Según recientes datos revelados por la Universidad Católica Argentina (UCA), el año 2023 terminó con un 62,9% de los niños y adolescentes viviendo en situación de pobreza y un 16,2% en la indigencia, las cifras más altas registradas desde 2010.
Es decir, 6 de cada 10 chicos son pobres e indigentes.
La investigación de la UCA, titulada “Trazando el Camino: Privaciones Estructurales, Avances y Desafíos en los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Argentina 2010-2023″, presenta una medición de la pobreza multidimensional, basada en seis aspectos del desarrollo de esa etapa de la vida: alimentación, saneamiento, vivienda, salud, información y estimulación/educación.
Desde 2011 hasta 2023, se observó un aumento constante en la proporción de hogares y personas con dificultades para acceder a una canasta básica alimentaria o total, con un incremento más pronunciado en la pobreza. “El esfuerzo de los hogares y la cobertura de las políticas públicas han tenido un papel crucial en la mitigación de la pobreza, pero persisten desafíos estructurales en la economía que requieren atención, y que ejercen un fuerte impacto en las estructuras de oportunidades de los hogares y sus miembros niños, niñas y adolescentes”, señaló el informe conocido el pasado 15 de agosto.
El informe no debería sorprender. Ya en febrero de 2023, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) daba a conocer que el 66% de los chicos eran “pobres por ingresos o estaban privados de derechos básicos, como el acceso a la educación, la protección social, a una vivienda o un baño adecuado, al agua o a un hábitat seguro”.
Los datos son contundentes: mientras en 2016, la pobreza infantil era del 46,1%, siete años después llego al 63%. Es decir, aumentó casi un 40%. En números reales: 1.200.000 más de chicos pobres.
Y este año la tendencia parece empeorar.
De acuerdo a datos proyectados en abril de 2024, “La prevalencia de la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia para el primer trimestre de 2024 alcanzaría valores en torno al 70% -de mantenerse las tendencias actuales-, mientras que la indigencia llegaría al 34%, con repercusiones en el bienestar actual y de largo plazo”, describía Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina.
Un niño es monetariamente pobre si reside en un hogar cuyos ingresos no alcanzan para comprar una canasta básica de bienes y servicios.
“En un contexto de vulnerabilidad social y elevados niveles de pobreza infantil, es importante sostener las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de protección de ingresos a los hogares”, advertía.
Pero esto no solo no fue así, sino que además el problema venía ya de 2023.
Según Unicef en un informe conocido esta semana, 1 millón de niños se van a dormir sin cenar cada día, y más de 7 millones viven en pobreza monetaria en la Argentina.
A su vez, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), afirmó que “el presupuesto asignado a programas para niños, niñas y adolescentes disminuyó en 2024 y es un 18% menor que en 2023 en términos reales”, registrando recortes en alimentación (-29%), salud (-50% en el programa principal) y educación (-43,7%).
Vale la pena detenerse aquí, ya que este medio publicó el año pasado una serie de informes al respecto.
Mientras que las erogaciones previstas en niños, niñas y adolescentes en el Presupuesto 2022 representaban el 2,05% en relación al PBI, para 2023 las mismas caían al 1,84%, “lo que equivale a una caída del orden del 10% en términos de nivel de actividad”, de acuerdo a un informe elaborado por UNICEF.
Las partidas previstas para el año pasado dirigidas a los chicos totalizaban $2.710.482 millones, mientras que en 2022 fueron de $1.676.326 millones, aseguraba el organismo.
Tomando esta cifra, se trataba de un aumento de poco más del 50%, cuando la inflación interanual fue más del 200%.
En 2001, uno de los peores años de la historia económica y social de la Argentina, la incidencia fue del 5,8% del PBI, alcanzando picos del orden del 8%.
Pero además, también caía fuerte el impacto de estas políticas en el gasto público.
Durante 2002, en plena crisis económica, la inversión destinada a los chicos llegó a representar el 31,9% del GPS (Gasto Público Social), alcanzando su pico máximo en 2005, con el 34,1%.
Para 2020, la incidencia había bajado a 26,7%.
Y sobre el gasto público total, que subió del 23,2% en relación al PBI registrado en 2003 al 40,9% en 2016, las partidas para niñez apenas representaban el 17,7% en 2020 contra los casi 21 puntos que alcanzaron en 2002.
En relación al año pasado, el documento, titulado “El presupuesto transversal dirigido a la niñez y la adolescencia para 2023”, ya advertía que algunos programas “tendrían riesgos importantes de desfinanciamiento, como la política alimentaria, las acciones vinculadas a la protección de ingresos y las respuestas orientadas a la expansión de la oferta de servicios de educación y cuidado de la primera infancia”.
En su informe, UNICEF señalaba que en el Presupuesto 2023 había “caídas en términos reales para todas las líneas de las asignaciones familiares”, detallando que, para el caso de las Asignaciones Universales por Hijo y por Embarazo, “la reducción es entre un 3% y un 10%”, según el nivel de inflación que se tome.
Pero había más. El organismo remarcaba que la “Prestación Alimentar (ex Tarjeta AlimentAr) también presenta signos de alerta”, ya que “los $342 mil millones presupuestados significan una caída muy significativa en relación a 2022, cualquiera fuera el escenario”. La misma oscilaba entonces entre un 17% y un 30%.
“Otro signo de alerta”, destacaba UNICEF, eran las erogaciones de “la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF)”. En total, el área tenía un presupuesto asignado de casi $14 mil millones, apenas un 0,01% del PBI.
“Algunos programas de la Secretaría”, subrayaba el organismo, “presentan caídas reales superiores al 20%, llegando en algunos casos al 40%”, concluyendo que estos ajustes “se dan en un contexto de elevados niveles de pobreza infantil”.
Como se aprecia, el problema no es nuevo. Pero en la actualidad, tiende a agravarse.
“Los recursos asignados a NNyA, en valores reales, vienen disminuyendo de forma constante. A nivel general, el informe indica que los recursos presupuestarios destinados a niñas y niños son un 18% menos que en 2023”, explica el informe confeccionado por la mencionada Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Sin embargo, de las partidas presupuestarias analizadas, el informe advierte que la AUH y la Prestación Alimentar cubrieron el 77% de la Canasta Básica Alimentaria en los primeros 6 meses de 2024. “Mejoraron respecto de 2023, pero se encuentran lejos de 2021 que fue de un 98%”, indica el informe.
Respecto del presupuesto, la ACIJ señaló que las políticas alimentarias, incluyendo la aludida Prestación Alimentar, disminuyeron un 29% respecto de 2023: “La Prestación Alimentar (con $1.813.290 millones) está destinada a transferir recursos a familias con niñas/os de hasta 14 años que cobran AUH. Ésta muestra una disminución del 20% respecto del año pasado”, explica el informe.
Por último, una breve referencia a un concepto poco difundido pero fundamental: la llamada inseguridad alimentaria.
Una persona padece este problema cuando carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable. Esto puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos y/o a la falta de recursos para obtenerlos.
Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la Argentina tenía en 2010 un nivel de inseguridad alimentaria del 6%, llevando ese guarismo en 2021 al 8,3%.
Y en 2023, al 13,9%.
Antonela Martina
