La noticia pudo haber tomado de sorpresa a más de uno. En los últimos días, el Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, el ministro de Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, y el diputado bonaerense José Luis Espert presentaron un documento donde denuncian un “nuevo ensayo de ideologización y atropello contra las Fuerzas Armadas Argentinas, disfrazado detrás de un nuevo proyecto de ley”.
El último 10 de julio, durante la cena anual de camaradería de las FFAA, el Presidente Alberto Fernández anunció el envío de un proyecto de ley que establece, en sus puntos principales, la implementación de mecanismos de ascenso con la formación como incentivo, el respeto a los principios de igualdad y de no discriminación de las personas, cualquiera sea su condición de género, orientación sexual, económica o social, a la vez que contempla la igualdad de trato y oportunidades en el acceso, permanencia y desarrollo de la carrera militar.
La normativa también habilita, afirmó el mandatario, “la presentación de denuncias y se garantiza que todo el personal militar tenga los mismos derechos que los ciudadanos de acuerdo a la realidad sociocultural de la nación”.
Actualmente rige la ley 19.101, “Para el Personal Militar”, promulgada el 30 de junio de 1971 bajo el gobierno de Lanusse.
Ante el proyecto anunciado por el Presidente, Pichetto, Burzaco y Espert denuncian que “el Gobierno nacional busca domesticar a las Fuerzas Armadas a través de una mayor injerencia en el sistema de ascensos, condicionando los mismos al criterio educativo de la altamente politizada Universidad de la Defensa Nacional y abriendo así, la puerta para someterlas a su juicio y voluntad”.
Y concluyen que “los gobiernos kirchneristas siempre buscaron someter a las Fuerzas Armadas a sus intereses partidarios, vaciando la función principal que tienen en la defensa de la soberanía nacional”.
La mencionada Universidad de la Defensa (UNDEF) fue creada a través de la ley 27 015, el 12 de noviembre de 2014, durante la gestión de la actual vicepresidente Cristina Kirchner. Como dato, vale agregar que el ministro de Defensa de entonces es el actual precandidato a la vicepresidencia por Unión por la Patria, Agustín Rossi.
En su web, la UNDEF afirma que su misión “se encuadra en los logros colectivos que la sociedad argentina alcanzó en los últimos años en el plano de la Defensa y que deben convertirse en punto de partida y guía de las actividades de docencia, investigación y extensión que lleve adelante la nueva institución”.
Posee 7 facultades: Defensa, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Militar Conjunta, Centro Regional Universitario Córdoba, y Ingeniería del Ejército. El Rector de la UNDEF es el dr. Jorge Battaglino y maneja un presupuesto de $626.095.352.
“No vamos a permitir que el kirchnerismo transforme a las Fuerzas Armadas de Argentina en una fuerza de choque bolivariana en contra de la ciudadanía”, indicaron Pichetto, Burzaco y Espert en el documento.
¿A qué se referían? En un artículo publicado en Infobae en 2019, el politólogo José Antonio Rivas Leone explicaba que “las FFAA de Venezuela comenzaron a ser ideologizadas y politizadas desde 1999, cuando Chávez asumió la presidencia”, agregando que también “hubo un proceso de penetración y de modificación de sus diversos componentes, que comenzó con el Plan Bolívar 2000. Los militares pasaron a copar todos los cargos de responsabilidad, y a desarrollar una diversidad de roles no tradicionales, desde cortar el pelo hasta intervenir en operativos de venta de comida”.
A su vez, Rivas Leone afirmaba que “la Constitución Bolivariana de 1999 eliminó el artículo de la ley suprema anterior que decía que las FFAA eran una institución “apolítica, obediente y no deliberante”, y les concedió a los uniformados derecho a votar, algo que tenían vedado”.
A partir de 2002, luego del frustrado golpe que buscó derrocar a Hugo Chávez de la presidencia, “se aceleró el proceso de adoctrinamiento de los militares. Se empezaron a repartir ascensos y cargos en los ámbitos más variados de la administración pública como premios”, añade.
Y remata el politólogo: “Además, creció el presupuesto militar a niveles incomprensibles para un país que no tenía ninguna hipótesis de guerra demasiado creíble”.
Pero cabe remarcar que en este último punto subyace una gran diferencia con la Argentina. Según publicó este medio a comienzos de abril, el presupuesto 2023 del ministerio de Defensa es el más bajo de los últimos 16 años.
Mientras en el año 2008 el presupuesto castrense fue de 2.789 millones de dólares, para este año, la cartera a cargo de Jorge Taiana recibirá 2.598 millones de la misma moneda, lo que representa una caída de casi el 10%.
No solo eso. En 2008, los gastos militares representaron el 0,79% del PBI, muy lejos de lo aconsejado por los expertos del área, que hablan de un 3% anual. Y para 2023, apenas representarán, de acuerdo a la ley de presupuesto vigente, poco más del 0,50%.
Desde el regreso de la democracia en 1983, se trata del período más crítico en materia de inversión en Defensa.
Mientras que en 1984, primer año del gobierno de Raúl Alfonsín, los gastos militares representaron el 2,74% del PBI, en 2022 apenas fue del 0,57%. Es decir, una caída de casi 5 veces en 38 años.
En línea con estos datos, Pichetto, Burzaco y Espert expresaron en el documento que las FAA sufrieron “una caída histórica de la inversión en equipamiento” como así también la “politización del sistema de inteligencia, restricciones para combatir las amenazas del exterior, la suspensión de ejercicios con otros países, la ideologización de los centros universitarios de formación, los reiterados intentos de eliminar liceos militares y la caída abrupta de los salarios”.
Así mismo, manifestaron que el Estado “limita seriamente los prospectos de modernización y maximización de los recursos humanos a contracorriente de lo que sucede en el mundo, ya que les prohíbe a los militares una segunda ocupación”.
De acuerdo a un informe del Banco Mundial, que analiza el año 2021, España invirtió en gasto militar en relación al PBI el 1,37%, Alemania el 1,34%, Reino Unido el 2,22%, y Francia, el 1,95%. En tanto, en la región, Bolivia gastó el 1,54%, Brasil el 1,19%, Chile el 1,96%, Ecuador el 2,46%, Perú el 1,12%, y Uruguay, el 2,26%.
Argentina, recordemos, apenas el 0,56%.
El 15 de diciembre de 2017, exactamente un mes después de la desaparición del Ara San Juan, el fallecido fiscal federal Jorge Di Lello, junto a Hernan Mogni y Santiago Barea, promovió un expediente para intentar determinar responsabilidades penales en la tragedia.
El trabajo se llamó “El problema de la Defensa Nacional”. Con más de 100 páginas, allí declararon varios especialistas en la materia, que intentaron, además de echar luz sobre la cuestión castrense, advertir sobre los riesgos de desatender a las Fuerzas Armadas. Uno de ellos fue Rosendo Fraga, quien entonces revelaba que “en 35 años el gasto en Defensa pasó del 3% del PBI a menos del 1%”.
La manifiesta desinversión se traduce en que, según aquella investigación, “el material operativo de las Fuerzas Armadas es obsoleto” Y a su vez, le advierte al Poder Ejecutivo sobre el deterioro general de las mismas, afirmando que “si la Argentina afrontara un conflicto bélico, probablemente sería derrotada en apenas tres días”.
Cabe recordar también que en septiembre de 2022, el diario Clarín reveló que el ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, ordenó restringir gastos tanto en la Armada como al Ejército y a la Fuerza Aérea. Dicha restricción presupuestaria afectaba “servicios básicos, racionamiento, combustibles, aceites, lubricantes, vestuario, viáticos, etc..”, según consignaba el matutino.
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
