Por Patrick Hannaford, para Sky Ñews
Las nuevas leyes propuestas por el Gobieno del Primer Ministro Anthony Albanese para combatir la desinformación en línea han sido criticadas como un “ataque escalofriante” a la libertad de expresión de los australianos, y los críticos afirman que las leyes podrían capturar “cualquier diferencia de opinión”.
La ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, presentó la legislación al Parlamento el jueves pasado, afirmando que la información errónea y la desinformación representan una “seria amenaza” para la “seguridad y el bienestar” de los australianos, así como para “nuestra democracia, sociedad y economía”.
El gobierno se vio obligado a abandonar una versión preliminar anterior de las leyes después de que fueran ampliamente condenadas por todos, desde organizaciones de medios y empresas tecnológicas hasta grupos de libertades civiles e incluso la Comisión Australiana de Derechos Humanos.
El Ministro Rowland dijo que el gobierno había escuchado los comentarios y que la nueva legislación había sido revisada para “equilibrar cuidadosamente el interés público en combatir la desinformación y la información errónea seriamente dañina con la libertad de expresión que es tan fundamental para nuestra democracia”.
Pero los críticos ya se están alineando para atacar el proyecto de ley, y el Instituto de Asuntos Públicos describe la legislación como “el mayor ataque a la libertad de expresión en la historia de Australia en tiempos de paz”.
“La legislación contra la desinformación presentada hoy en el parlamento federal representa un ataque aterrador al derecho de todos los australianos a la libertad de expresión. El nuevo proyecto de ley amplía las disposiciones para censurar la libertad de expresión, algo que ni siquiera el primer borrador del gobierno, fatalmente defectuoso, incluía”, dijo John Storey, director de Derecho y Políticas del IPA.
La Unión de Libre Expresión de Australia también criticó la legislación y dijo a SkyNews.com.au que la legislación era un “ataque a nuestras libertades”.
“A pesar de las manifestaciones de preocupación pública de la última vez, el Gobierno todavía no ha logrado abordar las cuestiones clave”, dijo el codirector de la Unión de Libre Expresión de Australia, Dr. Reuben Kirkham.
Al igual que el proyecto anterior, las nuevas leyes facultarían a la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios (ACMA) a imponer multas masivas (de hasta el 5 por ciento de los ingresos globales) a las plataformas de redes sociales que no tomen medidas adecuadas contra la información errónea y la desinformación en sus plataformas.
La ACMA también recibirá nuevos poderes para aprobar códigos industriales ejecutables para lidiar con la desinformación y la información errónea, o establecer estándares por sí misma, si considera que las plataformas no han abordado el problema a través de la autorregulación.
El proyecto de ley parece limitar el alcance de lo que puede capturarse a contenido que sea “verificable como falso, engañoso o falaz” y “razonablemente probable que cause o contribuya a causar un daño grave”.
El gobierno también ha respondido a algunas críticas excluyendo “la difusión razonable de contenidos para cualquier propósito académico, artístico, científico o religioso”, eliminando la exención para el contenido autorizado por la administración.
Según un trabajo privado, la nueva legislación todavía presenta tres fallos fundamentales.
La principal de estas fallas es que la nueva definición de “daño grave” se ha ampliado y ahora podría abarcar potencialmente “cualquier diferencia de opinión”.
“El gobierno federal no ha escuchado las preocupaciones sobre la libertad de expresión planteadas por la mayoría de los australianos. En cambio, están… ampliando los poderes de censura de la ACMA, por ejemplo, introduciendo de manera encubierta un cambio en la definición de ‘daño’ para incluir la ‘difamación’”, dijo Storey.
El análisis también encontró que, debido a su definición de “desinformación”, el proyecto de ley crearía “poderes legales para que verificadores de hechos con sesgos políticos determinen qué es verdadero y qué es falso”.
Si bien el proyecto de ley también crearía una “burocracia estelar no electa y no responsable” con el poder de iniciar investigaciones y audiencias para garantizar el cumplimiento de las pautas de censura.
“Las grandes empresas tecnológicas se convertirán en el brazo de censura y aplicación de la ley del gobierno federal para acabar con el debate y el discurso con los que no está de acuerdo”, dijo el Director de Derecho y Políticas del IPA (Institute of Public Affairs)
El gobierno se enfrenta a una ardua batalla para conseguir que la legislación sea aprobada en el parlamento.
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