Por Pablo Portaluppi
En la ciudad de Bahía Blanca está radicada la causa 10451/2014 donde se investiga una significativa emisión de facturas apócrifas por parte de un conglomerado de empresas bahienses de reconocidas familias de la ciudad para beneficiar a Austral Construcciones S.A., firma propiedad de Lázaro Báez. Esta maniobra ilícita le permitió al presunto testaferro de los Kirchner, no sólo perjudicar al fisco al reducir notoriamente los impuestos, sino más que nada “a resguardar o encubrir sobreprecios de la obra pública, volcándose ese altísimo circulante a operaciones de lavado de dinero”, según dice textual el requerimiento de instrucción llevado a cabo por el Fiscal Federal Guillermo Marijuán fechado el 15 de abril de 2015. Dicha evasión rondaría los $670 millones. La causa está actualmente a cargo del Juez Federal Nro.1 de Bahía Blanca, Dr. Walter López da Silva. Pero antes la instruyó Ramos Padilla por el lapso de seis meses.
Esta causa es de vital importancia porque se trataría del delito precedente del lavado de dinero por el que está procesado en Comodoro Py Lázaro Báez. También el proceso de Bahía Blanca conecta con otro expediente trascendente: la llamada causa “Vialidad”, instruida por el Juez Julián Ercolini, donde está procesada como jefa de una asociación ilícita la ex presidenta Cristina Kirchner, por fondos asignados a la obra pública víal, mayormente en Santa Cruz, cuyo juicio oral comenzaría en mayo de este año. Para subrayar la importancia del expediente tramitado en Bahía, cabe citar un párrafo del procesamiento contra la ex mandataria dispuesto por el Dr. Ercolini: “La facturación falsa le permitió a Báez-socio comercial de Cristina Fernández-justificar y respaldar documentalmente costos inexistentes que, a su vez, servían para resguardar o encubrir sobreprecios de obra pública que luego todo ese altísimo circulante se volcaría o destinaría a operaciones de lavada de dinero”.
El 9 de agosto de 2012, el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, decidió, a través de la disposición 299 y comunicando la decisión mediante una teleconferencia, rebajar de categoría a la seccional Bahía Blanca de Dirección a Agencia, lo que implicó la cesantía de 49 agentes impositivos. La razón aducida fue un conflicto gremial, pero el motivo real fue que durante los años 2011 y 2012, sabuesos de la AFIP a cargo de Carlos Blanco habían detectado la maniobra. Las actuaciones obrantes pasaron a depender mayormente de Mar del Plata. Por este motivo, Echegaray fue recientemente llevado a juicio oral. La Unidad de Información Financiera (UIF), que se había presentado como querellante en la causa, manifestó que “se les imputa a Echegaray y a Toninelli el haber encubierto e incumplido sus deberes de funcionario público con el fin de beneficiar a Lázaro Antonio Báez”, agregando que “se les atribuye haber obstruido el avance de las fiscalizaciones” que llevaron a cabo los sabuesos de la AFIP de la ciudad de Bahía Blanca en la causa de las facturas apócrifas emitidas por diversos grupos económicos bahienses.
El primer juez que tuvo la causa de las facturas truchas fue Santiago Ulpiano Martínez, quien subrogaba el Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, pero fue desplazado por la entonces mayoría k en el Consejo de la Magistratura el 18 de junio de 2015, dos días después de disponer allanamientos a las firmas cuestionadas, alegando entorpecimiento en el avance de diversas causas de derechos humanos que tramitaban en aquella ciudad. En su reemplazo fue designado Alejo Ramos Padilla, cargo al que renunció el 31 de diciembre de 2015, es decir, veinte días después de asumido el Gobierno de Mauricio Macri. Consultado por las facturas “truchas” para favorecer a Lázaro Báez, dijo textual: “En el juzgado no hay ninguna imputación fiscal contra el empresario”.
Apenas Ramos Padilla tomó posesión del cargo en Bahía, el 24 de junio de 2015-de manera irregular, ya que lo hizo ante el entonces Consejero Jorge Candis, cuando debería haberlo hecho ante la Cámara bahiense, cosa que recién hizo en los primeros días de julio-, inició un sumario interno llamado “Irregularidades reorganización del Juzgado Federal 1”. En los más de 6 meses en los que tuvo a cargo la causa de las facturas apócrifas, dicho expediente apenas se incrementó en 73 fojas, mientras que el sumario mencionado acumuló más de cinco cuerpos con 1113 fojas. Finalmente, tres años después, el sumario fue archivado al no verificarse ninguna irregularidad.
En aquel sumario, Alejo Ramos Padilla habría ejercido una fuerte presión psicológica y acoso laboral a los empleados del Juzgado donde subrogaba, según se desprende de las propias declaraciones de los funcionarios en sede judicial. Le habría ordenado a su personal de confianza “Tareas de Reunión de Información” fuera de todo registro formal, sin la presencia de ninguna de persona de contralor, ya sea un instructor o un auditor, sin el debido respaldo documental y la inexistencia de firmas de los “informantes”. En el año 2016, los funcionarios judiciales “perseguidos” por el Juez dieron su testimonio ante la apertura de un Sumario.
El 31 de agosto de 2016, comenzaron los testimonios ante la Justicia. Si bien este medio reveló en anteriores notas la identidad de los funcionarios, los mismos pidieron no volver a nombrarlos debido al estado de temor que aún se vive, sobre todo a partir de la notoriedad cobrada por Ramos Padilla en los últimos meses. “La presión estaba y estuvo latente desde un primer momento”, dijo una de ellos, agregando que “sufrieron en los primeros tiempos presión psicológica y después directamente aprietes”, aclarando que estos aprietes lo ejercían las personas que el Juez llevó a trabajar con el ajenas a la jurisdicción, entre ellas un cabo de la Federal que solía pasarse armado por el Juzgado llamado Mario Vajsejtl. A su vez, agregó que dicho personal realizó tareas de obtención de información en relación a las relaciones interpersonales (amistades, enemistades, etc) entre los empleados del Juzgado, “para saber de qué lado estaba cada uno”.
Otro de los testimonios obrantes detalló que “Ramos Padilla se presentó acompañado de una docena de personas. La actitud de algunos de ellos era absolutamente intimidante, llegando hasta a “tantear” en los estantes del escritorio, como si buscaran micrófonos. Hasta llegaron a revisar los residuos descartados por el personal”. Y afirmó que “la causa Ficcadenti (N. de la R.: se refiere a la causa de las facturas apócrifas, llamada así por el apellido de una de las familias dueñas de diversas empresas involucradas) fue lo primero que pidieron”. Por este motivo, y luego de escuchar a no menos de siete funcionarios, el Juez Walter López Da Silva le inició una causa penal a su par de Dolores, la 221/2019, en la que el primer Fiscal interviniente, el ex magistrado removido por el kirchnerismo Santiago Ulpiano Martínez se excusó por obvias razones, no sin antes advertir que se estaba en presencia de delitos de acción pública. El actual Fiscal interviniente, Gabriel González Da Silva, aún no habría presentado requerimiento de instrucción. Paradójicamente, González Da Silva es el mismo representante del Ministerio Público que acaba de solicitar la remoción del Juez Federal de Necochea Bernardo Bibel por no haber investigado a fondo una causa conexa a “La ruta del dinero K”
Al momento de asumir la subrogancia, Ramos Padilla nombró a 16 personas ajenas a la jurisdicción provenientes de Dolores, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal por entonces a cargo de Alejandra Gils Carbó, y hasta de la Policía Federal. Revistieron funciones Mauro Lambozzetta y Gustavo Puppo, del Juzgado de Dolores, quienes aún revisten como tal; Leandro Massari y Victoria Fraga, empleados de la Procuración; Pablo Andrés Vassel, designado a instancias de la por entonces Presidenta del Consejo de la Magistratura Gabriel Vázquez, perteneciente a Justicia Legítima; Noelia Matalone, contratada en la Oficina Anticorrupción por el ex vicepresidente Amado Boudou y por el ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina (Decreto 65/2012), y Mario Vajsejtl, el mencionado cabo de la Policía Federal que continúa trabajando junto al Juez (Ver foto).
También durante su controvertido paso por Bahía Blanca, el 29 de junio el magistrado mantuvo al menos una reunión con el abogado José Luis Alonso, defensor de los imputados José Antonio y Denis Ferreyra, en la causa de las facturas truchas. Pocos días antes de su renuncia, el 22 de diciembre de 2015, concedió la exención de prisión a ambos imputados, bajo la figura de caución juratoria. A su vez, el mismo día que autorizó a una de las empresas involucradas a extraer documentación, Ramos Padilla resolvió acumular la causa de las facturas apócrifas con otra causa, la 9195/2015, donde se investigaba a la firma Constructora Patagónica Argentina por simple evasión tributaria.
Por su parte, el 4 de agosto de 2015, el Juez decidió no remitir la causa a la Perito Contadora de la Corte Suprema de la Nación, pese a que dicha funcionaria era la encargada de evaluar la voluminosa documentación secuestrada. También fue muy cuestionada su acción en las causas que tramitaban ante el Juzgado 1 que involucran a Juan Ignacio Suris, quien estuvo detenido por asociación ilícita fiscal y lavado de dinero, y cuya causa fue elevada a juicio oral hace dos años. Un grupo de empresas vinculadas a Suris también habrían sido utilizadas de “usina” de facturas apócrifas para beneficiar a Báez. En la causa 11613/2014 iniciada para investigar la existencia de operaciones que debieron haber sido reportadas como sospechosas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires donde Suris realizaba sus maniobras comerciales, Ramos Padilla delegó las actuaciones en el Fiscal Alejandro Cantaro, también perteneciente a Justicia Legítima. Finalmente la investigación fue archivada a instancias de este último.
En su paso por Bahía, el Juez de Dolores acumuló cinco denuncias, que si bien aún permanecen en trámite, no han mostrado avances significativos. Lo mismo cabe para la mencionada denuncia penal abierta en su contra en la ciudad del sur bonaerense. Además, sumó una sexta denuncia en el Consejo por parte del Gobierno Nacional debido a la exposición que hiciera ante la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso por violación de secretos. Y también la nueva denuncia que le hiciera Elisa Carrió ante Claudio Bonadío, que se encuentra bajo secreto de sumario.
Una fuente bahiense le dijo a este medio: “Acá estamos indignados y sorprendidos que no se haya hecho nada contra Ramos Padilla. Los hechos por los que está denunciado ocurrieron en 2015, o sea, mucho antes que se iniciaran las causas de los cuadernos y del espionaje. Si Echegaray fue a juicio oral por encubrir a Báez, él también debería ser investigado por eso”.
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
