Con la inflación fuera de control, el Estado gasta cada vez menos en niñez

Mucho se viene hablando en la Argentina de las últimas semanas sobre los derechos que podrían perderse si gana tal o cual candidato en las próximas elecciones presidenciales. Pero no se hace demasiado hincapié en la situación actual.

No se puede perder aquello que nunca se ha obtenido del todo.

Tal es el caso de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tal como informó este medio oprtunamente, mientras que las erogaciones previstas en este sector de la población en el Presupuesto 2022 representaban el 2,05% en relación al PBI, para este año las mismas cayeron al 1,84%, “lo que equivale a una caída del orden del 10% en términos de nivel de actividad”, de acuerdo a un trabajo publicado por UNICEF.

En números concretos, las partidas previstas para el año en curso dirigidas a los chicos totalizan $2.710.482 millones, mientras que en 2022 fueron de $1.676.326 millones.

En verdad, según el sitio oficial “Presupuesto abierto”, el total ejecutado del año pasado fue de $1.767.173,6 millones. Tomando esta última cifra, se trata de un aumento de poco más del 50%, cuando la inflación interanual ya está en el orden del 115%.

Pero la situación empeora cuando se proyectan los nuevos datos inflacionarios producto de la devaluación de los últimos días, luego de las elecciones PASO del domingo 13 de agosto.

Las consultoras más serias hablan de un costo de vida de dos dígitos para el mes actual y para septiembre, y calculan una inflación anual a diciembre de entre 160 y 180%. De cumplirse estos pronósticos, se estaría pulverizando la inversión en niñez.

Y la cosa no mejora en nada si se miran los números actuales. Siempre de acuerdo a “Presupuesto Abierto”, al 18 de agosto de 2023 se llevaban ejecutados en políticas para las infancias y adolescencia $1.865.086,9 millones, lo que equivale a un 65% del presupuesto, apenas actualizado a $2.886.302 millones.

Es decir, que los gastos del Estado en dicho sector de la población se mantienen en los niveles previstos a pesar del fuerte aumento del costo de vida y de la consiguiente pérdida del valor del peso.

Las áreas analizadas por UNICEF, en conjunto con el propio ministerio de Economía, tratan sobre políticas orientadas a “acciones que repercuten en las niñas, niños y adolescentes”. A su vez, se aclara que “son políticas públicas vinculadas a distintas funciones como Salud, Seguridad Social, Educación o Legislativa, entre otras, que tienen un impacto significativo en este grupo etario de la población”.

La Argentina y UNICEF vienen realizando este trabajo desde el año 2002, con el objetivo de “cuantificar y analizar la inversión social dirigida a la niñez que hacen el Gobierno Nacional, las Provincias y el Sector Público Consolidado”.

El documento ya advertía que algunos programas “tendrían riesgos importantes de desfinanciamiento, como la política alimentaria, las acciones vinculadas a la protección de ingresos y las respuestas orientadas a la expansión de la oferta de servicios de educación y cuidado de la primera infancia”.

Por ejemplo, para el caso de las Asignaciones Universales por Hijo y por Embarazo, se afirmaba que “la reducción será entre un 3% y un 10%”, según el nivel de inflación que se tomaba.

Pero con el costo de vida actual, la caída se estima entre un 15% y un 20%.

Por su parte, la “Prestación Alimentar (ex Tarjeta AlimentAr) también presenta signos de alerta”, ya que “los $342 mil millones presupuestados significan una caída muy significativa en relación a 2022, cualquiera fuera el escenario”. La misma, anclada en su momento en un 25%, ya está en el orden del 35%.

Otro signo de alerta”, continuaba UNICEF, eran las erogaciones de “la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF)”. El área depende del ministerio de Desarrollo Social a cargo de Victoria Tolosa Paz, quien hace rato no aparece por ningún lado, y es conducido por Gabriel Lerner, un abogado especializado en la protección de Derechos de los niños.

En total, la SENNAF tiene un presupuesto asignado de casi $14 mil millones, apenas un 0,01% del PBI.

Algunos programas de la Secretaría”, subrayaba el organismo, “presentan caídas reales superiores al 20%, llegando en algunos casos al 40%”, concluyendo que estos ajustes “se dan en un contexto de elevados niveles de pobreza infantil”.

Según el propio INDEC, “el 51,5% de las niñas y niños son pobres por ingresos: viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica de alimentos y servicios”. Además, “si se suman las privaciones no monetarias previamente mencionadas, el valor asciende al 66% de las chicas y chicos del país”.

En total, se estima que hay 8.2 millones de chicos pobres. Con la inflación actual, aquellos números ya quedaron cortos.

Dentro de la Secretaría de la Niñez, hay datos que llaman la atención. Según las propias cifras oficiales, hay programas que están  subejecutados.

Tal es el caso del número 49, “Acciones para el Fortalecimiento de las Familias y su Inclusión Comunitaria”, que lleva ejecutado al 18 de agosto apenas el 23,23%.

También el 47, “Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia“, que habiendo transitado 8 meses del año, está en el 53,04% de su presupuesto previsto.

Por su parte, dentro del ministerio de Salud, el programa de “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, siempre destinado a menores, lleva apenas ejecutado el 26,99%. Y el de “Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles”, solo un 28,75%.

También es llamativo la subejecución del “Conectar Igualdad”, dependiente del ministerio de Educación: 38,79%.

Cabe recordar que el 20 de agosto de 2022, mediante la Decisión Administrativa. 826, el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa dispuso una serie de recortes en diferentes carteras, entre ellas Conectar Igualdad, cuyo programa ajustó en $50 mil millones. Una reducción que en un momento se negó desde el oficialismo.

El ajuste que se niega, se hace donde no se tiene que hacer, y no se ve.

pablo@elobservadoronline.com.ar

@PortaluppiPablo

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