Duras críticas desde Mar del Plata a los cambios en la pesca propuestos en la Ley Ómnibus

Promediando el año 2016, el gobierno de Mauricio Macri elaboró un detallado informe titulado “El estado del Estado: Diagnóstico de la Administración Pública en diciembre de 2015”. El trabajo fue muy bueno, salvo por una razón: la ausencia total de un estudio sobre la pesca.

Con 4.800 km de línea de costa, y una superficie marítima de 2.809.237 km2 para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales, la acuicultura representa una de las principales actividades económicas de la República Argentina, con una gran diversidad de especies de interés comercial.

Pese a ello, la pesca siempre fue una actividad muy descuidada por todos los gobiernos.

En las últimas horas, la flamante administración de Javier Milei presentó el proyecto que lleva el nombre Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, una ley ómnibus de 664 artículos que establecen radicales reformas en distintas áreas de la vida cotidiana.

Una de ellas es la actividad pesquera, y los cambios que propone la nueva norma generaron fuertes cuestionamientos prácticamente en forma unánime, al menos desde Mar del Plata. Uno de los más críticos es el propio gobierno de Guillermo Montenegro, ex funcionario de Macri en CABA y actual intendente de la ciudad.

El foco está puesto en los artículos 26 y 27 de la Ley Federal de Pesca 24.922, sancionada el 9 de diciembre de 1997 durante el gobierno de Carlos Menem, referidos a los permisos de pesca y las cuotas de captura, respectivamente, que la nueva gestión quiere modificar.

La actual ley de pesca establece en la primera parte del artículo 26 que se priorizará para el otorgamiento de los permisos por un plazo máximo de 10 años, “a los buques que empleen mano de obra argentina en mayor porcentaje”; construidos en el país, y a los “que tengan menor antigüedad”.

Y en su segundo apartado, determina que los permisos serán dados hasta 30 años a todo aquel buque “perteneciente a una empresa con instalaciones de procesamiento radicadas en el territorio nacional y que procesen y elaboren en ellas productos pesqueros en forma continuada”.

Es decir, que la norma aún vigente le otorga prioridad a la industria argentina.

La nueva ley que proyecta el Gobierno establece que para el otorgamiento de los permisos “la autoridad de aplicación sólo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques”. Por otro lado, las habilitaciones “no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”.

En tanto, en el artículo 27 de la ley vigente se determina la asignación de las cuotas de capturas, estableciendo para el otorgamiento de las mismas condiciones similares a los permisos, agregando las inversiones realizadas por la empresa en el país, como también el promedio de toneladas de captura legal y productos pesqueros elaborados.

También se toma como referencia “la falta de antecedentes de sanciones aplicadas por infracción a las leyes, decretos o resoluciones regulatorias de la actividad pesquera”.

Los cambios fijados en el proyecto oficial en este artículo disponen que las cuotas de captura serán otorgadas “a través de un sistema de licitaciones internacionales, adjudicándolas a quien aporte el mayor arancel para la captura determinada”.

El artículo 245 de la nueva normativa establece que “los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”.

Es decir, abre el juego para empresas internacionales.

La autoridad de aplicación que ordenó la ley de pesca sancionada durante el menemismo fue el Consejo Federal Pesquero (CFP)

Hasta acá, es el organismo que define la política pesquera del país y el principal regulador de la actividad pesquera marítima a nivel nacional. Lo integran 17 funcionarios, entre otros, un Presidente, dos representantes del Poder Ejecutivo Nacional, y enviados de las provincias pesqueras. Sus cargos son “ad honorem”. Pero su rol también fue muy cuestionado en estos años, debido a graves irregularidades detectadas por la propia Auditoría General de la Nación, punto sobre el que se volverá más adelante.

Lo que básicamente se cuestiona del nuevo proyecto es que los cambios que promueve pueden tener consecuencias muy graves para las empresas del sector, y por ende también contra los trabajadores.

Resulta gravísimo que quien puede licitar una cuota de captura no necesariamente debe contar con un permiso de pesca aprobado por el Consejo Federal Pesquero y no se le exija ningún antecedente en el caladero para que pueda obtener la cuota”, afirman desde la actividad.

Esto es el fin”, sostiene el marino mercante y experto en pesca Roberto Maturana, consultado por este medio. “Liberan todo, van a venir busques de todos lados a depredar nuestras aguas. Es un desastre”, agregó.

Y brinda un dato: “El caladero argentino es uno de los más limpios y sanos del mundo. La mayoría están contaminados. Si vos ahora le vas a vender a los extranjeros un cupo de pesca que nadie va a controlar, es el fin de la actividad”.

El nuevo texto también modifica de raíz el precepto que reserva la explotación de los recursos vivos marinos dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (desde la costa hasta 200 millas marinas mar adentro) a personas físicas o jurídicas constituidas en el país de acuerdo con la normativa nacional vigente.

Ya no va a tener sentido el control”, razonan.

Guillermo Montenegro, Intendente de General Pueyrredon

A las críticas se sumó fuertemente el gobierno de General Pueyrredon encabezado por el dirigente del PRO, Guillermo Montenegro.

El secretario de Desarrollo Local e inversiones, Fernando Muro, en declaraciones al diario “La Capital”, calificó a las modificaciones como “un descuido absoluto, un despropósito que afecta al trabajo de los marplatenses”.

Vimos lo que esgrime el proyecto de Ley Ómnibus respecto a la actividad pesquera y la verdad es que hay preocupación en el sector. Desde el municipio también vemos que hay cuestiones que nos parecen que no están bien”, dijo el funcionario.

El puerto de Mar del Plata concentra más del 50% de las capturas de todo el país y el 90% de la provincia de Buenos Aires. Por ello, generó malestar en la ciudad que el gobierno nacional no haya consultado ni a la administración de Montenegro ni a las empresas del sector, dos de las cuales son de las más importantes del país: Moscuzza y Solimeno.

Por otro lado, se supo hoy que la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) presentará un recurso de amparo contra los cambios propuestos.

Pero cabe señalar también que el abandono del sector no es nuevo.

Distintos y variados informes que se fueron elaborando a lo largo de los últimos 20 años por la propia Auditoría General de la Nación y por organismos especializados, dan cuenta que la actividad pesquera ha venido sufriendo graves irregularidades, como depredación de los recursos pesqueros, precarización laboral, falta de controles en las capturas y en las descargas de pescado, y una elevada pesca no declarada.

Algunos ejemplos ya citados en diversos artículos por este medio.

Un trabajo realizado por el CONICET junto a la Universidad de Buenos Aires presentado en marzo de 2018 se mostraba muy lapidario respecto a las políticas implementadas para el sector durante la década del 90: “En 1994 comenzó a regir el denominado Acuerdo Sobre las Relaciones en Materia de Pesca entre la Argentina y la Comunidad Económica Europea, permitiendo el acceso de la flota extranjera a una de las mayores reservas mundiales de merluza. El acuerdo estipulaba que la Argentina se comprometía a despachar al mundo 250.000 toneladas anuales de pescado”.

Sin embargo, el mismo estudio afirmaba que “los cupos de captura iniciales fueron ampliados reiteradamente por el Estado Nacional. De este modo, los permisos de pesca se multiplicaron fraudulentamente: numerosos buques argentinos cedieron sus licencias pero siguieron operando clandestinamente comprando permisos caducos”.

Entre 1985 y 2011, la población de merluza se redujo entre un 50 y un 80%. Dice el informe del CONICET: Empujando algunas especies al borde de la extinción, la excesiva presión sobre el recurso, la fijación por parte del Estado de cupos superiores recomendados por el INIDEP y la constante transgresión de los mismos por parte de las firmas pesqueras, inexorablemente condujeron al colapso biológico del caladero».

Y prosigue aseverando que “mediante distintas resoluciones en 2007, el gobierno recortó el cupo anual para la extracción de merluza a buques fresqueros para favorecer a los grandes barcos-factoría, afianzando la presencia en el caladero de buques extranjeros”, comentando que “la propia FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) alertaba en 2015 que el caladero argentino se hallaba en situación preocupante, considerando como agotadas o sobre explotadas a más de la mitad de las 16 especies evaluadas”.

Así mismo, dicho estudio mencionaba otro inconveniente: “Otra grave problemática es el descarte, que según cálculos conservadores, oscila entre 70.000 y 100.000 toneladas anuales tiradas al mar. Pero según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la cifra es mucho mayor: 140.000 toneladas al año. Lo cual equivaldría a decir que la población argentina es despojada de 1,5 millón de raciones de un costoso alimento de alto valor proteico y nutricional”.

Y concluía en forma tajante: “El descarte es apenas una de las numerosas irregularidades constatadas. En un contexto signado por altos niveles de corrupción corporativa e institucional, eran habituales las operaciones fraudulentas de comercio exterior (contrabando, triangulación de exportaciones, evasión aduanera), la operación habitual de buques sin habilitación e incluso el otorgamiento de cupos a embarcaciones que no contaban con el permiso correspondiente”. 

Por su parte, la AGN determinó que “durante el período 2006-2009 se comprobó que los volúmenes reales descargados en puerto eran entre un 15% y un 762% superiores a los partes de pesca de merluza declarados por cada buque”.

Pero la situación hoy tiende a agravarse. Desde el sector afirman que no hay diálogo con el Ejecutivo, ya que el Presidente aún no designó a un subsecretario de Pesca.

pablo@elobservadoronline.com.ar

@PortaluppiPablo

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