La falta de solución al conflicto entre la Municipalidad de General Pueyrredón y el Sindicato de Empleados Municipales, además de ocasionarles a los ciudadanos múltiples inconvenientes ante la parálisis administrativa, comienza a generar varios interrogantes y a exponer en toda su crudeza contradicciones y actitudes miserables por parte de la dirigencia política.
Cuando se cumplen diez días consecutivos de protestas, actualmente bajo la modalidad de retención de tareas –que en los hechos no es más que un paro con asistencia al lugar de trabajo- , la provincia de Buenos Aires llamó a las partes a una reunión para destrabar la situación a llevarse a cabo en la ciudad de La Plata el próximo jueves 27 de diciembre. Sin embargo, el gremio conducido por Antonio Gilardi decidió continuar con las medidas de fuerza hasta la fecha de la audiencia. Llama la atención que el sindicato no haya levantado tales medidas a la espera del 27D. Tal vez la inminencia de las fiestas de fin de año, que por capricho del calendario este año se festejan lunes y martes, pueda explicar dicha actitud. La excusa del conflicto es un reclamo de aumento salarial y de reapertura de paritaria al gobierno conducido por Carlos Arroyo. Mientras tanto, todo aquel que debe hacer un trámite municipal por estos días mejor que cuente hasta diez y se encomiende al espíritu navideño de la época.
Desde la gobernación de María Eugenia Vidal llegan comentarios de un nuevo enojo de la gobernadora con el Intendente aliado a Cambiemos por la falta de solución al conflicto. Curioso: la provincia de Buenos Aires soportó en 2018 más de 25 paros docentes ante la falta de entendimiento paritario con el Frente Gremial. Ante tamaña experiencia, quizá Vidal debería ser quien mejor comprenda que las razones de los conflictos con un sector del sindicalismo no provengan necesariamente de un reclamo salarial. Entre Antonio Gilardi y Roberto Baradel hay más de un puente tendido. Lo cierto es que desde La Plata enviaron en septiembre de 2017 a Hernán Mourelle para que se haga cargo de las finanzas del municipio, pero el secretario de Economía y Hacienda dejó de atender los teléfonos de la provincia y sólo le hace caso al jefe comunal. Esto genera rispideces hacia fuera pero también hacia dentro del propio oficialismo. Mourelle es visto como un cuerpo extraño que viene a contaminar el status quo adquirido hace décadas.
“Arroyo no encaja con los muchachos del PRO. Vos imagínate a un hombre de más de 70 años, abogado pero con mucha calle, teniendo que aceptar tableritos de gestión y globitos amarillos. Imposible”, dice en off un operador del arroyismo mientras ensaya una estruendosa carcajada. El intendente se presentó a la interna de Cambiemos con su propio partido, Agrupación Atlántica, venciendo en las PASO de 2015, contra todos los pronósticos, a la histórica dirigente radical Vilma Baragiola. Luego, se alzó con el triunfo definitivo, doblegando al sciolista Gustavo Pulti, quien buscaba un tercer mandato consecutivo. Pero desde que asumió el gobierno local, Arroyo se manejó con cierta autonomía y su objetivo fue dejar de depender de la ayuda económica de la provincia. “Esto genera malestar. Si vos le prestás plata a un intendente para poder subsistir, de algún modo pasas a ser el verdadero jefe de ese gobierno. Pero si ese intendente ya no necesita tu plata para gastos corrientes, como pago de sueldos por ejemplo, la cosa cambia”, agrega el hombre consultado. Y remata: “A Arroyo, Vidal no lo quiere. Pero Marcos Peña (Jefe de Gabinete de la Nación) fue muy clarito en una reunión: le pidió a Arroyo que juegue por adentro y se presenta para un nuevo mandato”.
El Intendente tiene varios enemigos. El más prominente sea, acaso, el eterno megaempresario Florencio Aldrey Iglesias. El 18 de junio de 2008, el entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli, su ahijado político, le cedió a Aldrey, a través de su empresa Hotelera del Mar S.A., involucrada actualmente por la UIF en un presunto caso de lavado de dinero, la concesión por 30 años para la explotación del Hotel Provincial y del Casino de dicho establecimiento, eximiéndolo del pago de IIBB desde su reinauguración, en el año 2014. Inexplicable. Más teniendo en cuenta la naturaleza distorsiva de dicho impuesto, que lo sufren todos los contribuyentes bonaerenses, tributando sobre lo facturado sin importar la ganancia. Al menos, la provincia se apiadó de alguien. Pero eso recién fue el comienzo: mediante el decreto 2849, y a escasos días de dejar el poder, el ex Intendente Pulti prorrogó la exención por 10 años del pago de las tasas municipales. Hotelera del Mar tampoco las abonaba desde 2008. Al disponer la emergencia económica del municipio, la administración de Arroyo anuló dicha exención. Por supuesto, Aldrey Iglesias se quejó. Es comprensible: a nadie le gusta pagar. Y mucho menos en forma retroactiva.
Pero el asunto no termina allí. Tal como se contara en el informe anterior publicado en este medio, en los últimos meses se descubrió –quizá un poco tardíamente-que otro emprendimiento del empresario español, la explotación del Paseo Hermitage, estaría pagando un canon al municipio de tan sólo $9.000 por mes. El espacio explotado posee 11.000 mts2, además de contar con 248 cocheras cubiertas y sector de playa. Con estos datos, los inquilinos deberían hacerle un piquete a las inmobiliarias: un departamento de 80 mts2 en el centro de la ciudad no se consigue por menos de $12.000 por mes. Y sin cochera.
Si se comprobara este insólito hecho, que viene ocurriendo desde el año 2005, el secretario de Hacienda Hernán Mourelle estima que la defraudación al municipio rondaría los U$S84 millones. Al cambio de hoy, equivaldría aproximadamente a un 25% de todo el presupuesto municipal del año en curso. Sumando el dinero no cobrado por la exención del pago de tasas al Hotel Provincial, quizá los adversarios de Arroyo estarían obligados a ser más creativos para complicarle la existencia. Al menos aquellos que no contribuyeron a engrosar las arcas públicas debieran ser más prudentes a la hora de reclamar o apoyar conflictos.
Pero tal vez, el oficialismo local tenga el mayor problema en sus propias entrañas. Llama mucho la atención el silencio, o la falta de apoyo, ante el conflicto con los municipales de la ya mencionada dirigente radical Vilma Baragiola, que no oculta su deseo de ser la próxima Jefa comunal, aunque ya no contaría con la bendición de la gobernadora. O del mismísimo Guillermo Montenegro, que por algunos desaciertos fue enviado como Embajador a Uruguay por el Presidente Mauricio Macri cuando era número puesto para ocupar un cargo de mayor relevancia en el Gobierno nacional. El ex juez y fiscal, oriundo de Mar del Plata, volvió a la ciudad enviado por María Eugenia Vidal para instalar una eventual candidatura, pero no logra hacer pie. Nadie duda de su honestidad, pero tampoco nadie le presta demasiada atención. Con respecto a la postura de los radicales en relación a las decisiones del gobierno que integra, encarnada en este caso por Baragiola, acaso deberían releer un poco la historia reciente: en febrero de 2002, el fallecido ex intendente Elio Aprile, de la UCR, tuvo que renunciar a su cargo acosado por las protestas sindicales. Pero esta actitud en verdad no debería llamar tanto la atención. Al fin y al cabo, la presunta defraudación al fisco marplatense por el irrisorio canon del Paseo Hermitage, comenzó cuando era Intendente Daniel Katz, uno de los fundadores del por entonces llamado radicalismo K. Que se doble, pero que no se rompa.
El otro foco de conflicto del gobierno municipal es con el propio Concejo Deliberante, a quien demandó ante la Justicia por “conflicto de poderes”, al restablecer el cuerpo legislativo un incentivo a los docentes municipales que la administración había modificado. Recientemente la Corte Suprema bonaerense hizo lugar a una cautelar presentado por la comuna y suspendió de este modo la ordenanza que le devolvía la bonificación a los docentes. Más allá de la discusión en sí, habría que hurgar en algunas cuestiones un tanto delicadas. O al menos hacerse algunas preguntas. ¿Es necesario que cada uno de los 24 concejales posean en promedio 16 personas trabajando en el Concejo, generándole al Municipio una erogación de $7 millones mensuales, lo que anualizado da $84 millones? ¿No se podría destinar parte del dinero que se ahorraría al incentivo docente? Además, si se analiza con detenimiento el listado publicado de empleados del Concejo, se podrá observar que algunos apellidos se repiten extrañamente varias veces.
Ya se sabe: es muy difícil eliminar o modificar algunas costumbres políticas tan enquistadas en el sistema.
Pablo Portaluppi
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
