A través de un documento difundido en las últimas horas por el Vaticano, el Papa Francisco decidió “la creación del Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales Fray Bartolomé de las Casas, con finalidades académicas, docentes y de formación sobre la temática de Derechos Sociales, migración y colonialismo”.
La noticia en sí misma no dice demasiado. Pero hay un dato muy contundente.
“Designo para el período 2023-2028 como Junta Académica Fundadora del citado Instituto a los Profesores Doctores Raúl Eugenio Zaffaroni, Alberto Filippi y Marcelo Suárez Orozco”, precisó el quirógrafo papal.
El nuevo organismo funcionará en el ámbito de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, y será “sostenido económicamente, dirigido y administrado” por el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju) creado por el pontífice en el Vaticano en junio de 2019.
Dicho Comité de Jueces está presidido por el juez porteño Roberto Gallardo, enfrentado con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y confeso admirador del Che Guevara.
La designación de Zaffaroni no sorprende, habida cuenta de la amistad que mantiene con Francisco desde hace años y de la cercanía ideológica que los une. Pero no deja de ser un dato llamativo en momentos en que la Argentina define su futuro y donde se produjeron en las últimas semanas violentos episodios de inseguridad, uno de los cuales llevó a la muerte a una nena de 11 años en Lanús. El ex juez de la Corte es acusado de proclamar una postura garantista del derecho penal.
‘El encierro no sirve como tratamiento. Su ideología ha fracasado en todas partes (…) El criterio de la política criminal no apunta a construir cárceles, sino a ocupar las que están, lo menos posible‘, decía Zaffaroni en el año 1983, en una entrevista concedida a la desaparecida revista Humor.
Y agregaba: “El derecho penal tiene que quedar para cosas importantes (…) No aumentar el número de tipos penales, de conductas punibles, sino disminuir ese número a las cosas de real gravedad (…) Es decir, el orden social no se establece por el hecho de que se encierre un sujeto, sino que se establece porque a cada infracción hay una adecuada respuesta que puede ser, muchas veces, de carácter civil, administrativo, dando lugar a la intervención de algún organismo social‘
A partir de la noticia del nombramiento del ex juez supremo, cabe recordar un episodio de hace unos años.
El 3 de junio de 2016 una nutrida comitiva de jueces y fiscales de todo el mundo asistió a una Cumbre junto al Papa Francisco. La excusa, debatir sobre la trata de personas y el crimen organizado. El motivo real de la «armada brancaleone» argentina, buscar la legitimación que otorga una foto con Su Santidad. Hacia allí fueron, entre otros, cuestionados jueces federales como Sebastián Casanello, dueño de todas las miradas, María Romilda Servini de Cubría y Julián Ercolini. También estuvo el entonces Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Y los menos conocidos Daniel Adler y Claudio Kishimoto. La presencia de estos últimos, gracias a los buenos oficios del indescifrable Gustavo Vera, hoy sospechado de operar para quitarle las tierras a productores rurales, pasó casi desapercibida. Pero logró generar indignación en muchos sectores. También Zaffaroni estuvo detrás de aquella Cumbre.
Vale hacer un poco de memoria.
Casi sin proponérselo, el actual fiscal en Santa Fe y subrogante en Entre Ríos, Claudio Kishimoto, confesó sus pecados en el año 2013 ante Federico Hooft, hijo y codefensor del Juez Pedro Hooft, quien fuera falsamente acusado de delitos de lesa humanidad por el kirchnerismo.
Kishimoto era subrogante en la causa contra el respetado magistrado marplatense. Para lograr su confirmación en el Ministerio Público, no dudó en intentar enviar a prisión a un hombre inocente.
«Esto es una mierda», dijo Kishimoto delante de su antiguo compañero de trabajo en referencia al inescrupuloso armado de la causa, de la que él formó parte sin siquiera ponerse colorado. Sólo se permitió titubear, apenas un poco, cuando lo obligaron a firmar un pedido de indagatoria al juez inocente, para humillarlo ante un colega menor, de baja estatura jurídica.
Este hombre, Claudio Kishimoto, estuvo presente en la Cumbre escuchando al Papa hablar de la corrupción judicial.
Daniel Adler es fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. Ante la presentación de las denuncias que pretendieron involucrar al Dr. Hooft, Adler se excusó aduciendo estima y admiración por el juez. Pero siguió “operando” desde las sombras, escondido detrás de la cortina para servir a su Jefa, la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó.
Kishimoto decía de Adler: “Me puso una pistola en la cabeza. Si no pedía el procesamiento me iban a cortar la cabeza”. Y dice que le dijeron: “Adler es funcional a nosotros (léase Gils Carbó) y nos sirve”.
En declaraciones públicas luego de la Cumbre en el Vaticano, Adler manifestó lo siguiente en relación a dichos del Papa: “La independencia de la justicia está en la libertad con que los magistrados tienen que resolver los conflictos conforme su conciencia, y hay que ser misericordioso en las penas, porque no son para siempre, sino que un día se terminan de cumplir”.
Resulta por demás curioso que resalte esos conceptos, cuando hace diez años, Kishimoto, en sus confesiones, lo acusó de hacer exactamente lo contrario: “La Unidad que acá se creó para separar la presión que tenía Adler en las causas de derechos humanos, porque era evidente que el tipo interfería porque no sabía qué teléfono atendía”. Traducido: Adler presionaba jueces, y como sabía que no era confiable a los fines kirchneristas, quizá porque sospechaba hasta de él mismo, también presionó a sus superiores.
También se recuerda que el fiscal integró, ante un pedido de Gils Carbó, el Jury que intentó destituir al fiscal José María Campagnoli, quien osó investigar antes que nadie a Lázaro Báez.
El Juez en lo Criminal y Correccional de Mar del Plata Pedro Federico Hooft fue denunciado por delitos de lesa humanidad el 6 de marzo de 2006 mediante una querella criminal iniciada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo por entonces del fallecido Eduardo Luis Duhalde.
Recién el 17 de marzo de 20212, es decir 16 años después, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata le puso fin al proceso, al confirmar el sobreseimiento del magistrado que había dispuesto su colega Martín Bava el 11 de diciembre de 2020.
J. P. Mayer
