El gobierno de Kicillof gira solo $31.000 a los municipios para la nafta de los patrulleros

Cuando la Argentina se encuentra conmovida por el brutal crimen de Umma, la nena de 9 años hija de un custodio de la Policía Federal, asesinada de un tiro en la nuca en un intento de robo en Lomas de Zamora, hay algunos datos que convendría revisar.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires sólo giraba, al menos hasta fines de la semana pasada, $31.000 semanales para el abastecimiento de combustible de los patrulleros a los 131 municipios que componen su territorio.

Para ponerlo claramente en perspectiva: en un distrito como General Pueyrredon, cuya cabecera es Mar del Plata, apenas alcanza para cubrir el 40% del recorrido que debe hacer un móvil. Por ende, la cúpula policial debe hacer “malabares” para poder “pintar”, como se dice en la jerga, toda la ciudad.

Pero aunque se intercalen los 180 patrulleros que hay, sumados los del Operativo Sol, o se refuercen algunas zonas por sobre otras, nunca se va a poder cubrir todo el distrito. Y esto, lamentablemente, se traduce en una mayor inseguridad.

Si esto pasa en General Pueyrredon, cabe imaginar que la problemática se potencia en distritos más poblados y complejos como La Matanza, Quilmes, o la propia Lomas de Zamora.

Los $31.000 que gira el gobierno de Kicillof no se actualizan desde junio del año pasado, cuando la partida era de $26.000. Es decir, que en aquel momento sufrió un incremento del 20%.

Entre julio y diciembre, la Argentina padeció aproximadamente un 80% de inflación. En tanto, los combustibles se incrementaron, sólo durante la gestión de Javier Milei, un 100%.

Sin embargo, las partidas oficiales siguen igual.

Los $31.000 se aplican para Infinia Diesel, cuyo litro cuesta aproximadamente $1.000, de acuerdo a la zona. Lo que representa aprox. 30 litros que carga un patrullero, que no le alcanzan para recorrer lo que se demanda en forma diaria para “pintar” las calles, al menos en la ciudad de Mar del Plata.

A dicha suma se le debe agregar lo que giran los municipios, que en el caso de la gestión de Guillermo Montenegro, es de $1.800 diarios, llamado “YPF Ruta”. Con aquello, tampoco se llega a alcanzar lo requerido.

Pero lamentablemente, el problema no es nuevo. Pero ahora la situación ha empeorado.

En mayo de 2018, durante la gestión de María Eugenia Vidal, la carga de combustible alcanzaba sólo para 18 litros diarios.

Algo que también sucedía en 2011. En una nota dirigida al entonces ministro de Seguridad Ricardo Casal, en el gobierno de Daniel Scioli, desde la cúpula de la policía se reclamaba que “la suma es la misma partida que en 2005, pero de ese año al 2011 el combustible tuvo un aumento de 80 por ciento. Por esa razón, se detallaba que “se estaban recibiendo 600 pesos quincenales por móvil para poder realizar las patrullas, es decir unos 8 litros de combustible cada 24 horas”.

Vale decir que el dato actual lo había reconocido el propio ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, al afirmar el pasado 17 de enero que “tengo la mitad de combustible para ponerle a los patrulleros”.

Ante la acuciante inseguridad que azota el territorio desde hace años, la dirigencia política de la provincia tiende siempre a aplicar el mismo remedio: la incorporación a la fuerza de miles de efectivos.

Según había publicado este medio en mayo del año pasado, en 2007, cuando asumía el ex gobernador Daniel Scioli su primera gestión, la policía bonaerense contaba con 48.000 agentes. Al culminar sus dos gobiernos, en 2015, la fuerza ya tenía 77.000 efectivos, además de 18.000 policías locales, creadas por decreto el 30 de junio de 2014 para localidades de más de 70.000 habitantes.

Pero esa notable suba de agentes policiales no se tradujo en una baja del delito. Por el contrario, según estadísticas de la propia Procuración de la provincia de Buenos Aires, mientras que en 2007 hubo una tasa de 6,1 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, 7 años después, en 2014, la misma fue de 9,5.

En otros términos, en igual período, la cantidad de efectivos de la bonaerense creció un 60%. Pero también crecieron los delitos un 50%.

A fines de 2021, el entonces jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, junto a Sergio Berni, ex ministro de Seguridad, participaron de la jornada de inscripción de aspirantes a la Policía Bonaerense. Durante el evento, este último afirmaba que entre 2021 y 2022 sumarían a 40 mil nuevos agentes al conurbano.

Por otro lado, siempre según la información oficial, mientras que en 2007 se registraban 559.385 Investigaciones Penales Preparatorias, en 2015 se verificaban 719.728, lo que representa un aumento de casi un 30%. 

En tanto, en 2022 hubo 924.492 investigaciones. Respecto a 2007, casi un 65% más. El crecimiento también lo explica el aumento de otros delitos.

Las IPP son, por definición, una etapa del proceso penal que tiene por objeto determinar la existencia de delitos y la individualización de los eventuales autores. Las mismas se inician a partir de una intervención policial, una denuncia particular o una de oficio por parte de cualquier órgano judicial. 

Aunque la mayor presencia policial puede corresponderse con la cantidad de investigaciones, no es menos cierto que su crecimiento también puede interpretarse como una manifestación del incremento de la inseguridad a través de diversas formas.

pablo@elobservadoronline.com.ar

@PortaluppiPablo

Compartir en

Newsletter

Suscríbete a nuestro newsletter y recibe todas las novedades del portal

Newsletter

Suscríbete a nuestro newsletter y recibe todas las novedades del portal

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Otras publicaciones

Jorge Paredi

Los otros feudos, Capítulo 1: Mar Chiquita

A pesar de que sean distritos pequeños y que no otorguen demasiado caudal electoral, algunas localidades de la provincia de Buenos Aires son fieles exponentes