En marzo pasado, el gobierno nacional, a través del ministerio de Capital Humano, anunció el cierre de 59 Centros de Referencia (CDR) en todo el país, “espacios locales de gestión para acercar a la población las políticas públicas y promover los derechos sociales”, tal cual la definición que se puede leer en la página oficial.
Creados al calor de la crisis de 2001, se expandieron y se estructuraron mayormente durante las administraciones de Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández, entre 2003 y 2015.
De acuerdo al gobierno de Javier Milei, la decisión de cerrarlos definitivamente “constituye un ahorro anual de $5.000.000.000”, de los cuales $4 mil millones se destinaban a pagar más de 600 sueldos. Además, insumía gastos de alquiler por $88M, y $20.000.000 en traslados de 50 autos oficiales.
“Como resultado de la auditoría interna que está realizando el Poder Ejecutivo desde el 10 de diciembre, se determinó que los mencionados centros recibían escasas consultas por día”, afirmaba el comunicado de la cartera que conduce Sandra Pettovelo, a los que no dudaba en calificar a los Centros de Referencia como “cajas de la política y aguantaderos militantes”.
Uno de los CDR funcionaba en la ciudad de Mar del Plata, dentro del politizado y abandonado Instituto Saturnino Unzué, donde queda muy expuesta la compleja telaraña estatal tejida en los últimos años.
En el lugar también había oficinas de Desarrollo Social, Acceso a Justicia, Ministerio de Mujeres, INADI, Biblioteca Nacional y Andis (Agencia Nacional de Discapacidad), así como también un espacio cultural impulsado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y oficinas del Renaper (Registro Nacional de las Personas).
Un entrecruzamiento de diferentes dependencias del Estado que en total aglutinaban a más de 50 empleados. También operó, durante la pandemia de coronavirus, como Centro de Vacunación. Y durante el gobierno de CFK, se inauguró el “Espacio Unzué”, un lugar de recreación para chicos, muy bien armado, que funcionaba en los enormes jardines del lugar.
El articulador del espacio hasta el 10 de diciembre de 2023 fue el actual concejal y militante de La Cámpora, Diego García.
Desde las oficinas locales cuestionaron la medida aduciendo que el espacio servía para “conseguir desde un Certificado Único de Discapacidad o el Monotributo Social, hasta tramitar los medicamentos biomédicos de alto costo que entregaba la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE)”.
También, afirman, desde allí se les brindaba asistencia a comedores y merenderos sociales, “asistencia habitacional a personas que sufrieron el incendio de su casa o alguna inclemencia climática”, y “ayuda a quienes no pueden pagar sus impuestos u otras obligaciones”.
En la resolución de Capital Humano, se dice que “los CDR serán sustituidos por trámites digitales para ahorrar, modernizar y mejorar la eficiencia del sistema”, a la vez que “en pleno horario laboral, se reveló la ausencia de más de la mitad del personal, siendo un evidente ejemplo de burocracia e ineficiencia estatal”.
Lo cierto es que en las últimas horas, ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) filial marplatense informó que llegaron más telegramas de despido a aquellos empleados que se les había renovado en marzo el contrato por tres meses, es decir, hasta el 30 de junio.
Según fuentes sindicales, se trataría de cerca de 750 personas que trabajan en dependencias del Estado nacional en la ciudad, entre las que se cuentan el Inidep (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero), la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), la delegación local de la Secretaría de Trabajo, la Senaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), el citado Centro de Referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social.
Y hay más. Economía Social, la Base Naval, el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), los hoteles Antártida y Tierra del Fuego -que pertenecen a la Armada Argentina- y la Unidad Turística de Chapadmalal.
Cabe recordar también que el pasado lunes 10 de junio, el Gobierno nacional dispuso el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) distribuidos en todo el país, sobre un total existente de 105.
Como se dijo, uno de ellos funcionaba en Mar del Plata, justamente en el Unzué, en el mismo espacio que los CDR.
Y no sólo eso. En un distrito con menos de 700.000 habitantes, el CAJ funcionaba a través de 6 oficinas, con base en el Faro de la Memoria. También cuenta con atención en la Fundación Dios es Amor (Las Heras), la Delegación de Migraciones (centro), en Barrio Centenario y Barrio Pueyrredón, en lo que respecta a Mar del Plata; mientras que también tiene una sede en el Espacio Cultural «Lo de Gabín» en Batán.
Y tal como publicó este medio en su momento, el 2 de junio de 2023 se realizó en la ciudad balnearia el llamado “Taller de Promoción de DDHH, 40 años de democracia y Participación Estudiantil en el ámbito educativo”, destinado a autoridades y docentes del nivel medio. Pero los principales destinatarios del encuentro fueron los estudiantes, especialmente aquellos que integran todos los centros estudiantiles de las escuelas públicas del distrito.
Allí, se vertieron conceptos como “Los docentes no son más que uds”, “Hay que trabajar fuerte sobre los derechos vulnerados”, y “hay que empoderar a los chiques para que sepan que están en igualdad de condiciones con los docentes”.
Los disertantes fueron Matías Cerezo, Valeria Moris y Carolina Añino, todos funcionarios de la secretaría de DDHH de la Nación, y el encuentro se llevó a cabo, justamente, en el Unzué.
Pero mientras todo esto funcionaba y ocurría allí, el ex Instituto inaugurado en 1912 con el objetivo de albergar a niñas débiles y desprotegidas, literalmente, se cae a pedazos, como se puede apreciar en las fotos que ilustran este informe.
Con la sanción de la ley 26.061, en 2005 se decidió restaurar el lugar y ponerlo en valor, cuyas obras recién comenzaron en 2009 tras una serie de estudios de riesgo arquitectónico.
En septiembre de aquel año, la entonces Presidente Cristina Kirchner inauguró la primera etapa de la restauración del Unzué, a través de una inversión de 12 millones de pesos por parte del gobierno nacional. Al cambio del momento, $4 por dólar, unos U$S 3 millones.
En el acto, el ex intendente municipal de General Pueyrredón, Gustavo Pulti, agradeció el apoyo del gobierno nacional hacia Mar del Plata “para que todos los marplatenses podamos tener cada vez mejor calidad de vida”.
Por su parte, la ex mandataria dijo que el instituto, en sus anteriores condiciones, “era un ícono del abandono”. Acompañaban a CFK en el acto el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires y hoy funcionario de Milei, Daniel Scioli; la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner; el ministro del Interior, Florencio Randazzo; y el exministro de Economía y ex vicepresidente, Amado Boudou, entre otros.
Las obras finalizaron en 2012. Se informaba entonces que “en cuanto al resto de las dependencias del Instituto, que ocupan una superficie de alrededor de 8 mil metros cuadrados -sobre los 20.000 mts2 que tiene-, se estima que, una vez que se apruebe el proyecto y se llame a licitación, las obras demandarán por lo menos 4 años”.
Y ahí prácticamente todo se paralizó, más allá de algunos trabajos puntuales, como la restauración del ala norte, el teatro, la cocina y oficinas de la planta alta, y los sótanos que dan a la calle Santa Cruz.
De hecho, todavía cuelga un cartel en el frente del complejo donde se anuncia el comienzo de las obras para……julio de 2015.
Hasta que a fines de 2022, el gobierno de Alberto Fernández anunciaba que durante enero de 2023 “se iniciará un proceso licitatorio para el desarrollo de un plan de obras de puesta en valor del histórico edificio del Instituto Saturnino Unzué”, con un presupuesto de $995 millones, una extensión de un año de obras y tareas variadas que iban desde la restauración de fachadas hasta la puesta en valor del subsuelo, la planta baja, la planta alta y el oratorio.
También se preveía la construcción de “muros de protección en distintos sectores, reparación de techos, cielorrasos, suelos, escaleras de mármol, elementos ornamentales y de carpintería, herrería y mampostería”.
Por su parte, en el oratorio “se preveían realizar tareas de puesta en valor y restauración de la cúpula y el interior”, además de “la mejora integral del salón comedor ubicado sobre la calle Santa Cruz”.
Así mismo, se anunciaban nuevas veredas y accesos para personas con discapacidad, trabajos en los sistemas de agua y desagües cloacales, y en las instalaciones eléctricas, de gas y contra incendios.
Pero recién en agosto del año pasado, es decir ocho meses después del anuncio de Alberto Fernández, el gobierno nacional abrió la licitación para las obras, con un presupuesto actualizado de 1,4 millones de pesos y un plazo de obra de un año y medio.
Pero todo quedó en la nada misma. Y el Unzué, con su estructura avanzando sobre la ciudad, continúa con su estado abandonado y calamitoso.
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@PortaluppiPablo
El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
