Por Pablo Portaluppi
Como ya es de público conocimiento, el pasado jueves 16 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró «inconstitucional» la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada en 2006 por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, retrotrayendo la situación a la composición que poseía en aquella fecha.
El cuerpo fue creado a partir de la reforma constitucional de 1994, pero entró en funciones 4 años más tarde. La ley 24937 estableció su funcionamiento y le asignó las tareas, entre otras, de seleccionar a los jueces de los tribunales inferiores, emitir propuestas de ternas vinculantes, y aplicar sanciones disciplinarias, además de administrar los recursos del Poder Judicial, con excepción de la Corte Suprema de Justicia.
La conformación original de la Magistratura era de 20 miembros. Su titular era el Presidente de la Corte, los jueces tenían 4 representantes, los legisladores 8, mientras que los abogados poseían 4 vocalías, los académicos 2, y el Poder Ejecutivo, 1.
Así funcionó hasta el año 2006, cuando la ex Presidente presentó un proyecto para reducir a 13 la cantidad de sus integrantes, con la Ley 26.080. A partir de aquella norma, el Consejo funcionó con 6 legisladores nacionales, 3 jueces, 2 abogados, 1 representante del Poder Ejecutivo y 1 del mundo académico. Es decir, con una clara mayoría política. Dicha ley es la que acaba de declarar inconstitucional el máximo tribunal del país.
Justamente, la Corte consideró que la reforma de 2006 alteró el equilibrio en la representación de los distintos sectores que integran el Consejo. El fallo indicó que se deberá volver a la integración original prevista en la ley de creación, para lo cual tendrá un plazo de 120 días para readecuar su funcionamiento y designar a los siete representantes restantes.
El presupuesto nacional para el ejercicio 2021, que fuera recientemente prorrogado por decreto del Presidente Alberto Fernández, le asignó al Poder Judicial la suma de $81.718 millones, lo que representa el 1,3% de las erogaciones del Estado, de los cuales el 0,9% corresponden al Consejo y el 0,4% a la Corte. Porcentajes que a primera vista arrojan cierta desproporción en el reparto: o es demasiado dinero para este último, o es poco para la Magistratura, ya que de allí salen los fondos todos los juzgados federales, tribunales y Cámaras de todo el país, además de solventar sus gastos internos, cuya estructura contiene cerca de 1000 funcionarios.
Pero el problema es otro. De los casi $82.000 millones asignados al Poder Judicial, el 93% se destina a gastos de personal: $76.156 millones.
Según fuentes del propio Consejo, cada consejero tiene asignado un presupuesto mensual de cerca de $2 millones para solventar contratos de personal seleccionados por ellos para trabajar en su vocalía. Hasta hace poco tiempo, a ese monto se le debían adicionar viáticos, pero los mismos fueron eliminados. Hace casi 3 años, las partidas eran de $750.000 cada una, por lo que fueron incrementadas en dicho lapso de tiempo en casi un 200%.
Del total de los fondos girados a cada vocalía, el 75% se destina solamente a los sueldos de no más de 3 personas, que son los considerados los asesores de mayor rango, es decir, el secretario letrado y prosecretarios, que en los hechos “hablan por cada consejero”. En otras palabras, son los que cargan con la mayor carga laboral. Entre ellos, se llevan $1.5 millón. El resto es para puestos similares al de un administrativo. Una de las fuentes consultadas no duda en afirmar que los secretarios letrados merecen los ingresos de los que gozan.
“El problema es que cuando se redujo la cantidad de miembros en 2006, los fondos destinados a cada vocalía no se eliminaron”, precisa la alta fuente judicial. Y explica: “Había determinada plata para 20 consejeros, y siguió habiendo la misma cantidad de dinero pero para 13 cargos. O sea, el ahorro que suponía la reducción de integrantes no existió”.
El Consejo posee cuatro comisiones: Administración y Financiera, Disciplina y Acusación, Selección y Escuela Judicial, y Reglamentación. Pero no todos los consejeros las integran en su totalidad. La comisión que debe velar por el control de los gastos es, precisamente, la de Administración, que actualmente preside Diego Marías, representante de los abogados.
Las partidas asignadas a cada consejero para los contratos de sus vocalías se controlan allí. “El problema se da más que nada en los políticos, no tanto en los demás. Y no en todos. Algunos nombran gente que nunca viene a laburar”, argumentan desde adentro del Consejo. Más aún: les obligan a firmar un contrato de locación de servicio. “En verdad, los políticos hacen dentro del cuerpo lo que hacen en todos lados: proselitismo, campaña política”, amplía la fuente.
La información que siempre circuló dentro de la Comisión de Administración señalaba que un famoso ex consejero que cesó en sus funciones el 16 de noviembre de 2018 destinaba casi la totalidad de los fondos asignados mensualmente a su vocalía a fines políticos y proselitistas, designando a punteros y allegados que no pisaron el Consejo ni una sola vez. Y no se trató de un caso aislado.
Los consejeros pueden llegar a tener entre 8 y 13 empleados. Estos deben enviar al sector de Recursos Humanos una lista con los nombres de las personas que desea nombrar, y RRHH le informa el dinero del que dispone. “Control hay, existe, la comisión publica sus informes regularmente”, señala un ex integrante del Consejo.
Pero las irregularidades no terminarían ahí: en la Magistratura también se desempeña personal con adscripciones a prestar funciones en vocalías, que pueden llegar a cobrar dos sueldos, uno de la jurisdicción de origen y el restante de los propios fondos que manejan los consejeros. Para ejemplificarlo, una persona puede ser empleada de una Cámara Federal, que le paga el sueldo, y a su vez, percibir un ingreso por ser asesor de una vocalía.
Así mismo, había empleados que cobraban un plus por “desarraigo” cuando, en algunos casos, vivían en la propia ciudad de Buenos Aires, sede del Consejo. Presuntamente, dicho pago extra no existiría más, aunque nadie lo asegura con certeza.
El desarraigo es un bono del 35% del sueldo que lo cobran aquellos que viven a más de 100 km de su lugar de trabajo y deben trasladarse para cumplir sus funciones. Pero algunas de las 38 personas que lo percibían hasta 2020 no deberían haberlo hecho, ya que, aun siendo oriundos de ciudades del interior, vivían a mucho menos de 100 km de la Magistratura. La clave es que no habían modificado en su DNI su domicilio de origen.
A su vez, hay empleados de las vocalías que trascienden a las distintas integraciones del Consejo porque, según la costumbre, cuando un consejero cesa en sus funciones, “recomienda” a su gente a sus sucesores. Y allí se pueden quedar por años.
Existe, asimismo, la llamada “Unidad de Consejo Abierto y Participación ciudadana”, donde se dice textual: “El Consejo de la Magistratura es uno de los sujetos obligados a brindar información pública”. Pese a ello, este mandato no se cumple en su totalidad.
La presencia de la política en la integración del cuerpo es materia de debate. Desde algunos sectores vinculados al campo del derecho, no debería haber ni un solo dirigente político dentro de él. Pero un juez federal consultado al respecto, no está de acuerdo. “La política es parte fundamental de nuestro sistema, y por lo tanto, tienen que estar representados. Pero admito que debería ser una representación más protocolar que otra cosa”, asegura.
“Con la reforma de 2006”, prosigue, “fue desmedida su injerencia. Con el fallo de la Corte que vuelve a la vieja conformación, equilibra un poco más las cosas pero no tanto”. El argumento principal que sostiene el magistrado es que al fin y al cabo, los representantes de los abogados terminan siendo cooptados por la política, al igual que los académicos.
La integración actual del organismo parece confirmar lo dicho por la fuente. Su actual Presidente es Diego Molea, un abogado muy allegado al kirchnerismo y rector de la Universidad de Lomas de Zamora. Completan el cuerpo Alberto Lugones, Graciela Camaño, Juan Manuel Cullota, Silvia Giacoppo, Diego Marías, Carlos Matterson, María Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Ricardo Recondo, Vanesa Siley, Gerónimo Ustarroz, y Pablo Tonelli.
Con la ley original, a la que volvió la Corte, la representación política era del 45%. Luego, con la reforma impulsada por Cristina Kirchner, subió a 53%. Lo mismo pasa en las comisiones. En la de Disciplina, los políticos ocupan el 57%, en la de Selección, el 50%. Y en la de Administración, también el 57%.
La comparación con otros países no deja bien parada ni a la ley de 2006 ni a su integración original. En un gran trabajo del ex camarista Luis Herrero, se detalla que “el Consejo Superior de la Magistratura francés está compuesto por la Sala de Magistrados y la Sala de Fiscales, donde ambas tienen diez (10) miembros cada una”.
En tanto, en España, “el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se compone de 21 vocales o consejeros; lo preside el presidente del Tribunal Superior y lo integran 12 jueces y 8 juristas”. Por último, en Italia, “de los 27 miembros que lo componen, dos tercios son magistrados y el tercio restante es designado por el Parlamento de una lista de catedráticos titulares de universidades públicas y privadas y por abogados con quince años de ejercicio en la profesión”.
“La alta cantidad de subrogancias que hay en la justicia argentina es hija directa de la alta representación política”, asevera el juez consultado en estricto off. Y va aún más lejos al afirmar que “también provocó muchas vacancias la reforma jubilatoria judicial aprobada en marzo de 2020. Muchos jueces por temor a perder sus beneficios, se acogieron a ese régimen, y renunciaron. Y esto es muy funcional al poder político, en especial al kirchnerismo”.
Y agrega un dato no menor: “Pero así y todo, la demora está mayormente en el Poder Ejecutivo, que no envía los pliegos al Senado, y no tanto en el Consejo”. Actualmente se calcula que hay un 23% de magistrados subrogantes entre todos los fueros e instancias. Hace 10 años, las subrogancias representaban un 18%.
Cabe recordar que en febrero de este año, la ANSES, a cargo de la camporista Fernanda Raverta, comenzó a enviar una resolución a cerca de 200 jueces y fiscales con el trámite de jubilación ya iniciado para que presenten su renuncia en 30 días y dejen el cargo, o de lo contrario se iba a rever la situación de cada uno de ellos.
La intimación mencionada a los funcionarios judiciales es consecuencia de la nueva Ley 27546 que regula el régimen previsional de aquellos, despertando mucha polémica al momento de su sanción. La misma eleva del 11 al 18 por ciento el aporte de jueces y fiscales al sistema previsional general, y si bien mantiene como tasa de sustitución el 82 por ciento móvil, el haber inicial de la jubilación se calculará sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones y no sobre el último sueldo, como era antes.
Además, la norma sube la edad jubilatoria para los hombres, que pasará de 60 a 65 años con una escala gradual que se completará en 2025, mientras que las mujeres del Poder Judicial mantendrán la edad jubilatoria de 60 años equiparada con el régimen general.
A modo de dato adicional, cabe mencionar que dicha ley fue aprobada por el Congreso el 12 de marzo de 2020, es decir, apenas un día después que la OMS declarara al nuevo coronavirus como pandemia.
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
