En el marco de una entrevista al diario Uno de Mendoza, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, afirmó, entre varias e importantes definiciones, que “la denuncia mentirosa en materia de género va a ser un agravante”.

Y amplió: “Si esa denuncia de género produjo perjuicios en las relaciones intrafamiliares, por ejemplo, que el padre no pudo contactar a sus hijos menores y se rompió la familia con una denuncia mentirosa, será otro agravante más”.

El funcionario arrojó aquellas definiciones cuando se lo consultó acerca del nuevo Código Penal que está en estudio. “Estoy con un código bastante más duro que protege a la familia, núcleo central de nuestra vida y la sociedad, y que castiga mucho más los delitos, incluyendo nuevos delitos, ciberdelitos y muchos agravantes”, afirmó Cúneo al medio mendocino.

En Argentina, se entiende como falsa denuncia “al acto de presentar ante una autoridad o institución información falsa y que, para la ley del país, constituya una infracción”, contempladas por la Ley de Abuso de Autoridad 27.348 y el artículo 245 del Código Penal.

Por un lado, la norma “busca proteger a las personas y entidades privadas de las acciones abusivas o ilegales de las autoridades, como también garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos de las personas”, es por ello que la presentación de denuncias falsas con el fin de obstaculizar la investigación de un hecho delictivo o perjudicar a una persona es considerada en Argentina un abuso de autoridad.

Por otro lado, también es un delito sancionado por el Código Penal Argentino en su artículo 245, con penas que van desde los tres meses hasta los dos años de prisión.

Lo que propone el ministro es agravar aquella pena en el caso de violencia de género y hacerla aún más dura cuando aquella presunta falsa denuncia provoque graves daños personales al denunciado.

En la citada entrevista, lo grafica con un ejemplo: “Una persona va y denuncia un caso de género. Pero después le encuentran en el celular un montón de mensajes que demuestran que fue un acto voluntario. Una persona dice: “no, me violaron”, y luego aparecen cámaras en la calle que muestran que entraron a besarse con los dos tipos. O sea, es una falsedad. Y esa falsedad destroza vidas”, cuenta Cúneo Libarona.

Y agrega que “he visto gente que se ha suicidado, he visto gente que no sale a la calle porque lo denunciaron, y he visto familias destruidas por falsas denuncias de género”.

“De la misma manera que hay que aplicar el máximo rigor en los casos reales de género. Una violación es algo inaceptable. Y creo algunas figuras nuevas en materia de violación que tomo de España y he estudiado que les va a gustar”, añadió sin dar mayores precisiones.

Cabe recordar que en septiembre de 2022, se celebró por primera vez en la Argentina el Día Mundial de las Falsas Denuncias. Los manifestantes se congregaron entonces en el Parque Lezama “con el objetivo de visibilizar lo que consideran como una falta de garantías jurídicas básicas para personas denunciadas por abuso sexual”, informaba el diario “Clarín”.

Convocada por distintas organizaciones sociales, reclamaron respetar la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, utilizando consignas como “Basta de preventivas sin antes investigación”, “Basta de perspectiva de género”, y “Las sentencias tienen que ser fundadas con pruebas no por miedo escrache”. 

En el país, del tema se ocupa el sitio web del Observatorio de Falsas Denuncias, de la Fundación Ayudar y Crecer, que permite reportar tales casos. Y en su informe, parecen darle la razón al ministro.

En su página, afirman que “promovemos la transparencia en la información, datos estadísticos y problemática de las falsas denuncias mediante el monitoreo y análisis de casos reportados”.

Y cuentan que “El Observatorio de Falsas Denuncias es una organización no gubernamental basada en Argentina que trabaja en la identificación, documentación y análisis de reportes de falsas denuncias. Fundada en 2021 y con su plataforma digital relanzada en 2022, el Observatorio es un espacio abierto para las víctimas de estas denuncias para reportar sus experiencias”.

Según los datos recabados por el Observatorio, “se destaca que el 71% de los casos reportados son personas que se ven directamente perjudicadas por las falsas denuncias”.

“Además”, agrega, “un significativo 28% de las instancias reportadas provienen de terceros – habitualmente parientes cercanos, amigos o conocidos. Esta situación se da principalmente cuando la persona directamente afectada ha sido detenida injustamente como resultado de la falsa denuncia”.

A su vez, destaca que “resulta especialmente preocupante que los hijos o hijas de los afectados se vean en la necesidad de informar estas injusticias efectuadas por uno de sus progenitores, lo que representa un 1% del total de los casos registrados. En estas circunstancias, se observa una distribución igualitaria en cuanto a si el falso denunciante es el padre (0,5%) o la madre (0,5%), subrayando que nadie está exento de verse involucrado en estas lamentables situaciones”.

Y subraya que “resulta evidente que la mayoría de los reportes cargados en nuestro sistema por terceros, exactamente el 84%, son realizadas por familiares de la persona afectada. De manera aún más llamativa, dentro de este grupo familiar, la nueva pareja de la víctima es quien reporta la denuncia en el 29% de las ocasiones”.

Pero va más allá, cuando detalla que “las consecuencias para los falsamente acusados son devastadoras. Las más comunes incluyen órdenes de restricción, deterioro de la salud, pérdida de contacto con los hijos, condena social injusta, depresión crónica y amenazas de más denuncias”

“Lamentablemente, hasta la fecha hemos registrado 11 suicidios como resultado de falsas denuncias”, remata.

Amplía que “nuestros registros indican que solo el 23% de los casos fue elevado a juicio oral y un preocupante 59% de los casos no ha sido sobreseído. Esto plantea serias preguntas sobre la eficiencia y justicia de nuestro sistema legal actual”.

Y agrega más datos sobre la ineficacia de un sector de la justicia: “En casos de separación donde hay menores involucrados, el 46% indica que sus hijos nunca fueron escuchados o tratados por los peritos psicólogos del juzgado y un 57% indica que nunca se realizó la Cámara Gesell. Respecto al contacto con los hijos, solo un 7% de los afectados pudo reanudar la normalidad después de la denuncia”.

Para prestar atención.

“Es importante resaltar que en la gran mayoría de las situaciones, aproximadamente el 80%, la parte que realiza la denuncia no aporta más evidencias que su propio testimonio, lo cual deja entrever una posible inclinación favorable hacia su género”, asegura el relevamiento.

En una panorámica más amplia, “un notable 87% de los individuos afectados por estas denuncias falsas declaró que la parte denunciante fue una mujer, lo cual brinda una perspectiva importante respecto a la distribución de género en estos incidentes”, sostiene.

Y culmina diciendo que “la tendencia general muestra que el 66% de los afectados posee pruebas suficientes para demostrar la falsa denuncia. Sin embargo, un 43% de ellos alega que la justicia ignora arbitrariamente las pruebas que ofrecen”.

“Estos datos estadísticos nos muestran la triste realidad de las falsas denuncias en Argentina, un fenómeno que se está acelerando con consecuencias devastadoras. Es esencial continuar registrando estos casos y trabajar para mostrar a la sociedad la gravedad de esta situación”, concluye El observatorio.

Cabe consignar que en mayo del año pasado, se presentó en el Senado, a través de Carolina Losada, un proyecto de ley “para frenar escraches y falsas denuncias”.

J.P.Mayer

J P Mayer