En el medio de una nueva discusión en Argentina respecto a la expulsión del país de extranjeros que delinquen, reactivada por el caso del narco ecuatoriano hallado en un country de Córdoba, Europa sigue trayendo noticias al respecto.
De acuerdo al portal “La Gaceta de la Iberósfera”, casi el 80% de los detenidos en Barcelona entre enero de 2022 y diciembre de 2023 fueron extranjeros. Así se desprende de los datos de la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra (Policía autónoma de Cataluña).
Las cifras, publicadas a pedido del partido de derecha VOX, recogen un total de 37.168 detenciones durante el citado periodo, de las cuales sólo 8.072 corresponden a ciudadanos españoles.
“La razón más común detrás de las detenciones son los hurtos”, afirma el informe. En total, hubo 7.154 arrestos de extranjeros por parte de los Mossos durante estos dos últimos años, frente a los 652 españoles que la Policía catalana interceptó, acusados de haber cometido el mismo delito.
“Los robos con violencia e intimidación”, prosigue el trabajo, “registraron 4.152 detenidos de otros países y 1.060 locales”.
En tráfico y consumo de drogas, los arrestos de extranjeros también superaron a los españoles: Fueron 936 ciudadanos de otros países detenidos por la policía catalana y 394 españoles.
Por su parte, en delitos contra la libertad sexual, la Guardia Urbana detuvo, entre enero de 2022 y diciembre del pasado año, a 177 personas. De ellas, 143 eran de otros países. En el caso de los Mossos, del total de arrestados por agresiones o abusos sexuales, fueron 434 extranjeros, y 193 españoles.
En cuanto a la población extranjera empadronada en la zona de Cataluña, la última cifra disponible indica que son más de un 16% de los habitantes de la región, según datos compilados al 1 de enero de 2022, es decir, hace casi dos años.
«Desde VOX hemos propuesto en el Ayuntamiento de Barcelona la creación de una brigada policial especial de la Guardia Urbana, colaborando conjuntamente con Mossos d’Esquadra, para realizar un control y seguimiento más exhaustivo de los delincuentes multirreincidentes que actúan en nuestra ciudad, con el fin de prevenir y evitar nuevos delitos”, afirmó Gonzalo de Oro, portavoz del partido.
Qué pasa en Suiza y en Suecia
Tal como ya publicó este medio, de acuerdo a un informe oficial que se conoció a fin del año pasado, en 2022, en Suiza, la mitad de todos los casos de violación y asesinato fueron cometidos por extranjeros, a pesar de que los mismos representan solo el 26% de la población.
Según datos del Gobierno, un total de 93.693 personas fueron condenadas por delitos en el país, y el 57,5% de los mismos fueron perpetrados por extranjeros. La información consigna así mismo que aquellos fueron condenados por el 47% de las violaciones y el 44% de los asesinatos, además del 45% de las agresiones y el 41% de los robos agravados.
El documento oficial subrayaba también que “migrantes de países predominantemente musulmanes tenían más probabilidades de ser condenados por estos delitos, especialmente los procedentes del Magreb, que eran siete veces más propensos que un ciudadano suizo a cometer estos delitos”.
Y agregaba: “Otros grupos de migrantes también mostraron tasas significativamente más altas de condenas por delitos graves. El análisis se basa en cifras de condenas y no incluye a migrantes indocumentados en el país, lo que podría distorsionar los números”.
Concluyendo que “el fenómeno de la delincuencia relacionada con la migración parece ser similar en otros países europeos como Alemania, Italia, Austria y Dinamarca”.
Por su parte, en Suecia también pasan cosas.
En un intento por combatir la creciente violencia de las bandas, el gobierno sueco anunció que “permitirá el apoyo militar a las fuerzas del orden”.
El Primer Ministro Ulf Kristersson se reunió con mandos militares y policiales para debatir formas de abordar la escalada del problema, que atribuyó a «una política de inmigración irresponsable y una integración fallida».
El gobierno también tenía previsto aumentar las competencias policiales, introducir penas más severas para los delitos cometidos con armas de fuego y construir prisiones juveniles para separar a los delincuentes jóvenes de los adultos. Además, pretende garantizar que todos los niños aprendan sueco.
“Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para combatir la actividad de las bandas, que incluye escuchas telefónicas, registros corporales, penas más severas y la posible deportación de sus miembros extranjeros”, agrega el medio europeo.
La política migratoria es uno de los grandes temas que preocupa a los europeos. Según informó la agencia Reuters, “la Unión Europea está lidiando” con este fenómeno, por lo que “llevó a algunos estados miembros a reintroducir temporalmente controles fronterizos dentro de lo que normalmente es una zona de libre movimiento”.
Austria, Dinamarca, Alemania, Italia, Noruega, Polonia, Suecia, Francia, Eslovaquia y Eslovenia han implantado o ampliado dichos controles, alegando razones como la presión sobre los sistemas de recepción de asilo, las amenazas de tráfico de armas, las redes delictivas relacionadas con la guerra de Ucrania, la preocupación por el terrorismo y la migración irregular.
¿Y en Argentina?
El 6 de marzo de 2021, el gobierno del ex Presidente Alberto Fernández dejó sin efecto el Decreto 70/2017, firmado en enero de 2017 por el entonces primer mandatario Mauricio Macri, mediante el cual se habían establecido controles más estrictos para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros y se agilizaron los trámites de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales.
El decreto derogado establecía la prohibición de ingreso a las personas que presentaran documentación falsa u omitieran informar sobre sus antecedentes penales, y aceleraba la expulsión de delincuentes extranjeros.
También se les negaba el acceso al país a los que estuviesen cumpliendo condena o tuvieran antecedentes “por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad” o “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”.
En los últimos días, algunas voces del gobierno de Javier Milei y dirigentes como Jorge Macri, salieron a pedir la restitución de aquel decreto.
Redacción El Observador Online
