Por Pablo Portaluppi
El Consejo de la Magistratura quedó nuevamente en “el ojo del huracán” a partir de la confesión de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, presunto testaferro de los Kirchner, quien acusó al Juez Federal Luis Rodríguez de recibir dádivas por parte de ella y su marido para beneficiarlos en una causa. El Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires convocó para hoy jueves 28 de febrero a una marcha frente al Consejo con el fin de “ejercer el derecho a peticionar a las autoridades para que dispongan las medidas necesarias tendientes a profundizar el desarrollo de las auditorías a los Juzgados Federales”. Cabe recordar que fue el propio Colegio de Abogados el que solicitó la realización de una auditoría a los Juzgados y Cámaras de Apelaciones de la Capital Federal. Es decir, los doce juzgados de Comodoro Py. En mayo de 2016 el Consejo aprobó dicho pedido.
El cuerpo fue creado con la reforma constitucional de 1994 pero recién entró en funcionamiento en 1998. La Ley 24.937 estableció su funcionamiento y le asignó las tareas primordiales de seleccionar a los Jueces de los tribunales inferiores, emitir propuestas de ternas vinculantes y aplicar sanciones disciplinarias a los magistrados. La conformación original del Consejo era de 19 miembros. Así funcionó hasta el año 2006, cuando la entonces senadora Cristina Kirchner presentó un proyecto para reducir a 13 la cantidad de sus integrantes, con la Ley 26.080, que rige en la actualidad. El órgano lo integran 6 legisladores nacionales, 3 jueces, 2 abogados, 1 representante del Poder Ejecutivo y 1 del mundo académico. Sus actual Presidente es Ricardo Recondo, representante del Poder Judicial. Sus miembros más conocidos son los diputados Eduardo “Wado” de Pedro, Graciela Caamaño y Pablo Tonelli, el senador Miguel Ángel Pichetto y el representante del Poder Ejecutivo Juan Mahíques. Cada consejero tiene un mandato de cuatro años. La influencia de la política en las decisiones es una de las críticas que más recibe el Consejo: sobre 13 miembros, 7 provienen del ámbito político.
Consultado por este medio, el reconocido abogado constitucionalista Daniel Sabsay, uno de los más activos convocantes a la marcha, afirma que “lo primero que hay que hacer es terminar con el predominio absoluto de la política en el Consejo. Si bien no le alcanza para lograr la mayoría absoluta (N. de R: se requieren dos tercios para ello), sí le alcanza para una mayoría para influir tanto en la designación de un juez o en su destitución”. El integrante de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, agrega un elemento fundamental para el debate: “Los representantes del Congreso no debieran ser legisladores, ya que ello produce una ruptura al principio de la división de poderes, en tanto un miembro de un Poder del Estado (Legislativo) está integrando otro Poder (en este caso, el judicial). El Consejo de la Magistratura forma parte del Poder Judicial”. Por último, el Dr. Sabsay señala la necesidad de modificar los reglamentos internos de las distintas comisiones, ya que ello promueve “una serie de trámites tortuosos en la toma de decisiones. Es evidente que esto no se hizo por azar o error”. El Consejo posee cuatro comisiones: Administración y Financiera, Disciplina y Acusación, Selección, y Reglamentación. No todos los Consejeros las integran en su totalidad. Una alta fuente del cuerpo le confió a este medio, en línea con lo dicho por el Dr. Sabsay: “Al Juez Rodríguez va a ser muy difícil destituirlo. Hay mucho trámite en el medio que cumplir”.
“Con la creación del Consejo se trató de quebrar la relación entre el poder político y la justicia. Pero no solo no se logró, sino que empeoró. Digamos que ahora se logró institucionalizar la burocracia”, afirma con un dejo de ironía un prominente abogado marplatense que conoció muy de cerca el funcionamiento del cuerpo. Por su parte, el ex juez de Instrucción Mariano Bergés cuestiona severamente el procedimiento de selección de los magistrados: “Primero se publica el cargo vacante y el aspirante se inscribe teniendo que llenar tantas planillas con tantos datos que muchos desisten. Ahí se forma una terna. Luego, se realiza un examen escrito sobre temas vinculados con la función del cargo, de forma anónima. Pero las buenas intenciones sucumben ante la corrupción. Por ejemplo, se supo de casos de algunos postulantes que sabían de antemano las preguntas de la prueba. Superado esto, se llega a la entrevista con los consejeros. Si el candidato viene con “banca”, las preguntas se facilitan. Sí, en cambio, es un aspirante incómodo para el poder, los interrogantes se dificultan enormemente, llegando incluso a ser vapuleados injustamente”. El Dr. Bergés finaliza su exposición en forma tajante, aseverando que “el Consejo debiera modificarse ya. Es un órgano con demasiada gente, incapaz de tomar decisiones rápidas. Con su creación, se formó una nueva casta del Poder Judicial”.
Uno de los magistrados en funciones con una denuncia en su contra en el Consejo es Martín Bava, Juez Federal de Azul, quien estuvo a cargo como subrogante en el caso contra su colega provincial Pedro Hooft, asunto del que este cronista se ocupó en dos ocasiones. (http://www.elojodigital.com/contenido/15260-caso-hooft-segunda-parte-la-crudeza-del-relato-kirchnerista.) Su desempeño en dicha causa fue muy sospechosa. Es un hombre muy allegado al ex camarista Jorge Ferro, denunciado ante el organismo y en la justicia penal por trata y lavado de dinero. En el año 2008, Bava concursó para cubrir una vacante en Dolores y apenas obtuvo 23 puntos sobre 100 posibles. Pese a ello, años después fue designado juez en la localidad de Azul, cargo que aún ostenta.
Como ya publicó este medio, cada consejero recibe partidas mensuales para solventar contratos de trabajo para su vocalía. El monto asignado se incrementó en un 15% para este año: de $750.000 a $850.000. Es motivo de comentario entre los pasillos del Consejo, que algunos consejeros, legisladores ellos, destinan ese dinero a fines políticos y proselitistas, alimentando los bolsillos de punteros y gente de su entorno. Como existe personal adscripto a prestar funciones en una vocalía proveniente de otra jurisdicción, de donde proviene su sueldo, encuentran en ello la facilidad para poder hacerlo. Como el edificio donde trabajan -Paraná 386- no posee control de asistencia, las tareas se facilitan mucho más (https://elobservadoronline.com.ar/index.php/2019/01/12/los-gastos-del-poder-judicial-parte-1-quien-controla-al-consejo-de-la-magistratura/)
La Comisión de Disciplina y Acusación es un claro ejemplo de la influencia política en el cuerpo. La integran cuatro legisladores, dos jueces, un abogado, un académico, y el representante del Poder Ejecutivo. Es decir, cinco miembros del sector político contra cuatro del mundo judicial y académico. En dicha comisión se acumulan los expedientes formados a partir de distintas denuncias contra los jueces: según la propia página web del Consejo, desde febrero de 2016 se registran 223 expedientes, entre los que se destacan 4 a Rodolfo Canicoba Corral, 2 a Sebastián Casanello, 5 a Alejo Ramos Padilla, 3 a Daniel Rafecas, 5 a Alejandro Slokar, 3 a Luis Rodríguez, 4 a Ariel Lijo, 5 a Santiago Inchausti (Juez Federal de Mar del Plata), y 5 a Claudio Bonadío –pocos lo recuerdan, pero el juez que hoy instruye la causa de los cuadernos había sobreseído en 2009 a los ex secretarios kirchneristas Daniel Muñoz e Isidro Bounine-. Si bien es cierto que las denuncias las puede presentar cualquier ciudadano, y ello no implica necesariamente la culpabilidad del juez, la misma pasa por un filtro de admisibilidad por parte de los consejeros, por lo cual se deduce que los expedientes abiertos, o pueden poseer algún grado de certeza, o, en otros casos, estar motivados por fines políticos. Allí están los casos de Daniel Rafecas y el renunciante Norberto Oyarbide, “salvados” por el cuerpo en distintas ocasiones, y Santiago Ulpiano Martínez, apartado de su función por pretender avanzar en una causa contra Lázaro Báez. Otro caso conocido fue el del ex camarista Eduardo Freiler, quien primero logró evitar un “jury” para finalmente ser destituido por enriquecimiento.
El 6 de junio de 2018, el Gobierno promulgó la nueva Ley de Subrogancias. La norma anterior fue declarada inconstitucional hacia fines de 2015 por la Corte Suprema. La nueva ley dispone que los nuevos magistrados sean elegidos por sorteo con acuerdo del Senado. Durante la administración kirchnerista, la Cámara Alta no podía intervenir, generando por parte del Consejo maniobras discrecionales a la hora de designar jueces subrogantes. Allí está el caso ya comentado por este medio del poco fundamentado nombramiento de Alejo Ramos Padilla como subrogante en Bahía Blanca –el juez de Dolores hoy es noticia por haber citado a indagatoria al Fiscal Carlos Stornelli por presunta extorsión-. Las vacancias en los Juzgados Federales representan una de las grandes deudas pendientes. Según datos oficiales, entre 2016 y 2018 se realizaron 169 nombramientos de jueces nacionales y federales, de los cuales 93 pertenecen al último año. El mismo informe consigna que hay a su vez 88 pliegos en el Senado. Aun así, se estima que hay entre un 20 y un 30% de vacantes sólo en la justicia federal.
En Mar del Plata, por ejemplo, el Juzgado 1 se encuentra subrogado desde el año 2015, cuando quien fuera su titular, Alejandro Castellanos, fue designado camarista en la ciudad de Salta. El Dr. Castellanos tuvo a su cargo la denuncia por los subsidios «truchos» en la desaparecida ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario). La información que siempre circuló es que el kirchnerismo se la envió en pleno conocimiento de que el juez concursaba para el cargo en la provincia gobernada por Juan Manuel Urtubey. Castellanos se declaró incompetente y derivó la causa hacia Comodoro Py. El 25 de septiembre de 2015, la ex Presidenta Cristina Kirchner firmó el decreto 1993 a través del cual lo designó vocal de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de Salta. También en la ciudad balnearia está vacante un cargo en la Cámara Federal, luego de la renuncia del mencionado Jorge Ferro el 22 de marzo de 2018. Desde esa fecha hasta hoy, todos los fallos fueron resueltos por los dos jueces restantes, Alejandro Tazza y Eduardo Jimenez, sin tener que recurrir a un tercer voto circunstancial. Esta Cámara tendrá que decidir en los próximos días sobre la jurisdicción de la denuncia contra el Fiscal Carlos Stornelli, que se la disputan Ramos Padilla y Julian Ercolini. Muy probablemente decidan que la causa permanezca en Dolores.
Las grandes causas de corrupción se radican en Comodoro Py. Los 12 jueces se mueven con mucha destreza política en un terreno que conocen de memoria, lo que genera inevitablemente una densa concentración en pocas manos. En Brasil el sistema judicial es muy diferente: un magistrado de cualquier jurisdicción puede iniciar una investigación federal. El caso más conocido es el de Sergio Moro, que siendo Juez de la ciudad de Curitiba, en el Estado de Paraná, inició el Lava Jato.
La auditoría encargada en 2016 arrojó, de manera parcial, resultados poco auspiciosos. Por ejemplo, en el Juzgado 9 a cargo de Luis Rodriguez, se cerraron en apenas 6 años 160 causas por corrupción, permaneciendo en trámite sólo 30. Y en los últimos 20 años, de 5434 expedientes radicados en Comodoro Py, sólo siguen abiertos 1032. El complejo entramado de corrupción durante la era kirchnerista debió contar con la complicidad, o al menos el silencio, de muchos jueces y fiscales de la República, con la participación necesaria del Consejo de la Magistratura.
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
