Depredación de los recursos pesqueros, precarización laboral, falta de controles en las capturas y en las descargas de pescado, y una elevada pesca no declarada son sólo algunas de las deficiencias de la actividad pesquera que vienen señalando hace muchos años tanto la Auditoría General de la Nación como distintos organismos especializados. En un país con indicadores económicos alarmantes, la problemática del sector cobra ribetes casi trágicos.
Repasando la historia reciente, en un brillante trabajo realizado por el CONICET y la Universidad de Buenos Aires publicado en marzo de 2018 se afirma que “todo comenzó en 1986 cuando el Gobierno nacional firmó Acuerdos Marco en materia pesquera con la por entonces Unión Soviética (URSS) y Bulgaria, otorgándoles permisos de pesca dentro de la ZEE (Zona Económica Exclusiva) al sur del paralelo 41 para la captura del calamar y polaca, otorgándoles a los soviéticos cupos por 180.000 toneladas y 80.000 a los búlgaros. Pero ninguno de los términos pactados se cumplió: no sólo no se contrató fuerza laboral nacional, sino que además se sobre explotó el recurso, en un 350% en el caso de Bulgaria y un 154% en la URSS”. Y agrega: “Conforme tanto la extranjerización como la exportación del recurso se profundizaban, el excesivo esfuerzo de pesca paulatinamente comenzaba a significar una amenaza para la renovación de la biomasa de algunas especies. El INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero) ya reportaba en 1986 que la merluza común había alcanzado su nivel de máximo rendimiento sostenible”. Al respecto, el experto en el tema Dr. César Lerena, agrega que “además de depredar nuestros mares y quitar recursos y mercados a las empresas nacionales, el Estado nacional recibió un canon de apenas el 3% en lugar del internacionalmente aceptado 15%.El otro 12% se fue entre gestores y facilitadores”.
“De la gran variedad de peces que hay en el Mar Argentino, más del 70% del peso extraído corresponde a merluza, langostino, calamar y corvina blanca”, explica un informe de la Auditoría General de la Nación. El trabajo del CONICET aún es más lapidario respecto a las políticas implementadas para el sector durante la década del 90: “En 1994 comenzó a regir el denominado Acuerdo Sobre las Relaciones en Materia de Pesca entre la Argentina y la Comunidad Económica Europea, permitiendo el acceso de la flota extranjera a una de las mayores reservas mundiales de merluza. El acuerdo estipulaba que la Argentina se comprometía a despachar al mundo 250.000 toneladas anuales de pescado”. Sin embargo, el mismo estudio afirma que “los cupos de captura iniciales fueron ampliados reiteradamente por el Estado Nacional. De este modo, los permisos de pesca se multiplicaron fraudulentamente: numerosos buques argentinos cedieron sus licencias pero siguieron operando clandestinamente comprando permisos caducos”.
Cabe consignar que para ejercer la actividad extractiva es necesario contar con un “permiso de pesca”, habilitación otorgada por la autoridad de aplicación, la Subsecretaría de Pesca, previa autorización del Consejo Federal Pesquero (CFP). El permiso sólo será efectivo cuando se complemente con una “Cuota Individual Transferible de Captura”. El Consejo Federal Pesquero es el organismo del Estado que define la política pesquera del país y el principal regulador de la actividad pesquera marítima a nivel nacional, creado por el Gobierno de Carlos Menem en 1997. Lo integran 17 funcionarios, entre otros, un Presidente, dos representantes del Poder Ejecutivo Nacional, y enviados de las provincias pesqueras. Sus cargos son “ad honorem”. El INIDEP, por su parte, fue creado en 1977 y su función principal es aconsejar, mediante estudios, a la Subsecretaría de Pesca, al Consejo Federal Pesquero y a la Cancillería “en el uso racional de los recursos pesqueros con el objetivo de preservar el ecosistema marino para las generaciones futuras”. Por ello, en su artículo 8, el CFP dice que “debe establecer la Captura Máxima Permisible por especie, según datos proporcionados por el INIDEP”. Dicho Instituto fue recientemente intervenido por el Gobierno Nacional, designando como Director a Marcelo Lobbosco. En base a los informes aquí presentados, evidentemente algo falló.
Entre 1985 y 2011, la población de merluza se redujo entre un 50 y un 80%. Dice el informe del CONICET: “Empujando algunas especies al borde de la extinción, la excesiva presión sobre el recurso, la fijación por parte del Estado de cupos superiores recomendados por el INIDEP y la constante transgresión de los mismos por parte de las firmas pesqueras, inexorablemente condujeron al colapso biológico del caladero”. Y prosigue aseverando que “mediante distintas resoluciones en 2007, el gobierno recortó el cupo anual para la extracción de merluza a buques fresqueros para favorecer a los grandes barcos-factoría, afianzando la presencia en el caladero de buques extranjeros”, comentando que “la propia FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) alertaba en 2015 que el caladero argentino se hallaba en situación preocupante, considerando como agotadas o sobre explotadas a más de la mitad de las 16 especies evaluadas”.
Así mismo, dicho estudio menciona otro inconveniente: “Otra grave problemática es el descarte, que según cálculos conservadores, oscila entre 70.000 y 100.000 toneladas anuales tiradas al mar. Pero según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la cifra es mucho mayor: 140.000 toneladas al año. Lo cual equivaldría a decir que la población argentina es despojada de 1,5 millón de raciones de un costoso alimento de alto valor proteico y nutricional”.
Y concluye en forma tajante: “El descarte es apenas una de las numerosas irregularidades constatadas. En un contexto signado por altos niveles de corrupción corporativa e institucional, eran habituales las operaciones fraudulentas de comercio exterior (contrabando, triangulación de exportaciones, evasión aduanera), la operación habitual de buques sin habilitación e incluso el otorgamiento de cupos a embarcaciones que no contaban con el permiso correspondiente”. Y arroja un dato escalofriante: “Durante el período 2006-2009 la Auditoría General de la Nación comprobó que los volúmenes reales descargados en puerto eran entre un 15% y un 762% superiores a los partes de pesca de merluza declarados por cada buque”.
Tal como informáramos en este medio, en la ciudad de Mar del Plata, cuyo puerto concentra el 57% de las capturas nacionales y el 98% de toda la provincia de Buenos Aires, es muy conocido Oscar Fortunato, sindicado por muchos como “lobbysta” de tres de los más grandes grupos nacionales del sector, Solimeno, Moscuzza y Valastro. El Presidente Mauricio Macri lo designó en 2017 como Representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo Federal Pesquero. Las tres empresas mencionadas, junto al grupo Mattera y a Iberconsa integran el CEPA (Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas). “Curiosamente hasta hace unos meses Oscar Fortunato presidía este Consejo. El mismo personaje que en 1986, año de los acuerdos con los soviéticos que marcó el comienzo de la depredación, era Director Nacional de Pesca Marítima y ex gerente de la quebrada ARPEMAR, una de las empresas que con mayor énfasis apoyó estos acuerdos”, dice Lerena. La presencia de Fortunato en el Consejo Federal Pesquero genera mucha polémica. El problema del CFP es que nadie sabe cómo se eligen sus integrantes ni cuánto duran sus mandatos. Lo que despierta al menos ciertas suspicacias. Más tratándose del organismo que define la política pesquera nacional y planifica su desarrollo.
La hija de Oscar Fortunato, Ayelén, es la Coordinadora Administrativa del Distrito Mar del Plata. En los hechos, es la encargada de cargar los datos de pesca al Sistema General de Pesca (SISGRAL). La AGN dice que “las Actas de Desembarco de los buques no controlados se confeccionan con los datos que se extraen de las Actas de Pesca presentadas por los armadores, sin ninguna otra verificación posterior”. Referido al puerto de Mar del Plata, afirma: “Las balanzas utilizadas por la Subsecretaría de Pesca en dicho puerto durante la fiscalización de las descargas pertenecen a las empresas armadoras y no son sujetas a ningún procedimiento de control”.
Ya en el año 2011, el entonces titular de la AGN, Leandro Despouy, sentenciaba en un artículo publicado en el diario “Clarín”: “Desde los 90, la Auditoría viene señalando el riesgo de colapso de los principales recursos pesqueros, debido a una crónica sobre explotación y a prácticas que están devastando algunas especies, como el calamar y la merluza común”. Y consigna un ejemplo: en el año 2009, el INIDEP recomendó una captura máxima de 40.000 toneladas, cuando en la Argentina se desembarcaron 57.000. “La depredación es alarmante”, afirma. El último informe de la AGN, ya bajo el mando de Oscar Lamberto, detectó que “la Subsecretaría de Pesca no cuenta con un sistema de monitoreo automatizado que permita el seguimiento y la generación de alarmas ante el posicionamiento de un buque en zona de veda a una velocidad que presuma que está realizando tareas de pesca”. En enero de 2018, Juan Manuel Bosch fue designado como Subsecretario de Pesca de la Nación. Aunque nadie duda que quien mueve los hilos es Oscar Fortunato.
En el informe de auditoría del año 2008, la AGN ya marcaba algunas incongruencias: “De los datos consignados en el Parte de Pesca y en el Acta de Desembarco surge que para la especia Merluza hubbsi existe casi un 9% de diferencia entre lo declarado y lo constatado por el Inspector, y para el langostino la diferencia es del más del 20%”. Y en el año 2015 consignaba: “La información volcada en los partes de pesca presentan vacíos e inconsistencias”. Y la auditoría correspondiente al período 2016-2017, sentencia que “todos los procesos de capturas de datos se realizan de forma manual, a pesar que, por ejemplo, en las plantas pesqueras las empresas disponen de balanzas electrónicas que registran los pesos y los almacenan en sus sistemas informáticos”.
En su artículo, Leandro Despouy estima, de acuerdo a los informes relevados por el organismo que manejaba, que “la pesca no declarada se calcula en al menos un 10%”. Aunque hay quienes aseguran que la evasión llega al 60%, monto que parece exagerado, la cifra en la que la mayoría concuerda es alrededor del 20%. Según datos brindados por la Subsecretaría de Pesca, en 2015 la Argentina exportó U$S1465 millones, en 2016 lo hizo por U$S1700 millones, y en el año 2017 más de U$S1900 millones, siendo de este modo el octavo complejo exportador del país. En un artículo anterior publicado en este medio, se consignó que en la página web del CEPA, si bien no registraba totales, figuraba una larga y detallada lista de especies exportadas durante 2017 en dólares. Sumando dichas cifras, el total exportado se elevaba a más de U$S3.600 millones, un 80% más que lo informado por el Gobierno. Llamativamente, dichos indicadores ya no figuran en la página.
Tomando los datos oficiales, la evasión estaría en el orden de los U$S1000 millones en tres años. En un país con más del 33% de su población bajo la línea de pobreza y con un alarmante déficit comercial crónico, y en una ciudad como Mar del Plata que supera el 11% de desocupación, indudablemente la presunta evasión cobra dimensiones aún mayores. En este contexto, no resulta extraño contemplar que el puerto marplatense atraviesa una crisis estructural que periódicamente muta en fuertes estallidos sociales. Actualmente se teme por una ola de despidos.
La situación se agrava cuando quienes deben controlar en verdad parecen ser más parte del problema que de la solución. La actividad pesquera simboliza casi a la perfección la dinámica de la economía argentina: un país rico en recursos, pero con dirigentes que en muchos casos sólo piensan en su propio bien.
Pablo Portaluppi
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
