El primer ministro de Portugal, Antonio Costa, presentó su renuncia el pasado martes 7 de noviembre luego de que la Fiscalía General (PGR) informara que estaba siendo investigado en el marco de un amplio caso de corrupción en el que están implicados miembros de su Gobierno.
La investigación de la que es objeto el ahora ex premier está relacionada con tráfico de influencias, corrupción y prevaricación en proyectos energéticos. Concretamente, se trata de dos explotaciones de litio en Montalegre y Covas do Barroso y un proyecto de producción de hidrógeno verde en Sines.
La investigación es conocida como “Operación Influencer”.
En un mensaje televisado, Costo manifestó que “me he visto sorprendido por la información, confirmada oficialmente por la oficina de prensa de la Fiscalía General, de que se iba a abrir una investigación penal contra mí”, asegurando que tenía la conciencia tranquila y que estaba dispuesto a cooperar con las autoridades. “En estas circunstancias, obviamente presenté mi renuncia a su excelencia el presidente de la República”, Marcelo Rebelo de Sousa.
Y agregó Costa: “La dignidad del cargo es incompatible con la apertura de una investigación” y “mi obligación es también preservar la dignidad de las instituciones democráticas”.
Al tratarse de una democracia parlamentaria, el Presidente de Portugal decidió la disolución de la Asamblea y la convocatoria a elecciones anticipadas para el 10 de marzo de 2024.
La “Operación Influencer” desató registros en más de 42 lugares, incluida la residencia oficial de Costa.
Por el caso, la policía portuguesa detuvo a cinco sospechosos, entre ellos el jefe de Gabinete de Costa, Vítor Escária —que tenía más de 75.000 euros escondidos en su despacho–, y su padrino de boda, Diogo Lacerda Machado, también gran amigo de Costa, que le confió en el pasado misiones estratégicas como la nacionalización de la aerolínea portuguesa TAP, lo que generó un escándalo en la política local.
También se detuvo al alcalde de Sines, una ciudad de 14.000 habitantes, el socialista Nuno Mascarenhas, y dos administradores de la sociedad Start Campus, que promovía un proyecto multimillonario en Sines para crear un centro de datos. Los fondos de inversión extranjeros que lo promueven habían contratado en 2021 a Diogo Lacerda Machado.
Además, imputó a los ministros de Infraestructuras, Joao Galamba, y Medio Ambiente, Duarte Cordeiro, y se los declaró “argüido” (imputado o implicado en un hecho criminal).
Sin embargo, cabe consignar que seis días después de la renuncia del entonces Primer Ministro, el juez instructor dejó libres a los cinco detenidos en la operación y consideró que no había pruebas suficientes de prácticas de corrupción y prevaricación.
Pero la investigación sigue abierta.
En enero de 2022, Antonio Costa, histórico dirigente del Partido Socialista, logró una abrumadora mayoría absoluta para el socialismo en su país, al lograr el 42% de los votos, frente al 30% del conservador Partido Social Demócrata (PSD). El resultado le dió 117 escaños al partido de Costa, quien por primera vez gobernará con mayoría absoluta.
El renunciante Primer Ministro gobernaba Portugal desde 2015 en forma ininterrumpida, pero con minoría parlamentaria.
En las elecciones generales de aquel año, Costa terminó segundo detrás de una coalición de centro-derecha que había supervisado un duro programa de austeridad impuesto por la Unión Europea.
Según el diario “El País”, en un movimiento sorpresivo, convenció a dos partidos de extrema izquierda —comunistas y Bloco de Esquerda— para que apoyaran un gobierno socialista en minoría, la primera vez que se intentaba algo así en Portugal. Fue la llamada geringonça o jerigonza.
Portugal lidiaba con las consecuencias de la durísima crisis económica iniciada en 2008.
En 2011, el país había tenido que pedir un rescate de US$91.000 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. La tasa de desempleo rondaba el 12%, el 20% de la población vivía por debajo de la línea de la pobreza y medio millón de portugueses, de los pocos más de 10 millones que lo habitan, habían emigrado en busca de mejores oportunidades.
La alianza impulsada por Costa, siempre según al medio español, empezó a revertir las medidas de austeridad, lo que aceleró la recuperación económica. Su estrategia fue elogiada por el propio FMI, organización que destacó su “progreso encomiable”.
Bajo su mandato, Portugal registró en 2019 su primer superávit presupuestario en 45 años de democracia. En ese contexto, Costa obtuvo una gran mayoría parlamentaria hace menos de dos años.
Pero a fines de septiembre la confianza en su gobierno había comenzado a erosionarse, con una multitudinaria protesta en Lisboa y en varias ciudades del país. ¿El motivo? La crisis de la vivienda, que viene de lejos, y se ha agudizado con las políticas públicas que han impulsado la expansión de pisos turísticos y la concesión de visados de oro a extranjeros por inversiones inmobiliarias.
Pocas horas después de las detenciones producidas en el marco de la actual pesquisa, la fiscalía reveló en un comunicado que el primer ministro estaba siendo objeto de una investigación autónoma desarrollada por el Tribunal Supremo por su papel en el impulso a los negocios relacionados con la transición energética.
De acuerdo a la BBC, la operación “Influencer” se enmarca “en una investigación del Departamento Central de Investigación y Acción Penal, que comenzó a finales de 2019 tras una denuncia anónima para dilucidar si se habían producido tratos de favor hacia empresas portuguesas (EDP, Galp y REN) para explotar un negocio de hidrógeno verde en Sines, el gran polo industrial creado alrededor del puerto que está transitando de las fábricas contaminantes del pasado a las descarbonizadas”.
El proyecto inicial para exportar hidrógeno verde a Holanda había sido presentado por un empresario holandés en el verano de 2019, antes de que el Gobierno implicase públicamente a las tres empresas lusas en el mismo. Además, en la causa se investigan las concesiones para explotar litio en Montalegre, una pequeña villa de menos de 2.000 habitantes.
El medio británico sostiene que “las irregularidades salpican al otro gran proyecto de explotación de litio en la región de Covas de Barroso. a pocos kilómetros de la frontera con Galicia, que obtuvo este año la autorización de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente, a pesar de recibir cerca de un millar de alegaciones y un informe contrario de un relator de la ONU”.
El lugar es, además, el único espacio portugués declarado Patrimonio Agrario Mundial por la FAO. La Agencia de Medio Ambiente dio luz verde en mayo al proyecto de la empresa británica Savannah Lithium, pese a reconocer en su informe que pondrá en peligro la declaración del organismo de Naciones Unidas.
En concreto, la Procuraduría General de la República explicó que se pretende esclarecer si se han cometido delitos de prevaricación, corrupción pasiva y activa y tráfico de influencias.
Este último delito consiste en influir en un funcionario o autoridad pública a través de una situación de prevalencia para conseguir un beneficio económico a través de una resolución. En tanto, prevaricato consiste en la acción de dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia.
Corrupción activa y pasiva es, simplemente, pagar y recibir coimas.
“Yo no estoy por encima de la ley. Si hay alguna sospecha, que sea investigada”, concluyó Antonio Costa poco después de renunciar.
Redacción El Observador Online
