Por Pablo Portaluppi
Luego de la Acordada 9/ 2020 de la Cámara Federal de Casación del pasado 13 de abril, que recomendó que “los tribunales de la jurisdicción adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, a las personas en prisión preventiva por delitos no violentos”, y que sean considerados como “grupos de riesgo” por la pandemia de coronavirus, se produjo una salida masiva de presos, entre ellos, algunos violadores y condenados por delitos de trata y de tráfico de estupefacientes. Muchos de estos casos se dieron en la ciudad de Bahía Blanca.
Uno de los apuntados, y por el cual ya se pidió su juicio político, es el titular del Juzgado de Ejecución Penal 1 bahiense, Claudio Brun. Pero hay otro funcionario de la misma ciudad en estudio para pedir su enjuiciamiento, en este caso de la justicia federal: se trata del del integrante de la Cámara Federal y a su vez juez subrogante en el TOF de Bahía, Pablo Esteban Larriera.
Previo a la acordada del máximo tribunal penal de la Nación, el 9 de abril el Juez Victor Violini, que integra el Tribunal de Casación bonaerense, ordenó el arresto domiciliario de todos los presos en riesgo de contagio por covid-19, como respuesta a un hábeas corpus colectivo presentado por 19 defensores oficiales de la provincia. A pesar que en las últimas horas la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires suspendió aquel hábeas corpus mientras estudia la cuestión de fondo, los excarcelados por ahora no volverán a prisión hasta tanto no se produzcan diversos dictámenes, que tendrán lugar en los próximos días. Pero en este caso, como ya se dijo, se trata de un magistrado de la órbita federal.
El Juez Pablo Larriera dispuso al menos 5 excarcelaciones bastante controvertidas como integrante del Tribunal Oral. Y uno de ellos resulta muy llamativo porque se trata de dos hermanos pertenecientes a la llamada “Banda del Éxtasis”, dedicada al tráfico de droga, cuyos miembros fueron condenados el último 5 de febrero a penas entre 4 y 5 años de prisión. Por este caso se encuentra procesado nada menos que un Fiscal Federal de la Nación: Alejandro Cantaro. El representante del Ministerio Público, quien se halla en uso de licencia, es investigado por proteger a dicha banda.
Los integrantes del grupo narco, beneficiados con el arresto domiciliario dispuesto por el Dr. Pablo Larriera el 31 de marzo, son los hermanos Pablo y Gustavo Nogales, condenados a 4 años y 6 meses y 4 años de prisión, respectivamente. Por este último, de 45 años, se alega que padece “asma y epoc”, por lo que se encuentra “sin dudas entre los grupos considerados de riesgo”. Gustavo Nogales ya había sido condenado a prisión por otro caso vinculado al narcotráfico en 2003. Por su parte, su hermano, Pablo Nogales, también de mediana edad, según dice el fallo, “es una persona con graves problemas respiratorios y bronquiales”, y reseña las fechas en las que debió ser atendido en centros de salud. En ambos casos, las condenas no estaban firmes, y el magistrado, además de subrayar las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia carcelaria ante el avance de la pandemia, hace hincapié en el art. 210 del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que, entre otras cosas, limita las prisiones preventivas. Lo llamativo es que en estos casos ya había sentencia. Pablo Nogales fijó domicilio en Bahía Blanca.
Otra de las excarcelaciones dispuestas por el Juez Larriera, del pasado 22 de abril, es la de Rubén Darío Parente. De 59 años de edad, y alojado en el penal de Marcos Paz, Parente fue condenado con sentencia firme a 5 años de prisión por tráfico de estupefacientes. Una de las curiosidades de este caso es la divergencia en los informes médicos respeto a la salud del reo. Mientras que un estudio efectuado el 18 de febrero firmado por el médico de planta José Coronel, consignó que padece antecedentes de hipertensión arterial, otro informe, fechado el 27 de marzo por el médico, también de planta, Victor Vaccari, refiere que Parente “deambula por sus propios medios, hemodinámicamente compensado, lúcido, y clínicamente estable”. Y agrega que “el interno no presenta factores de riesgo”.
Ante tal divergencia, se solicitó intervención a la Unidad Médico Asistencial del penal de Marcos Paz, que concluyó lo mismo que el segundo informe, es decir, que el detenido no integraba los grupos de riesgo. No conforme con ello, intervino la Dra. Andrea Triolo, que ocupa el cargo de Directora General de Protección de DDHH de la Procuración Penitenciaria, que como era de esperar, solicitó que se resuelva favorablemente la petición del arresto domiciliario, lo que finalmente ocurrió. El argumento principal utilizado por la funcionaria fue la carencia de infraestructura en la Penitenciaria de Marcos Paz para el tratamiento de posibles urgencias: “El aislamiento de los pacientes con problemas respiratorios no son sencillos de implementar en establecimientos con superpoblación”. Vale remarcar con el colapso del sistema de salud no es privativo de las cárceles, sino que abarca a todo el país. Parente se fue a vivir a Villa Ballester, en el conurbano bonaerense.
Un dato: el 7 de marzo de 2019, Larriera le había concedido la domiciliaria a otro de los condenados en la misma causa de Parente: Guillermo Marich. En aquella oportunidad, también lo había hecho como juez del TOF.
También el magistrado le otorgó el beneficio a Héctor Juan Echegoyen, detenido el 1 de noviembre de 2017 por trata de personas. De 69 años de edad, el encartado padece, de acuerdo a su abogado defensor, “hiperuricemia con diagnóstico de gota”. En su resolución, Larriera manifiesta que “teniendo a la vista el expediente 1909/2016, observo que existe sentencia condenatoria contra el coimputado, pero está encarcelado preventivamente con sentencia de condena no firme”. En otro párrafo, agrega que por su estado de salud “he de concluir que el señor Echegoyen no puede continuar alojado en el establecimiento carcelario”. Como lo hiciera en otras ocasiones, nuevamente cita el art 210 del Código Procesal. Echegoyen, que era titular de un bar donde se habría ejercido la prostitución, fijó domicilio en Bahía Blanca.
Finalmente, el pasado 8 de abril, el Dr. Larriera concedió la domiciliaria al oficial retirado de Prefectura Alfredo Ismael García, condenado por trata de personas a la pena de 4 años y medio de prisión el 20 de octubre de 2018. García, que se hallaba detenido en el penal de Ezeiza, tiene 63 años y padece, de acuerdo a la resolución judicial, “dos tumoraciones abdominales”. Cabe consignar que en este fallo, Larriera no firma solo, sino que lo hace junto a los subrogantes Pablo Ramiro Díaz Lacava y Marcos Javier Aguerrido.
La situación del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca es un claro ejemplo del fuerte atraso en la designación de jueces de algunos tribunales del país. El TOF no tiene integrantes permanentes, y se encuentra subrogado en estos momentos por el mencionado Larriera junto a un juez del TOF de Santa Rosa y hasta 2019 por un magistrado retirado. En noviembre de 2018, el Gobierno de Mauricio Macri presentó a los tres candidatos para ocupar dichos puestos, pero los pliegos nunca se trataron y la actual administración los retiró en su totalidad para su revisión.
Previo a su designación como camarista en Bahía, el 21 de junio de 2018, Larriera había concursado para Juez Federal de Entre Ríos. Venía de ser Fiscal subrogante en Tandil, y previo a ello, más precisamente entre el 10 de noviembre de 2011 y el 5 de agosto de 2015, también subrogó la Fiscalía Federal 2 de Mar del Plata.
Durante ese lapso, procuró la causa contra el juez provincial Pedro Hooft, quien fue falsamente acusado por ser partícipe de la dictadura por “cajonear” hábeas corpus, tema del que este cronista se ocupó en variadas ocasiones. Larriera es un hombre muy cercano al Fiscal ante la Cámara de Mar del Plata, Daniel Adler, quien estuvo presente el día de su asunción en Bahía Blanca. Adler es titular de Justicia Legítima en la ciudad, además de ser recordado como integrante del fallido jury contra José María Campagnoli promovido por el kirchnerismo.
El 18 de junio de 2015, el mismo día que Adler era designado Presidente en Mar del Plata de la agrupación judicial k, asumía en Bahía como juez subrogante, nombrado por la mayoría kirchnerista del Consejo de la Magistratura, Alejo Ramos Padilla, quien hoy instruye el proceso por presunto espionaje ilegal, promovido fuertemente por sectores del kirchnerismo. En el juzgado que asumió el hoy magistrado de Dolores, que subrogaba Santiago Ulpiano Martínez, estaba radicada la causa de las facturas apócrifas para beneficiar a Lázaro Báez, presunto testaferro k.
Cuando fue removido Martínez, que había promovido una fuerte investigación en el caso de las facturas truchas, el 29 de mayo de 2015 se reunió la Mesa de Discusión Social e Institucional del Ministerio Público Fiscal, por entonces a cargo de Alejandra Gils Carbó, y emitió un fuerte comunicado de respaldo a esa decisión. En dicha reunión estuvo presente Pablo Larriera. Y también Alejandro Cantaro, el fiscal procesado por encubrir a una banda barco, cuyos 2 de sus 7 integrantes fueron beneficiados por Larriera, como ya se consignara.
Cuando tomó posesión del cargo, el 24 de junio de 2015, Ramos Padilla, quien también integra la filial marplatense de Justicia Legítima, decidió la apertura de un sumario interno llamado “Irregularidades reorganización del Juzgado Federal 1”, ordenándole a su personal de confianza, que llegaron con el juez desde Dolores, el Ministerio Público Fiscal y el Consejo de la Magistratura, “Tareas de Reunión de Información”, tema del que este medio se ocupó en varios artículos. El 16 de mayo de 2019 el Fiscal subrogante ante el TOF bahiense, Gabriel González Da Silva, solicitó requerimiento de instrucción contra Ramos Padilla expresando que “se impone la necesidad de instruir una investigación penal que determine efectivamente la concreción, o no, de sucesos delictivos puntuales, por abuso de autoridad y amenazas”.
Pero en una resolución de julio del año pasado, la Cámara Federal de Bahía Blanca, que integra Pablo Larriera, pareció dejar en claro su posición frente al Juez de Dolores Alejo Ramos Padilla en caso que avance la causa en su contra. Los camaristas esgrimieron una defensa de Ramos Padilla ante un planteo de un tercero al afirmar que el sumario iniciado por aquel, y que ocasionó la investigación actual en su contra, no se inició apenas asumida su subrogancia, sino que recién allí el magistrado dictó un auto “entendiendo necesario verificar la situación general del Juzgado, ordenando un relevamiento de datos estadísticos y de funcionamiento de cada secretaría y de su personal”.
La Cámara Federal bahiense la integran 5 jueces. Además de Larriera, revisten funciones Silvia Fariña, Pablo Candisano Mena, Leandro Picado y Roberto Amabile. Este último supo formar parte de la famosa Lista Celeste, un frustrado intento por parte de Justicia Legítima en 2014 de imponerse en las elecciones de la Asociación de Magistrados de aquel año. En la resolución mencionada, el Dr. Amabile destaca, respecto a la actuación de Ramos Padilla en la ciudad del sur bonaerense, “la integridad en el desempeño de la magistratura, y la eficacia de la labor efectuada”.
Finalmente, a modo de dato histórico, cabe destacar un hecho bastante poco frecuente: el 8 de octubre de 2015, el Consejo de la Magistratura k designó a cuatro jueces al mismo tiempo para subrogar en la Cámara Federal de Bahía Blanca, todos ajenos a la jurisdicción. Designó a Alejandro Segura (San Justo), Roberto Lemos Arias (La Plata), el actual Presidente del Consejo Alberto Lugones, y Jorge Ferro (Mar del Plata).
Ferro fue designado instructor del Sumario abierto por Ramos Padilla en Bahía. En marzo de 2018, debió renunciar a su cargo de camarista marplatense por denuncias de trata y tráfico de influencias.
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El título dice que soy Licenciado en Periodismo, pero eso poco importa. Lo más importante es que solo dependo de mi.
