad se reunió con el contador Pablo Casanova, vinculado a la firma Iberoamericana de Servicios SA, y éste le “sugirió” que termine rápido con las fiscalizaciones ya que, caso contrario, “serán trasladados a lugares lejanos”. Y agregó que Casanova le dijo que él tenía mucha llegada al poder. Grupo Penta y Cía SA, fue incorporada en mayo de 2011 a la base E-Apoc.
Ricardo Echegaray fue procesado en junio de 2018 por el magistrado Sebastián Casanello por los delitos de encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público. También procesó al ex Director de la DGI Angel Toninelli. Previo a ello, la AFIP del Gobierno de Mauricio Macri, acusó en abril de 2018 a su ex titular de haber liderado una presunta asociación ilícita dentro del organismo para cometer todo tipo de delitos: peculado, encubrimiento, abuso de autoridad, extorsión, entre otros. De allí surge también que la deuda tributaria de Lázaro Báez con la AFIP ascendía a $1750 millones, muy alejados de los $500.000 que en su momento informó el organismo manejado por Echegaray.
Resulta llamativo que Casanello recién haya procesado al ex Jefe de la AFIP en junio de 2018, cuando exactamente dos años antes, el 1 de junio de 2016, haya escrito en el procesamiento dispuesto por él mismo contra Lázaro Báez en la causa 3017 conocida como “La Rosadita”, que “el ente fiscal únicamente investigó a las empresas de facturas falsas y evitó de esta forma cualquier tipo de control sobre Austral Construcciones SA”. En otro aparte de su resolución, dice que los funcionarios de la AFIP “incumplieron la normativa vigente beneficiando y encubriendo al empresario Lázaro Báez”. Y agrega contundente que el organismo “tenía conocimiento por lo menos desde hacía dos años de la estafa millonaria que Lázaro Báez le había provocado al Estado Nacional, utilizando facturación apócrifa”. Cabe recordar que para aquella fecha, Echegaray se desempeñaba como Auditor General de la Nación, cargo al que renunció el 9 de agosto de 2016.
Pero el retardo del procesamiento del también ex titular de la ONCCA se hace más evidente al profundizar en un informe de auditoría interna de la AFIP de octubre de 2016, cuyo objeto delimitado fue “evaluar la razonabilidad del desempeño de los agentes intervinientes en las tareas de fiscalización, mediante la contraverificación de las tareas realizadas a la contribuyente Austral Construcciones SA”. Las conclusiones fueron contundentes. La auditoría comienza diciendo que el caso tiene su origen en una diferencia advertida entre los ingresos declarados a instancias del Impuesto a las Ganancias, y los exteriorizados en torno al Impuesto al Valor Agregado (IVA), y que “bajo tales circunstancias no se habrían efectuado controles respecto de la operatoria materializada con los proveedores”.
Un caso auditado fue la contratación de la firma de Lázaro Báez por parte de Vialidad Provincial de Santa Cruz para la ejecución de los trabajos inherentes a la obra Ruta Provincial Nro. 39. Para tales trabajos, Austral subcontrató a la firma Grupo Penta & Cía SA y Constructora Patagónica Argentina para realizar parte de los trabajos encomendados. Es decir, para hacer tareas en la misma ruta. El período auditado va desde febrero de 2011 hasta enero 2012. Una de las inconsistencias detectadas fue que “la fiscalizada (Austral) informa como última transacción con Grupo Penta & Cía SA la factura Nro. 0001-00 000461 del 2 de mayo de 2011, desconociéndose cuáles son los motivos por los cuales omite informar las operaciones posteriores, que abarcan los períodos 07/2011 a 01/2012 (facturas 477, 478, 483, 502, 515 y 516), considerando que la presentación se efectúa recién el 11/12/2014”. De tal modo, concluye que “las diligencias tramitadas resultaron claramente insuficientes”. Y afirma que se omitieron controles tales como intentar localizar a la firma Grupo Penta, y la falta de tareas tendientes a la efectiva localización de la planta laboral declarada. Sobre este punto, hay que mencionar que “si bien de los elementos obrantes, resulta evidente que la proveedora habría utilizado la firma Liberty ART para los seguros de accidente de trabajo, no se advierte que los agentes fiscalizadores hubieran circularizado a la entidad referida a efectos de conocer la nómina de personal”.
También destaca la ausencia de controles tendientes a verificar una posible duplicidad de tareas por parte de Grupo Penta y Constructora Patagónica Argentina, ya que ambas fueron subcontratadas para obras en la Ruta 39 no advirtiéndose cuáles son los tramos adjudicados a cada una de las partes, como así tampoco se solicitó la intervención de peritos idóneos a efectos de que ponderen la evolución de las obras.
El trabajo refiere que Grupo Penta no operó sólo con Austral, sino que también lo hizo de un modo significativo con Constructora Patagónica Argentina. Grupo Penta informa un máximo de 9 empleados entre agosto y diciembre de 2011, de los cuales solo tres respondieron un mail enviado por los auditores. De ellos tres, sólo uno reconoció haber hecho trabajos en la Ruta 39. Uno de los que responde se llama Emilio Navarro, que oportunamente fuera empleado de Austral para luego pasar a la nómina de Grupo Penta. Y al momento de la confección de la auditoría, revestía funciones en Terrarafi SA, de la familia Ficcadenti. Sin embargo, cuando fue fiscalizada en los comienzos de 2011 por Silvia Huici y Carlos Blanco, se detectó que Grupo Penta sólo tenía dos camionetas, una impresora y un carro de gas oil como bienes de uso, y que no tenía capacidad técnica ni económica para afrontar los trabajos encomendados. Cuando se le solicitó documentación, alegó que se la habían sustraído del baúl de un auto.
También el informe hace mención a la firma Calvento SA, presunto proveedor de Austral Construcciones, afirmando que dicha firma “se encuentra incorporada a la base eAPOC como contribuyente sin capacidad económica, al tiempo de evidenciar una estrecha vinculación con Grupo Penta, al pertenecer al mismo grupo económico” (Ficcadenti). Al mismo tiempo, se comprueba la existencia de al menos dos operaciones entre la empresa de Lázaro y Calvento, afirmando que dichas operatorias no fueron objeto de fiscalización por parte de la AFIP. Como tampoco fue materia de estudio por parte de los agentes fiscalizadores la documentación existente de las operaciones entre Austral, Constructora Patagónica y Terrarafi, estas dos últimas contratistas de la primera.
La auditoría refiere asimismo que “si bien se tomó conocimiento que gran parte de los cheques recibidos en pago por parte de Austral Construcciones se habrían descontado en la financiera Crediba SA, de Bahía Blanca, no se advierte que los fiscalizadores hubieran circularizado a la entidad, o bien se hubieran apersonado en la sede de la misma”. Se presume que el efectivo obtenido de los cheques descontados retornaba a Austral previo cobro de una comisión por parte de aquellos que se prestaban a la maniobra. La financiera Crediba pertenece a Nestor Piñeiro, imputado en la causa, la cual en las próximas semanas arrojará importantes novedades. Una de las curiosidades es que el mencionado Piñeiro comparte domicilio con una de las firmas investigadas, Terrarafi SA, también propiedad de la familia Ficcadenti, cito en la calle España de la ciudad de Avellaneda.
Otra de las graves inconsistencias detectadas fue que Austral Construcciones informó que pagó por los servicios un total de $2.402.728,94, pero la suma de los importes de los cheques asciende a un total de $4.521.710,37, es decir, el doble de lo informado.
Para subrayar la importancia de la causa que se tramita en Bahía Blanca, cabe citar un párrafo del procesamiento contra la ex Presidenta Cristina Kirchner dispuesto por el Juez Julián Ercolini en la causa “Vialidad”: “La facturación falsa le permitió a Báez-socio comercial de Cristina Fernández-justificar y respaldar documentalmente costos inexistentes que, a su vez, servían para resguardar o encubrir sobreprecios de obra pública que luego todo ese altísimo circulante se volcaría o destinaría a operaciones de lavada de dinero”
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
