Por Pablo Portaluppi
El Fiscal General Adjunto de la Procuración General de la Nación, Gabriel González Da Silva, designado para intervenir como tal ante la Cámara Federal de Mar del Plata en el expediente 2492/2013, donde está imputado el dirigente kirchnerista de Necochea Roberto Porcaro, imputado en un desprendimiento de la causa llamada “La Ruta del dinero K”, solicitó que el Juez interviniente en el proceso, Dr. Bernardo Bibel, sea apartado del mismo por manifiesta parcialidad. Al mismo tiempo expuso, en la cédula de presentación a la que tuvo acceso este medio, una presunta connivencia entre Fiscales Federales, a la vez que mencionó una decisión del magistrado Alejo Ramos Padilla que genera ciertas suspicacias.
La maniobra investigada originalmente consistió en la adjudicación directa el 14 de febrero de 2013 por el lapso de 35 años a un grupo de empresas denominado “Sitio 0 de Quequén S.A.”, cuyo Presidente es Alejandro Nari, y conformado por las firmas A&J Nari SA, E-Grain SA, Alea y Cía SA, Lartigoyen y Cía SA, y Financial NET SA, para la construcción de un elevador de granos en el Puerto de Quequén, en la ciudad de Necochea. Según el Fiscal, “se omitió realizar el proceso de licitación correspondiente, e incumpliendo con los reglamentos del Consorcio Portuario Regional, otorgándose la concesión de forma directa y en muy pocos días”. También el representante de la Procuración subraya que “asimismo se investiga el pago aproximado de U$S73.000 a favor de Roberto Porcaro y su esposa Patricia Sirvente, como resultado de una operación de bolsa efectuada el 27 de diciembre de 2012, en la que interviniera como intermediaria la firma Financial NET”, una de las integrantes del grupo de empresas adjudicatarias. Dicha empresa se cree que podría formar parte de Helvetic Service Group SA, propiedad de Lázaro Báez, presunto testaferro de los Kirchner. Otras versiones indican el presunto pago a Porcaro de un millón de dólares.
Roberto Porcaro es un dirigente muy conocido en la zona, de fuerte vinculación en los comienzos de la democracia con el radicalismo y luego con el kirchnerismo, creando en 2006 la agrupación “Compromiso K”, con el objetivo de reclutar cuadros políticos para el espacio en ese entonces conducido por Néstor Kirchner. Uno de los reclutados fue Amado Boudou. A su vez, Porcaro es acusado de participar durante las últimas décadas de obscuros negocios. Actualmente, por la causa referida por el Fiscal González Da Silva, se encuentra imputado por lavado de dinero y tráfico de influencias. La operación bursátil aludida habría consistido en la compra venta de bonos, que fueran parte de la investigación por lavado en la causa 3017/2013, conocida como “La ruta del dinero K”, en la que está procesado Lázaro Báez. Quien había iniciado aquellas pesquisas fue el Fiscal José María Campagnoli, luego apartado de la misma por la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó.
En la causa están imputados, además del mencionado Porcaro, los integrantes del directorio del Consorcio Portuario de Quequén de aquel entonces, que aprobaron en tiempo récord la propuesta inversora. El más importante es José Luis De Gregorio, quien fuera su Presidente al momento de los hechos. A su tiempo, el Fiscal Campagnoli había denunciado un viaje a EEUU en abril de 2012 que hicieron juntos Porcaro, De Gregorio y Carlos Mocorrea, Titular de Financial NET, el cual “podría haber sido de importancia para la gestación de la irregular operación que luego se llevaría a cabo”.
En su presentación, el Dr. González Da Silva dice: “Nótese que en la presente causa los hechos ocurrieron entre 2012 y 2013, siendo que 6 años después los imputados fueron convocados a declarar”. Recién en enero de 2019, el Juez Federal de Necochea, Bernardo Bibel, decidió allanar, por pedido del Fiscal Federal de Mar del Plata Nicolás Czizik, el domicilio de Roberto Porcaro en el cual se “secuestraron” U$S400.000, hecho que reveló el periodista Daniel Santoro en “Clarín”.
El Dr. Czizik interpuso un recurso de apelación ante la Cámara de Mar del Plata contra la decisión del Juez Bibel de no hacer lugar a la inhibición general de bienes respecto de José Luis De Gregorio y el resto de los ex miembros del Concorcio Portuario de Quequén, por entender el magistrado que se podría tratar de una medida prematura. Lo curioso del caso es que el Fiscal Czizik, a quien se lo identifica con la agupación judicial K Justicia Legítima, ya había presentado un recurso similar donde también incluía en el mismo a Porcaro y su esposa. En su nueva presentación ante la Cámara no los incluyó. El 19 de octubre de 2018 los imputados fueron convocados a prestar declaración indagatoria, por considerar que existían motivos para sospechar sobre la existencia de los hechos investigados. El Juez Bibel manifestó estar de acuerdo y los imputados nombraron abogados defensores. La demora en la tramitación de la causa, según González Da Silva, “repercutiría negativamente en las arcas del Estado” al denegar el Juez el pedido de inhibición de bienes de algunos de los imputados. El Fiscal afirma tajante que “queda demostrado la existencia del recaudo de peligro en la demora”.
Respecto al magistrado Bernardo Bibel, el representante del Ministerio Público solicita el apartamiento del mismo “por considerar que existe sospecha cierta de parcialidad”. Y explica sus fundamentos: “Como Fiscal General Adjunto de la Procuración, fui designado para intervenir en la instrucción de la causa 41766/2016, radicada en el Juzgado Federal 1 de la localidad de Azul (N de R: Jurisdicción de la Cámara de Mar del Plata) donde se investiga la irregular tramitación de la presente causa desde su inicio. Fue así que el Fiscal José María Campagnoli poco tiempo después de efectuar la denuncia que motivara el inicio de este sumario, advirtió que resultó archivado, sin haberse llevado a cabo las medidas probatorias mínimas”.
Ello motivó una nueva denuncia de Campagnoli, en la cual imputó a los funcionarios judiciales intervinientes en la pesquisa, el Fiscal Federal de Necochea Juan Manuel Portela y el Juez Federal Bernardo Bibel. También denunció al Fiscal Federal ante la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Eduardo Adler, “por la irregular tramitación de la causa en claro beneficio de los imputados”. Necochea también es jurisdicción de la Cámara marplatense, hoy en la mira por algunas controvertidas decisiones tomadas en los últimos tiempos. Ante un nuevo impulso del expediente, los fiscales Portela y Adler se excusaron de intervenir al advertir que se encontraban implicados en la causa.
Pero el dato más llamativo es que en el expediente 41766, donde se investiga la irregular tramitación de dicha causa, fue designado el Juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien se excusó de intervenir manifestando “compartir con los imputados Portela, Adler y Bibel diversos espacios profesionales”, lo que lo llevó a inhibirse de actuar en la investigación. De mínima, es un argumento muy suspicaz. ¿A qué se refiere con “compartir espacios profesionales”?. El Fiscal Daniel Adler es el titular de Justicia Legítima en Mar del Plata. Y uno de los secretarios designados en la agrupación judicial K conformado el 18 de junio de 2015, es el Juez del Tribunal Oral Federal Mario Portela, padre del Fiscal de Necochea Juan Manuel Portela. También allí ocupa un prominente cargo Alejo Ramos Padilla.
En el sumario abierto se detectó que, según el escrito presentado por González Da Silva, “la maniobra en la cual se encuentra sospechado el Juez Bibel habría sido llanamente beneficiar a los imputados”. En otro párrafo, el representante de la Procuración sostiene que “el hecho de haber dispuesto el archivo del expediente sin haber corroborado que se hubiesen realizado las medidas mínimas e indispensables para el esclarecimiento de los hechos verificaría en el ánimo del magistrado una seria inclinación favorable hacia los imputados en el proceso”. Y agrega que “por tal motivo, resulta inadmisible la continuidad del Dr. Bernardo Bibel en la presente investigación”.
Pero esto no termina allí. Ante la falta de avance de la causa original, el ex concejal de Necochea Alberto Esnaloa realizó diversas presentaciones para activarla. Pero se encontró con que el expediente estaba “perdido”. Primero, la Fiscalía a cargo de Juan Manuel Portela manifestó que el expediente se encontraba archivado en el Juzgado. Luego, cuando los funcionarios judiciales fueron requeridos a tal efecto, adujeron que “no lo encontraban”. Posteriormente informaron que había sido remitido al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 42. Ante tal situación, Campagnoli tomó intervención y logró determinar que el legajo se hallaba, justamente, en el Juzgado a cargo de Bernardo Bibel. Se estima que ello fue producto de las poderosas influencias de Roberto Porcaro. El Dr González Da Silva considera que “deviene inaceptable que el avance de la causa, en el marco de la cual se investigan hechos de suma gravedad y trascendencia institucional, continúe bajo la dirección del Dr. Bibel”.
El 6 de abril de 2017, la Cámara Federal de Mar del Plata resolvió la nulidad de todo lo actuado en relación a unos allanamientos a casas de cambio y cuevas financieras que había dispuesto el Juez Santiago Inchausti y la Fiscal Laura Mazzaferri en 2016 debido a “graves inexactitudes en la transcripción de las escuchas telefónicas” realizadas por dos gendarmes. Esta pesquisa, aunque sin proponérselo, llegó hasta Daniel Muñoz, presunto testaferro de Néstor Kirchner. En aquella oportunidad, el Tribunal de alzada estuvo integrado por Bernardo Bibel, ante la ausencia de Jorge Ferro, que en marzo de 2018 debió renunciar a su cargo de camarista cercado por denuncias de trata de personas y lavado de activos.
Como ya se dijo, Daniel Adler es el Fiscal ante dicha Cámara, que tiene que decidir en los próximos días sobre la competencia de Ramos Padilla en la causa por espionaje que involucra a Carlos Stornelli, y que tiene a Roberto Porcaro, a quien Bibel debe investigar, como uno de sus querellantes.
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
