Por Pablo Portaluppi
El llamado a indagatoria al ex presidente Mauricio Macri para el próximo 7 de octubre por parte del Juez subrogante de Dolores, Martín Bava, en el marco de la causa que investiga el presunto espionaje a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el submarino Ara San Juan, no debería sorprender. Si bien tomó de sorpresa al entorno del ex mandatario, el derrotero del proceso y los distintos funcionarios judiciales involucrados en él, preanunciaban la impactante noticia. Y remite, inevitablemente, a la causa “madre”, aquella que instruyó Alejo Ramos Padilla y que involucra al falso abogado Marcelo D´Alessio, y al Fiscal Carlos Stornelli, entre otros, y que pretendió ser la “contra-causa” de los “cuadernos de la corrupción k”.
Todo comenzó en septiembre de 2020, cuando la interventora de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), Cristina Caamaño, presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal 2 de Mar del Plata, a cargo de Daniel Adler, por un supuesto espionaje ilegal realizado durante el Gobierno de Cambiemos sobre los mencionados familiares, en momentos en el que la nave aún permanecía desaparecida, entre enero y junio de 2018. En dicha presentación, se solicitó la citación a indagatoria del ex director general del organismo, Gustavo Arribas, de la exsubdirectora, Silvia Majdalani; y del expresidente, entre otros.
La denuncia subrayaba que, a la luz de las pruebas encontradas, se puede hablar “lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal“, realizada meses después de la desaparición del submarino, ocurrida en noviembre del 2017, agregando que “el material acompañado demuestra que la AFI hizo inteligencia sobre familiares, amigos y allegados de los tripulantes del ARA San Juan”. Dicho material, se dijo, habría sido encontrado en soportes digitales en la Delegación Mar del Plata de la AFI: “Fueron hallados puntualmente en tres discos rígidos diferentes. que incluían 29 archivos digitales”.
“Los informes muestran seguimientos sistemáticos y fotografías tomadas frente a la Base Naval de Mar del Plata o durante otras actividades realizadas, por ejemplo, en el Concejo Deliberante de esa ciudad o en el monumento al General San Martín local, tanto de las columnas, como a referentes de los grupos de familiares”, explicó la AFI. Vale recordar que el submarino tenía como destino final la ciudad balnearia.
La documentación había sido hallada mientras se analizaban computadoras y discos rígidos a pedido, justamente, del entonces Juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que tenía a su cargo, además del expediente que lo inició todo, en el cual fueron involucrados el Fiscal Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro, del que este medio se ocupó extensamente, el caso llamado “Proyecto AMBA”. Resulta por demás curioso que personal de inteligencia cometa el semejante descuido de dejar al alcance de cualquiera material tan sensible.
Casualidad o no, el mismo día que Caamaño radicó la denuncia en Mar del Plata, el 24 de septiembre de 2020, Ramos Padilla precisó los detalles de su investigación sobre las bases que la AFI habría montado en el conurbano bonaerense durante la gestión macrista, para realizar, presuntamente, tareas de espionaje ilegal, el flanco por donde el kirchnerismo suele atacar a Juntos por el Cambio, y que se profundizaría en las próximas semanas, a medida que se acerque la fecha de las elecciones, previstas para el 14 de noviembre. Como se aprecia, el ex juez de Dolores, hoy a cargo del Juzgado Electoral de La Plata, es un hombre clave en este entramado.
Al día siguiente de presentada la denuncia, el Fiscal Federal ante la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata y titular de la filial local de la agrupación judicial K Justicia Legítima, Daniel Adler, decidió tomar el caso e impulsar medidas de prueba, posteriormente a que el titular del Juzgado Federal 3 en lo penal de la ciudad, y subrogante del 1 del mismo fuero desde 2015, Santiago Inchausti, le delegara la pesquisa. Adler sostuvo que “es necesario investigar el presunto desarrollo y producción de actividades de inteligencia ilegal, del que habrían resultado víctimas familiares y/o allegados tanto de los 44 tripulantes y personas trasladadas en el submarino ARA San Juan, quienes perdieran la vida como consecuencia de su hundimiento en noviembre de 2017”. En el mismo dictamen, también impulsó la investigación del hundimiento del buque pesquero Rigel, cuyos tripulantes fallecieron a causa de su naufragio el 9 de junio de 2018.
Pero pocas semanas después, el 12 de noviembre de 2020, el Juez Inchausti resolvió de oficio que la investigación “deberá llevarse adelante en Dolores porque allí se indaga sobre el presunto espionaje desplegado durante el macrismo desde las distintas bases de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entre las que se encontraba la delegación de Mar del Plata, desde donde se entiende que se ordenaron y ejecutaron los seguimientos a los familiares”. Es decir, el “Proyecto AMBA” que instruía Ramos Padilla. Pero también la causa “madre”, la del falso abogado Marcelo D´Alessio.
Sin embargo, Adler apeló, objetando que el juez Inchausti se desprendió de la causa sin que nadie, ni el fiscal, ni las partes, se lo pidieran: “Si la interventora de la AFI hubiese realizado la denuncia ante el Juez Federal de Dolores, habría sacado de la causa al Juez natural, el Dr. Inchausti, que era quien estaba en turno al momento de la denuncia respecto de hechos ocurridos en esta ciudad”, sostuvo quien fuera parte del jury de enjuiciamiento a José María Campagnoli.
No pocos se preguntaron por qué un hombre como Daniel Adler, tan cercano al kirchnerismo, decidió apelar. Una fuente judicial inobjetable de Mar del Plata lo explica claramente: “Inchausti se quiso sacar la investigación de encima, y Adler quería ser él en persona quien llevara adelante una investigación que en algún momento iba a alcanzar a Macri”. En el fondo, lo que subyace es una cuestión de competencia, el mismo debate que se originó con el caso D´Alessio. Diversos funcionarios judiciales consultados al respecto no dudan en afirmar que la causa del presunto espionaje ilegal a los familiares de los fallecidos del ARA San Juan debió radicarse en Comodoro Py, ya que la sede central de la AFI se encuentra en la ciudad de Buenos Aires.
Pero a nadie escapa que Mar del Plata es una jurisdicción más “amigable” para el kirchnerismo. Tres de los cuatro fiscales de la ciudad adscriben, aún con matices, a sus postulados. El mencionado Adler, Laura Mazzaferri, muy cercana a la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó, y el Fiscal subrogante Juan Manuel Portela, hijo del ex juez del TOF, Mario Portela, vocal de la filial local de Justicia Legítima. Y el único Juez Federal Penal de la ciudad, Inchausti, suele “moverse” al calor del poder de turno.
En marzo de este año, la Cámara marplatense, en un fallo firmado por los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, sostuvo que los hechos, que ocurrieron en Mar del Plata, son «un desprendimiento sin orden judicial de los sucesos que tramitan en Dolores, en base a las evidencias obtenidas producto de las ordenes de presentación diligenciadas ante la Delegación Provincial de Mar del Plata de la AFI». Es decir, ni CABA, ni la “ciudad feliz”, sino Dolores.
Y también en marzo de 2021, la Cámara Federal de Mar del Plata designó como subrogante en el Juzgado Federal de Dolores, luego de la partida de Ramos Padilla a La Plata, al Dr. Martín Bava, titular desde 2009 del Juzgado Federal 2, en materia civil y comercial, de Azul, y a quien este medio le dedicó un informe.
Bava fue el sexto juez que intervino en el proceso contra su colega Pedro Hooft, perseguido por el kirchnerismo desde 2006. En su momento, los abogados del imputado denunciaron persecución y encarnizamiento personal contra su defendido, basándose en que el magistrado lo había llamado seis veces a indagatoria. Lo que preanuncia lo que le espera al ex presidente Mauricio Macri desde el próximo 7 de octubre, en el caso que decidiera no presentarse.
Para argumentar su llamado a indagatoria, Bava entendió que el ex presidente ordenó directamente las tareas de espionaje. “Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los familiares por el hundimiento del submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes”, detalló el magistrado.
La argumentación de Bava parece haber sido anticipada por Ramos Padilla en febrero de 2019 en los autos de procesamiento de Marcelo D´Alessio en la causa que dio comienzo a todo. Allí, el hoy juez de La Plata afirmaba que “la percepción de que cualquier cosa es válida para avanzar en la investigación dentro de un proceso judicial por corrupción y de este modo responder a los reclamos de justicia, han ampliado el campo de acción de los agentes de inteligencia, generando una relación estrecha de mutua colaboración con miembros de los poderes judiciales y ministerios públicos fiscales”.
Así mismo, Ramos Padilla sostenía que su investigación se centraba en “la actividad de una organización criminal paraestatal con permanencia en el tiempo, llevando adelante múltiples planes delictivos de diversa índole, vinculados al espionaje ilegal en los ámbitos judicial, político, empresarial y periodístico”.
“No solo las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata, sino que además, le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación”, señala Bava en su resolución. El juez no solo llamó a indagatoria a Macri sino que procesó al exdirector general de la AFI Gustavo Arribas y a su número dos, Silvia Majdalani, junto al exdirector de Reunión Interior de la AFI Eduardo Winkler y al exjefe de la delegación Mar del Plata de la exSIDE Nicolás Iuspa Benítez.
Los puntos de contacto no terminan allí. Recientemente, como este medio publicara, la Justicia Federal de Mar del Plata desestimó una denuncia presentada por un grupo de abogados contra Martín Bava, por el delito de “falsedad ideológica”, presuntamente por haber falsificado actas de un juicio.
Quien firmó tal resolución fue Santiago Inchausti, el mismo juez que derivó la investigación del presunto espionaje ilegal a Dolores, donde subroga Bava.
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
